Inaplicabilidad de Precepto Legal

000143 Santiago, veinte de enero de dos mil once. vola waeno, Ñ

“Tes VISTOS:

Con fecha 17 de febrero de 2010, el Presidente

subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de

Valparaíso remitió a esta Magistratura el oficio N” 112- 2010, mediante el cual adjuntó copia del recurso de

protección Rol N* 2-2010, interpuesto por don nombre reservado, a cuyo respecto formuló requerimiento en

orden a que se establezca la inaplicabilidad por

inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley N* 18.962,

Orgánica Constitucional de Enseñanza, por considerar que

su aplicación viola las garantías constitucionales

establecidas en el artículo 19, números 2%, 3” y 24” de

la Constitución Política de la República.

El referido recurso de protección, presentado en

contra de la Corporación Administrativa del nombre reservado, el juez presidente del Juzgado de Garantía de

San Felipe y el Administrador de ese tribunal, se

fundamenta en que mediante Resolución N” 1140-09, de la

Corte de Apelaciones de Valparaiso, de la que tomó

conocimiento el afectado el 3 de diciembre de 2009, se

privó a don nombre reservado (funcionario designado

en el cargo de Informático-Administrativo 2” Titular del

Juzgado de Garantía de San Felipe, con fecha 16 de

noviembre de 2005) de la asignación profesional que le

fuere concedida mediante Resolución Exenta N” 22 de la

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha

25 de enero de 2006.

La resolución descrita, a juicio del recurrente, de

manera arbitraria e llegítima priva de asignación

profesional a todos aquellos funcionarios Judiciales que

posean sólo títulos técnicos (en la especie, el señor

nombre reservado tiene el título de Técnico Universitario con 2

ce lo UI ela 3 WeTWo 000144

mención en Programación de Computadores de la Universidad

Técnica nombre reservado).

Señala el interesado en el recurso descrito que la

asignación profesional “es del todo procedente, por

cuanto su otorgamiento no fue producto de un error

administrativo ni menos de una incorrecta interpretación

o aplicación de la ley vigente a la fecha de su

contratación por el nombre reservado o la Corporación

Administrativa del nombre reservado, sino que obedeció al

imperio de la ley y al claro tenor de la misma, que llevó

a una razonada y ponderada interpretación de la

Excelentísima Corte Suprema en este tema y que mantuvo

hasta hace poco tiempo atrás”.

Para el recurrente de protección, “el tema en

conflicto dice relación con que no se reconoce derecho a

asignación profesional a funcionarios que posean títulos

de nivel técnico, aun Cuando éstos cumplan con un

programa de estudios de un mínimo de 6 semestres

académicos y 3.200 horas de clase. Fundando dicha

decisión en lo dispuesto en el acuerdo de Pleno de la

Excelentísima Corte Suprema de fecha 16 de julio de 2001

y en el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de

Enseñanza”.

Precisa que, en este caso, se ha transgredido el

principio de la autonomía académica y la potestad

universitaria al calificar perse los títulos

universitarios otorgados por universidades o institutos,

preceptuando, de Manera ¡legal, que el título del

recurrente, pese a haber sido otorgado por una

universidad, corresponder a una carrera de 6 semestres

de duración y 3.200 horas de clase, no debe considerarse

universitario, y al ser estimado técnico no gozaría de un

derecho, que en la especie le pertenece al afectado.

3 seo UWwerendo 2 Unuo 000143 Concluye señalando que las garantías conculcadas son

las que encontramos en el artículo 19, números 2%, 3% y

24, de la Constitución Política de la República de

Chile.

Con motivo de la tramitación de dicho recurso, la

Administradora Zonal de la Corporación Administrativa del

nombre reservado informó a la Ilustrísima Corte que "a

través de Circular N* 6 RH 172 de 23 de octubre de 2009 y

conforme al acuerdo del H. Consejo Superior de la

Corporación Administrativa de 14 de octubre de 2009, se

dispuso dejar sin efecto todo reconocimiento de

asignación profesional que no se ajuste a los preceptos

legales que exigen la concurrencia de requisitos

copulativos para aquel reconocimiento, a saber: estar en

posesión de un título profesional conferido por una

universidad O instituto profesional del Estado 0

reconocido por éste y que la carrera conste de a lo menos

6 semestres y 3.200 horas”.

Sostiene dicha entidad que se destacó, en su

oportunidad, la improcedencia del reconocimiento de

asignación profesional a quienes sólo tuvieran un título

técnico, refrendado aquello con lo establecido en el

artículo 3” del Decreto Ley N” 479, de 1974, modificado

por la Ley N” 19.699, y en el artículo 35 de la Ley N”

18.962. A mayor abundamiento y en apoyo de lo anterior,

cita diversos dictámenes de la Contraloría General de la

República.

Con fecha 3 de febrero de 2010 se dio cuenta del

requerimiento y con fecha Y de abril del mismo año se

admitió a tramitación por la Primera Sala de esta

Magistratura.

El 21 de abril de 2010 la Corporación Administrativa

del nombre reservado respondió al traslado conferido con

fecha Y del mismo mes, reproduciendo los términos del 4

Goa lo CUaRle 7 Es 000146 informe evacuado anteriormente con ocasión de la

tramitación de la protección ya referida. En dicho

documento asevera que la materia en cuestión es de

exclusivo conocimiento del Tribunal de Alzada que conoce

del recurso de protección, por aplicación del artículo 20

de la Carta Fundamental.

A fojas 718 y con fecha 12 de mayo de 2010, se

declaró admisible el requerimiento deducido.

El 8 de junio de 2010 la parte de la Corporación

Administrativa del nombre reservado evacuó el traslado

conferido a fojas 85 para pronunciarse acerca del fondo,

insistiendo en lo señalado precedentemente y

argumentando, asimismo, que esta Magistratura ya realizó

el examen preventivo de la norma impugnada, pues el

artículo 35 de la ley N?* 18.962 fue declarado

constitucional el 27 de febrero de 1990 en el Rol N*” 102

de ese año. Y, con posterioridad, la nueva Ley de

Enseñanza Superior N”* 20.370, sometida a examen previo de

constitucionalidad, fue declarada constitucional en

sentencia del Rol N”* 1.363-09, de fecha 28 de julio de

2009, ley que, por aplicación de su artículo 70, hizo

subsistir el precepto en comento.

Por lo anterior solicitó el rechazo lel

requerimiento.

Con fecha 15 de julio de 2010, el presente

requerimiento fue declarado en relación, procediéndose a

la vista de la causa el 18 de noviembre de 2010.

A fojas 113, la Corporación Administrativa del nombre reservado hace presente a esta Magistratura que, con fecha

27 de julio de 2010, en el recurso de protección Rol N?”

