Inaplicabilidad del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol 17.101-2025

[10 de junio de 2026]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 162, INCISOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

PRAUBOS SpA.

EN EL PROCESO RIT T-111-2025, RUC 25-4-RUT reservado, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO

VISTOS:

Que, con fecha 6 de noviembre de 2025, PRAUBOS SpA. acciona de inaplicabilidad respecto del artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo, en el proceso Rit T-111-2025, Ruc 25-4-RUT reservado, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:

“Código del Trabajo

Artículo 162°. (…)

Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador.

No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda”.

(…)

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La gestión pendiente corresponde a un procedimiento ordinario por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en el que la trabajadora demandante ejerció, entre otras acciones, la de nulidad de despido fundada en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo. El fundamento de dicha acción radica en que, a juicio de la demandante, el empleador no habría pagado íntegramente sus cotizaciones previsionales al momento del despido, toda vez que no habría incluido en la base de cálculo la prestación denominada semana corrida, cuyo pago reclama por los meses de noviembre de 2024, enero y febrero de 2025, por la suma total de $272.700.

La requirente sostiene que durante la vigencia de la relación laboral existían discrepancias sobre la procedencia de dicho concepto remuneracional y que su inclusión en la base imponible de las cotizaciones derivó de un reciente cambio de criterio jurisprudencial, sin que las partes lo hubieran reconocido así contractualmente.

La demandante cuantificó una remuneración mensual de $2.110.377, de modo que, de declararse aplicable la nulidad de despido, la requirente quedaría expuesta al pago de remuneraciones devengadas desde la fecha del despido, fijada para el 7 de marzo de 2025, hasta la convalidación, suma que al momento de interposición del requerimiento ascendía a $14.382.720, equivalente a más de cincuenta y dos veces la diferencia remuneracional demandada y a más de doscientas sesenta y tres veces el monto de las cotizaciones previsionales que eventualmente correspondería enterar sobre dicha diferencia ($54.540).

La audiencia de juicio se fijó para el 11 de diciembre de 2025 suspendiéndose el proceso por orden de esta Magistratura.

La norma impugnada establece, en su inciso 5°, que si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de las cotizaciones previsionales al momento del despido, este no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo; en su inciso 6°, que el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas; y en su inciso 7°, que durante el período comprendido entre la fecha del despido y la convalidación, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo, con la única excepción de que el monto adeudado no exceda del 10% del total de la deuda previsional o de 2 UTM y sea pagado dentro de 15 días hábiles desde la notificación de la demanda.

A juicio de la requirente, la aplicación de los preceptos impugnados en el caso concreto vulnera los incisos 5°, 6° y 8° del artículo 19 N°3, y el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República.

La requirente sostiene que el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo establece de facto una responsabilidad objetiva, presumiendo de derecho la responsabilidad del empleador por el solo hecho de no haberse integrado las cotizaciones previsionales al momento del despido, sin atender a la voluntad o intención de las partes, sin distinguir si existió acuerdo previo distinto, y sin contemplar la hipótesis de que las diferencias remuneracionales que sirven de base al déficit previsional hayan sido determinadas recién por sentencia judicial declarativa.

En el caso concreto, PRAUBOS no retuvo ni descontó monto alguno de la remuneración de la trabajadora por concepto de semana corrida, toda vez que ninguna de las partes estimó aplicable dicho concepto durante la vigencia de la relación laboral. La requirente argumenta que, en tales circunstancias, el empleador jamás estuvo en condición de cumplir con la obligación cuyo incumplimiento se le sanciona, por lo que la norma opera como una verdadera presunción de derecho de responsabilidad, proscrita por la Constitución.

Adicionalmente sostiene que la conducta típica descrita en el inciso 5° del artículo 162 no se encuentra expresamente descrita en la ley de manera suficientemente determinada. La norma fue redactada de forma amplia y ambigua, omitiendo la hipótesis fáctica específica de que el empleador hubiere retenido y no enterado las cotizaciones descontadas de la remuneración del trabajador, que sí contemplaba el proyecto de ley original, de modo que su redacción objetiva ha permitido a la jurisprudencia extender la sanción a supuestos no contemplados en la historia fidedigna de la ley, como el de diferencias remuneracionales declaradas en sentencia.

Esta extensión, posibilitada por la ambigüedad del texto y no por modificación normativa, genera una responsabilidad objetiva de pleno derecho incompatible con el principio constitucional de tipicidad. Invoca en apoyo la historia fidedigna de la Ley N°19.631, señalando que la finalidad de la denominada Ley Bustos fue exclusivamente sancionar al empleador que retiene y no paga las cotizaciones descontadas de la remuneración, conducta cualitativamente distinta de la que se pretende imputar a PRAUBOS.

