Inaplicabilidad del artículo 304, inciso segundo del Código del Trabajo

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Rol 17.064-25 INA

[20 de octubre de 2026]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 304, INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

SINDICATO NUMERO 2 DE TRABAJADORES PRODUCTIVOS EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA DE CHILE (ENAER)

EN EL PROCESO RIT I-69-2025, RUC 25-4-RUT reservado, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN BERNARDO

VISTOS:

Que, con fecha 27 de octubre de 2025, el Sindicato Numero 2 de Trabajadores Productivos de ENAER deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 304, inciso segundo del Código del Trabajo, en el proceso RIT I-69-2025, RUC 25-4-RUT reservado, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El texto del precepto impugnado dispone:

“Código del Trabajo Artículo 304.- […]

No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban.

[…]”

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Como antecedentes de la gestión pendiente la requirente expone que con fecha 02 de julio de 2025 presentó formalmente un Proyecto de Contrato Colectivo a la Empresa, el que fue rechazado con fecha 08 de julio de dicho año, atendido a lo dispuesto en el mencionado artículo 304, inciso segundo del Código del Trabajo, por cuanto ENAER es una empresa estratégica del Estado que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Defensa), según la Ley N° 18.297 y la Ley N° 20.424.

Frente a dicha decisión, el Sindicato N° 2 presentó reclamación administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, organismo que, mediante Resolución Exenta N° 1313-19824/2025 de fecha 25 de julio de 2025, rechazó la reclamación al igual que el recurso de reposición intentado por el Sindicato.

Indica que esta última resolución administrativa es objeto de Reclamación Judicial, cuya tramitación se encuentra actualmente pendiente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Al fundamentar el conflicto constitucional alega que la aplicación del precepto impugnado al prohibir la negociación colectiva en forma absoluta a las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa, restringe en exceso el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva, consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, afectando a trabajadores que no desarrollan funciones vinculadas a la seguridad nacional, por lo que no existe un fin constitucionalmente legítimo y proporcionado que justifique la exclusión de personal civil que desempeña funciones de carácter productivo, administrativo y de mantenimiento. Indica que conforme con el Plan Estratégico de ENAER 2023-2027, la empresa tiene vocación industrial y comercial, con una vasta experiencia en mantenimiento y fabricación aeronáutica; y tiene, asimismo, objetivos de mercado y rentabilidad, por lo que la negociación colectiva no afectaría la seguridad ni la operatividad estratégica de la empresa.

Al mismo tiempo, hace presente que el artículo 12 de la Ley N° 18.297, Orgánica Constitucional de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile dispone expresamente que el personal civil contratado por ENAER “se regirá en lo laboral y previsional, por las disposiciones aplicables a los trabajadores del sector privado”. Este régimen especial, que somete al personal civil al Código del Trabajo, contrasta con la prohibición absoluta del artículo 304, inciso segundo del Código del ramo, demostrando que la aplicación de esta última norma al personal civil es desproporcionada y carente de justificación en el caso concreto.

Agrega que las limitaciones a la negociación colectiva deben ser interpretadas restrictivamente, de acuerdo con los estándares de la OIT y los principios pro persona y de proporcionalidad. En efecto, el Convenio N° 98 de la OIT, ratificado por Chile, dispone en su artículo 4° que los Estados deben promover procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores y trabajadores.

Por su parte, expone que el Comité de Expertos de dicho organismo internacional ha sostenido que las exclusiones a este derecho solo se justifican respecto de funcionarios públicos que ejercen autoridad en nombre del Estado o que están directamente vinculados a la seguridad nacional, lo que no se aplica a los trabajadores civiles de ENAER. En consecuencia, la aplicación de la prohibición legal resulta desproporcionada e irrazonable, vulnerando la obligación internacional de garantizar el derecho a negociar colectivamente;

específicamente y conforme con el artículo 5, inciso segundo de la Carta Fundamental, la aplicación del precepto impugnado, en cuanto impide la negociación colectiva a los trabajadores civiles de ENAER, contraviene los Convenios N° 87 y 98 de la OIT y el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos de jerarquía constitucional o supraconstitucional.

Indica, asimismo, que extender la prohibición del artículo 304, inciso segundo del Código del Trabajo al personal civil constituye una medida carente de proporcionalidad, que vulnera los principios de igualdad ante la ley y razonabilidad, generando una discriminación arbitraria, pues coloca a los trabajadores civiles de ENAER en una situación de desigualdad respecto de otros trabajadores de empresas estatales que sí pueden negociar colectivamente (como CODELCO o la Empresa de Correos de Chile 2), sin que exista una justificación objetiva y razonable basada en la naturaleza de sus funciones.