105-2010, seguido ante la Corte de Apelaciones de Talca,

se reclamó una asignación profesional análoga a la de

autos y que dicho tribunal rechazó los argumentos

esgrimidos, por considerar, en el caso del N”* 2 del 5

cimlo CURRLLe- > Siera 000147 artículo 19 de la Constitución Política de la República,

que no existe tal vulneración cuando los efectos del acto

recurrido sólo rigen para el futuro. Además sostuvo, a

propósito del N”* 3% del artículo 19 de la Constitución

Política de la República, que tampoco se ha vulnerado

dicha garantía “toda vez que la Corporación se ha

limitado a aplicar la normativa general en el ámbito y

ejercicio de sus atribuciones, y de ninguna manera puede

estimarse que esto signifique arrogarse competencias de

carácter jurisdiccional”.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Constitución Política de la República,

en el N”* 6% de su artículo 93, confiere a este Tribunal

Constitucional la facultad de resolver la inaplicabilidad

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión

que se siga ante un tribunal ordinario o especial,

resulte contraria a la Constitución, siempre que la

acción sea planteada por cualquiera de las partes o por

el juez que conoce del asunto y una de las salas del

Tribunal haya declarado la admisibilidad de la cuestión,

conforme lo dispone el inciso decimoprimero de la misma

norma constitucional;

SEGUNDO: Que en estos antecedentes la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso ha requerido la inaplicabilidad

del artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de

Enseñanza, cuya aplicación materializada en una circular

de la Corporación Administrativa del nombre reservado

violentaría las garantías constitucionales contempladas

en los números 2, 3% y 24” del artículo 19 de la

Constitución Política de la República;

TERCERO: Que la aludida circular, de 23 de octubre de

2009, instruye a las oficinas de personal de las Cortes

de Apelaciones para dejar sin efecto cualquier

reconocimiento de asignación profesional que se encuentre

vigente y no se ajuste a lo establecido en el artículo 35 6

cito correrlo > ocho 00 204 5148 (antes 31) de la Ley N” 18.962, Orgánica Constitucional

de Enseñanza, en virtud de que el derecho a percibir

asignación profesional requiere Ccopulativamente del

título profesional y la conclusión de una carrera de al

menos 6 semestres y 3.200 horas de educación,

caracterizando a la primera condición título

profesional- no sólo su extensión sino que el contenido

del plan de estudios, destinado a entregar una formación

académica general orientada a permitir el desarrollo de

una profesión autónomamente. Como efecto de lo anterior,

la Corporación estima que no dan derecho a asignación

profesional títulos tales como Técnico, Técnico de Nivel

Superior, Orilentador Familiar y otros similares, aun

cuando sean otorgados por Universidades o Institutos

Profesionales y cumplan con los requisitos de duración en

horas y semestres;

CUARTO: Que, para el mejor acierto de lo que se

resolverá, se transcribirán las disposiciones legales que

aparecen regulando la relación Jurídica sublite, en la

sucesión temporal pertinente.

a) Primero se publica, con fecha 10 de marzo de

199, la lLey N” 18.962, Orgánica Constitucional de

Enseñanza, cuyo artículo 31 dispone lo siguiente:

“los establecimientos de educación superior

reconocidos oficialmente otorgarán títulos técnicos de

nivel superior, títulos profesionales y grados

académicos, según corresponda.

Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar

el título de técnico de nivel superior.

los “institutos profesionales sólo podrán otorgar

títulos profesionales de aquellos que no requieran

licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las

áreas en que otorgan los anteriores.

Las universidades podrán otorgar títulos

profesionales y toda clase de grados académicos, en

especial de licenciado, magister y doctor.

Corresponderá exclusivamente a las universidades

otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la

ley requiere haber obtenido previamente el grado de

licenciado en las carreras que impartan.

No obstante, el otorgamiento del título profesional

de abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en

conformidad a la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se

entiende que:

El título de técnico de nivel superior es el que se

otorga a un egresado de un centro de formación técnica o

de un instituto profesional que ha aprobado un programa

de estudios de una duración mínima de mil seiscientas

clases, que le confiere la capacidad y conocimientos

necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo

al nivel profesional.

El título profesional es el que se otorga a un

egresado de un instituto profesional o de una universidad

que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y

contenido le confieren una formación general y científica

necesaria para un adecuado desempeño profesional.

El grado de licenciado es el que se otorga al alumno

de una universidad que ha aprobado un programa de

estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de

un área del conocimiento o de una disciplina determinada.

8 (¿do Cn uuenta 009150 El grado de magister es el que se otorga al alumno

de una universidad que ha aprobado un programa de

estudios de profundización en una Oo más de las

disciplinas de que se trate. Para optar al grado de

magister se requiere tener grado de licenciado o un

título profesional cuyo nivel y contenido de estudios

sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado

de licenciado.

El grado de doctor es el máximo que puede otorgar

una universidad. Se confiere al alumno que ha obtenido un

grado de licenciado O magister en la respectiva

disciplina y que haya aprobado un programa superior de

estudios y de investigación, y acredita que quien lo

posee tiene capacidad y conocimientos necesarios para

efectuar investigaciones originales. En todo caso, además

de la aprobación de cursos u otras actividades similares,

un programa de doctorado deberá contemplar necesariamente

la elaboración, defensa y aprobación de una tesis,

consistente en una investigación original, desarrollada

en forma autónoma y que signifique una contribución a la

disciplina de que se trate”.

b) Posteriormente, se publica el 16 de noviembre de

2000 la Ley N” 19.699, cuyo artículo 8” prescribe:

“Artículo 8.- Agrégase el siguiente inciso segundo al

artículo 3% del decreto ley N* 479, de 1974, pasando los

actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y

cuarto, respectivamente:

“Para el exclusivo efecto del pago de esta

asignación, serán títulos profesionales habilitantes

aquellos otorgados por una Universidad oO Instituto

Profesional del Estado o reconocido por éste, con un

programa de estudios de un mínimo de seis semestres académicos y 3.200 horas de clases. El Ministerio de

Educación refrendará, en los casos en que proceda, la

vigencia del programa y título profesional respectivo, al

momento de su otorgamiento.”

c) Finalmente, se publica el 21 de febrero de 2006

el D.F.L. N”* 1, de 2006, que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N” 18.962, Orgánica

Constitucional de Enseñanza, cuyo artículo 35 es del

mismo tenor que el anterior artículo 31 ya transcrito,

verificándose un simple cambio de numeración;

QUINTO: Que la Corporación Administrativa del nombre reservado renovó, al evacuar el traslado que se le

confiriera del requerimiento, dos cuestiones previas a la

decisión del asunto, una relativa a la competencia

exclusiva para el conocimiento de la acción cautelar de

protección, y la otra, asociada a los efectos del control

preventivo de constitucionalidad de la norma impugnada.

