Inaplicabilidad de Precepto Legal

DEN Santiago, veintiocho de nombre reservado de dos mil once.

VISTOS:

Con fecha siete de julio de dos mil diez, la señora

nombre reservado ha deducido un requerimiento

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del

inciso primero del artículo 2% de la Ley N” 20.212,

aduciendo que “su aplicación a la gestión judicial

pendiente que señala genera efectos contrarios a lo

dispuesto en los artículos 1%, 5%, inciso segundo, y 19,

en sus numerales 2%, 3%, 15%, 16%, 19%, 22% y 26%, de la

Constitución Política de la República.

La gestión en la que incide el requerimiento es el

recurso de protección que su parte ha interpuesto en

contra de la Tesorería General de la República y del

Fisco de Chile ante la Corte de Apelaciones de Santiago y

que se individualiza con el Rol de ingreso N* 1202-2010.

El precepto legal impugnado dispone:

“Artículo 2*.- El aumento del componente

base y de los incrementos por desempeño

institucional y por desempeño colectivo

de la asignación de modernización de la

ley N” 19.553, contenido en los numerales

1), 2) y 3) del artículo anterior, no

será aplicable al personal perteneciente

a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.

El aumento al incremento por desempeño

institucional de la asignación de

modernización de la ley N? 19.553,

contenido en el numeral 2) del artículo

anterior, no será aplicable a quienes

desempeñen los cargos señalados en el A2L03%0, >

inciso segundo del artículo 1* de la ley

N* 19.863”.

De la manera indicada por la actora en el

requerimiento, el mencionado recurso de protección “tiene

por objeto que se ordene a la autoridad competente” que

le sea pagada la asignación de modernización prevista en

la ley para todos los funcionarios públicos, incrementada

en los porcentajes que establece la Ley N”* 20.212, lo

cual no ha ocurrido por efecto de la disposición

impugnada.

Como fundamento de la acción se argumenta que, en

este Caso, la Administración a cargo del pago de su

remuneración ha vulnerado “la igualdad de trato que debe

existir por parte del Estado con sus funcionarios”.

Ahora bien, si se lee el petitorio de la mencionada

acción constitucional, cuya copia se halla agregada a los

autos a fojas 51, se constata que la señora nombre reservado ha

solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago declarar

“inconstitucional, illegal Y arbitrario el acto

discriminatorio consistente en la omisión del pago del

bono remuneracional” denominado “asignación de

modernización” con el incremento dispuesto en la Ley N”

20.212, la cual se habría verificado el día 18 de marzo

de 2010, afectándose el legítimo ejercicio del derecho de

igualdad ante la ley que la Carta Fundamental le asegura,

por cuanto ella, como funcionaria de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, ha recibido de parte de los

recurridos un trato arbitrariamente discriminatorio con

respecto a los demás funcionarios públicos a quienes sí

se les entrega dicha asignación incrementada de la forma

que establece la ley citada.

A lo anterior se agrega que “las únicas 2 normas que

resultan decisivas para la resolución de la acción de eno

protección... en la que aquélla incide son los Tr “M

artículos primero y segundo de la ley N?* 20.212. El

primero de ellos es el que contempla el aumento del

componente base y de los incrementos de desempeño

institucional y por desempeño colectivo de la asignación

de modernización, con el objeto de incentivar el

desempeño de los funcionarios públicos. Por su parte, el

artículo 2 de la Ley N* 20.212 es el precepto que

excluye a los funcionarios de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles y que, en el caso sub lite, viene en

vulnerar una serie de derechos fundamentales que la

Constitución” le garantiza a la actora.

Entrando al fondo del conflicto que la requirente

pide resolver a esta Magistratura Constitucional, ésta se

refiere, en primer lugar, al régimen jurídico aplicable a

los incentivos monetarios por mejoramiento en el

desempeño de la función pública que han sido contemplados

dentro del proceso de modernización del Estado. En este

punto, explica que al igual que "todos los funcionarios

de la dotación efectiva” de la Administración del Estado,

desde el año 1998, ha sido beneficiaria del incentivo

institucional por desempeño establecido por la Ley N?

19.553. Luego, desde el año 2003, por efecto de las leyes

N?%s 19.882 y 20.079, fue beneficiada con un incremento de

la mencionada asignación de modernización Y; en

particular, por su calidad de funcionaria de la JUNJI (a

la que ingresó en el año 1985 y en la que ocupa un cargo

profesional en el grado 5 de la escala de sueldos, como

administradora pública) obtuvo el derecho a recibir un

incentivo especial anual “por los logros de aprendizaje

en el ámbito de la educación verbal”.

Señala, en seguida, que dicho incentivo anual

especial fue sustituido por un Sistema de Evaluación

Integral de la Calidad de la Educación Parvularia,

denominado SEICEP, conforme a lo dispuesto por la Ley N?

ote 20.213, publicada en el Diario Oficial de 229 de agosto de

2007, y que, a partir de esta nueva ley se entrega a los

funcionarios de la JUNJI "un incentivo de carácter

general en relación a los resultados obtenidos” en el

aludido proceso de evaluación.

Sostiene la requirente, asimismo, que el mencionado

beneficio legal especial no debió sustituir la asignación

general de modernización incrementada conforme a la Ley

N* 20.212, sino que debió ser considerado como un

beneficio o incentivo adicional para los funcionarios de

la JUNJI, tal como ocurriría en el caso de diversos

“gremios del sector público” que cita (entre otras, se

citan las leyes N*s 19.041, para el personal del Servicio

de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado,

de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas;

20.157, para los funcionarios de la salud primaria;

20.158, para los profesores; 20.135, para los

funcionarios municipales; 20.342, para los funcionarios

del Servicio de Registro Civil; y 20.029, para el

personal de los servicios de salud).

