Inaplicabilidad de los artículos 32 y 35 inciso primero del d.l. N° 2186, que aprueba la ley orgánica de procedimiento de expropiaciones

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Roles 16.840-2025 y 16.842-2025 (acumulados)

[20 de octubre de 2026]

____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 35 INCISO PRIMERO DEL D.L. N° 2186, QUE APRUEBA LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIONES

nombre reservado

EN LOS PROCESOS ROL C-236-2016 Y V-115-2015, SEGUIDOS ANTE EL PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAÍSO, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO BAJO EL ROL N° 661-2024 (CIVIL), ACUMULADA CON EL ROL N° 750-2024 (CIVIL), Y BAJO EL ROL N° 749-2024 (CIVIL)

VISTOS:

Que, con fecha 26 de agosto de 2025, nombre reservado acciona de inaplicabilidad respecto de los artículos 32 y 35 inciso primero del D.L. N° 2186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, para que ello incida en el proceso Rol C-2362016, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Valparaíso, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el Rol N° 661-2024 (Civil) acumulada con el Rol N° 750-2024 (Civil), proceso tramitado ante este Tribunal bajo el Rol N° 16.840-2025.

Además, con igual fecha, dedujo requerimiento de inaplicabilidad respecto de las recién anotadas disposiciones para que ello incida en el proceso Rol V-115-2015, seguido ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo Rol N° 749-2024 (Civil). Este segundo libelo fue tramitado bajo el Rol N° 16.842-2025.

La Segunda Sala del Tribunal, al examinar la admisibilidad de ambos requerimientos resolvió su acumulación, ordenándose su sustanciación, en lo sucesivo, bajo la causa Rol N° 16.840-2025.

La disposición legal impugnada dispone lo siguiente:

“D.L. N° 2186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones

(…)

Artículo 32.- La entidad expropiante podrá desistirse de la expropiación por decisión unilateral adoptada en el mismo órgano y de igual modo que el acto expropiatorio, en cualquier momento, hasta el trigésimo día siguiente a la fecha de la sentencia ejecutoriada que fije el monto definitivo de la indemnización.

(…)

Artículo 35.- Para todos los efectos legales, la expropiación desistida o dejada sin efecto, se tendrá por no verificada y se cancelarán las inscripciones del acto expropiatorio y demás inscripciones, subinscripciones y anotaciones practicadas.

(…)”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente expone que los requerimientos de inaplicabilidad se deducen en el contexto de diversas gestiones judiciales pendientes derivadas del procedimiento expropiatorio iniciado por el Fisco de Chile respecto del inmueble correspondiente al lote N° 1 del proyecto denominado “Construcción Tranque San Juan, San Antonio”, ubicado en el sector San Juan de Llo-Lleo, comuna de San Antonio, cuya expropiación fue dispuesta mediante Decreto Supremo Exento N° 1092 de 28 de octubre de 2015 del Ministerio de Obras Públicas. La superficie expropiada ascendió a 78.921,45 metros cuadrados y la indemnización provisional fue fijada administrativamente en la suma de $596.125.169. La requirente sostiene que el inmueble afectado pertenece a doña nombre reservado, según inscripción conservatoria correspondiente al año 2013.

Explica que, a partir del acto expropiatorio, se originaron dos procedimientos judiciales distintos, pero vinculados. El primero corresponde a la gestión voluntaria seguida ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, Rol V-115-2015, iniciada por el Fisco con el objeto de consignar judicialmente el monto de la indemnización provisional y obtener autorización para la toma de posesión material del inmueble expropiado. En dicho procedimiento, anota, consta que la toma de posesión material tuvo lugar el día 11 de octubre de 2016.

El segundo procedimiento corresponde al juicio contencioso de reclamación de aumento de indemnización por expropiación, seguido ante el mismo tribunal bajo el Rol C-236-2016, iniciado con fecha 21 de enero de 2016, al amparo de los artículos 12 y siguientes del Decreto Ley N° 2.186. En dicha acción se solicitó aumentar el monto de la indemnización provisional, considerando el valor comercial del terreno, edificaciones, industrias, especies arbóreas y demás componentes patrimoniales asociados al inmueble expropiado.