Asimismo, durante el debate surgió la eventual

comisión de otra infracción constitucional, vinculada al

ejercicio de la jurisdicción y a. la supremacía

constitucional.

De todas ellas esta sentencia se hará cargo en

seguida;

SEXTO: Que la mencionada corporación ha sostenido “que la

interpretación y aplicación a los casos concretos de los

números 2”, 3% y 24” del artículo 19 de la Constitución

Política de la República es una materia que el artículo

20 de la carta constitucional entrega expresamente a la

Corte de Apelaciones respectiva, quien debe conocer los

recursos de protección, como es el caso que ha dado

origen a esta acción de inaplicabilidad. Por lo anterior,

la Corte de Apelaciones de Valparaíso no puede someter la

interpretación de estas normas al Tribunal Constitucional

por la vía de un requerimiento de inaplicabilidad”;

SÉPTIMO: Que el artículo 93 N” 6” asigna como atribución o

al Tribunal Constitucional resolver la inaplicabilidad de

un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión

que se siga ante un tribunal ordinario o especial,

resulte contraria a la Constitución. Y el artículo 3” de la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, establece que “reclamada su intervención

en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrá

excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley

que resuelva el asunto sometido a su jurisdicción”.

No existe contradicción alguna entre el citado

precepto constitucional y la disposición del artículo 20

de nuestro código político, referido a la acción cautelar

concedida por causa de actos u omisiones arbitrarios o

llegales.

Ambas normas regulan situaciones jurídicas distintas y

se expresan en el ejercicio de jurisdicciones muy

diversas: una es la constitucional, referida a la

supremacía de la Constitución, consagrada en su artículo

6%; la otra, vinculada a la facultad de conocer de las

causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer

ejecutar lo juzgado, entregada exclusivamente a los

tribunales establecidos por la ley, que deriva del

artículo 76 del mismo texto. La conexión entre las dos

jurisdicciones se manifiesta sólo en los siguientes

aspectos: la legitimación del juez del asunto para

plantear una cuestión de inaplicabilidad, la existencia

de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o

especial donde la aplicación del precepto legal impugnado

pueda resultar decisiva y, por último, los efectos en

dicha gestión de la sentencia de inaplicabilidad.

Como es sabido, la reforma constitucional de 2005

consagró los principios de supremacía de la Constitución,

unidad de la jurisdicción constitucional y control

concentrado de su ejercicio, previo y correctivo. Esta

Magistratura ha declarado, por eso, que la atribución conferida para declarar la inconstitucionalidad de un

precepto jurídico “tiene directa relación con los

principios de supremacía de la Constitución, de

concentración de la justicia constitucional y de igualdad

ante la ley” (sentencia Rol N” 681, de 26 de marzo de

2007) y que “la acción cautelar de derechos fundamentales

que contempla el artículo 20 Y la acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 93,

inciso primero N* 6”, de la Ley Fundamental constituyen y

dan origen a dos procesos completamente autónomos que

deben iniciarse, sustanciarse y resolverse en la forma

que indican la Constitución y sus leyes complementarias,

destacándose, entre estas últimas, la Ley N”* 17.997,

Orgánica Constitucional de esta Magistratura” (Rol N”

1324-2009).

En consecuencia, se descartará la alegación

formulada;

OCTAVO: Que se plantea, también, la improcedencia del

requerimiento por Cuanto el precepto impugnado, artículo

35 de la Ley N” 18.962, Orgánica Constitucional de

Enseñanza, fue sometido a examen preventivo de

constitucionalidad, en sentencia dictada en los autos Rol

N* 102, con fecha 27 de febrero de 1990.

Tal alegación debe desestimarse en virtud de lo

previsto en el N* 2% del artículo 84 de la Ley N* 17.997,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

puesto que la declaración de conformidad constitucional

invocada lo ha sido en términos generales, sin referirse

a algún vicio de constitucionalidad específico;

NOVENO: Que en la deliberación se ha suscitado cuestión

de constitucionalidad, fundada en la invocación en el

requerimiento, a fojas 37, de la prohibición de ser

juzgado por comisiones especiales, respecto de la

vulneración -en ese punto- de la garantía sobre igualdad 12

iosto unueñte > LETeO

ante la justicia reconocida en el N”* 3” del artículo 19

de la Constitución Política.

Se ha fundamentado dicha cuestión, en el debate, en

la ausencia de facultades de la Corporación

Administrativa del nombre reservado para decidir sobre la

procedencia de un derecho económico del personal, pues no

se la conceden las disposiciones pertinentes del Título

XIV del Código Orgánico de Tribunales, artículos 506 y

509, que sólo le atribuyen la administración de los

recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales

destinados al funcionamiento de los tribunales y los

poderes de administración y disposición necesarios para

el cumplimiento de “sus fines. La privación de una

remuneración que está disfrutando un funcionario importa

una extralimitación de atribuciones, que transgrede los

artículos 7%? y 76 de la Constitución Política y

representa un atropello a la facultad privativa de los

tribunales para conocer y resolver las Causas civiles y

criminales, constituyendo al órgano infractor en una

comisión especial que vulnera la prescripción del N* 3”

del artículo 19 de la Constitución.

El Tribunal desestimará la cuestión suscitada porque

el requerimiento, en lo que a ella se refiere, no

contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos

en que se apoya ni del vicio de inconstitucionalidad

producido, de manera que no se dan los presupuestos para

que, como lo precisa el artículo 88 de la Ley N” 17.997,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

“excepcionalmente y por razones fundadas”, pueda

declararse la inconstitucionalidad de las normas

cuestionadas, basada en fundamentos constitucionales

distintos a aquellos que fueron invocados por las partes

en la litis. Además, el juzgamiento por una comisión

especial que se alega no se ha hecho derivar de la

aplicación decisiva de un determinado precepto legal en

la gestión nombre reservado pertinente;

13 auto (ML elo. y UNO

DÉCIMO: Que, según se ha citado, el “título profesional

es el que se otorga a un egresado de un Instituto

Profesional o de una Universidad que ha aprobado un

programa de estudios cuyo nivel de contenido le confieren

una formación general y científica necesaria para un

adecuado desempeño profesional”.

Como resulta obvio, y por el ejercicio del atributo

de la autonomía de los establecimientos de educación

superior “concebida como el derecho a regirse por sí

mismo en todo lo concerniente al cumplimiento de sus

finalidades- es cada establecimiento quien determina el

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para

otorgar un título profesional.