Como fundamento de su opinión, la requirente arguye

que ambos beneficios debieran mantenerse vigentes para

todos los funcionarios, por ende, sin excluir a los que

prestan servicios en la JUNJI, como ella, ya que

existiría entre ellos una diferencia cualitativa radical

relacionada con la finalidad que buscan.

Al respecto aduce, en síntesis, que la asignación de

modernización está asociada al logro de los denominados

“Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)”, que los

servicios públicos suscriben anualmente, mientras que el

sistema de evaluación pertinente busca brindar una

educación de calidad a los niños en edad preescolar y

garantizar su desarrollo con igualdad de oportunidades,

potenciando el sistema de acreditación de calidad de Aa servicio en este ámbito educacional. A su vez, a

diferencia de la asignación de modernización, el sistema

de evaluación de que se trata tendría un "carácter

redistributivo”, ya que busca beneficiar especialmente a

los funcionarios de la JUNJI que ganan menos. También se

menciona que las áreas evaluadas y los requisitos y metas

exigidos en ambos sistemas de incentivo son diferentes.

Se argumenta asimismo que el beneficio contemplado en la

Ley N” 20.213 para los funcionarios de la JUNJI no

necesariamente será superior o inferior al incremento por

asignación de modernización, previsto por la Ley N?

20.212, porque ello dependerá del grado que ostente Cada

funcionario.

La señora nombre reservado termina su exposición

en esta parte sosteniendo que la pérdida del incremento

de la asignación de modernización, por disposición de la

norma legal impugnada, contrariamente al criterio

sostenido por el organismo en el que presta funciones,

por la ex Presidenta de la República, señora Bachelet, y

por la Contraloría General de la República, al

pronunciarse acerca de su situación particular y la de

todos los funcionarios de la JUNJI en esta materia -—

aunque no acompaña ningún antecedente que sirva para

acreditar ese hecho-, no habría sido compensada con la

asignación especial prevista en la Ley N” 20.213 para los

funcionarios del mismo organismo y agrega que, de acuerdo

a los cálculos que efectúa y que registra a fojas 11, en

su Caso concreto, por aplicación de la norma legal

impugnada, estaría “perdiendo anualmente la suma de

$1.133.182".

Luego denuncia que la única razón que habría tenido

el legislador para excluirla, como funcionaria de la

JUNJI, del pago de la asignación de modernización

incrementada, es que, como todos los funcionarios de

dicho organismo, ella no se encuentra afiliada a la ( 6

Acaso deja Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), sino

que a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que

habría sido la primera institución nombrada la que habría

participado activamente durante la discusión de la Ley N”

20.212 y, por ende, la que habría obtenido mejores

beneficios para sus afiliados. En este aspecto señala

que, según se puede constatar en los antecedentes de la

historia de la citada ley, la existencia de la

inconstitucionalidad de la norma legal de que se trata

fue compartida por varios diputados, identificando entre

ellos al señor nombre reservado, y también por varios senadores,

aludiendo directamente a los señores nombre reservado,

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado,

nombre reservado y nombre reservado.

Sostiene que dicho criterio lo habrían sostenido los

mencionados parlamentarios al referirse a la exclusión

que también se contemplaba para los funcionarios de la

JUNJI en el proyecto de ley, respecto de un bono por

retiro, la que en definitiva fue eliminada.

Adicionalmente se hace hincapié en el hecho de que esos

mismos parlamentarios no habrían advertido que dentro del

referido proyecto de ley, a su juicio, vulnerando la

Constitución Política, se mantuvo la exclusión arbitraria

e infundada respecto del incremento de la asignación de

modernización que afecta a los funcionarios de la JUNJI,

generándose una diferencia o trato discriminatorio con el

resto de los funcionarios públicos que no tendría

justificación legítima y, por consiguiente, se ha

afectado, en su esencia, su derecho a participar en la

vida nacional, y en especifico en el ámbito laboral, en

igualdad de condiciones con sus pares, y también se le ha

privado de un beneficio económico que le correspondería

percibir como funcionaria pública, vulnerándose

concretamente lo dispuesto en los artículos 1% y 109,

numerales 2%, 3%, 16”, 22” y 26”, de la Ley Fundamental.

40000385 A su vez, la señora nombre reservado alega que el hecho de que

la Administración del Estado no le haya pagado la

asignación de modernización con los incrementos

establecidos en la Ley N”* 20.212 para el resto de los

funcionarios públicos, violenta, asimismo, algunos

derechos reconocidos en tratados internacionales

suscritos por Chile y que se encuentran vigentes, y que,

como lo dispone el inciso segundo del artículo 5”

constitucional, constituyen un límite al ejercicio de la

soberanía y deben ser respetados por toda la comunidad

nacional. Se refiere la requirente al artículo 2 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, al

artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, al artículo 2.2 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los

artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

Finalmente se aduce que la única razón que tuvo a la

vista el legislador para mantener la diferencia

arbitraria en contra de los trabajadores de la JUNJI, a

la que ya se ha hecho alusión, afectaría la libertad de

asociación y el derecho a sindicarse que se hallan

reconocidos en los numerales 15” y 19” del artículo 19 de

la Constitución Política, respectivamente.