En cuanto al derecho a un procedimiento racional y justo (argumenta que la exposición a una sanción de tal magnitud desnaturaliza el proceso judicial, convirtiéndolo en un mecanismo puramente punitivo y disuasivo que priva al empleador de la posibilidad de defenderse en condiciones de racionalidad y justicia.

Señala que, si el tribunal del fondo determina procedente la semana corrida y declara aplicable la nulidad de despido, el empleador se verá condenado no solo al pago de las diferencias remuneracionales y de las cotizaciones asociadas, sino también a una sanción pecuniaria de naturaleza retroactiva y de extensión ilimitada, calculada sobre la base de remuneraciones que se siguen devengando hasta la convalidación, sin que medie conducta reprochable alguna. Invoca jurisprudencia de este Tribunal, en particular las sentencias Roles N°8907-2020, 8843-2020 y 9040-2020, que han declarado inaplicable el mismo precepto en situaciones análogas, razonando que la norma da lugar a una prolongación indebida de una situación jurídica que debe tenerse por terminada para las partes, y que la desproporción en el pago de prestaciones genera una lesión que afecta garantías constitucionales básicas del requirente.

En cuanto al principio de reserva legal y proporcionalidad sostiene que la sanción prevista en los incisos impugnados, en su aplicación al caso concreto, afecta los derechos en su esencia al imponerles condiciones que hacen irrealizable su libre ejercicio. Argumenta que, si bien la finalidad de la Ley Bustos es constitucionalmente legítima, la medida legislativa no supera el juicio de proporcionalidad y necesariedad, toda vez que la sanción resulta manifiestamente excesiva en relación con la conducta que pretende sancionar.

En el caso concreto, la diferencia remuneracional es de $272.700, las cotizaciones asociadas ascienden a $54.540, y la sanción por nulidad de despido alcanza los $14.382.720, lo que supera en más de doscientas sesenta y tres veces el valor de las cotizaciones que debieron haberse enterado. Señala que el ordenamiento jurídico contempla sanciones alternativas suficientes para disuadir el incumplimiento previsional de modo que la acumulación de la nulidad de despido en estas circunstancias resulta innecesaria y desproporcionada.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 17 de noviembre de 2025, a fojas 39. En resolución de fecha 3 de diciembre de 2025, a fojas 356, se declaró admisible.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión invocada nombre reservado

observaciones a fojas 368.

Observaciones de nombre reservado

La parte demandante en la gestión pendiente, nombre reservado, evacuó traslado solicitando el rechazo del requerimiento. Al efecto señala que este es el tercer requerimiento de inaplicabilidad deducido por PRAUBOS SpA vinculado a causas laborales en su contra, siendo los anteriores tramitados bajo los Roles N°12.312- 21-INA y 13.364-22-INA, ambos declarados inadmisibles por este Tribunal. Respecto del Rol N°13.364-22-INA, destaca que el Tribunal razonó que la preceptiva cuestionada no resultaba decisiva en la resolución del asunto en razón del estado procesal en que se encontraba la gestión pendiente, y que la sede constitucional no es idónea para analizar el mérito de las resoluciones judiciales en causas con sentencia firme.

Asimismo, señala que al momento de presentarse el requerimiento la causa se encontraba únicamente en fase de discusión y con audiencia de juicio pendiente, sin que existiera certeza alguna de que el tribunal del fondo fuera a declarar la procedencia de la semana corrida ni, por ende, a aplicar la sanción de nulidad de despido. Sostiene que el requerimiento se sustenta entonces en una hipótesis conjetural sobre una eventual aplicación futura de la norma, lo que priva al conflicto constitucional de la concreción necesaria para ser conocido por esta vía.

Además, califica el requerimiento como un mecanismo dilatorio que busca eludir el cumplimiento de obligaciones laborales, constitutivo de un abuso del derecho. Señala que la reiteración de arbitrios de la misma naturaleza, sistemáticamente desestimados por este Tribunal, revela el propósito de la requirente de impedir la ejecución de las prestaciones a que pudiera ser condenada, en perjuicio de los legítimos derechos de la trabajadora a obtener la resolución de su contienda en tiempos razonables.