Por último, sostiene que si bien la Carta Fundamental faculta al legislador para establecer excepciones, esta facultad no es ilimitada. La ley debe respetar el contenido esencial del derecho fundamental y el principio de proporcionalidad. La prohibición total a trabajadores civiles, cuyas funciones no se vinculan a la seguridad nacional, excede el marco de la reserva legal y vulnera el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva.

Tramitación y observaciones al requerimiento

Por resolución de fecha 27 de noviembre de 2025 a fojas 132, la Segunda Sala de esta Magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenando, asimismo, la suspensión del procedimiento. Y, por resolución de la misma Sala, fue declarado admisible con fecha 17 de diciembre de dicho año, a fojas 498.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión invocada, formuló observaciones la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile y la Inspección Provincial del Trabajo Maipo.

ENAER, luego de reseñar el marco jurídico que regula a la empresa en cuanto a su objeto social, y su calidad de empresa estratégica del Estado, indica que no puede negociar colectivamente, atendido a la prohibición expresa establecida en el artículo 304, inciso segundo del Código del Trabajo, prohibición que reconoce la propia Dirección del Trabajo en su “Guía Negociación Colectiva 2017”.

Advierte que en la empresa no “existen trabajadores civiles” y “trabajadores militares”. Los únicos trabajadores de ENAER son aquellos sujetos al Código del Trabajo. En cambio, el personal militar que se desempeña en la Empresa es personal de la Fuerza Aérea que está destinado para “asegurar la eficacia técnica y control militar”, y se rigen por el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Indica, asimismo, que la prohibición legal debe ser interpretada conjunta y armónicamente con el artículo 19 N° 16 inciso quinto de la Constitución que dispone que: “La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar”.

Por consiguiente, ENAER no puede ser sujeto de una negociación porque no tiene la habilidad legal para hacerlo; participar de cualquier forma en un proceso de negociación colectiva, cualquiera que sea la forma de éste, importaría para la empresa incurrir en un acto que vulneraría lo prevenido en el artículo 7°, inciso segundo de la Constitución.

Seguidamente, argumenta que el conflicto planteado envuelve un asunto de interpretación legal, ajeno al ámbito de decisión del Tribunal Constitucional.

Indica que la requirente pretende que esta Magistratura interprete la norma cuestionada para declarar que no se aplica respecto del personal civil que labora en ENAER. Sin embargo, corresponde al juez del trabajo en el procedimiento monitorio de reclamación administrativa que se sigue ante el Juzgado del Trabajo de San Bernardo, decidir si una interpretación de la norma cuestionada permitiría excluir de la prohibición en ella contenida a los trabajadores civiles que forman parte del Sindicato N° 2 de ENAER.

Por otro lado, sostiene que el conflicto planteado no podría resolverse sin infringir el principio de deferencia razonada al legislador, por cuanto la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 304 del Código del Trabajo, está dentro de su órbita competencial y no adolece de falta de razonabilidad, atendida la particular naturaleza de empresas públicas y, en particular de aquellas que se relacionan con el Gobierno a través de Ministerio de Defensa Nacional.

Del mismo modo, sostiene que el artículo 19 N° 16, inciso quinto de la Carta Fundamental que consagra el derecho a la negociación colectiva, faculta al legislador para establecer expresamente los casos en que no procede. Al confiarle este mandato está entregándole un margen de apreciación que, basado en consideraciones de razonabilidad y prudencia, le permite restringir este derecho a determinados trabajadores. Lo que el legislador no puede hacer es proceder arbitrariamente porque ello supondría vulnerar el principio de la interdicción de la arbitrariedad contenido en el inciso segundo del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Además, hace presente que el Convenio N° 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, de 1978, permite que el legislador nacional restrinja el derecho a la negociación colectiva cuando se trata de empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera que normalmente poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o respecto de los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial (artículo 1 N° 2). Del mismo modo, permite que el legislador nacional pueda determinar hasta qué punto las garantías previstas en el Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y la policía (artículo 1 N° 3).

La Inspección Provincial del Trabajo Maipo, por su parte, al evacuar el traslado indica que la reclamación administrativa y reposición intentada por el Sindicato N° 2 de ENAER fue rechazada conforme la normativa vigente, advirtiendo que la Dirección del Trabajo carece de competencia para interpretar las disposiciones del Código del Trabajo cuando este cuerpo legal constituya la normativa estatutaria del personal de las empresas públicas creadas por ley como la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, correspondiéndole a la Contraloría General de la República dicha competencia, invocando al efecto los Dictámenes N° 29.701 de 2012 y Dictamen 145.998 de 2025 de dicho ente contralor.