A fojas 338, el abogado Germán Ovalle, por la

requirente, pidió tener por acompañada a los autos una

fotocopia del Proyecto de Acuerdo N* 113, suscrito por un

total de 10 diputados, titulado "Solicita atender

situación remuneracional de trabajadores de la Junta

Nacional de Jardines infantiles”, presentado en la Sesión

52* del día 14 de julio de 2010, en la Cámara de

Diputados. Este documento alude precisamente a la

situación de exclusión de los funcionarios de la JUNJI

prevista por la norma impugnada en estos autos.

todoo A fojas 256, la Primera Sala de este Tribunal

admitió a tramitación el requerimiento de autos,

disponiendo, entre otras medidas, la suspensión del

procedimiento en que incide y habiendo tenido presentes

las consideraciones formuladas por las partes recurridas

de protección para que la acción deducida fuera declarada

inadmisible, la misma Sala, según consta a fojas 293, la

declaró admisible. Pasados los autos al Pleno para su

tramitación, el Tribunal dispuso la práctica de las

comunicaciones a los órganos constitucionales interesados

y al tribunal que conoce de la gestión sub lite, como

también la notificación a las partes de ese mismo proceso

judicial; todo, conforme a lo dispuesto en el artículo 86

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional.

Consta a fojas 309 que sólo el Fisco de Chile,

representado por la Abogado Procurador Fiscal de Santiago

del Consejo de Defensa del Estado, en su condición de

parte en el recurso de protección en que incide este

requerimiento, formuló observaciones, instando por el

rechazo del requerimiento deducido.

En síntesis, el Organismo de Defensa Fiscal sostiene

que resulta improcedente que este Tribunal emita un

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión

constitucional planteada en el libelo si se tiene en

consideración que el precepto legal impugnado en esta

sede no podrá ser aplicado para resolver el recurso de

protección de que se trata, ya que esa acción cautelar no

se habría intentado en contra de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles -JUNJI-, que es el órgano encargado

de pagar la remuneración a la requirente (en su condición

de organismo administrativo descentralizado), sino que ha

sido deducido en contra del Fisco de Chile y de la

Tesorería General de la República, en circunstancias que

éstos no han tenido participación alguna en la omisión en 000387 ”

buetordedo ji contra de la que se recurre. Es decir, a Juicio del

Consejo de Defensa del Estado, la acción debiera

resolverse por la Corte de Apelaciones competente

declarando la falta de legitimación pasiva de los

recurridos, sin pronunciarse sobre el fondo de la

cuestión. De esta manera, la eventual inaplicabilidad

declarada en estos autos no tendría ningún efecto en

dicho proceso de protección.

En segundo término, el organismo se refiere a las

leyes que han otorgado incentivos económicos a los

funcionarios públicos para mejorar su desempeño y la

calidad de la atención que se presta a los usuarios de

los mismos servicios. Ellas coinciden con las citadas en

el libelo. Hace notar en el mismo aspecto que la Ley N”

19.553, de 1998, que estableció la asignación de

modernización, también excluyó del beneficio a algunos

funcionarios diversos a los que prestan servicios en la

JUNJI. A saber, según el artículo 2”: trabajadores de

entidades mencionadas por la Ley N” 19.490 y de la

Comisión Chilena de Energía Nuclear; funcionarios afectos

a la Ley N”* 15.076; personal civil de los Servicios de

Sanidad de las Fuerzas Armadas, regidos por el Decreto

Ley N” 249, de 1974.

Luego puntualiza que los funcionarios de la JUNJI

tampoco son los únicos excluidos por la disposición

impugnada de la aplicación del incremento de la

mencionada asignación, ya que también han quedado fuera

del beneficio quienes desempeñen los cargos señalados en

el inciso segundo del artículo 1” de la Ley N” 19.863

(Presidente de la República, Ministros de Estado,

Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de los

servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N”

18.575).

Quo plo En opinión del Consejo, los funcionarios de la JUNJI

no han sido discriminados por el legislador, como ha

sostenido la requirente, por cuanto ellos tienen derecho

a recibir una asignación por retiro que la misma Ley N”

20.212 contempla para el resto de los funcionarios

públicos, además de un bono especialmente contemplado

para ellos en la Ley N* 20.213, que fue publicada sólo 12

días después de la entrada en vigencia de la Ley N”

20.212.

Atendido lo expresado, la defensa fiscal aduce que

ninguna de las otras garantías constitucionales referidas

por la requirente podría ser vulnerada por la exclusión

prevista en el inciso primero del artículo 2” de la Ley

N* 20.212, referida a los funcionarios de la JUNJI, ya

que, como se ha dicho, ha sido el propio legislador el

que ha dispuesto un sistema de incentivo económico

especial y no arbitrario para esos servidores públicos en

la citada Ley N” 20.213.

Sin perjuicio de lo manifestado, plantea que no

entiende de qué forma podría vulnerarse la libertad de

trabajo y su libre elección, garantizadas en el numeral

16% del artículo 19 constitucional, por el solo hecho de

que el legislador excluya a algunos funcionarios de la

aplicación de un determinado porcentaje de incremento de

la asignación de modernización y también descarta la

posibilidad de que se pueda infringir lo dispuesto en el

numeral 22% de la misma disposición fundamental, ya que

esta norma no se encuentra referida a las remuneraciones

de los funcionarios de la Administración del Estado, sino

que a la actuación del Estado en “materias económicas”,

es decir, a las regulaciones estatales que impacten el

mercado de productos, bienes o servicios, en palabras de

la doctrina especializada (A. Fermandois) o, como lo ha

expresado esta Magistratura Constitucional en su STC Rol

N* 1295 (C. 87), referida al plano de actuación de las 11 00038 hocona Ds NL

personas mediante el cual obtienen lucro Y se

desarrollan.