A fojas 371, por decreto de fecha 5 de enero de 2026, se trajeron los autos en relación.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 6 de mayo de 2026 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y alegatos por la requirente del abogado Francisco Sepúlveda Hernaiz. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme certificación del relator.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte requirente solicita a esta Magistratura la declaración de inaplicabilidad de los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, que consagra la llamada nulidad del despido. A este respecto, sostiene que la aplicación del precepto, en su parte impugnada, vulnera el artículo 19 numerales 3 y 26 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, es imprescindible analizar esta figura, para en forma posterior verificar su compatibilidad con las garantías constitucionales alegadas, a fin de definir la procedencia del presente requerimiento.

SEGUNDO: Que, la convalidación del despido, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 162 incisos 5°, 6° y 7° del Código del Trabajo, se constituye por el acto de pagar las cotizaciones debidas al trabajador realizando, además, una formalidad de publicidad que es poner en conocimiento del trabajador tal cumplimiento, acompañando la documentación que da cuenta del pago, emitida por las instituciones previsionales correspondientes. Esto, y nada más que esto, es lo que se exige al empleador de manera que se pueda extinguir su responsabilidad. El acto central es pagar lo debido y cuenta con exigencias formales de publicidad, particularmente acordes a la época en que la norma fue redactada.

TERCERO: Que, el 28 de septiembre de 1999 se publica en el Diario Oficial la Ley N°19.631, conocida como “Ley Bustos”, cuyo objetivo fue resolver la cuantiosa deuda de los empleadores por no pago de cotizaciones previsionales, siendo de cargo de la parte empleadora realizar este descuento y pago en el organismo de seguridad social. Esta ley introdujo los incisos 5° al 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, con el siguiente tenor: “Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato.

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará éste mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago”.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la respectiva demanda”.

Como explica la profesora nombre reservado “esta nulidad de la terminación del contrato por cotizaciones impagas se estableció como instrumento jurídico destinado a presionar por dicho pago o, como lo ha sostenido la Corte Suprema ‘…la intención del legislador fue la de incentivar el pago de las cotizaciones previsionales que los empleadores habían descontado de las remuneraciones de sus trabajadores’” (nombre reservado, Manual de Derecho del trabajo. Derecho Individual del Trabajo, Thomson Reuters, pp. 472 y 273). Esta forma de entender la institución del artículo 162 tiene un amplio respaldo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que ha considerado a la figura como equivalente a un “apremio”: “El objetivo protector originario de la sanción de nulidad del despido es configurar un medio de apremio legítimo para que los empleadores enteren el pago de las cotizaciones sociales de sus trabajadores “.

La Ley N°19.631 tuvo como objeto “que el empleador, quien ha descontado de las remuneraciones de sus trabajadores las cotizaciones correspondientes, cumpla con la subsecuente obligación de pago, a la que lo obliga la ley, antes de dar por terminada la relación de trabajo. Se estima, pues, que el término del contrato no debe surtir sus plenos efectos jurídicos, mientras el empleador se encuentre en mora en el pago de los compromisos previsionales relativos a los descuentos que para el efecto hizo al trabajador.” (Historia de la Ley N°19.631, p. 3). El diputado Bustos afirmó que “junto con resguardar en debida forma los derechos de los trabajadores, los que adquieren mayor protección justamente en el período de cesantía, se incentiva el pago de las cotizaciones de seguridad social, disminuyendo los índices de morosidad que ellas presentan.” (Historia de la Ley N°19.361, p. 10)” (STC 3722, c. 12º).

Es este objetivo finalista el que delimita el sentido de la protección laboral” (STC Rol N°8709- 2020, c. 11°).

Pese a que lo que el legislador perseguía era incentivar el cumplimiento, este instrumento fue llamado nulidad, ya que consiste en que el despido no ponga término a la relación laboral, debido a que se mantendrán vigentes las obligaciones del empleador, desde el punto de vista de sus efectos patrimoniales, en favor del trabajador. Sin duda, la ley crea una nulidad con efectos determinados, por lo que debe analizarse la razonabilidad del diseño.

CUARTO: Que, los sistemas de terminación del contrato de trabajo han conocido diversos modelos que pueden catalogarse de acuerdo a sus niveles de protección contra el despido.