La requirente agrega que, mediante sentencia de primera instancia de 20 de diciembre de 2019, el reclamo fue rechazado, manteniéndose el monto provisional fijado administrativamente. Sin embargo, al conocer un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de 6 de abril de 2023, revocó el fallo y acogió parcialmente la reclamación, fijando una indemnización definitiva superior, expresada en unidades de fomento respecto del valor del terreno, edificaciones, instalaciones y especies forestales.

A lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado interpuso recurso de casación en el fondo ante la Excma. Corte Suprema, declarado inadmisible por resolución de 4 de diciembre de 2023, quedando firme y ejecutoriada la sentencia que fijó el monto definitivo de la indemnización expropiatoria. Con posterioridad, el Primer Juzgado Civil de Valparaíso dictó el correspondiente cúmplase con fecha 27 de diciembre de 2023.

La requirente precisa que, encontrándose firme el fallo que determinó el justiprecio y habiéndose ya producido la toma de posesión material del inmueble, el Fisco promovió actuaciones destinadas a desistirse de la expropiación. Expone que el Consejo de Defensa del Estado acompañó copia simple del Decreto Supremo N° 18, de 29 de enero de 2024, mediante el cual el Ministerio de Obras Públicas manifestó desistirse unilateralmente de la expropiación del lote N° 1, argumentando que el inmueble ya no resultaba necesario para la ejecución de la obra pública.

Anota que ese desistimiento fue presentado tanto en el expediente voluntario Rol V-115-2015 como en el contexto del procedimiento incidental de cumplimiento de sentencia seguido en el Rol C-236-2016. En ambos casos, el tribunal de primera instancia dictó resoluciones que tuvieron presente el desistimiento administrativo o dejaron sin efecto actuaciones orientadas al cumplimiento incidental del fallo firme.

Contra dichas resoluciones se interpusieron recursos de apelación, originándose las gestiones ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo los Roles N° 749-2024-Civil, N° 661-2024-Civil y N° 750-2024-Civil, acumulados.

En este contexto, argumenta que los artículos 32 y 35 inciso primero del Decreto Ley N° 2.186 tendrán aplicación decisiva para resolver las apelaciones, desde que constituyen el fundamento normativo invocado por el Fisco para sostener la procedencia del desistimiento unilateral de la expropiación y los efectos jurídicos derivados de dicho acto administrativo.

Al fundar el conflicto constitucional, expone diversas transgresiones a la Carta Fundamental.

En primer término, denuncia infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución y al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sosteniendo que la Carta Fundamental reconoce al expropiado el derecho permanente a obtener indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado y que, una vez determinada judicialmente mediante sentencia firme, dicha indemnización se incorpora definitivamente al patrimonio del afectado. Afirma que la facultad de desistimiento prevista en los artículos 32 y 35 del Decreto Ley N° 2.186 no puede ejercerse válidamente después de la toma de posesión material o después de quedar firme la sentencia que fija el justiprecio, pues en ese momento el derecho indemnizatorio deja de constituir una mera expectativa y pasa a transformarse en un verdadero derecho subjetivo patrimonialmente adquirido.

Acota a lo anterior que permitir el desistimiento en esta etapa importa desconocer el derecho constitucional a recibir siempre la indemnización fijada por los tribunales ordinarios, garantía que el constituyente habría consagrado expresamente mediante el artículo 19 N° 24 inciso tercero. La Constitución no contempla excepción alguna que permita al órgano administrativo sustraerse al pago de la indemnización determinada jurisdiccionalmente una vez firme la sentencia respectiva.