En cuanto concierne a la vulneración de la garantía

reconocida en el N” 26% del artículo 19 constitucional,

el organismo afirma que además de no encontrarse fundada

la alegación promovida a su respecto, tal infracción no

se verificaría, simplemente porque las demás infracciones

constitucionales tampoco se configuran en la especie.

Respecto de la eventual contravención de las normas

de tratados internacionales que la requirente invoca,

sostiene que la acción en este aspecto sería “un exceso

jurídico inaceptable” que debiera ser sancionado por el

Tribunal con el rechazo del requerimiento, porque en el

caso de la norma legal impugnada no se establecería una

diferencia prohibida por tales convenciones, esto es, la

discriminación regulada legalmente no obedece a una razón

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política,

nacionalidad, origen social, situación financiera, de

nacimiento o de otro tipo. Incluso siguiendo la tesis de

la actora, señala el mismo Consejo, el beneficio que la

Ley N”* 20.213 asignó exclusivamente a los funcionarios de

la JUNJI bien podría tildarse de contrario a las normas

internacionales citadas, por establecer un trato

diferente a su favor.

Finalmente, en cuanto a la afectación de la libertad

de asociación y sindicación, expresa que la denuncia que

formula la requirente, en orden a que la única razón que

habría tenido el legislador para establecer la exclusión

en este caso -ser funcionaria no asociada a la ANEF-,

obedecería, más que a un conflicto de constitucionalidad

que deba resolver esta Magistratura en sede de

inaplicabilidad, a una percepción meramente subjetiva,

carente de todo sustento normativo.

390, > NAAA Se trajeron los autos en relación y el día 5 de

abril de 2011 se procedió a la vista de la causa,

escuchándose la relación y los alegatos de los abogados

señores Germán Ovalle Madrid, por la parte requirente,

nombre reservado, por el Fisco de Chile, y nombre reservado, por la Tesorería General de la República.

Concluida la vista de la causa, el Tribunal decretó

las siguientes medidas para mejor resolver:

1. Que la Primera Sala se pronuncie sobre la necesidad

de mantener Oo no vigente la suspensión del

procedimiento decretada.

A fojas 353, la aludida Sala dejó sin efecto la

suspensión del procedimiento decretada en autos. Para su

cumplimiento, se ofició a la Corte de Apelaciones de

Santiago, según consta a fojas 354.

2.Que se oficie a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para que se sirva emitir un informe

respecto del requerimiento de inaplicabilidad

materia de este proceso constitucional.

A fojas 358, con fecha 29 de abril de 2011, ingresó

al Tribunal el Oficio Ord. N* 1313, de 28 de abril del

mismo año, por el cual el nombre reservado (TP)

de la JUNJI emitió el informe solicitado por esta

Magistratura.

A fojas 377, el señor Presidente del Tribunal

dispuso dar cuenta al Pleno de este informe.

En síntesis, las materias que aborda el aludido

documento son las siguientes:

En primer lugar, la entidad expresa que se halla

reconocida por el ordenamiento Jurídico como una

corporación autónoma, con personalidad jurídica de 000391 ?

derecho público y funcionalmente descentralizada (Ley N?

17.301). En seguida, afirma que no cuenta con facultades

legales para pronunciarse sobre la solicitud planteada

por la actora de estos autos y que, como todo órgano

administrativo, está obligada a aplicar el ordenamiento

jurídico vigente, dentro del cual se encuentra la

normativa legal que se impugna ante esta Magistratura

Constitucional.

Al Oficio en comentario se anexa un informe

elaborado por el Departamento de Gestión de Personas del

mismo organismo público, referido a las siguientes

materias pertinentes:

Respecto de cómo se componen y redistribuyen los

Programas de Mejoramiento de la Gestión Institucional

(PMG) “Asignación de Modernización”, el organismo público

informa que su origen deriva de la regulación contenida

en la Ley N* 19.553 (1998). En resumen, cada servicio

compromete el cumplimiento de objetivos de gestión en el

período de un año; si ellos se cumplen en los porcentajes

que se definen en la misma normativa -siempre superiores

al 75%-, se paga un incentivo monetario -incremento de

remuneraciones al año siguiente- que beneficia a todos

los funcionarios del mismo servicio (incentivo

institucional). Estos programas tienen carácter general y

se asocian al cumplimiento de metas en distintas áreas O

sistemas: recursos humanos, calidad de atención de

usuarios, planificación y control de gestión, entre

otros.

En particular, respecto de la JUNJI, el incremento

de la remuneración de los funcionarios por cumplimiento

de las metas de gestión anual se regula por la Ley N?

20.212 y es inferior al que se aplica para el resto de

los organismos públicos:

000392 Anatomia e —5 aumento: igual o superior al 90% de cumplimiento

aw (7,6% para los demás);

2,5% aumento: igual o superior al 75% e inferior al

90% (3,8% para los demás);

0% aumento: inferior al 75%.

Al incremento se suma un “componente base” del 103

(para el resto de los funcionarios públicos es del 15%).

Se aplica, adicionalmente, un incremento de 4%, 23 o 0%

por concepto de convenio de desempeño colectivo y

dependiendo del nivel de cumplimiento de aquél (para los

demás funcionarios públicos sería de 8%, 4% o 0%)).