El principio de protección del trabajo, consagrado en la Constitución en el artículo 19 N°16, tiene un principio conexo y de refuerzo en materia de protección contra el despido, que se denomina de estabilidad o continuidad. A lo largo de la historia del Derecho del Trabajo han existido diversos modelos a partir de una determinada idea de protección y de orden público. Así, una de las primeras cargas para el empleador que quisiera poner término al contrato fue el aviso o la opción de indemnizar por el no aviso (Schnorr, Gerard, La protección contra el despido en Alemania, Revista de Política Social N°18, 1953, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España). En forma posterior, se fueron incorporando reparaciones como la readmisión o indemnización del trabajador. Han existido modelos llamados de estabilidad absoluta, lo que significa que el trabajador injustamente despedido es efectivamente reincorporado a sus labores una vez declarado nulo el despido; de estabilidad relativa propia, que califica de nulo el despido injustificado por lo que se sigue considerando al trabajador empleado de la empresa, percibiendo su salario, sin contraprestación laboral; y, de estabilidad relativa impropia, esto es, que no produce la ineficacia del despido sino la obligación de indemnizar. Dentro de esta última categoría, los subsistemas dependerán, en sus niveles de protección, de las tarifas que se establezcan en relación con el despido.

El sistema laboral chileno ha sido calificado de “estabilidad laboral precaria”, ya que, de forma prácticamente inexorable, el trabajador despedido ilegal o inconstitucionalmente nunca vuelve a la empresa (nombre reservado, Manual de Derecho del trabajo. Derecho individual. LexisNexis, Santiago de Chile, 2004, pp. 232 y siguientes). La estabilidad laboral precaria se opone al sistema de estabilidad real, según el cual debe considerarse estable toda relación que subordine la legitimidad y eficacia de la resolución del contrato de trabajo a la existencia de circunstancias objetivas y predeterminadas y, en el plano procesal, que confíe al juez la calificación de tales circunstancias y la posibilidad de remover los efectos del despido ilegítimo (Sentencia de Casación Nº1268, del 12 de abril de 1976, Corte Suprema de Casación italiana). Todo esto para decir que el legislador laboral, ante el término del contrato y los diversos aspectos que integran esta institución central del Derecho laboral, ha diseñado respuestas usando la nulidad del acto o distintos costos del despido, que no es otra cosa que el deber de dar sumas de dinero.

QUINTO: Que, en Chile, el despido se mueve ampliamente en el campo de la monetización, siendo el deber de reincorporar excepcional y vinculado a supuestos de libertad sindical y, en cuanto a derechos fundamentales inespecíficos, solo se mencionan a propósito del derecho a no ser discriminado. En consecuencia, el régimen del despido en nuestro país se caracteriza por tener una fuerte flexibilidad externa de salida (nombre reservado, Derecho del trabajo. Flexibilidad laboral y análisis económico del Derecho, Lexis Nexis, 2004, pp. 39 a 41).

SEXTO: Que, en el caso en estudio, como ya se dijera, el legislador chileno de la Ley N°19.631, en el año 1999, decidió abordar el problema de aquel despido en que no se hubiesen descontado y pagado las cotizaciones previsionales, cuyo fundamento constitucional se encuentra, entonces, en el artículo 19 N°16, protección del trabajo, y N°18, derecho a la seguridad social. Respecto de este último, el Estado tiene el deber de garantizar el acceso y de supervigilar su ejercicio. Es sobre tales pilares constitucionales que se define esta especial nulidad, en que perduran las obligaciones patrimoniales del empleador respecto al trabajador, no existe el deber de realizar la contraprestación laboral y en que la situación descrita termina por medio de la convalidación.

El artículo 162 del Código del Trabajo es la norma central de la regulación contra el despido y los incisos impugnados se refieren al ya explicado problema del no pago de las cotizaciones previsionales. Como puede advertirse, se trata de una opción legislativa con claros fundamentos constitucionales y que se inserta en un sistema de término de la relación laboral que mal podría calificarse de rígido o costoso.

SÉPTIMO: Explicada la institución de la llamada nulidad del despido, corresponde hacerse cargo de las objeciones constitucionales planteadas por la requirente.

OCTAVO: El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En el inciso 2° del referido numeral se indica que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. A este respecto, la requirente desarrolla su argumento en relación con la proporcionalidad de las sanciones. Este razonamiento se analizará a continuación.

NOVENO: Que, al calificarse la nulidad del despido como sanción, el propósito es intentar llevar el problema al asunto de su proporcionalidad, estándar que puede aplicarse a un apremio o incluso a los efectos de una nulidad especial. En abstracto, la nulidad del despido puede considerarse menos gravosa que un apremio de arresto, como el contemplado en el artículo 12 de la ley N°17.322 para la acción de cobro de cotizaciones, siendo inapelable y posible de ser reiterado ante la persistencia en el incumplimiento. Sin embargo, las dimensiones concretas del apremio de la nulidad del despido serán determinadas por distintos factores, pero que, en cualquier caso, son previsibles para el empleador. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional ha declarado: “La proporcionalidad de la protección de la nulidad del despido dependerá de la naturaleza de la obligación del empleador que está pendiente de pago; la etapa procesal del procedimiento laboral y los tiempos de ejecución de la medida. En tal sentido, en cada caso concreto se analizará cómo la sanción de nulidad del despido resulta ser o no desproporcionada”

(STC Rol N°8709-2020, c.12°).