En segundo lugar, denuncia vulneración del artículo 19 N° 26 de la Constitución, en tanto, explica, las disposiciones impugnadas afectan el núcleo esencial del derecho de propiedad. El régimen expropiatorio no puede permitir que el Estado prive materialmente del inmueble al particular, mantenga dicha privación durante años y, posteriormente, deje sin efecto unilateralmente la expropiación después de haberse fijado judicialmente la indemnización correspondiente. En su concepto, ello supone vaciar de contenido la garantía constitucional de indemnidad patrimonial.

Asimismo, argumenta que la aplicación de los artículos 32 y 35 inciso primero del Decreto Ley N° 2.186 vulnera el artículo 19 N° 3 y el artículo 76 de la Constitución, por afectar la garantía del debido proceso, el derecho al juez natural, la tutela judicial efectiva y la intangibilidad de la cosa juzgada. Señala la actora de inaplicabilidad que la facultad de desistimiento permite al Poder Ejecutivo neutralizar los efectos de una sentencia firme dictada por tribunales ordinarios de justicia, tornando inexigible un fallo ejecutoriado que determinó el monto definitivo de la indemnización. Según expone, ello supone interferir en la potestad jurisdiccional exclusiva de “hacer ejecutar lo juzgado”, entregada privativamente a los tribunales de justicia por el artículo 76 de la Carta Fundamental.

La requirente agrega que el desistimiento promovido por el Fisco constituye, en los hechos, una forma de desconocer la cosa juzgada en su dimensión activa, afectando gravemente la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. La garantía constitucional no se satisface únicamente con obtener una sentencia favorable, sino también con el derecho a exigir su ejecución y cumplimiento efectivo. En este sentido, sostiene que el acto administrativo de desistimiento operaría como un mecanismo de contrario imperio destinado a impedir la eficacia práctica de la sentencia firme que fijó el justiprecio expropiatorio.

Finalmente, denuncia infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución, estimando que las disposiciones impugnadas confieren al ente expropiante una prerrogativa exorbitante e injustificada. Desarrolla en este análisis que el Fisco queda facultado para disponer unilateralmente de los efectos de una sentencia desfavorable, pudiendo dejar sin efecto todo lo obrado en el procedimiento expropiatorio e imponer al expropiado la carga de iniciar nuevos litigios indemnizatorios. Además, alega que el acto administrativo de desistimiento acompañado en la causa carecería de motivación suficiente, limitándose a señalar que el inmueble dejó de ser necesario para la obra pública, sin expresar fundamentos concretos que justifiquen razonablemente la decisión adoptada.

Tramitación

Los requerimientos fueron acogidos a trámite por la Segunda Sala con fecha 2 de septiembre de 2025. Se confirió traslado a las demás partes para examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, fueron declarados admisibles en resolución de 29 de septiembre de 2025, a fojas 1558, disponiéndose su acumulación. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada y a los órganos constitucionales interesados.

A fojas 1573, en presentación de 23 de octubre de 2025, la parte requerida del Consejo de Defensa del Estado evacúa traslado y solicita el rechazo de los requerimientos acumulados.

La parte requerida explica que los artículos 32 y 35 inciso primero del Decreto Ley N° 2.186 no vulneran las garantías constitucionales invocadas, sino que forman parte de un diseño legislativo equilibrado que armoniza el interés público derivado de la utilidad pública de la expropiación con la garantía de indemnidad patrimonial del expropiado.

Así, explica que la facultad unilateral de desistimiento constituye una manifestación coherente de la causa de utilidad pública que justifica constitucionalmente la potestad expropiatoria. Indica que, si durante el iter administrativo o judicial desaparecen las condiciones que justificaron originalmente la expropiación, por ejemplo, debido al aumento significativo del costo derivado de la sentencia que fija el justiprecio, resulta constitucionalmente razonable e incluso obligatorio que el Estado pueda desistirse del acto expropiatorio, evitando destinar recursos públicos a una adquisición que ya no satisface adecuadamente el interés público perseguido.