Por otra parte, cita los Dictámenes N° 995/30 y N° 838/28 de la Dirección del Trabajo e Informe de la Comisión de Expertos de la OIT de 2024, los cuales enfatizan que las limitaciones al derecho de negociación colectiva deben interpretarse restrictivamente, conforme al principio pro persona, al artículo 5, inciso segundo, al artículo 19 N° 26 de la Constitución, y a los estándares internacionales sobre libertad sindical.

A fojas 635, en decreto de fecha 24 de marzo de 2026 se dispuso traer los autos en relación.

Vista de la causa y acuerdo

En audiencia de Pleno del día 30 de junio de 2026, se verificó la vista de la causa oyéndose la relación pública y los alegatos de los abogados Rodrigo Ojeda Garrido, por la parte requirente; nombre reservado por la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), y nombre reservado por la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, adoptándose acuerdo con igual fecha, conforme certificación de la señora relatora.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Sindicato N° 2 de Trabajadores Productivos de ENAER acciona de inaplicabilidad en contra del artículo 304, inciso segundo, del Código del Trabajo para que surta efectos en el procedimiento RIT I-69-2025 sobre Reclamación de Resolución Administrativa, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

La gestión pendiente se origina en el rechazo por parte de ENAER a un Proyecto de Contrato Colectivo presentado por la requirente. La empresa fundó su negativa en la aplicación del precepto impugnado. Debido a ello, la actora presentó una reclamación ante la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, la que fue rechazada en base a la misma norma. En contra de la resolución anterior, la requirente presentó una reclamación judicial, actualmente en tramitación, que constituye la gestión pendiente en que incide la presente acción de inaplicabilidad.

SEGUNDO: En cuanto al conflicto constitucional, el libelo sostiene que el precepto impugnado, al impedir la negociación colectiva de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio, vulnera el derecho a la negociación colectiva garantizado en el artículo 19, N° 16, de la Carta Fundamental, así como a los principios de igualdad ante la ley, el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile y la interpretación restrictiva de las normas que limitan derechos fundamentales.

En concreto, sostiene que la prohibición se aplica sin atender la naturaleza civil de las funciones desempeñadas por el personal -las cuales son de carácter productivo, administrativo y de mantenimiento- sin enmarcarse en las funciones de defensa o seguridad nacional que justifican la excepción legal.

Añade que la regla genera una discriminación arbitraria en tanto los trabajadores de ENAER quedan en una situación de desigualdad respecto de otros trabajadores de empresas estatales que sí pueden negociar colectivamente.

TERCERO: El artículo 304 del Código del Trabajo, cuyo inciso segundo se impugna en estos autos, dispone lo siguiente:

Art. 304.- Ámbito de aplicación. La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación y representación.

No existirá negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban.

Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más del 50% por el Estado, directamente o a través de derechos o impuestos.

(…)

I. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL RECHAZO DEL REQUERIMIENTO

CUARTO: Siguiendo los conceptos que ha entregado la doctrina, la negociación colectiva es “una secuencia de actividades de comunicación, presión y persuasión desarrolladas por determinados sujetos, con propósito de regulación de ciertas relaciones sociales” (nombre reservado, G., (2012), Sindicatos y negociación colectiva, Thomson Reuters, p. 160). Desde una perspectiva amplia, se define como “aquella que se efectúa entre los trabajadores organizados y los empleadores y/o el Estado con el objeto de lograr acuerdos a nivel de establecimiento, de empresa, de profesión o de industria, de la región o de la nación, en materias que interesan a los trabajadores" (nombre reservado, F., (2003), Derecho de las relaciones laborales, Santiago, Editorial Universitaria. p. 559). Desde una perspectiva restringida, se refiere a “aquel proceso destinado a lograr un mejoramiento en las condiciones comunes de trabajo y de vida de los trabajadores y que culmina en la celebración de un instrumento colectivo” (nombre reservado, F., ob. cit., p. 559)

QUINTO: El derecho a la negociación colectiva “forma parte del contenido amplio y colectivo de la libertad sindical. Es una institución propia de derecho laboral que persigue armonizar los intereses contradictorios de los actores laborales, para que de común acuerdo fijen los salarios y condiciones de trabajo” (nombre reservado, G. & nombre reservado, P., (2014), Diccionario constitucional chileno, Cuadernos del Tribunal Constitucional, N° 55, p. 298).