En esta línea, “se trata de verificar si la condición temporal ilimitada, y desproporcionada a juicio del requirente, se refiere a la ausencia de un límite de tiempo una vez cesado el trabajo efectivo, pero sin enterar completamente las cotizaciones sociales. En tal sentido, la ley no le indicó al empleador ni una oportunidad ni un plazo para convalidar el despido. No hay preclusión propiamente tal (…) El legislador no impuso un límite o una preclusión por la sencilla razón de que esos instrumentos normativos desalientan el pago de la deuda previsional del trabajador. Cualquier plazo o señal importan desacreditar su propósito que no es otro que la protección del trabajador frente a una realidad de la que el trabajador es víctima (…) La norma tiene un límite temporal implícito y depende de la voluntad unilateral de la parte contratante cumplirla” (STC Rol N°3722, c. 18°).

Tal como ha consignado este Tribunal, aludiendo a la Ley Bustos, “no existe desproporción porque tiene límites temporales iniciales y finales” unido a que, tales límites, “dependen de la voluntad unilateral del deudor” (STC Rol N°3722-2017, c. 29°). La justificación de la proporcionalidad se completa con la justificación de dicha ley, cual es la de garantizar el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador, para asegurarle frente a las contingencias asociadas a las mismas, sea en el ámbito de la pensión futura, de la salud o de la cesantía.

DÉCIMO: Que, tales razonamientos conducen a la desestimación de lo alegado por la requirente al sostener que el mecanismo legal opera de manera ilimitada en el tiempo, ya que depende de la voluntad del deudor pagar y convalidar y, precisamente, que no se deba prestación laboral al trabajador es lo que prevé el legislador para este caso. La relación laboral ha terminado, pudiendo esto deberse a un despido por diversas causales o a autodespido, pero resultaría ilógico que el trabajador, para poder obtener la satisfacción de su derecho, debiera mantenerse trabajando luego de haberse extinguido la relación laboral por despido, acto del empleador, o por causa de incumplimientos graves del empleador que un tribunal califica de una entidad tal de permitir la declaración del autodespido, según lo establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, como puede advertirse, la nulidad del despido no es una figura que produzca efectos indeterminados: tiene un marco regulatorio que hace previsible para el empleador el efecto de no pagar correcta y oportunamente, lo que excluye la posibilidad de que estemos frente a un trato arbitrario por parte del legislador. Así, en caso de declararse nulo el despido, operará lo establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, y si luego de ello el empleador no procede al pago total de la deuda, esta solo podrá aumentar con el paso del tiempo, ya habiéndose verificado el daño previsional. En consecuencia, ese mismo incumplimiento mal puede ser un argumento a favor del empleador en el sentido de que, precisamente por incumplir, no deba pagar.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, por último, cabe destacar que la parte requirente invoca como gestión pendiente un procedimiento ordinario por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, en que se encuentra pendiente la audiencia de juicio. En dicho procedimiento la demandante sostiene que el empleador no habría pagado íntegramente sus cotizaciones previsionales al momento del despido, excluyendo para su cálculo la prestación de semana corrida. Derivado de ello, en esta sede la requirente argumenta la improcedencia del pago de dicho concepto y que no se encuentra dentro de la situación para la cual el artículo 162 fue creado, planteando con ello un evidente ejercicio de adjudicación del Derecho.

Al respecto, cabe recordar que la acción de inaplicabilidad está destinada a declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por su inconstitucionalidad en un caso concreto, y no a determinar si lo solicitado por una parte en juicio es o no contrario a Derecho, labor que compete al juez de fondo, que todavía no ha emitido pronunciamiento. Asimismo, la requirente alude a una dispersión de criterios interpretativos, lo que habilitaría a, en caso de cumplirse los demás requisitos legales, intentar un recurso unificación de jurisprudencia, no siendo la presente acción constitucional el mecanismo idóneo para obtener la función nomofiláctica que la requirente pretende.