Luego, argumenta que el desistimiento no vulnera el derecho de propiedad ni el derecho a indemnización, pues el efecto esencial de la expropiación desistida es de carácter restitutorio. Conforme al artículo 35 inciso primero, la expropiación desistida se tiene “por no verificada”, cancelándose las inscripciones derivadas del acto expropiatorio y restituyéndose jurídica y materialmente el bien al patrimonio del expropiado. Desde esa perspectiva, anota que desaparece la causa de pedir del derecho a la indemnización definitiva, pues el bien vuelve íntegramente al patrimonio de su titular.

Señala que la expropiación desistida puede generar perjuicios patrimoniales durante el período intermedio en que el bien permaneció privado del dominio del expropiado. Sin embargo, sostiene que el propio artículo 35 del Decreto Ley N° 2.186 contempla expresamente un mecanismo de reparación de dichos daños, otorgando al expropiado derecho a ser indemnizado de los perjuicios ocasionados por la expropiación desistida, incluso mediante vías extrajudiciales o procesos declarativos posteriores. En consecuencia, el eventual perjuicio derivado del desistimiento no constituiría una carga pública no indemnizada.

Respecto de la vulneración alegada de la cosa juzgada, el Consejo de Defensa del Estado alega que la sentencia firme dictada en el reclamo de aumento de indemnización no resulta desconocida ni invalidada por el desistimiento. Explica que el bien expropiado y el monto indemnizatorio fijado judicialmente mantienen una relación de equivalencia económica, de manera que la restitución del inmueble al patrimonio del expropiado importa también restituir un activo cuyo valor fue determinado judicialmente. Por ello, afirma que la controversia planteada por la requirente no constituye un verdadero conflicto constitucional, sino, más bien, una discrepancia con la política legislativa relativa al plazo dentro del cual el ente expropiante puede ejercer la facultad de desistimiento.

Precisa que las gestiones en conocimiento de la Corte de Apelaciones son incompatibles con la finalidad anulatoria perseguida por la requirente. Aduce que las apelaciones civiles sólo recaen sobre resoluciones que “tuvieron presente” el desistimiento del Fisco y sobre cuestiones vinculadas al cumplimiento incidental de sentencia, pero no constituyen contenciosos administrativos destinados a impugnar la juridicidad del Decreto Supremo que materializó el desistimiento. Por ello, anota que aun una eventual sentencia estimatoria de inaplicabilidad carecería de eficacia práctica respecto de las apelaciones pendientes.

Finalmente, acota la parte del Consejo de Defensa del Estado que los artículos impugnados son compatibles con la Constitución, pues expresan un mecanismo normativo razonable destinado a compatibilizar la utilidad pública que fundamenta la potestad expropiatoria con el deber estatal de resguardar la indemnidad patrimonial del expropiado, en un marco de política legislativa entregado al legislador democrático.

Por lo anterior, solicitan que el requerimiento sea rechazado, con costas.

Precluido el traslado otorgado en resolución de admisibilidad, se dispuso traer los autos en relación a fojas 1599, por decreto de 4 de noviembre de 2025.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 20 de mayo de 2026 se oyó la relación pública y los alegatos de los abogados señores Marcos Magasich Airola, por la parte requirente, y nombre reservado, por la parte requerida del Consejo de Defensa del Estado. Fue adoptado acuerdo en Sesión de 14 de julio de 2026, conforme fue certificado por el relator.

Y CONSIDERANDO:

I. SOBRE LOS PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS EN AUTOS Y EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL DEL DESISTIMIENTO DE LA EXPROPIACIÓN

PRIMERO: Que, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que interpone el requirente de autos se refiere a la aplicación de los preceptos legales impugnados, esto es, los artículos 32 y 35 inciso primero, del D.L. N°2186, que aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. Aquellas normas legales impugnadas se refieren al mandato constitucional expreso contenido esencialmente en la garantía del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental que regula vía ley orgánica el procedimiento constitucional de expropiación.