Esta Magistratura ha señalado que la negociación colectiva es “[u]n derecho fundamental cuya activación o determinación originaria para ejercerlo o no reside en los trabajadores individualmente considerados. Dicho de otra manera, se garantiza el derecho de cada trabajador de manifestarse de forma grupal para la consecución de un interés colectivo consistente en negociar con su empleador condiciones de trabajo, entre ellas la más importante, la retribución por su trabajo” (STC 3016, c. 19°).

SEXTO: La Constitución, luego de asegurar la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores, permite que sea restringido por el legislador en el mismo artículo 19, N° 16, al señalar luego: “salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar”. Es decir, establece “una limitación precisa expresamente consagrada en el texto constitucional, la que opera como excepción al derecho específicamente contemplado" (STC 7591, c.

2°).

SÉPTIMO: Explicando el origen de la norma, don nombre reservado señala que “al estudiarse la materia en la Comisión Ortúzar, hubo concordancia en cuanto a que la Carta debía tener presente la existencia de trabajadores a quienes se puede prohibir negociar, entre los cuales se encuentran aquellos cuyos empleadores no están en condiciones de decidir por sí mismos un aumento de remuneraciones o un cambio en las demás condiciones laborales -lo cual ocurre, por ejemplo, respecto de los funcionarios de la Administración Pública- o de aquellos que, por la naturaleza de la labor que desempeñan, no conviene que negocien. Sólo la ley puede establecer las referidas excepciones y, ciñéndose a la regla constitucional, el Código del Trabajo señala expresamente y de modo restrictivo tanto las empresas e instituciones cuyos trabajadores no pueden negociar como algunos trabajadores, independientemente de la empresa en que laboren, que tampoco pueden hacerlo” (nombre reservado nombre reservado, A., (2010), Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XIII, p. 294).

OCTAVO: En consecuencia, el constituyente admite la limitación al ámbito objetivo de la negociación autorizando al legislador a impedir que los titulares potenciales de la negociación colectiva en esas empresas puedan hacerlo. Es así que, junto con la imposibilidad de negociar contemplada en el precepto impugnado, el legislador también ha prohibido la negociación colectiva en empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos hayan sido financiados en más de un cincuenta por ciento por el Estado en los dos últimos años.

Al respecto cabe tener presente que en el año 2000 fue publicado en nuestro país, el Convenio N°151, sobre “la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública”, dictado por la Organización Internacional del Trabajo. Tal instrumento internacional, en cuanto a la negociación colectiva, modificó nuestra situación jurídica, principalmente en lo referente al deber del Estado de propiciar los medios necesarios para permitir a los trabajadores la negociación colectiva con las autoridades públicas competentes. A pesar de ello, ambos actores principales, tanto el Estado como los funcionarios públicos, han guardado silencio respecto de la existencia de esta normativa, ignorando, en consecuencia, la falta de regulación interna que existe en esta materia.

NOVENO: Entrando a resolver el conflicto constitucional planteado, cabe tener presente que el argumento central del requerimiento recae en que las funciones desempeñadas por trabajadores del Sindicato requirente “son de carácter productivo, administrativo y de mantenimiento, y no se enmarcan en las funciones de defensa o seguridad nacional que justifican la excepción legal”

(fs. 2) y que el foco principal de la empresa “es la actividad comercial, productiva y de servicios, lo que desvirtúa la justificación de seguridad nacional como fundamento para la prohibición” (fs. 3). Atendido lo anterior, la aplicación del precepto impugnado en el caso concreto “excede el fin constitucionalmente legítimo de proteger la seguridad nacional” (fs. 4).

DÉCIMO: La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), a la que pertenece el Sindicato requirente, fue creada como respuesta a las necesidades de la Fuerza Aérea de Chile de contar con un organismo que satisficiera sus demandas de mantenimiento, reparación y fabricación de aviones, partes y piezas. Así, de acuerdo con la Ley N° 18.297, ENAER es una empresa estatal cuyo objeto es diseñar, construir, fabricar, comercializar, vender, mantener, reparar y transformar cualquier clase de aeronaves, sus piezas o partes, repuestos y equipos aéreos o terrestres asociados a las operaciones aéreas, ya sean estos bienes de su propia fabricación, integrados o de otras industrias aeronáuticas, para la Fuerza Aérea o para terceros; efectuar estudios e investigaciones aeronáuticos o encargarlos a terceros; otorgar asesorías y proporcionar asistencia técnica (art. 3°).