En este Caso, al requirente le otorgó la Universidad

Técnica nombre reservado, con fecha 30 de octubre de

1995, el título de “Técnico Universitario con mención en

Programación de Computadores”. Se trata, pues, de un

título profesional concedido por una Universidad, único

que puede otorgar un establecimiento universitario;

DECIMOPRIMERO: Que, en el sentido expuesto, el artículo

79 de la Ley N” 18.962 entiende por autonomía el derecho

de cada establecimiento de educación superior a regirse

por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus

estatutos, en todo lo concerniente al cumplimiento de sus

finalidades, y comprende la autonomía académica,

económica y administrativa.

La autonomía académica incluye la potestad de las

entidades de educación superior para decidir por sí

mismas la forma cómo se cumplen sus funciones de

docencia, investigación y extensión y la fijación de sus

planes y programas de estudio.

La autonomía administrativa faculta a cada

establecimiento de educación superior para organizar su

funcionamiento de la manera que estime más adecuada de

conformidad con sus estatutos y las leyes;

14 CTO Un UL ea, y Has apa Civ LO

DECIMOSEGUNDO: Que el requirente, antes de ser privado de

la asignación profesional en cuestión, gozaba de la misma

por aplicación del precepto contenido en el inciso

segundo del artículo 3” del Decreto Ley N” 479, de 1974,

agregado por el artículo 8” de la Ley N” 19.699,

publicada el 16 de noviembre de 2000, cuyo texto se ha

transcrito anteriormente.

Dicha disposición define como título profesional

habilitante para el exclusivo efecto del pago de esta

asignación el que describe, sin formular otra exigencia

que el título sea otorgado por una Universidad o un

Instituto Profesional, referido a un programa de estudios

de un mínimo de semestres académicos y horas de clases.

Por ende, el precepto anotado confirió al interesado

el derecho irrecusable a percibir asignación de título;

DECIMOTERCERO: Que, sin embargo, invocando la aplicación

del artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de

Enseñanza, se ha privado del derecho que le asistía al

afectado, bajo el supuesto implícito de su especialidad

normativa.

Tal cuestión compele a esta Magistratura a destacar,

primero, que la situación jurídica está regulada

exclusivamente por el inciso segundo del artículo 3” del

D.L. N* 479 -y no por el artículo 35, antes 31, de la Ley

Orgánica Constitucional de Enseñanza- y, luego, que

tampoco el último precepto puede ser interpretado en el

sentido de facultar a órganos extraños a la enseñanza

superior para decidir qué es un título universitario;

DECIMOCUARTO: Que de la secuencia normativa indicada en

el considerando cuarto se concluye que el precepto legal

más antiguo que regula esta materia es el artículo 31 de

la Ley N”* 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza

(publicada el 10 de marzo de 1990), y que la disposición

posterior y especial es la agregada al artículo 3” del

Decreto Ley N”* 479 (publicada el 16 de noviembre de

2000). No debe olvidarse que ella establece explícitamente que “para el exclusivo efecto del pago de

esta asignación, serán títulos profesionales

habilitantes” los que refiere.

Bajo el imperio de esta norma, el interesado recibe

su título universitario y, en posesión del mismo,

comienza a desempeñar sus funciones en el Tribunal de

Garantía de San Felipe.

El artículo 35 del D. F. L. N” 1, de 2006, que fija

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

Orgánica Constitucional de Enseñanza, no modifica, deroga

ni alcanza al precepto ya citado del Decreto Ley N”* 479,

pues, según lo previsto en el artículo 6% de la

Constitución Política, sólo puede introducir cambios de

forma que sean indispensables y “sin alterar, en caso

alguno, su verdadero sentido y alcance”;

DECIMOQUINTO: Que, aun en el evento de entenderse

aplicable la última norma, tampoco su recta aplicación

excluye la procedencia de la asignación de título en el

caso sublite, por cuanto es la propia institución

universitaria la que ha calificado como profesional el

título que ha expedido al interesado, no resultando

adecuado que un órgano sin atributos jurisdiccionales

determine “su suficiencia, cuestión que envuelve un

atropello a la autonomía universitaria ya definida.

No está de más señalar que de la simple lectura del

precepto comentado se infiere, sin duda alguna, que las

universidades sólo pueden conferir títulos

universitarios, en tanto que el otorgamiento de títulos

como técnicos de nivel superior está confiado

exclusivamente a los centros de formación técnica y a los

institutos profesionales;

DECIMOSEXTO: Que si bien -en teoría- la correcta

interpretación de las normas en juego basta para

establecer la procedencia del pago de la asignación 16

cundo invada y omo ADOSarO e

profesional en este caso, lo concreto y real es que una

decisión administrativa, que invoca el precitado artículo

35 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ha

privado del beneficio a su titular, de suerte tal que

esta Magistratura no puede ignorar que a dicha norma -

fundándose en una cierta interpretación- se le ha dado

aplicación para resolver la relación jurídica que sirve

de base a este proceso.

No existe una antinomia absoluta entre conflictos

legales y constitucionales, en términos que unos y otros

se excluyan siempre, porque la rica variedad del derecho

admite -como en este Caso- que la eventual preferencia de

un precepto legal sobre otro involucre, en la regulación

de una determinada situación jurídica, la privación de un

derecho constitucional;

DECIMOSÉPTIMO: Que los efectos provocados por la

aplicación del precepto legal referido en el asunto que

sustenta el requerimiento, transgreden los números 2” y

24” del artículo 19 de la Constitución Política, según se

verá;

DECIMOCTAVO: Que, en efecto, excluir al interesado del

beneficio de la asignación de título al restarle

jerarquía .a éste por corresponder supuestamente a

estudios de menor valor, supone discriminarlo en cuanto

al disfrute de ese beneficio respecto de los titulares de

otros diplomas a los que, por la naturaleza de los

estudios que constatan, sí se les reconoce el derecho.

Dicha diferencia es arbitraria, carece de razonabilidad e

importa una infracción al principio de igualdad ante la

ley consagrado en el número 2” del artículo 19 de la

Constitución Política;

DECIMONOVENO: Que, según lo reconoce el número 23” del

citado artículo 19, la Constitución “asegura la libertad

para adquirir el dominio de toda clase de bienes”, 17

Ct 10 ceda > VALL 12574EÉ

MF, A

”

es > E Ss, E

E Wo Nro.

excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a

todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación

toda.

Al contrario de lo sostenido por alguna doctrina, no

hay impedimento alguno para que las personas, en nuestro

país, tengan derechos subjetivos respecto de la

Administración o asociados a su pertenencia estatutaria.