DÉCIMO TERCERO: Que, en mérito de todo lo anterior, el requerimiento de inaplicabilidad no puede ser acogido, y así se declarará.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RAÚL MERA MUÑOZ, quienes estuvieron por acoger el requerimiento por las siguientes razones:

1.- Que, ante todo, la presente acción se ha interpuesto oportunamente, desde que la gestión judicial pendiente está constituida por un juicio declarativo, de modo tal que no puede sostenerse que exista sentencia firme que haya dispuesto la aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo, cuyos incisos 5°, 6° y 7° se encuentran impugnados. La pregunta respecto de si a estas alturas es prematuro sostener que dichas normas puedan ser decisivas en la gestión pendiente se responde atendiendo al tenor del artículo 81 de nuestra Ley Orgánica y al contenido del libelo de demanda de la gestión judicial pendiente, como veremos.

2.- Que, en cuanto a lo primero, el citado artículo 81 es claro en expresar que el requerimiento puede interponerse “en cualquier oportunidad procesal” en que se advierta que la norma impugnada pueda ser decisiva en la resolución de la gestión pendiente. Ahora bien, para saber si la norma puede o no resultar decisiva no cabe atender a la etapa del proceso en que ella pueda aplicarse, sino a la naturaleza de ese juicio, a las acciones deducidas en él y a la relación del precepto impugnado de que se trate, con aquellas acciones. En suma, cabe atender a las peticiones de las partes que constituyan el núcleo de aquello que debe resolver el tribunal de fondo.

3.- Que, en la especie, el juicio base está constituido por una demanda laboral en la que se ejerce explícitamente la acción de nulidad de despido, por diferencias en el pago de cotizaciones previsionales, de modo que, con toda evidencia, si la acción es acogida sólo podrá serlo por aplicación, precisamente, de lo dispuesto en el artículo 162 incisos quinto, sexto y séptimo del Código del Trabajo, que son los requeridos en esta acción. Se podrá retrucar que precisamente está en duda que la acción sea acogida y, por tanto, que llegue a aplicarse la normativa impugnada, pero ese argumento contradice tanto a la ley como a la jurisprudencia de esta misma sede, porque, comenzando por esto último, el Tribunal Constitucional, por mayoría de votos, ha rechazado sistemáticamente requerimientos similares presentados durante la etapa de ejecución o cobranza de prestaciones laborales, justamente bajo el argumento de que ya la normativa del artículo 162 ha sido aplicada en la sentencia definitiva del juicio declarativo y, estando ésta firme, el Tribunal no podría impedir que ese precepto se utilizara para los cálculos y liquidaciones de la ejecución, sin inaplicar con ello no ya una ley, sino un sentencia judicial ejecutoriada. Así se ha resuelto, por ejemplo, en los fallos de los roles 15.744 (considerando cuarto), 15.911 (considerando cuarto) y 16.129 (considerando vigésimo segundo). Pues bien, si ahora decimos que tampoco se puede reclamar la inaplicabilidad en sede declarativa y antes del fallo, porque la aplicación del artículo 162 resultaría meramente hipotética, estamos diciendo que esa norma no puede ser nunca objeto de un requerimiento de inaplicabilidad, lo que es inaceptable, como lo es también decir que el único período en que puede intentarse una acción como la que ahora se falla, respecto de un juicio laboral como gestión pendiente, sería después del fallo declarativo pero antes de que quede ejecutoriado, limitación extrema que no encuentra sustento en norma legal alguna ni tampoco se condice con la racionalidad y justicia a las que también éste procedimiento se debe someter.

4.- Que además esa limitación contradice el texto del artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, puesto que éste no exige que la norma haya sido aplicada, como tampoco lo exige el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución, que también habla de que el precepto “pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto”. El uso del subjuntivo del verbo poder y del infinitivo “resultar” que lleva como atributo lo “decisivo”, demuestra que la exigencia se cumple solo con la potencialidad o aptitud de influencia determinante en la resolución del juicio, de modo que la oración subordinada a la estructura gramatical que permite plantear el requerimiento, en el texto constitucional citado y en la Ley Orgánica, depende de un contexto eventual o, precisamente, entonces, hipotético. Lo que el Tribunal Constitucional debe comprobar, entonces, en este análisis formal, no es una decisividad efectiva, y mucho menos consumada, sino la concurrencia de una posibilidad jurídicamente relevante, y no puede sino ser relevante la posibilidad cuando es la parte demandante de aquel juicio constitutivo de la gestión pendiente la que invoca la norma y reclama su aplicación, como base jurídica indispensable de una de las acciones que deduce y que tiene que ser resuelta por el juez del proceso laboral.