DÉCIMO PRIMERO: Pese a la actividad empresarial que puede realizar ENAER no puede olvidarse que las empresas de defensa, en línea con el objeto legal que se explicó, “contribuyen a la defensa nacional mediante sus capacidades técnicas e industriales, satisfaciendo al máximo las demandas de las Fuerzas Armadas Chilenas. También han promovido el desarrollo de las ciencias y tecnologías en el ámbito militar con muchas aplicaciones en el ámbito civil” (Libro de la Defensa Nacional de Chile, 2010, Ministerio de Defensa Nacional, p. 335).

Siendo así, el giro comercial de la empresa se relativiza frente al objeto que le dio su origen, cual es, la satisfacción de una necesidad de interés público que se relaciona con la defensa de la nación, por lo que se requiere, como precisó la Contraloría General de la República, a propósito de ASMAR, “[q]ue las operaciones respectivas se desarrollen de manera ágil y continua, lo que, además, redunda en una adecuada satisfacción de los aspectos técnicos y económicos implicados en su labor” (Dictamen N° 78502, del 2013).

En ese sentido, la prohibición que el precepto impugnado impone a las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio se condice con los objetivos propios de la Fuerza Aérea de Chile, la cual existe para la defensa de la patria y es esencial para la seguridad nacional (artículo 101 inciso 1° de la Constitución).

DÉCIMO SEGUNDO: El diseño de la ley orgánica N° 18.297 que crea ENAER también lo manifiesta, pues nos encontramos ante una empresa presidida por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y dirigida por un Oficial General, en cuya dotación conviven trabajadores civiles y personal militar destinado, entre otras labores, a la fabricación, mantenimiento y reparación de naves para la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los incisos 1° y 2° del artículo 11 de la ya citada Ley N° 18.297, “El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, a solicitud del Directorio, podrá destinar a ENAER oficiales y personal de la Fuerza Aérea para asegurar la eficiencia técnica y el control militar”, “Para todos los efectos legales, la destinación del personal de la Fuerza Aérea a ENAER será considerada como cumplida en una repartición o unidad aérea”. Ello implica que el personal militar no reviste el carácter de trabajadores de ENAER por lo que no está sujeto a las normas del Código del Trabajo, incluyendo entre éstas la de su artículo 304 inciso segundo, ya que dicho personal se rige por su propio Estatuto (DFL N° 1/1997).

Habiendo entonces personal civil y de la fuerza aérea laborando en la misma empresa, para que la declaración de inaplicabilidad tuviese un efecto útil esta Magistratura debería efectuar una distinción entre dicho personal para que la sentencia estimatoria beneficiara sólo a los funcionarios civiles, quienes, por estar regidos por el Código del Trabajo, podrían acceder a la negociación colectiva, pero no así los funcionarios de la Fuerza Aérea por la índole de las tareas que desempeñan. Tal distinción no la efectúa la regla cuestionada, ya que ella únicamente dispone que no existirá negociación colectiva en ciertas empresas, al disponer que ella no cabe “en las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio y en aquellas en que leyes especiales la prohíban”, siendo prerrogativa del legislador y no de esta Tribunal determinar la índole de los trabajadores a que se extiende la prohibición.

DÉCIMO TERCERO: Por otra parte, la exclusión que establece el inciso segundo del artículo 304 del Código del Trabajo no constituye una privación arbitraria del derecho asegurado en el artículo 19, N° 16, de la Constitución, sino que el ejercicio de una facultad que el propio texto constitucional confiere al legislador, cuando reconoce la negociación colectiva "salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar". Es decir, si es la propia Carta Fundamental la que permite excepcionar de la negociación colectiva el legislador tiene un margen tanto para hacerlo respecto de quienes laboren en determinadas empresas e instituciones como para que, por la naturaleza de las labores que desempeñan y con independencia de la institución en que laboren, impedir que ciertos grupos de trabajadores puedan negociar, como lo hace la norma aquí cuestionada.

DÉCIMO CUARTO: En relación con el principio de igualdad ante la ley, como ha reiterado numerosa jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, la existencia de un tratamiento distinto para una cierta categoría de personas no es suficiente para concluir que ello es contrario a la Carta Fundamental, “[p]ues ésta no prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; esto es, careciendo de fundamento razonable que pueda justificarlas” (STC 977, c.

10º, entre otras sentencias). Por lo anterior, la autonomía de que goza el legislador le autoriza a tratar en forma diversa situaciones que, objetiva y razonablemente, son disímiles.

DÉCIMO QUINTO: En el caso concreto, la requirente funda su reproche contrastando la situación de los trabajadores de ENAER con la de los trabajadores de otras empresas del Estado que no se encuentran comprendidas en el precepto impugnado. Sin embargo, el criterio empleado por el inciso segundo del artículo 304 del Código del Trabajo no atiende a la naturaleza estatal de la empresa, sino a su vinculación con el Ministerio de Defensa Nacional, factor que constituye una circunstancia objetiva y razonable según se ha explicado y, por lo mismo, autoriza al legislador a emplear una diferencia como la contenida en el texto impugnado.