La Constitución es meridianamente Clara y explícita;

asegura la libertad para adquirir toda clase de bienes,

corporales e incorporales, de fuente legal o contractual.

No hay razones para restringir el mandato constitucional;

VIGÉSIMO: Que, según lo escrito anteriormente, la asignación de título de que era titular el interesado y

que le había sido reconocida expresamente por el mismo

órgano que posteriormente se la quita, después de

disfrutarla por varios años, es un bien incorporal en la

modalidad de un derecho personal, sobre la que el número

24% del artículo 19 de la Constitución reconoce el

derecho de propiedad. Es pertinente, asimismo, recordar

que, según los artículos 52 y 53 de la Ley N” 19.880 -de

serle aplicable a la Corporación Administrativa del nombre reservado-, “los actos administrativos no tendrán efecto

retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias

favorables para los interesados y no lesionen derechos de

terceros”, y que la "autoridad administrativa podrá

invalidar los actos contrarios a derecho, previa

audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de

los dos años contados desde la notificación o publicación

del acto” (desde la resolución que reconoce el derecho -

25 de enero de 2006- hasta la que lo revoca -3 de

diciembre de 2009- transcurrieron más de tres años).

Se ha infringido, pues, el mandato constitucional de

que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su

propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los

atributos esenciales del dominio, sino en virtud de ley 18

Ci lo S esena 090420 general o especial que autorice la expropiación por causa

de utilidad pública o de interés nacional, calificada por

el legislador”. En la especie, el titular ha sido

privado del dominio sobre “su derecho a continuar

percibiendo la asignación de título de que gozaba;

VIGESIMOPRIMERO: Que, en virtud de las motivaciones

precedentes, se hará lugar al requerimiento de la 1.

Corte de Apelaciones de Valparaíso, estimándose que la

aplicación en el caso de la norma impugnada contraría los

números 2% y 24” del artículo 19 de la Constitución

Política, y, por ello, se declarará inaplicable en el

asunto sublite el artículo 35 (antes 31) de la Ley N”

18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 6, 7”, 109,

números 2” y 24” y 93, inciso primero, N* 6%, e inciso

undécimo, de la Constitución Política de la República,

así como en las disposiciones pertinentes de la Ley N*

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y

sistematizado se contiene en el DFL N* 5, de 2010, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

SE RESUELVE:

Que se hace lugar al requerimiento interpuesto.

Se previene que el Ministro señor José Antonio Viera-Gallo Quesney concurre al acuerdo adoptado, pero no

comparte la fundamentación contenida en los considerandos

decimonoveno, vigésimo y vigesimoprimero. En lugar de

tales consideraciones, tiene presente lo siguiente:

1. Que, con todo, no cabe admitir el razonamiento de

la parte recurrente en el recurso de protección que

constituye la gestión pendiente, en cuanto a que poseería

un “derecho adquirido” sobre la asignación profesional umlo Señema > mo

que le fuera otorgada mediante Resolución Exenta N” 122,

de fecha 25 de Enero de 2006;

2. Que ello, en primer lugar, se debe a que el

precepto que se declara inaplicable en autos no le ha

privado de dicha asignación sino que únicamente su

aplicación resulta inconstitucional por establecer una

situación discriminatoria respecto de la recurrente en la

gestión sub lite. Todo ello, habida consideración del

carácter especial y posterior del artículo 3% del DL N?

479, de 16 de noviembre de 2000, por sobre el artículo

35, antiguo 31, de la ley N”?* 18.962, Orgánica

Constitucional de Enseñanza;

3. Que, en segundo lugar, sostener la existencia de

un derecho adquirido sobre el régimen previsto en el

artículo 3% del DL N”* 479, de 16 de noviembre de 2000,

implicaría reconocer un derecho de propiedad sobre una

norma estatutaria, cuestión que no se encuentra

comprendida en el contenido del derecho de propiedad

tutelado por la Constitución.

Sostener lo contrario, implicaría afirmar que se

incorpora al patrimonio de cualquier persona o entidad la

totalidad de la normativa vigente al momento de iniciar

una actividad económica, la que se petrificaría y sólo

podría modificarse previa expropiación, argumentación que

no admite en principio justificación constitucional

alguna (STC rol 467, 14.11.2006 C. 37).

Adoptada con el voto en contra del Ministro señor Raúl Bertelsen Repetto, quien estuvo por rechazar el

requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por la LI.

Corte de Apelaciones de Valparaíso en virtud de las

siguientes consideraciones:

1. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional

de Enseñanza, dispone que “título profesional es el

que se otorga a un egresado de un instituto 20

(mado SUSinla- y los NN o AA

profesional o de una universidad que ha aprobado un

programa de estudios cuyo nivel y contenido le

confieren una formación general y científica

necesaria para un adecuado desempeño profesional”;

2. Que la norma citada, de rango orgánico

constitucional pues regula una materia atingente al

reconocimiento oficial de los establecimientos de

educación superior, lo que hace es conceptualizar lo

que ha de entenderse por “título profesional”,

correspondiéndole a cada universidad en ejercicio de

su autonomía determinar qué programas de estudio

conducen a la obtención de un título profesional,

entre las Cuales están aquellas carreras que

requieren haber obtenido previamente el grado de

licenciado según lo fija la misma ley, u otras para

las que no es necesario obtener previamente el grado

de licenciado en una disciplina determinada;

3. Que, por su parte, el inciso segundo del artículo 3”

del Decreto Ley N” 479, de 1974, agregado por la Ley

N”* 19.699 de 16 de noviembre de 2000, que no tiene

rango de ley orgánica constitucional, dispuso que

para los efectos del pago de la respectiva

asignación profesional “serán títulos profesionales

habilitantes aquellos otorgados por una Universidad

o Instituto Profesional del Estado o reconocido por

éste, con un programa de estudios de un mínimo de

seis semestres académicos y 3.200 horas de clases”;

4. Que, como puede apreciarse de la sola lectura de una

y otra norma legal, ellas difieren por su rango,

contenido y objeto, pues mientras la primera,

orgánica constitucional, define lo que ha de

entenderse por título profesional para los efectos

de la actividad y reconocimiento oficial de las

universidades e institutos profesionales, como

asimismo para la obtención del requisito habilitante

para ejercer una profesión, la segunda, ley común, 21

(toro SESEvATA > Tess.

ODA E3 ante N3 E VUVEAU

para el solo efecto del otorgamiento de una

asignación profesional, esto es un beneficio

económico, establece qué títulos profesionales dan

derecho a ella;

5. Que, por consiguiente, la aplicación en un caso

concreto de las normas legales que conceden la

asignación profesional a que se refiere el artículo

3% del Decreto Ley N” 479, es una materia que

corresponde resolver a los órganos administrativos

competentes y revisar, en su caso, al tribunal

habilitado para actuar, que en la especie es la Il.