Se expresa que distintas autoridades, entre ellas

el Senado, han manifestado que es necesario modificar el

sistema de modo de permitir que los funcionarios de la

JUNJI ¡puedan acceder a mayores incrementos en sus

remuneraciones por el cumplimiento de las metas de

modernización si se mantienen los actuales niveles de

excelencia registrados. A efectos de acreditar esta

afirmación se anexa al informe una copia del proyecto de

acuerdo N* 55/SEC/11, de 11 de enero de 2011, y la

correspondiente correspondencia oficial vinculada.

En seguida, se informa que para todos los

funcionarios de la JUNJI, desde el año 2003, la Ley N”

20.213 estableció un monto único a repartir en función

del porcentaje de cumplimiento anual de determinadas

metas que se asocian más directamente con las funciones

que ejecuta esa repartición -Sistema de Evaluación

Integral de la Calidad de la Educación Parvularia

(SEICEP)-. En cuanto concierne a su determinación, en el

documento se indica que el sistema opera sobre la base de

una evaluación de las unidades educativas en ámbitos

tales como procesos educativos, participación, compromiso

de la familia y comunidad, liderazgo, entre otros. Este AS incentivo, a su vez, tiene carácter redistributivo, por

cuanto es mayor para funcionarios de menores ingresos.

A fojas 368 y 369 el organismo manifiesta que este

incentivo anual al desempeño no sería comparable ni

acumulable con la asignación de modernización, ya que

serían diferentes.

Cabe dejar registro de que incluyen en el informe

los cuadros o planillas tituladas: “MONTO PARA CALCULAR

LA MODERNIZACIÓN JUNJI POR GRADO AÑO 2011“; “MONTO PARA CALCULAR LA MODERNIZACIÓN ANEF POR GRADO AÑO 2011”, la

cual incorpora una columna a la derecha titulada:

“DIFERENCIAS MENSUALES NO RECIBIDAS POR EFEUNC. JUNJI”;

“IMPACTO EN LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUNJI

A CONSECUENCIA DE LA NO REAJUSTABILIDAD DE LA ASIGNACIÓN

DE MODERNIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY N* 20.212” y

“VALOR MENSUAL INCENTIVO SEICEP 2011” POR GRADO.

CONSIDERANDO:

I.- PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.

PRIMERO: Que la requirente ha deducido un

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad

respecto del inciso primero del artículo 2? de la Ley N?

20.212, aduciendo que su aplicación a la gestión judicial

pendiente que señala genera efectos contrarios a lo

dispuesto en los artículos 1%, 5%, inciso segundo, y 10,

en sus numerales 2%, 3%, 15%, 16%, 19%, 22% y 26%, de la

Constitución Política de la República.

La gestión en la que incide el requerimiento es el

recurso de protección que su parte ha interpuesto en

contra de la Tesorería General de la República y del

Fisco de Chile ante la Corte de Apelaciones de Santiago y

que se individualiza con el Rol de ingreso N” 1202-2010;

SEGUNDO: Que el precepto legal impugnado dispone:

“Artículo 2%*.- El aumento del componente base y

de los incrementos por desempeño institucional y

por desempeño colectivo de la asignación de 16

atvaut modernización de la ley N” 19.553, contenido en

los numerales 1), 2) y 3) del artículo anterior,

no será aplicable al personal perteneciente a la

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El aumento al incremento por desempeño

institucional de la asignación de modernización

de la ley N” 19.553, contenido en el numeral 2)

del artículo anterior, no será aplicable a

quienes desempeñen los cargos señalados en el

inciso segundo del artículo 1% de la ley N'”

19.863;

II.-EL CONTEXTO EN EL CUAL SE HA DICTADO LA NORMA

IMPUGNADA.

TERCERO: Que, como ha señalado la requirente, la

disposición impugnada se inserta en la Ley N” 20.212, de

29 de agosto de 2007, que modificó las Leyes N” 19.553 y

N* 19.882, y otros cuerpos legales, con el objeto de

incentivar el desempeño de los funcionarios públicos;

CUARTO: Que la Ley N” 19.553, publicada con fecha 4

de febrero de 1998, tuvo por objeto conceder una

asignación de modernización a los personales de planta y

a contrata, y a los contratados conforme al Código del

Trabajo como indica su artículo 2”-, “de las

instituciones regidas por las normas remuneracionales del

decreto ley N* 249, de 1974, incluyendo a las autoridades

ubicadas en los niveles A, B y C; del Servicio de

Impuestos Internos; y de la Dirección del Trabajo.” La

misma disposición excluye de esta asignación a los

trabajadores del sector salud, conforme a la Ley N”?

19,490; a los trabajadores de la Comisión Chilena de

Energía Nuclear; a los funcionarios afectos a la Ley N”

15.076, que fija el estatuto para los médicos-cirujanos,

farmacéuticos coo químicos-farmacéuticos, bioquímicos y

cirujanos dentistas, cuyo texto refundido vigente fue

aprobado por Decreto N*252, de 1976, del Ministerio de

Salud, publicado en el Diario Oficial, el 26 de noviembre 000395 " uo y mola ya mco.

de 1976; y, finalmente, al personal civil de los

Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, regido por

el Decreto Ley N” 249, de 1974;

QUINTO: Que la asignación de modernización

establecida por la mencionada ley, contiene, a la luz de

su artículo 3”, un componente base, que la misma ley

determina; un incremento por desempeño institucional, que

el artículo 6” de la ley regula, y un incremento por

desempeño colectivo. El incremento por desempeño

institucional se otorga en relación a la ejecución

eficiente y eficaz, por parte de los servicios, de los

programas de mejoramiento de la gestión (PMG), conforme

al reglamento correspondiente del Ministerio de Hacienda.