SEGUNDO: Desde esa perspectiva, el precepto legal impugnado por la requirente se refiere al desistimiento del Estado en el procedimiento expropiatorio y sus efectos. En ese sentido, las normas legales impugnadas del D.L. N°2.186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, señalan en su tenor literal que: “Artículo 32.- La entidad expropiante podrá desistirse de la expropiación por decisión unilateral adoptada en el mismo órgano y de igual modo que el acto expropiatorio, en cualquier momento, hasta el trigésimo día siguiente a la fecha de la sentencia ejecutoriada que fije el monto definitivo de la indemnización”. Por su parte, el artículo 35, regula los efectos de la expropiación desistida o dejada sin efecto. Así, dispone que: “Para todos los efectos legales, la expropiación desistida o dejada sin efecto, se tendrá por no verificada y se cancelarán las inscripciones del acto expropiatorio y demás inscripciones, subinscripciones y anotaciones practicadas. El bien cuya expropiación haya sido desistida o dejada sin efecto por cualquiera de los modos a que se refiere este título, no podrá ser expropiado por la misma entidad dentro del año siguiente a la fecha en que la expropiación quedó desistida o dejada sin efecto. El expropiado tendrá siempre derecho a la reparación total del daño que se le haya causado con la expropiación desistida o dejada sin efecto, mediante el pago, en dinero y de contado, de la indemnización que ajustare con la entidad expropiante o, en subsidio, de la que determine el juez competente. Esta acción indemnizatoria se tramitará en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 14”.

II. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DESISTIMIENTO DE LA EXPROPIACIÓN EN LOS CASOS ACUMULADOS DE AUTOS

TERCERO: En virtud del artículo 19 numeral 24 de la Carta Fundamental, la Constitución ha remitido la regulación constitucional del desistimiento y la cesación de los efectos del acto expropiatorio del Estado a una ley orgánica constitucional que determina sus condiciones y efectos. A saber, el Título VII de dicha norma regula específicamente “Del desistimiento y cesación de los efectos de la expropiación”, en el Decreto Ley N° 2.186. En ese contexto normativo, se cuestiona vía acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad los preceptos legales impugnados en autos.

CUARTO: Y, es que, conforme al artículo 32 impugnado, el desistimiento de la expropiación dice relación con la facultad de la entidad expropiante de dejar sin efecto unilateralmente la expropiación. El razonamiento de la norma impugnada subyace desde el aforismo jurídico que explica que “en Derecho las cosas se hacen del mismo modo que se deshacen”. Por ende, la norma impugnada permite que el Estado Fisco se desista del acto expropiatorio.

QUINTO: A mayor abundamiento, la regulación legal conforme a la Carta Fundamental autoriza vía reserva legal que el desistimiento proceda en cualquier momento, con el límite expreso de un plazo determinado según la densidad normativa fijada como garantía tanto para el expropiante y el expropiado. Ese plazo se extiende hasta el trigésimo día siguiente a la fecha de la sentencia ejecutoriada que fije el monto definitivo de la indemnización.

SEXTO: Por su parte, la requirente impugna además el artículo 35 del Decreto Ley N.º 2.186 que, en particular, determina los efectos jurídicos del desistimiento del Estado Fisco. En ese sentido, “la expropiación desistida se tendrá por no verificada y se cancelarán las inscripciones del acto expropiatorio y demás inscripciones, subinscripciones y anotaciones practicadas”. (nombre reservado (2026):

Manual de Estudio. La expropiación. Santiago, Ediciones Jurídicas de Santiago, primera edición, p. 112).

Asimismo, se produce una especie de “intangibilidad jurídica sobre el bien jurídico del titular del requerimiento”, en tanto que, el bien cuya expropiación haya sido desistida, no podrá ser expropiado por la misma entidad dentro del año siguiente a la fecha en que la expropiación quedó desistida. Esa prohibición sólo afecta al órgano del Estado que se ha desistido de la expropiación. Por ende, en sentido positivo, el bien jurídico protegido por la norma legal conforme a la Carta Fundamental, puede ser expropiado según el procedimiento constitucional regulado expresamente en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución.