Desechar ahora el requerimiento por estimarlo hipotético equivaldría a menospreciar la plausibilidad de la demanda de nulidad de despido contenida en la gestión judicial pendiente, porque significaría afirmar que en verdad el artículo 162 no puede resultar decisivo en ese juicio. Lo cierto es que solo no será decisivo si la demanda se rechaza, pero nosotros no podemos anticipar nada al respecto, de manera tal que, puesto que el juicio ya existe, que la acción de nulidad de despido fue ejercida en él y , precisamente porque el juicio está pendiente y no fallado aún, es posible, y se trata de una posibilidad jurídicamente relevante, que se aplique en el fallo el artículo 162 del Código del Trabajo, de manera tal que lo que aquí corresponde es analizar si esa aplicación eventual, tal como lo prevén los artículos 93 de la Constitución y 81 de nuestra Ley Orgánica, generaría efectos contrarios a la Carta Fundamental.

5.- Que en opinión de estos disidentes es precisamente el caso en estos autos, porque la cuestión que se plantea en el juicio de base es que existe una diferencia de remuneraciones y cotizaciones que se adeudarían al trabajador por no haberse considerado, para calcular esas obligaciones, el beneficio de la llamada semana corrida, acorde lo prescrito por el artículo 45 del Código del Trabajo. Por supuesto, aquí no corresponde pronunciamiento alguno acerca del acierto o el error de esa tesis y, desde luego, si la Judicatura Laboral acoge ese planteamiento, el demandado, aquí requirente, quedará obligado a pagar las diferencias salariales pertinentes y también las diferencias de cotizaciones que ese añadido a las remuneraciones suponga, nada de eso puede quedar afectado por dejar de aplicar los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Tampoco quedará en duda el efecto declarativo y no constitutivo de la sentencia, con respecto al derecho a esas prestaciones y por eso, en esa hipótesis, tendrían que pagarse y enterarse, respectivamente, de manera retroactiva.

6.- Que lo que está, en cambio, en la base del problema de constitucionalidad consiste en que, de acuerdo con el propio libelo del juicio base, no se pagó semana corrida durante la relación laboral y por ende no se descontó suma alguna para cotizar por esa diferencia cuyo reclamo ahora se debate. No cabe aquí la presunción de derecho del inciso segundo del artículo 3° de la Ley 17.322 porque el supuesto de esta norma es, precisamente, el pago efectivo de las remuneraciones sobre las que la retención procede y aquí no hay controversia acerca de que ese pago no se produjo; lo debatido es si debió pagarse o no, que es cosa distinta. Por tanto, aunque en el juicio laboral se zanjara el problema resolviéndose que debió pagarse la semana corrida, falla un elemento que presta racionalidad y proporcionalidad a la sanción que establecen los incisos impugnados del artículo 162, consistente en que el empleador haya retenido para sí dinero que pertenece al trabajador, perjudicándolo con ese hecho, en sí mismo ilícito, en el monto de su capital previsional.

7.- Que se dirá, quizás, que ese es un problema de interpretación del artículo 162, que bien podría restringirse por la Justicia Ordinaria, para abarcar solo casos en que la remuneración se haya pagado sin enterar la cotización, pero eso equivale a decir que aunque haya una interpretación dogmáticamente atendible que lleve al resultado inconstitucional, esta sede tendría que abstenerse esperando que la judicatura de fondo prefiriera una interpretación distinta, lo que en sí ya es complejo, pero además en este caso equivaldría a obviar que en muchas ocasiones la jurisprudencia laboral ha optado por dar al artículo 162 una interpretación amplia, que incluye en el concepto de cotizaciones morosas -para efectos de la nulidad del despido- a las que se declaran como obligatorias en un fallo posterior a la relación laboral. Una posición reduccionista de la inaplicabilidad, que vea en este caso solo un problema de legalidad, estaría obviando que la norma atacada se ha aplicado a casos similares, y por ende puede aplicarse a éste, y que, si se constata que en esa aplicación se generarían efectos inconstitucionales, eso basta para acoger la presente acción.

8.- Que, en suma, pues, cabe desechar toda objeción formal al presente requerimiento y en lo que constituye su núcleo de fondo estimamos que lleva la razón la parte actora, porque, en efecto, resulta desproporcionado castigar con la nulidad del despido a quien no ha enterado cotizaciones no por apropiárselas o distraerlas, sino porque no estimaba deber las remuneraciones a que aquellas acceden y por ende no pagó tales remuneraciones con lo que obviamente nada pudo descontar de ellas para fines previsionales, sino que debatió legítimamente en juicio la pertinencia de esas prestaciones, según una interpretación propia, pero que tuvo derecho a sostener, y que solo mediante un fallo, por lo demás posterior al despido, supo que debía pagar y como consecuencia descontar cotizaciones y enterarlas.