El artículo 6” de la ley, en su inciso cuarto, señala

que: “El Jefe Superior de cada Servicio propondrá

anualmente al Ministro del que dependa o con el que se

relacione, un programa de mejoramiento de la gestión del

Servicio, el cual especificará los objetivos de gestión,

de eficiencia institucional y de calidad de los servicios

proporcionados a los usuarios”, indicándose más adelante

(inciso sexto) que el “incremento por desempeño

institucional, según los porcentajes que corresponda,

beneficiará a todo el personal de los servicios que hayan

alcanzado los objetivos de gestión, conforme al grado de

cumplimiento de ellos”;

SEXTO: Que, de la misma manera, el incremento por

desempeño colectivo será concedido a los funcionarios que

se desempeñen en equipos, unidades o áreas de trabajo, en

relación con el grado de cumplimiento de las metas

anuales fijadas para cada uno de ellos, de acuerdo al

procedimiento que indica el inciso tercero del artículo

7% de la misma ley;

SÉPTIMO: Que, con fecha 23 de junio de 2003, se

publicó la Ley N” 19.882, modificatoria de la ley

anterior, que creó la Dirección Nacional del Servicio

Civil y que regula la nueva política de personal a los 138 000396 Aaracinios mov yu

funcionarios públicos que indica. El artículo trigésimo

cuarto de esta ley estableció, a contar del 1” de enero

de 2007, "un incentivo anual al desempeño para los

funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

de planta y a contrata, incluidos los suplentes, en

relación a los resultados obtenidos en el proceso de

Evaluación Integral de la Calidad de la Educación

Parvularia”. Esta norma dispuso que la evaluación se

efectuaría cada dos años, por medio de una institución

externa, y que las unidades educativas de Jardines

Infantiles debían ordenarse, en tramos decrecientes, en MJ

relación con los resultados comparativos del proceso de

evaluación”; señaló para estos efectos cuatro tramos en

atención a los porcentajes de mejor a peor resultado de

las unidades educativas correspondientes (inciso cuarto

de la norma). Se agrega, además, en el inciso octavo, que

este ¡incentivo no servirá de base de cálculo para “M

ninguna Otra remuneración 0 beneficio legal”, sin

perjuicio del derecho a "una bonificación no imponible -

conforme a ciertos porcentajes- destinada a compensar las

deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y

salud a que está afecto el incentivo.”;

OCTAVO: Que, con fecha 10 de septiembre de 2007, se

publicó la Ley N* 20.213, que sustituyó el artículo

trigésimo cuarto de la Ley N” 19.882, regulando, en los

mismos términos de la norma sustituida, el otorgamiento

de un incentivo anual al desempeño para los funcionarios

de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (en adelante

la JUNJI).

I1II.- EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO: LA

IGUALDAD ANTE LA LEY.

NOVENO: Que el conflicto constitucional planteado

por la requirente se origina, en lo medular, en que la

exclusión de la JUNJI de la norma impugnada de la Ley N?”

20.212 no resulta, a su Juicio, compensada por la

dictación de la Ley N” 20.213, por cuanto esta última es 19

000397 Vuá-tomondaji idéntica en su texto a la norma contemplada en la Ley N”

19.882, del año 2003, que regulaba el incentivo anual al

desempeño para los funcionarios de la JUNJI, razonando en

el sentido de que de no habérsele aplicado esa exclusión,

el incremento de su remuneración hubiese sido mayor al

obtenido por la aplicación del incentivo especial

vinculado a logros educativos.

Sin embargo, lo que la requirente solicita es que el

Tribunal se pronuncie sobre una cuestión de mérito en

torno a la apreciación que tuvo el legislador, conforme a

sus facultades, para establecer la exclusión que se

reclama;

DÉCIMO: Que del análisis de las normas referidas no

se observa una afectación del incentivo por desempeño de

los funcionarios de la VJUNJI que con anterioridad

recibían por aplicación de la Ley N” 19.882. La norma que

les es hoy aplicable es exactamente la misma -no obstante

el carácter redistributivo que el legislador

legítimamente pudiera haber querido darle-, a la de la

ley anterior, y no se divisa otro objeto en el legislador

que el de beneficiar a los funcionarios de menores

ingresos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Por

otra parte, no se puede reprochar arbitrariedad al

legislador si, como sucede en la especie, ha optado por

sustituir el incremento de la asignación de modernización

dispuesto por la ley N” 20.212 para la generalidad del

sector público, por un acicate monetario especial para el

personal de la JUNJI, asociado al logro de objetivos

docentes que son propios y característicos de dicha

institución;

DECIMOPRIMERO: Que, de otra parte, la consideración

de un incremento en razón del desempeño a la generalidad

de los funcionarios públicos no es motivo para considerar

que la diferenciación establecida por el legislador en la

norma impugnada no se encuentre constitucionalmente

justificada. En el hecho, como por lo demás reconoce la ACGALA 00039 20

requirente, son numerosos los casos en que esa diferencia

existe y ello se explica por la naturaleza diversa de las

funciones que cumplen los servicios de la Administración.

De este modo, no puede estimarse como arbitraria una

diferenciación efectuada en razón del especial encargo

que el legislador le ha dado a la Junta Nacional de

Jardines Infantiles Y que se relaciona con el

mejoramiento de los resultados en la tarea primordial del

Estado de cumplir, a través de este organismo, con su

obligación de “promover la educación parvularia”, en los

términos que ordena el artículo 19, N” 10%, inciso

cuarto, de la Constitución. El cumplimiento de este

cometido exige atender a parámetros distintos a los que

se contemplan para la generalidad de la Administración.