SÉPTIMO: En coherencia con lo anterior, la requirente de estos autos plantea que ambos preceptos legales resultan contrarios a la Constitución. Sin embargo, la conformidad con la Carta Fundamental se manifiesta en que el desistimiento y sus efectos jurídicos resultan coherentes con la esencialidad de la propiedad, toda vez que se ejerzan del modo en que la misma ley regula. Por tanto, la garantía constitucional de propiedad y a la propiedad han sido salvaguardadas porque, aunque el Estado Fisco se desista de la expropiación, aquello aún protege la propiedad del requirente y que incluso pueda ser expropiado conforme a la Constitución y la ley por un órgano de la Administración del Estado distinto.

OCTAVO: A mayor abundamiento, los derechos alegados como infringidos en estos autos por la aplicación de los preceptos legales impugnados, esto es el artículo 32 y 35 de la ley orgánica respectiva permiten que el expropiado conserve el derecho a la reparación total del daño que se le haya causado con la expropiación desistida, mediante el pago, en dinero y de contado, de la indemnización que ajustare con la entidad expropiante o, en subsidio, de la que determine el juez competente. En ese sentido, esta acción indemnizatoria se tramita conforme al procedimiento regulado en el artículo 14 del Decreto Ley N.º 2.186, a propósito de la acción de reclamación por el monto de indemnización provisional fijado.

NOVENO: En consonancia con lo anteriormente razonado, cabe analizar sí existe alguna vulneración a la garantía de justo y racional procedimiento debido a la aplicación de las normas impugnadas. La Constitución exige que la ley regule el ejercicio legítimo del derecho para garantizar la bilateralidad de la audiencia, el derecho al juez natural y las garantías constitucionales que comprenden este derecho que posee un contenido y, a la vez, permite el ejercicio legítimo de los demás derechos asegurados constitucionalmente. En los casos de autos, las normas legales impugnadas resultan constitucionales precisamente porque regulan en proceso de desistimiento de la expropiación estatal, la oportunidad de su ejercicio y los efectos jurídicos de aquel. Por ende, de la mera constatación de la norma con la Carta Fundamental, en los casos concretos, no se advierte como el debido proceso podría ser afectado. Ello porque inaplicar la norma en los casos concretos supondría que os requirentes queden desprovistos de una regulación concreta para su situación específica. A contrario sensu, aquello supondría una afectación a sus derechos reconocidos constitucionalmente.

DÉCIMO: Con todo, es necesario advertir, que, en estos casos acumulados, el Derecho constituye una unidad de interpretación sistémica. Por ende, si eventualmente, existiera alguna vulneración a la garantía del debido proceso, se debe considerar que la regulación constitucional procesal del desistimiento es regulada vía reserva legal por el artículo 36 del Decreto Ley N° 2.186, cuya aplicación en la gestión pendiente será resuelta por los jueces de aquellas.

UNDÉCIMO: Ello porque dicha norma, no impugnada por la requirente en el caso de autos contiene el núcleo esencial del derecho a la acción y la procesabilidad del desistimiento. En consecuencia, la norma legal regula que “el expropiado podrá alegar el desistimiento, por vía de acción o de excepción. Dicha demanda se tramitará conforme a las reglas del juicio sumario previstas en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.” (nombre reservado (2026): Manual de Estudio. La expropiación. Santiago, Ediciones Jurídicas de Santiago, primera edición, p. 113).

III. SOBRE LA AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

DÉCIMO SEGUNDO: En primer término, la requirente estima que la aplicación de los preceptos legales impugnados supondría eventualmente una afectación al derecho de propiedad en razón del artículo 19 numeral 24 de la Constitución y del artículo quinto de la Carta Fundamental en relación con el 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Especialmente, porque la aplicación de los preceptos legales impugnados infringiría el derecho a recibir la indemnización que fije el tribunal, consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución.