DÉCIMO SEXTO: De acuerdo con lo expresado precedentemente, al no vislumbrarse una afectación al derecho a la negociación colectiva garantizado en el artículo 19, N° 16 de la Carta Fundamental y al derecho a la igualdad ante la ley asegurado el numeral 2 del mismo artículo 19, por lo que deberá desestimarse el requerimiento de autos.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

II. QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de las Ministras señoras DANIELA MARZI MUÑOZ, y CATALINA LAGOS TSCHORNE, quienes estuvieron por acoger el requerimiento en atención a las siguientes consideraciones:

1°. Que, la disidencia se funda en líneas jurisprudenciales de esta Magistratura sobre el derecho a la Libertad Sindical como derecho fundamental, que han hecho el ejercicio de determinar aquello que se encuentra prohibido en la Constitución y, en consecuencia, encuentra un límite en la misma.

2°. Que, la requirente ha esgrimido dos líneas argumentativas, debido a que se encuentra en una zona gris entre la norma laboral y su uso como norma estatutaria, a causa de la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República. Esta disidencia recorrerá ambas vías para contrastar la existencia o no de una prohibición constitucional del derecho a la negociación colectiva.

3°. Que, el artículo 19 N°16 de la Constitución consagra el derecho a la Libertad Sindical, en los siguientes términos: “La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella”.

4°. Que, es fácil advertir que el Constituyente de 1980 acentuó los aspectos referidos a la libertad de afiliación −el derecho a pertenecer, no pertenecer y a desafiliarse de un sindicato− a tal punto que los trata en las dos normas relativas a la libertad sindical (artículos 19 numerales 16 y 19). Sin embargo, en lo específicamente referido a la titularidad del derecho a la negociación colectiva, el texto expreso declara que es un derecho constitucional del trabajador en el ámbito de la empresa. De este modo, el presente caso se ubica en el supuesto previsto por la norma constitucional para definir la titularidad del derecho fundamental en estudio.

Por el contrario, nada dice respecto a la negociación colectiva en el sector público, a diferencia de lo que ocurre con el derecho fundamental de huelga, que sólo es mencionado para prohibirlo expresamente en este ámbito: “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”.

5°. Que, en efecto, la Constitución de 1980 remite a la ley una habilitación para prohibir la negociación colectiva en el sector privado, siendo la norma en examen un supuesto legal de la remisión. Tal como ha hecho la mayoría, no es posible despachar el problema constitucional simplemente porque exista una remisión al legislador y lo que se pide a esta Magistratura es que se defina su constitucionalidad. Sin embargo, y más allá de la interpretación originalista desarrollada en el considerando 7° del voto de mayoría de este fallo, estando ante un derecho fundamental, debe argumentarse su razonabilidad −y no la mera exclusión del capricho o arbitrariedad−.

6°. Que, el Tribunal Constitucional ha afirmado dos cuestiones relevantes para la decisión de este conflicto: de un lado, el carácter de derecho humano de la Libertad Sindical y, de otro, que la Libertad Sindical forma parte del estatuto de derechos de los trabajadores. Como se dijera por primera vez en la STC Rol N°12.988-22, bajo el título “Los derechos de la libertad sindical son derechos laborales”: “Que, el requerimiento argumenta todas las infracciones constitucionales en el hecho de que la responsabilidad que determina la Unidad Económica Laboral incluye los derechos colectivos de trabajadores y trabajadoras. Sucede que estos derechos son parte del estatuto de quien ostenta la posición de parte trabajadora y, además, son derechos fundamentales. Se encuentran en los Convenios N°87 y 98 de la OIT, en el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en particular, su desarrollo específico se encuentra en el artículo 8 del Pacto de San Salvador. Que la libertad sindical es un derecho humano es afirmación que a estas alturas del desarrollo del Derecho del Trabajo no debiera exigir una sobre argumentación por parte de un Tribunal Constitucional, no obstante, debemos hacernos cargo de si la Constitución Política de 1980, vigente en Chile, prohíbe que el legislador regule formas de negociación colectiva distintas al ámbito de la empresa” (STC Rol N°12.988-22, c.

10°. Reiterado en STC Rol N°13.263-22, c. 8°).