Corte de Apelaciones de Valparaíso ante la que se ha

acudido de protección. Este tribunal es el que ha de

decidir si existió una actuación ilegal o arbitraria

que haya agraviado un derecho tutelado

constitucionalmente en el artículo 20 de la Carta

Fundamental;

6. Que resulta, en consecuencia, ajena a la labor que

corresponde a esta Magistratura Constitucional

cuando conoce de un requerimiento de inaplicabilidad

de un precepto legal, examinar si se ha aplicado

correcta o equivocadamente la legislación pertinente

y menos resolver si procede o no revocar el

otorgamiento de una asignación profesional, razones

todas por las que a juicio de este Ministro debe

rechazarse el requerimiento deducido por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra de los Ministros

señores Enrique Navarro Beltrán y Carlos Carmona Santander, quienes estuvieron por desechar la acción de

inconstitucionalidad, teniendo presente las siguientes

consideraciones:

I. EL ARTICULO 35 (ACTUAL 54 DEL DEL 2/2010),

OBJETO DEL REQUERIMIENTO, FUE REVISADO PREVENTIVAMENTE 22

001464

usado Sesorlo Y WTO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARÁNDOSE SU CARÁCTER

ORGÁNICO Y CONSTITUCIONAL.

19? Que la presente litis constitucional quedó

circunscrita a la inaplicabilidad por

inconstitucionalidad del antiguo artículo 35 de la Ley

Orgánica Constitucional de Enseñanza, actual artículo 54

del Decreto con Fuerza de Ley N”* 2, publicado en el

Diario Oficial de fecha 2 de julio de 2010. Así lo indica

expresamente la Corte de Apelaciones requirente al

precisar que la acción se dirige exclusivamente en contra

de lo dispuesto en el “artículo 35 de la Ley Orgánica de

Enseñanza, en relación al Acuerdo de Pleno de la Excma.

Corte Suprema de 16 de julio de 2001, referido al no

reconocimiento de asignación profesional a funcionarios

que poseyendo títulos de nivel técnico, han cumplido en

sus establecimientos educacionales que los otorgaron los

respectivos títulos, con un mínimo de seis semestres

académicos y 3.200 horas de clases”. Esta Magistratura,

por lo mismo, así lo indicó expresamente en la resolución

de admisibilidad de fecha 12 de mayo de 2010, según puede

leerse a fojas 718;

2” Que la aludida disposición señala textualmente en

la actualidad lo siguiente:

“Los establecimientos de educación superior

reconocidos oficialmente otorgarán títulos técnicos

de nivel superior, títulos profesionales y grados

académicos, según corresponda.

Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar

el título de técnico de nivel superior.

Los institutos profesionales sólo podrán otorgar

títulos profesionales de aquéllos que no requieran

licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior

en las áreas en que otorgan los anteriores.

23 Gi edo Sesenta -) mud

Las universidades podrán otorgar títulos

profesionales y toda clase de grados académicos, en

especial de licenciado, magister y doctor.

Corresponderá exclusivamente a las universidades

otorgar títulos profesionales respecto de los cuales

la ley requiere haber obtenido previamente el grado

de licenciado en las carreras que impartan.

No obstante, el otorgamiento del título profesional

de abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en conformidad a la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo

se entiende que:

a) El título de técnico de nivel superior es el

que se otorga a un egresado de un centro de

formación técnica o de un instituto profesional que

ha aprobado un programa de estudios de una duración

mínima de mil seiscientas clases, que le confiere la

capacidad y conocimientos necesarios para

desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel

profesional.

b) El título profesional es el que se otorga a

un egresado de un instituto profesional o de una

universidad que ha aprobado un programa de estudios

cuyo nivel y contenido le confieren una formación

general y cientifica necesaria para un adecuado

desempeño profesional.

c) El grado de licenciado es el que se otorga

al alumno de una universidad que ha aprobado un

programa de estudios que comprenda todos los

aspectos esenciales de un área del conocimiento o de

una disciplina determinada.

d) El grado de magister es el que se otorga al

alumno de una universidad que ha aprobado un do pe » $.

programa de estudios de profundización en una o más

de las disciplinas de que se trate. Para optar al

grado de magister se requiere tener grado de

licenciado o un título profesional cuyo nivel y

contenido de estudios sean equivalentes a los

necesarios para obtener el grado de licenciado.

e) El grado de doctor es el máximo que puede

otorgar una universidad. Se confiere al alumno que

ha obtenido un grado de licenciado o magister en la

respectiva disciplina y que haya aprobado un

programa superior de estudios y de investigación, y

acredita que quien lo ¡posee tiene Capacidad y

conocimientos necesarios para efectuar

investigaciones originales. En todo caso, además de

la aprobación de cursos u otras actividades

similares, un programa de doctorado deberá

contemplar necesariamente la elaboración, defensa y

aprobación de una tesis, consistente en una

investigación original, desarrollada en forma

autónoma y que signifique una contribución a la

disciplina de que se trate.”

3 Que, como se indica en la sentencia, la referida

disposición se contenía en el artículo 35 de la Ley

18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada

en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1990, la que esta

Magistratura estimó expresamente como orgánica y

constitucional, según consta en los autos Rol N” 102, de

fecha 27 de febrero de 1990. En la referida sentencia se

señaló que “la ley orgánica constitucional de enseñanza

debe contener los requisitos mínimos que deberán exigirse

en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y

media; las normas objetivas, de general aplicación, que

permitan al Estado velar por su cumplimiento; los

requisitos para el reconocimiento oficial de los

establecimientos educacionales de todo nivel, como también aquellas normas O materias que constituyen

elementos complementarios indispensables de los

anteriores, como lo ha señalado en diversas oportunidades

este Tribunal” (considerando 3”). Del mismo modo, se

consignó que “el contexto general del proyecto de ley en

examen, que corresponde a lo preceptuado en el inciso

quinto del N* 11%? del artículo 19 de la Constitución

Política, condiciona la obtención de títulos y grados a

un conjunto armónico de requisitos y exigencias

relacionados tanto con los establecimientos educacionales

como con el otorgamiento de grados y títulos, de los

cuales se derivan naturalmente las actividades

profesionales que en virtud de ellos pueden llevarse a

cabo” (considerando 16”). Cabe tener presente que la Ley

N* 20.370, publicada con fecha 12 de septiembre de 2009,

derogó, según se indica en su artículo 70, la legislación

anterior, excluyéndose entre otros el Título 111 de la

aludida ley orgánica, dentro del cual se encuentra la

disposición que se impugna. El Tribunal Constitucional

revisó también la constitucionalidad de la nueva

normativa general, en sentencia Rol N”* 1363, de fecha 28

de julio de 2009. El texto refundido y sistematizado de

la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza se encuentra

en la actualidad fijado en el Decreto con Fuerza de Ley

N* 2, de 2 de julio de 2010, siendo su actual artículo 54

del mismo tenor que el primitivo artículo 35 que se

impugna en estos autos;