En los casos de autos, es posible entender, que un órgano administrativo pueda resistirse de la expropiación en caso de que cese el fin de interés público que la fundaba, y dicho acto resulta razonable dentro de los márgenes constitucionales. Esto significa que conforme a la Constitución aquello es posible previo a la toma de posesión material del bien expropiado o a la sentencia que fija judicialmente la indemnización de forma firme y ejecutoriada, tal como ocurrió en los casos acumulados de autos.

DÉCIMO TERCERO: Además, el desistimiento de la expropiación implica que la requirente volverá a tener el dominio sobre el inmueble inicialmente expropiado, manteniéndose a salvo su propiedad material y jurídica que puede ser susceptible de expropiación por otros órganos del Estado conservando la facultad de uso, goce y disposición del requirente. En ese sentido, el desistimiento de la expropiación, per se, es un acto administrativo que opera como causal de ineficacia de la expropiación contenida en la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.

DÉCIMO CUARTO: A mayor abundamiento, conforme a la doctrina el desistimiento de la expropiación supone una “facultad discrecional de revocación de la cual goza el expropiante conforme al artículo 32 del decreto ley, configura una decisión unilateral, que no requiere aprobación judicial. Puede ser ejercida desde la dictación del acto expropiatorio y hasta el trigésimo día siguiente a la fecha de la sentencia ejecutoriada que fije el monto definitivo de la indemnización. En todo caso, cabe mencionar que cualquiera sea la causal de ineficacia que opere, el expropiante resultado obligado a indemnizar al expropiado los perjuicios que el frustrado proceso expropiatorio le haya podido ocasionar, conforme a lo establecido en el inciso 3º del artículo 35 del decreto ley”. (Véase al respecto: nombre reservado (2025):

Expropiación e indemnización del propietario afectado. Santiago, Ediciones DER, p. 91)

DÉCIMO QUINTO: En ese contexto y, en segundo término, en ambos casos acumulados la aplicación de los preceptos legales impugnados resulta compatibles tanto con el derecho de propiedad como con un procedimiento racional y justo ante los tribunales de justicia. Ya que el requirente siempre podrá reclamar el pago de una indemnización por los eventuales perjuicios que el Estado, al desistirse de la expropiación, por los daños que aquella eventualmente genere.

DÉCIMO SEXTO: Además, el derecho a un procedimiento racional y justo ante el juez natural queda igualmente resguardado, porque es el mismo precepto legal impugnado, esto es, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones, que regula la acción de indemnización para obtener el resarcimiento de los perjuicios que el Estado le haya causado con el desistimiento de la expropiación.

Así, el precepto legal impugnado resulta conforme a la Constitución ya que resguarda la garantía del debido proceso del artículo 19 numeral tercero porque establece el procedimiento para solicitar la indemnización ante los tribunales ordinarios, sin que, la requirente tenga que soportar daños ilegítimos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Y, es que, en estos casos concretos, la conformidad con la Carta Fundamental se encuentra en el mismo artículo 35 de la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones. Eso porque “la presente norma regula una hipótesis resarcitoria de los perjuicios ocasionados a consecuencia de la cesación deliberada del acto expropiatorio, lo que supone una indemnización destinada a reparar el daño lícito, aunque ocasionado de manera indeseada, producto de una alteración de criterios, objetivos y fines originalmente perseguidos por la Administración, que motivaron el ejercicio de la potestad expropiatoria”. (nombre reservado (2025): Expropiación e indemnización del propietario afectado. Santiago, Ediciones DER, p. 236, cursivas añadidas).