7°. Que, el entender que estos derechos fundamentales son parte del conjunto de derechos de las personas que trabajan, permite que esta disidencia invoque el razonamiento que se tuvo para acoger, primero en inaplicabilidad y después para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de los artículos 2º del Decreto Ley Nº3.643 de 1981 y 4º del Decreto Ley Nº2.067 de 1977, en la STC Rol N°12.345-21. Tales normas establecían que los trabajadores de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), para efectos del régimen de término de la relación de trabajo, no se regirían por la normativa laboral, sino únicamente por las normas sobre término de los servicios del personal de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, esta Magistratura sostuvo que “En el plano de la constitucionalidad, la terminación de los servicios del personal de Famae bajo las normas de cese de la carrera militar carece de sustento constitucional por los siguientes criterios que identificaremos. Primero, porque el personal de dicha empresa no es parte de las Fuerzas Armadas. Segundo, porque el estatuto de los funcionarios civiles de las empresas militares está sometido a un régimen laboral común. Y tercero, porque la continuidad de estas normas importaría una desprotección del artículo 19, numeral 16º, de la Constitución, en relación con el igual trato que le es exigible a aquellos que se encuentran en la misma situación, generando en todos los casos un efecto de despido injustificado” (STC Rol N°12.345-21, c. 12°).

8°. Que, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre la prohibición de ejercer el derecho de huelga de aquellas empresas que son calificadas de estratégicas, contemplada en el artículo 362 del Código del Trabajo, que dispone: “Determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga. No podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

Así, en la STC Rol N°15.772-25, sostuvo en forma unánime que la Constitución contempla expresamente el mismo supuesto de la norma impugnada en el artículo 19 N°16, que indica que “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.

En la misma decisión, además, se valoró que, tras la reforma de la Ley N°20.940 de 2016, se creó un procedimiento judicial de reclamación en caso de haber sido incluido −luego de un procedimiento administrativo bilateral− en la lista. En él se podía argumentar la vulneración que dicha calificación significaba para el ejercicio de la Libertad Sindical (STC Rol N°15.772-25, c. 12° a 14°). Cabe apuntar que antes de la reforma la actuación era unilateral de los Ministerios y sin revisión judicial.

Sin embargo, además de haber una norma constitucional que contiene el mismo precepto legal cuestionado, debe considerarse que estas empresas −que cumplen un interés público− se rigen por una normativa que no deja en cero el derecho a definir condiciones comunes de trabajo y de remuneración, esto es, a negociar colectivamente (que es el derecho actualmente en análisis), sino que lo sujetan a una modalidad que es aceptada en el Derecho internacional de los derechos humanos, que es el arbitraje, de acuerdo a la remisión legal que realiza la parte final del artículo 19 N°16 de la Constitución. Por estas razones no es un caso equivalente al propuesto, sino que adelanta elementos sobre el trato desigual de la norma impugnada.

9°. Que, tanto en el caso sobre empresas estratégicas recién citado como en la STC Rol N°16.492-25, que se refirió a la constitucionalidad de los servicios mínimos en la huelga, debe repararse en otra diferencia sustancial respecto del presente caso. Ninguna de las dos sentencias niega en términos absolutos el derecho a negociar colectivamente en la empresa, sino que reconocen que la ley establece límites al derecho fundamental de huelga explicados por intereses públicos comprometidos.

En la STC Rol N°16.492-25 se argumentó que “En Chile, como ya se expusiera, diversas normas han recogido la protección de intereses de utilidad pública y derechos fundamentales de terceros. Actualmente, además de la norma impugnada que establece servicios mínimos para “prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. En esta determinación se deberán considerar los requerimientos vinculados con el tamaño y características de la empresa, establecimiento o faena” (artículo 359 inciso primero del Código del trabajo), encontramos la exclusión de empresas del derecho de huelga fundado en “No podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional” (artículo 362 del Código del Trabajo), entregada a la resolución conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo que se realiza a solicitud de parte; la reanudación de faenas, para aquella empresa “que por sus características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional ”, que luego de la reforma deja de ser orden por orden del Presidente de la República y se entrega al Tribunal de Letras del Trabajo respectivo podrá, previa solicitud de parte (artículo 363 del Código del Trabajo). Todas estas normas conforman el Título “Limitaciones al derecho de huelga” del Libro Cuarto del Código del Trabajo. (STC Rol N°16.492-25, c. 9°).

10°. Que, puede advertirse que no existe otro supuesto de negación al derecho constitucional a negociar colectivamente en la empresa. Todos los otros, referidos a intereses públicos como la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional permiten la negociación colectiva, aunque limitan el derecho de huelga. Por eso, puede sostenerse que esta norma transgrede el artículo 19 N°16, pero también el 19 N°2 y el N°26 de la Constitución.