4% Que la Ley Orgánica Constitucional de esta

Magistratura señala, en su artículo 84, que no resulta

procedente la acción de inaplicabilidad “cuando la

cuestión se promueva respecto de un precepto legal que

haya sido declarado conforme a la Constitución por el

Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo 0

conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo

vicio que fue materia de la sentencia respectiva”. Por lo 26

ue do escudo > une 035108 mismo, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional señala que “resuelta la cuestión de

inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no podrá

ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las

sucesivas instancias o grados de la gestión en que se

hubiere promovido”;

5% Que, de este modo, corresponde desechar la

presentación, en primer lugar, por dirigirse respecto de

un precepto legal determinado que fue revisado

preventivamente por esta Magistratura, habiéndose ya

declarado su carácter de norma orgánica y constitucional

y no divisándose razón alguna para modificar lo ya

sentenciado por este mismo Tribunal en sede de control

abstracto;

11. LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD NO TIENE EL CARÁCTER DE

AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES, LLO QUE ES DE

COMPETENCIA DE LAS CORTES DE APELACIONES Y, EN

DEFINITIVA, DE LA CORTE SUPREMA.

6” Que la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad de las leyes, prevista en el

artículo 93 N* 6” de la Constitución Política de la

República, supone esencialmente un control preciso de

contradicción entre dos normas, debiendo primar la Ley

Fundamental. En otras palabras, el conflicto sometido a

su decisión siempre debe centrarse en la contradicción

concreta y determinada entre la ley y la Constitución;

7% Que, en efecto, como ha señalado esta misma

Magistratura, "debe estarse siempre en presencia de un

conflicto de constitucionalidad, esto es, frente a una

contradicción directa, clara y precisa, entre determinado

precepto legal que se pretende aplicar en el caso

concreto, con la propia Constitución, pues el juez

constitucional no puede interpretar o corregir la ley

ordinaria si no es con relación a su constitucionalidad”.

27 eno Lo Ses ed, >] MA De

p20764 ná

he Aa de es

Lo anterior, en atención a que “la tarea de interpretar

la ley le corresponde a los tribunales de justicia, sean

ordinarios o especiales, y, en nuestro sistema judicial,

el órgano llamado a unificar su interpretación es la

Corte Suprema” (Rol N” 810/2008, considerando 9%);

8” Que el sistema chileno de control de

constitucionalidad de las normas es de carácter

concentrado y compartido. Así, la protección de las

garantías constitucionales respecto de actos u omisiones

ilegales O arbitrarios corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva y a la Corte Suprema, en tanto el

control de constitucionalidad de la ley, al Tribunal

Constitucional. En efecto, la Constitución Política, en

su artículo 20, establece el proceso de protección, cuyo

tribunal competente es, según lo dispone la misma norma,

la Corte de Apelaciones respectiva, en primera instancia,

y la Corte Suprema, en segunda instancia. Por su parte,

el artículo 93 constitucional, en su numeral 6%, otorga

competencia privativa a este Tribunal Constitucional para

resolver acerca de la inaplicabilidad de un precepto

legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga

ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución. En consecuencia, “la acción cautelar

de derechos fundamentales que contempla el artículo 20 y

la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del

artículo 93, inciso primero, N”* 6”, e inciso undécimo, de

la Ley Fundamental, constituyen y dan origen a dos

procesos completamente autónomos que deben iniciarse,

sustanciarse y resolverse en la forma que indican la

Constitución y sus leyes complementarias, destacándose,

entre estas últimas, la ley N" 17.997, Orgánica

Constitucional de esta Magistratura” (Rol N”* 1324-2009);

9 Que, de esta forma, este Tribunal Constitucional

no está autorizado para emitir un pronunciamiento

valorativo sobre hechos litigiosos de las gestiones respectivas que motivan las acciones de inaplicabilidad,

en atención a que la ponderación de los mismos

corresponde a los jueces del fondo, por ser también un

tema de legalidad ordinario y estar dentro de su

competencia relativa a la gestión, tal como lo ha

sentenciado esta Magistratura de manera reiterada (roles

N* 1130/2008, 1210/2008, 1266/2008 y 1324/2009). En este

caso preciso, según se ¡indica en el propio oficio

complementario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,

de fecha 18 de marzo de 2010, se cuestiona que "la

aplicación de esta normativa, materializada en la

circular 6 RH N* 172 de 23 de octubre de 2009, de la

Corporación Administrativa del nombre reservado, produciría

al recurrente de protección, conculcación de las

garantías constitucionales contempladas en los números 2,

3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la

República, sin perjuicio de que también se vulneraría lo

establecido en los artículos 3” y 18 del Decreto Ley N”

479 de 1974”. Del mismo modo, se indica por el órgano

requirente que "“la aplicación de la referida Circular

también podría importar una infracción al artículo 532 de

la Ley N" 19.880, sobre Bases de Procedimientos

Administrativos, al darle un efecto retroactivo a una

Resolución, afectando sus derechos ya adquiridos”;;

10% Que, así las cosas, la acción de inaplicabilidad

por ¡inconstitucionalidad impetrada en estos autos a

través de requerimiento judicial más bien se dirige

respecto de la actuación ¡ilegal emanada de un ente

administrativo, como es la Corporación Administrativa del

nombre reservado, al supuestamente haber emitido un acto

con infracción a diversos preceptos legales (como serían

los artículos 3” del Decreto Ley N” 479 y, en su caso, 52

de la Ley N” 19.880), lo que no es propio de la esfera de

esta acción de rango constitucional, para lo cual el

ordenamiento Jurídico prevé diversas acciones específicas, entre otras la de protección -como es

precisamente la que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso- o la de nulidad de derecho

público, en su caso;

11%? Que, en efecto, como lo ha señalado este

Tribunal, “el conflicto de que conoce esta Magistratura

debe producirse entre la Constitución y un precepto de

rango o fuerza de ley; pero no entre una decisión de una

autoridad y la ley. De este último conflicto conocen

otras instancias jurisdiccionales” (Rol N* 1385/2009);

111. SE TRATA EN DEFINITIVA MÁS BIEN DE UN CONFLICTO DE

LEYES, LO QUE DEBE SER RESUELTO SOBERANAMENTE POR EL

PROPIO JUEZ DE LA INSTANCIA.