DÉCIMO OCTAVO: En esa misma lógica, el desistimiento de la expropiación, en los casos acumulados, supone que el acto administrativo -y específicamente, las órdenes que decreta relativas a no tenerse por verificada la expropiación y a la cancelación de las inscripciones practicadas- goza de presunción de legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad. Con razón, Ferrada advierte que el fundamento del desistimiento radica en “reconocer a la Administración del Estado una potestad de autotutela declarativa y ejecutiva que le permite dotar a sus actos de una potencia y eficacia excepcionales dentro del orden jurídico, sin perjuicio de las facultades de revisión que ostentan los tribunales de justicia. (…) Ahora bien, de estas normas se colige fácilmente que en el derecho chileno los actos emanados de los órganos de la Administración del Estado gozan de los privilegios de ejecutividad y ejecutoriedad, lo que les permite su ejecución inmediata sin intervención de los tribunales de justicia.” (Véase, nombre reservado, nombre reservado (2007): “Las potestades y privilegios de la administración pública en el régimen administrativo chileno”. Rev.

derecho (Valdivia) v.20 n.2, pp. 82-83).

DÉCIMO NOVENO: Por ende, en tercer término, el ejercicio legítimo de la potestad de desistimiento, dentro de los límites previstos por la Carta Magna, supone en estos casos que las normas legales aplicadas en las respectivas gestiones pendientes no afecten tampoco la garantía de igualdad, si dentro del estado en el que se encuentran, se ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales vigentes.

Así, se explica que el desistimiento expropiatorio opere sin vulnerar derechos fundamentales porque el “acto administrativo -que- es eficaz y obligatorio puede ser ejecutado inmediatamente por la propia Administración sin la necesidad de que el órgano público recurra a otro organismo para que ordene su cumplimiento, aun en contra de la voluntad de sus destinatarios”. (Véase, nombre reservado, nombre reservado

(2025): Derecho administrativo: aspectos esenciales. Santiago, DER Ediciones, pp. 35-37).

VIGÉSIMO: Por tanto, considerando que el desistimiento de la expropiación es un acto administrativo que, dentro de los márgenes constitucionales, como en los casos acumulados de autos, goza de presunción de legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad. Y, de aquello deriva la orden de cancelar las inscripciones y tenerse por no verificada la expropiación para todos los efectos legales.

VIGÉSIMO PRIMERO: Debido a todo lo anteriormente expuesto, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en las causas acumuladas de autos implica que la aplicación de los preceptos legales impugnados resulta conforme al derecho de propiedad contenida en el artículo 19 N°24, el derecho a la igualdad y la igual protección de los derechos en su esencialidad de acuerdo con los artículos 19 N° 2, N° 3 y N° 26 de la Carta Fundamental.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Finalmente, en los casos de autos, las normas legales suponen el desarrollo de estas garantías constitucionales a nivel legal. De modo tal que, regulan el ejercicio legítimo de la propiedad en caso de desistimiento y el efecto jurídico que aquel acto produce. Por ende, los preceptos legales impugnados permiten en igualdad de condiciones ejercer el derecho a indemnización ante el juez natural, es decir ante el juez ordinario, velando por la esencialidad de los derechos alegados por la requirente dentro de plazo, o previo a la dictación de la sentencia definitiva. Aquello implica la regulación legal de un debido proceso conforme a la Constitución, y a las garantías establecidas conforme a las normas constitucionales que regulan la expropiación en el derecho de propiedad que resguarda la esencia de lo prescrito en la Carta Fundamental.

Por todo lo expuesto, los requerimientos deben ser rechazados.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

Redactó la sentencia la Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Roles N° 16.840-25-INA – N° 16.842-2025 (acumulados)

María Pía Silva Gallinato Fecha: 20/10/2026

Daniela Beatriz Marzi Muñoz Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Fecha: 21/10/2026 Fecha: 20/10/2026

nombre reservado Raúl Eduardo Mera Muñoz Fecha: 20/10/2026 Fecha: 21/10/2026

Catalina Adriana Lagos Tschorne nombre reservado

Fecha: 22/10/2026 Fecha: 21/10/2026

Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris Fecha: 20/10/2026 Fecha: 20/10/2026

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, señor Matías Vargas Borgel.

nombre reservadoörgel Fecha: 22/10/2026