11°. Que, ahora seguiremos el hilo argumentativo de quienes ubican el problema en una sede que es propia de la función pública, por el elemento normativo de vincularse por medio del Ministerio de Defensa. Respecto del sector público no existe texto constitucional que prohíba el derecho a la negociación colectiva, tampoco una remisión al legislador para su prohibición.

12°. Que, el sector que tiene por función propia realizar servicios públicos, respecto del cual no hay texto constitucional, encuentra en los Convenios Internacionales parámetros en que se promueve el derecho a la negociación colectiva. El Convenio 151 en su Parte V, “Solución de Conflictos”, indica en el artículo 8° que “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.

13°. Que, el Derecho internacional de los derechos humanos sí contribuye al problema de las Fuerzas Armadas, prescribiendo precisamente que se distinga entre personal armado y personal civil. El Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, suscrito por Chile en 1999, mantiene en su artículo 4° que: “1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.

2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este Convenio”.

El Convenio 154 sobre negociación colectiva, de 1981, y que no ha sido ratificado por Chile, reproduce la obligación de distinguir entre personal civil y armado. Esta distinción puede explicarse en que la negociación colectiva podría tornarse disruptiva respecto de quienes ejercen la fuerza dentro de las instituciones armadas, dado su reforzado vínculo jerárquico institucional.

14°. Que, la distinción entre dos derechos fundamentales −negociación colectiva y huelga−, que forman parte de la tríada de la Libertad Sindical, compuesta por el derecho a organizarse en un sindicato, negociar colectivamente y huelga, permite reforzar el razonamiento en este voto desplegado. En efecto, a tal punto la norma en examen es una sobrevivencia de la Constitución de 1980 −que no ha sido cuestionada ni sistematizada con el sistema jurídico sindical actual− que puede afirmarse no supera ni el más mínimo test de proporcionalidad. El ordenamiento vigente, como ya se ha explicado, contempla distintas reglas que consideran la seguridad nacional para limitar el derecho de huelga. La negociación colectiva es una sustitución de la ley por las partes sociales para fijar, por medio del acuerdo, condiciones de trabajo y remuneraciones. La huelga es una alteración de la normalidad productiva y manifestación autorizada por el Derecho de la autotutela. ¿Qué interés legítimo puede abarcar que un sindicato no tenga derecho a negociar colectivamente en su empresa, garantizado en el 19 N°16 de la Constitución, por el solo hecho de relacionarse a través del Ministerio de Defensa? Considerando esto, no puede siquiera evaluarse su idoneidad, necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto.

15°. Que, como la requirente ha explicado exhaustivamente, se trata de personal civil, regido para todos los efectos por el Código del Trabajo, que no detenta el uso de la fuerza, que se ha asociado por medio de un sindicato y cuya contraparte es una empresa estatal. Por esto, cabe concluir que una norma que prohíbe el derecho a la negociación colectiva en la empresa en términos totales no supera el estándar de razonabilidad que es exigible a cualquier norma del sistema, sin que la mera autorización constitucional al legislador de prohibirla y negar el derecho en términos absolutos en el sector privado implique automáticamente que el precepto sea compatible con un Estado Democrático de Derecho, eliminando la garantía expresa del 19 N°16. Adicionalmente, no encontrándose prohibición alguna en la Constitución para la negociación colectiva en el sector público que contribuya a la interpretación restrictiva del derecho fundamental, que es la que ha decidido el presente caso, y considerando que, en cambio, el Convenio 98 de la OIT establece el deber de distinguir entre personal civil y armado, sólo cabe acoger el requerimiento planteado.

16°. Que, por las consideraciones expuestas, en opinión de estas Ministras la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debiese ser acogida.

PREVENCIÓN

El Ministro señor HÉCTOR MERY ROMERO, previene que concurre con el fallo, sin compartir el párrafo final del considerando 8° de la sentencia.

Redactó la sentencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, la disidencia, la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, y la prevención, su autor.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 17.064-25 INA.

María Pía Silva Gallinato Fecha: 21/10/2026

Daniela Beatriz Marzi Muñoz Raúl Eduardo Mera Muñoz Fecha: 22/10/2026 Fecha: 22/10/2026

Catalina Adriana Lagos Tschorne nombre reservado

Fecha: 22/10/2026 Fecha: 22/10/2026

Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris Fecha: 21/10/2026 Fecha: 21/10/2026

Mario René Gómez Montoya Fecha: 22/10/2026

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas, señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Matías Vargas Borgel.

nombre reservadoörgel Fecha: 22/10/2026