12? Que, por otra parte, los cuestionamientos

también parecen dirigidos a una equivocada interpretación

administrativa que habría realizado la Corporación

Administrativa del nombre reservado, al no dar preeminencia

a una disposición legal específica y posterior (como

sería el artículo 3” del Decreto Ley N” 479, de 1974,

modificado por la Ley N” 19.699, de 16 de noviembre de

2000) respecto de otra de carácter general (el actual

artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N” 2, de 2 de

julio de 2010), materia que este disidente estima

corresponde sea determinada soberanamente por el juez de

la instancia y no en esta sede de inaplicabilidad;

13” Que, precisamente por lo mismo, se ha

sentenciado que no corresponde que a través de esta vía

se determine "cuál de las dos normas legales en juego

debe prevalecer”, puesto que “su dilucidación no incumbe

a esta Magistratura sino a los jueces del fondo” (Rol

1034/2008, considerando 15%). No le incumbe por tanto a

este Tribunal determinar si debe o no aplicarse un

determinado precepto legal, ya que no se plantea “ 30

nana”

opt 79 ceño sele lo Jas E!

propiamente un conflicto de constitucionalidad sino uno

de mera legalidad” (Rol 1513/2010, considerando 8”);

14? Que, en suma, este disidente estima que

corresponde al juez de la instancia -en este caso a la

Corte de Apelaciones de Valparaíso en sede de protección-

determinar qué normas corresponde aplicar en el asunto

concreto, como igualmente si la actuación administrativa

se ajustó o no a la normativa legal que la regula, no

siendo por tanto la acción de inaplicabilidad la vía

adecuada para resolver el presente conflicto.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor

Francisco Fernández Fredes, quien sin perjuicio de

compartir el criterio sustentado en los considerandos

decimotercero y decimocuarto del fallo para dilucidar la

contradicción entre los preceptos legales potencialmente

aplicables al caso, estima que el conflicto sometido a

esta Magistratura por la Corte de Apelaciones de

Valparaíso es uno de mera legalidad cuya resolución

compete precisamente al propio tribunal promovente, en

sede de protección, por lo cual escapa a la competencia

de esta Magistratura Constitucional, habiendo debido

originar el rechazo del requerimiento deducido.

Redactó la sentencia el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake, las prevención su autor y olas

disidencias su autor, el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán y su autor, respectivamente.

Notifíquese por carta certificada, regístrese y

archívese.

Rol N” 1615-2010-INA.

Se certifica que el Ministro señor Mario Fernández Baeza concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo pero no firma por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguí Cobo sola y WATNO 000774

Santiago 20 de enero de 2011

T.r.v.

Señor nombre reservado

Juez Presidente del Juzgado de Garantía de San Felipe.

San Martín 1333.

San Felipe .-

Tengo a bien remitir a US. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N* 1.615-10-INA, acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a US.

art debo de la Fuente-Otguín.

Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.

Correo electrónico: secretariaUOtcchile.cl - www.tribunalconstitucional.cl Santiago 20 de enero de 2011

r.r.v.

Señora nombre reservado

Corporación Administrativa del nombre reservado.

Prat 779 piso 7".

Valparaíso .-

Tengo a bien remitir a Ud. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N* 1.615-10-INA, acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado,

Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.

Correo electrónico: secretariaOtcchile.cl - www.tribunalconstitucional.cl OG6L6 wento Selelo + 51

Santiago 20 de enero de 2011

T.r.v.

Señor nombre reservado

Administrador del Juzgado de Garantía de San Felipe.

San Martín 1333.

San Felipe .-

Tengo a bien remitir a Ud. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N* 1.615-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado

Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825 Correo electrónico: secretariaOtcchile.cl - www.tribunalconstituciona!.cl A

Uoke selerto 3 sele

Santiago 20 de enero de 2011

T.T.V,

Señor nombre reservado

8 Norte 310 oficina 29.

Viña del Mar.-

Tengo a bien remitir a Ud. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N” 1.615-10-INA, acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

Ns Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.

Correo electrónico: secretariaGOtcchile.cl - www,tribunalconstitucional.cl Santiago 20 de enero de 2011

T.T.V.

Señor nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.-

Tengo a bien remitir a Ud. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N* 1.615-10-INA, acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.

Correo electrónico: secretaria(Wtcchile.cl - www.tribunalconstitucional.cl pOnt7o Ciemo seteda MAL pre

Santiago 20 de enero de 2011

T.r.v.

Señora nombre reservado

domicilio reservado

Santiago.-

Tengo a bien remitir a Ud. sentencia definitiva de fecha 20 de enero

de 2011, dictada por este Tribunal en los autos Rol N* 1.615-10-INA, acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

nombre reservado.

nombre reservado

Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.

Correo electrónico: secretarlaOtcchile.cl - www.tribunalconstitucional.cl 000180 Lindo gelenka.

T.I.V.

Santiago 20 de enero de 2011

OFICIO N* 5.462

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por

esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol N* 1.615-10-INA, sobre

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad..

Dios guarde a V.E.

MARCEYXO VENEGAS P4LACIOS

MARTA DE LA FU UÍN

Secretaria

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE PALACIO DE LA MONEDA PRESENTE.

000181

T.r.v.

Santiago, 20 de enero de 2010

OFICIO N? 5,463

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol N” 1.615-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

MARCEJLÓ VENEGAS PYLACIOS Presidente

TT

MARTA D nombre reservado

Secretaria

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR A EE PRESIDENTE DEL SENADO EN DON JORGE PIZARRO SOTO o A:

SENADO DE LA REPUBLICA | ]

PRESENTE Fo LE A 2:50 000182 ole Lalo gohuyda T.r.v,

Santiago, 20 de enero de 2011

OFICIO N* 5.464

Remite sentencia.

EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la sentencia definitiva dictada

por esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol N* 1.615-10-INA,

sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

nombre reservado

Presidente

er

nombre reservado

Secretaria

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DOÑA ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS PRESENTE 000183

T.T.v.

Santiago, 20 de enero de 2011

OFICIO N? 5.465

Remite sentencia.

SEÑORA PRESIDENTA nombre reservadoCORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO.

Tengo a bien remitir a V.S.I. copia de la sentencia definitiva dictada por

esta Magistratura con fecha 20 de enero de 2011 en el proceso Rol N* 1.615-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a V.S.L

Presidente

A

M DE nombre reservado

Secretaria

SEÑORA PRESIDENTA nombre reservadoCORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO DOÑA nombre reservado

domicilio reservado

VALPARAISO.