Mientras estos últimos están asociados al

cumplimiento de metas ligadas al mejoramiento de la

gestión, en base a indicadores objetivos de desempeño

institucional y colectivo, y a la ejecución eficiente y

eficaz de los programas, el primero está vinculado a

mayores exigencias que atienden a la importancia que las

ciencias modernas de la educación atribuyen a la

formación de los párvulos. Por ello, tanto el artículo

trigésimo cuarto de la Ley N” 19.882 como la disposición

homóloga de la Ley N” 20.213 han puesto atención en las

“unidades educativas”, en “criterios metodológicos” de la

enseñanza y su objeto es la “Evaluación Integral de la

Calidad de la Educación Parvularia”.

DECIMOSEGUNDO: Que, debe considerarse en tal sentido

que la propia Ley N”*” 19.882, que creó el Sistema de la

Alta Dirección Pública, si bien reguló la nueva política

de ¡personal para la generalidad de los funcionarios

públicos que indica, consideró pertinente destinar una

disposición especial a los funcionarios de la JUNUJI,

atendidas las específicas responsabilidades que el

constituyente le asigna al Estado en la promoción de la

educación parvularia. El criterio del legislador no pudo AOS pue 000399 2

entonces, ni ahora -en la disposición que se impugna-

considerarse arbitrario, razón por la cual este Tribunal

procederá, más adelante, a no acoger el presente

requerimiento;

DECIMOTERCERO: Que, en apoyo de los razonamientos

anteriores, cabe recordar que la Ley N” 19.553, de 1998,

que estableció la asignación de modernización, también

excluyó del beneficio a algunos funcionarios diversos a

los que prestan servicios en la JUNJI. A saber, según el

artículo 2”: a los trabajadores de entidades mencionadas

por la Ley N” 19.490 y de la Comisión Chilena de Energía

Nuclear; a los funcionarios afectos a la Ley N* 15.076, y

al personal civil de los Servicios de Sanidad de las

Fuerzas Armadas, regidos por el Decreto Ley N” 249, de

1974;

DECIMOCUARTO: Que, en el mismo sentido anterior, los

funcionarios de la JUNJI tampoco son los únicos excluidos

por la disposición impugnada de la aplicación del

incremento de la mencionada asignación, ya que también

han quedado fuera del beneficio quienes desempeñan los

cargos señalados en el inciso segundo del artículo 1” de

la Ley N” 19.863 (Presidente de la República, Ministros

de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores

de los servicios públicos regidos por el Título II de la

Ley N* 18.575);

DECIMOQUINTO: Que, en consecuencia, los funcionarios

de la JUNJI no han sido discriminados arbitrariamente por

el legislador, como ha sostenido la requirente, por

cuanto ellos tienen derecho a recibir una asignación por

retiro que la misma Ley N” 20.212 contempla para el resto

de los funcionarios públicos, además de un bono

especialmente contemplado para ellos en la Ley N* 20.213,

publicada sólo 12 días después de la entrada en vigencia

de la Ley N* 20.212;

DECIMOSEXTO: Que, por último, este Tribunal actúa en

función de competencias tasadas, entre las cuales no se Le, * enumera el análisis de las consideraciones de mérito que

el legislador haya tenido a la vista para establecer

criterios diferenciadores. No le corresponde tampoco

realizar un examen en abstracto de la norma impugnada,

por cuanto una tal tarea evidentemente exorbita el ámbito

de la acción constitucional interpuesta en esta instancia

jurisdiccional;

IV.- EN CUANTO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS.

DECIMOSEPTIMO: Que, a .Mmayor abundamiento, esta

Magistratura no considera que la violación de las demás

disposiciones constitucionales diversas al artículo 19,

N* 2%, se haya configurado. Ello no ha ocurrido con la

libertad de trabajo y su libre elección, ni con la

libertad de sindicación. La requirente no ha sido

afectada por la norma impugnada en el ejercicio

comprobado de ninguna de estas garantías. Continúa ella

ejerciendo sus funciones en la Administración y nada le

impide ejercer los derechos propios de la libertad

sindical. Con menor razón aún, pudiéramos estimar que se

hubiese afectado el contenido esencial de alguno de los

demás derechos invocados, incluido el derecho a. la

igualdad ante la ley, atendidas las razones anteriormente

expuestas.

No se han afectado, tampoco, el derecho de la

requirente a participar con igualdad de oportunidades en

la vida nacional ni la no discriminación arbitraria que

deben dar el Estado y sus organismos en materia

económica. No existe ningún argumento que permita a este

Tribunal discernir seriamente sobre unas tales

afectaciones;

VI.- CONCLUSIONES.

DECIMOCTAVO: Que, en consecuencia, encontrándose

plenamente justificada la intervención legislativa y no

afectando la norma impugnada ninguna de las disposiciones 00401 2 comas AB

constitucionales invocadas, el presente recurso de

inaplicabilidad será rechazado;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos

19, 5%, inciso segundo, y 19, en sus numerales 2%, 3“,

15%, 16%, 19%, 22% y 26%, de la Constitución Política de

la República, así como en las disposiciones pertinentes

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1, SIN

COSTAS POR ESTIMAR EL TRIBUNAL QUE HA EXISTIDO MOTIVO

PLAUSIBLE PARA EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. DÉJASE SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 258, OFICIÁNDOSE AL EFECTO.