9.- Que, entonces, en el caso sublite falta un supuesto de razonabilidad que permita entender que el juicio laboral que pueda disponer la sanción del artículo 162 del Estatuto Laboral sea un debido proceso, máxime si ese resolver a posteriori la irregularidad de un despido ya consolidado supone que el empleador deba advertir a priori que su tesis acerca de las remuneraciones que le correspondía pagar (tesis que en muchos casos puede ni siquiera haber sido controvertida por el trabajador durante la relación laboral) será a futuro desestimada por un tribunal y se agregarán otras partidas remuneracionales, y con ello nuevas cotizaciones, y tanto más desproporcionado, y por ende poco racional, será ese resultado del proceso si la extensión de tiempo entre el momento del cese de la relación laboral y el de ejecutoria de la sentencia genera un pago de remuneraciones post despido (en base al inciso séptimo del artículo 162) que se traduzca en ingentes cantidades que, a su turno, generen cotizaciones, todo por la simple razón de que el empleador haya estimado y sostenido una tesis que solo a posteriori se declare errada sobre sus obligaciones laborales, pero no porque dejara de enterar dineros de su trabajador que le hubiere descontado, y que por ende se hubiere apropiado. Un error, si lo fuere, no puede equipararse, en cuanto a la sanción subsecuente, con un obrar doloso que además suponga lucro con lo ajeno mediante abuso de la posición dominante, que es lo que la institución de la nulidad del despido puede, con legitimidad constitucional, castigar.

10.- Que ese efecto de desproporción y falta de racionalidad afecta al proceso en que tal sanción se llegue a disponer, porque la racionalidad que exige el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Constitución no es solo la que debe regular las distintas actuaciones procesales y su secuencia en sí mismas, sino también la que disponga un curso que no pueda desembocar en resultados irrazonables, lo que se refrenda al tenor del inciso primero del mismo artículo 19 N° 3, porque el proceso debe llevar a proteger igualitariamente derechos, no a infringirlos, y toda sanción, o en todo caso consecuencia pecuniaria, como la de pagar remuneraciones y cotizaciones post despido, que carezca de proporcionalidad y razonabilidad se aleja de la protección de los derechos del trabajador demandante y se resuelve en simple arbitrariedad, perjudicando los derechos del empleador demandado. En suma, aunque nada tienen que hacer aquí las reglas del artículo 19 N° 3 relativas a la responsabilidad penal, ni las del inciso octavo relativo al principio de legalidad penal, sí es verdad que una norma decisoria litis que pueda llevar al juez a disponer pagos tanto retroactivos como futuros de remuneraciones post despido sin que medie una razón proporcional al efecto, conduce al proceso a una injusticia, como lo dice el requirente, y eso es otra forma de decir que no se otorga a cada cual lo que le corresponde o, también, que no se protege el derecho del trabajador, sino que se va más allá, perjudicando al demandado, como señalamos, de forma tal que todo ello vulnera el texto del artículo 19 N° 3 en lo relativo a su inciso sexto, tornando inconstitucional, para el caso concreto, la normativa objeto del requerimiento.

PREVENCIÓN

Se previene que el Ministro don MARIO GÓMEZ MONTOYA estimó innecesario efectuar consideraciones de fondo, pues, en su concepto, es suficiente lo razonado en el considerando Décimo Segundo para desestimar el presente requerimiento, teniendo, además, en consideración lo asentado en la parte expositiva de este fallo: “la audiencia de juicio se fijó para el 11 de diciembre de 2025, suspendiéndose el proceso por orden de esta Magistratura”, es decir, no hay siquiera indicios de que sean aplicables las normas cuestionadas a la Sociedad, atendidos los argumentos vertidos en su defensa.

Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta).

La disidencia corresponde al Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La prevención corresponde al Ministro señor MARIO GÓMEZ MONTOYA.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 17.101-25-INA Daniela Beatriz Marzi Muñoz Fecha: 11/06/2026

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida María Pía Silva Gallinato Fecha: 16/06/2026 Fecha: 10/06/2026

nombre reservado Raúl Eduardo Mera Muñoz Fecha: 10/06/2026 Fecha: 10/06/2026

Catalina Adriana Lagos Tschorne Marcela Inés Peredo Rojas Fecha: 10/06/2026 Fecha: 10/06/2026

Alejandra Precht Rorris Mario René Gómez Montoya Fecha: 10/06/2026 Fecha: 11/06/2026

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Matías Vargas Borgel.

nombre reservadoörgel Fecha: 16/06/2026