El Ministro señor Raúl Bertelsen Repetto previene

que, aunque concurre al fallo, no comparte el párrafo

segundo del considerando noveno y el considerando

decimosexto, pues estima que el requerimiento no plantea

una cuestión de mérito del precepto legal cuya

inaplicabilidad se solicita, sobre la cual, a este

Tribunal no le corresponde pronunciarse, sino la posible

existencia de una diferenciación legal arbitraria que

afectaría a un conjunto de personas, que es un asunto

jurídico-constitucional propio del conocimiento Y

decisión de esta Magistratura Constitucional.

Los Ministros señores Enrique Navarro Beltrán e Iván Aróstica Maldonado concurren a lo resuelto en. la

sentencia, pero dejan constancia de que no suscriben lo

razonado en los considerandos octavo a decimoctavo. Lo

anterior por cuanto no han llegado a la convicción de que

la norma reprochada sea inconstitucional al grado de

declarar su inaplicabilidad. Fundan este aserto en que si

bien aparece como infundado que un cuerpo legal -en la

especie, la Ley N* 20.212- pueda negar a los funcionarios

de un determinado servicio público un incremento producto 000402 2 Colecodas de

de un bono, que por su contenido es aplicable a toda la

Administración del Estado en general, en un tiempo

inmediatamente posterior, mediante la Ley N” 20.213, se

les otorgó a aquellos funcionarios un incremento de

carácter exclusivo, lo que importa la desaparición del

perjuicio susceptible de remediarse por la vía dispuesta

en el artículo 93, inciso primero, N* 6 de. la

Constitución Política.

Redactó la sentencia el Suplente de Ministro señor

Christian Suárez Crothers y las prevenciones sus autores.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N* 1760-2010-INA.

A Ab 25

Se certifica que el Suplente de Ministro señor Ricardo Israel Zipper concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto (Presidente Subrogante), Hernán Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres, y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes e Iván Aróstica Maldonado y por los Suplentes de Ministros señores Christian Suárez Crothers y Ricardo Israel Zipper.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.

A ÓÉÁÓ Odo

T.r.v.

Santiago 29 de julio de 2011

OFICIO N* 6.423

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N* 1760-10-

INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo segundo, inciso

primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso de protección

interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado

Secretaria

A S.E. EL | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

00405 amO

T.r.V

Santiago, 29 de julio de 2011

OFICIO N* 6.424

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO:

Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia

definitiva dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N*

1760-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo

segundo, inciso primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N” 1202-2010 sobre recurso de

protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

MARC(nombre reservado nombre reservado

Presidente

debo CONSTA

nombre reservado

Secretaria

SENADO D E LA REPUBLICA DE CHILE A S.E. EL | PRESIDENTE DEL SENADO 2 9 JUL. 201 DON nombre reservado

SENADO DE LA REPUBLICA , PRESENTE COBREO INTERNO 0,

T.r.v

Santiago, 29 de julio de 2011

OFICIO N? 6.425

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Tengo a bien remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia

definitiva dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N*

1760-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo

segundo, inciso primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso de

protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado

Presidente

e

nombre reservado

Secretaria

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DON PATRICIO MELERO ABAROA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS AVENIDA PEDRO MONT S/N VALPARAÍSO CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Santiago, 29 de julio de 2011 e NINO ON - 1202-2010 FOLIO: 125920 .

LIBRO: Proteccion OFICIO N? 6.426 HORA: 02:06 CASTGBTR Ñ Escrito : Tengase presente *Duplicado Remite sentencia.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA 1. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO:

Tengo a bien remitir a V.S.I. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N* 1760-10-

INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo segundo, inciso

primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso de protección

interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a V.S.I.

nombre reservado

Presidente

e

dn O nombre reservado

y SONS > Secretaria WS “ Q 1)

13 l EX ES SHE E

IANSHILE_A

SEÑOR PRESIDENTE DE LA I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DON nombre reservado

PALACIO DE TRIBUNALES PRESENTE.

090405 2lo

Santiago 29 de julio de 2011

T.r.v.

Señor Germán Ovalle Madrid Amunategui N* 277 Oficina 900 Santiago.

Tengo a bien remitir a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N* 1760-10-

INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo segundo,

inciso primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso de

protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a Ud.

Martate le nombre reservado.

Secretaria.

Santo Domingo N* 689 + Santiago de Chile » Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 +» Fax[86-2]640 1825 * secretaria Dtcohile.cl + wwwtochile.ol PA mude 0409

Santiago 29 de julio de 2011

T.r.v.

Señores nombre reservado

nombre reservado

Tesorería General de La República Teatinos 28, oficina N* 301 Santiago.

Tengo a bien remitir a Uds. copia autorizada de la sentencia

definitiva dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N*

1760-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo

segundo. inciso primero de la Ley N” 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso

de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que

indica.

Saluda atentamente a Uds.

Secretaria.

Santo Domingo N* 689 + Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 + Fax [56.2] 6401825 * secretaria Otechile.cl - www.techile.cl

Lera 100410

Santiago 29 de julio de 2011

Tr.r.v.

Señor nombre reservado

Consejo de Defensa del Estado Agustinas 1687 Santiago.

Tengo a bien remitir a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva

dictada por esta Magistratura de fecha 28 de julio en curso, en los autos Rol N* 1760-10-

INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo segundo,

inciso primero de la Ley N* 20.212 en los autos rol N* 1202-2010 sobre recurso de

protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a Ud.

Secretaria.

Santo Domingo N* 689 + Santiago de Chile - Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 + Fax[56-2] 6401825 - secretaria Otcchile.cl « wwwtechile.ol