Inaplicabilidad del artículo 500 N° 1 del Código de Procedimiento Civil

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia Rol 14.144-2023

[29 de noviembre de 2023]

____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 500 N° 1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

SOCIEDAD GASTRONÓMICA Y HOTELERA IMPERIAL SPA EN EL PROCESO ROL C-3984-2020, SEGUIDO ANTE EL TERCER JUZGADO CIVIL DE VIÑA DEL MAR

VISTOS:

Con fecha 20 de marzo de 2023, Sociedad Gastronómica y Hotelera Imperial SpA, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 500, N° 1, del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-3984-2020, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna El texto de los preceptos impugnados dispone lo siguiente:

“Código de Procedimiento Civil (…)

Art. 500. (522). Si puestos a remate los bienes embargados por los dos tercios del nuevo avalúo, hecho de conformidad al número 2° del artículo anterior, tampoco se presentan postores, podrá el acreedor pedir cualquiera de estas tres cosas, a su elección:

1a. Que se le adjudiquen los bienes por los dichos dos tercios;

(…)”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal Indica la parte requirente, Sociedad Gastronómica y Hotelera Imperial S.A., que corresponde a una sociedad anónima constituida el 25 de septiembre de 2018 en Viña del Mar, ante el Notario Público Francisco Fuenzalida, según consta en escritura pública. El capital social es de $100 millones, representado por 100 acciones nominativas. El único accionista y representante legal es nombre reservado

nombre reservado y se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar.

La Sociedad indica que adquirió un inmueble ubicado en domicilio reservado de dicho predio, mediante compraventa efectuada por escritura pública el 3 de diciembre de 2018 ante la Notario Eliana Gervasio Zamudio. El inmueble tiene una superficie de 300 m2, con deslindes por todos sus lados. El vendedor fue la Sociedad Hotelera Queen Royal Limitada, representada por nombre reservado. El precio de compraventa pactado fue de $180 millones, de los cuales $30 millones se pagaron al contado y $150 millones se destinaron a pagar el saldo de la hipoteca que garantizaba obligaciones que dicha Sociedad Hotelera tenía con Banco Internacional.

Explica la actora que esta hipoteca a favor del Banco se encontraba constituida sobre el mismo inmueble vendido para caucionar pagarés que originalmente suscribió la Sociedad Hotelera, por un total de $32 millones de capital, más intereses y reajustes.

El año 2020, el Banco Internacional dedujo una demanda ejecutiva de desposeimiento en contra de la Sociedad Imperial, nueva dueña del inmueble hipotecado, por el cobro de esos pagarés. La Sociedad Imperial se opuso a la demanda invocando excepciones, que fueron rechazadas por el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar mediante sentencia definitiva, encontrándose pendiente la realización forzosa del inmueble hipotecado.

Agrega la actora que el tribunal nombró perito tasador para avaluar el inmueble. Por su parte, se objetó el informe pericial por adolecer de deficiencias, al no haber podido el perito ingresar al bien raíz, pero dicha objeción fue rechazada.

También objetó sin éxito las bases de remate propuestas por el ejecutante y se realizó el primer remate sin postores. El segundo remate quedó fijado para el 21 de marzo de 2023, suspendido en su tramitación.

La requirente expone que en el caso concreto invocado la aplicación del artículo 500 N°1 del Código de Procedimiento Civil infringiría la Constitución al permitir que el acreedor se adjudique un bien con una rebaja de un tercio de su valor real, vulnerando de la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y su núcleo esencial, con vicios de proporcionalidad.

En primer lugar, sostiene que se infringiría la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad consagrados en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental. Explica que la Constitución asegura a todas las personas una igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, lo que necesariamente implica la sujeción a cánones de proporcionalidad entre medios y fines. El principio de proporcionalidad se encuentra implícito en diversas normas constitucionales y ha sido recogido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en este caso la aplicación del artículo 500 N°1 permitiría que el acreedor se adjudicara arbitrariamente el bien embargado con una rebaja de un tercio de su valor real, generando una enorme pérdida patrimonial a la requirente.

Asimismo, la obligaría a soportar la pérdida de un bien propio por una deuda contraída por un tercero, lo que resulta absolutamente injustificado. No existen parámetros razonables que avalen la rebaja del mínimo de la subasta en un tercio del avalúo del bien. Por ello, anota, se estaría infringiendo la igualdad ante la ley al posibilitar que el acreedor se aproveche de esa rebaja en su exclusivo beneficio.

En segundo término, argumenta la requirente que se vulneraría el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución. Este derecho comprende todas las especies de propiedad, y si bien la ley puede regular su ejercicio y establecer limitaciones por razones de interés general, nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante expropiación legalmente autorizada. En el caso concreto, la aplicación del precepto impugnado implicaría disminuir drásticamente el valor del bien embargado, sin que exista ley alguna que permita provocar esta enorme pérdida patrimonial a su propietaria. Por tanto, se la estaría privando arbitrariamente de su derecho de propiedad sobre el inmueble.

Finalmente, en tercer lugar, sostiene que se afectaría el contenido esencial del derecho de propiedad resguardado en el artículo 19 N°26 de la Constitución. Este contenido esencial, que constituye un núcleo irreductible no limitable por el Estado, comprende facultades esenciales como el uso, goce y disposición del bien. Al reducir desproporcionadamente el precio mínimo de la subasta se está vulnerando la facultad de disposición que integra el dominio. Explica la actora que la doctrina ha señalado que en la subasta judicial se debe siempre respetar un valor real del bien.

Pero en este caso, la enorme diferencia generada entre el monto del crédito y el valor del bien expropiado controvierte la esencia misma del derecho de propiedad.

La pérdida de al menos un tercio del valor del inmueble para la requirente resulta manifiestamente excesiva y desproporcionada anota en su libelo, afectando el contenido esencial de este derecho.

Tramitación El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, a fojas 345, con fecha 4 de abril de 2023, acogiendo la solicitud de suspensión del procedimiento, confiriéndose traslados para su pronunciamiento en torno al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Posteriormente, el requerimiento fue declarado admisible a fojas 776, por resolución de 26 de abril del mismo año, confiriéndose traslado de fondo a todas las partes de la gestión judicial en la que incide el requerimiento y se dispuso ponerlo en conocimiento de S.E. el Presidente de la República, del H. Senado y de la H. Cámara de Diputadas y Diputados, enviándoles copia del mismo y de la resolución respectiva, para que en un plazo de veinte días pudieran formular observaciones y presentar antecedentes.

A fojas 793, en presentación de 15 de mayo de 2023, evacúa traslado la parte de Banco Internacional En sus observaciones al requerimiento de inaplicabilidad presentado, Banco Internacional expone que debe ser rechazado por este Tribunal Constitucional, al ser inexistente el conflicto de constitucionalidad alegado por la requirente.

Explica que fue intentada una modificación en los términos de su requerimiento, ya que originalmente citó la norma impugnada del artículo 500 N°1 del Código de Procedimiento Civil de un modo erróneo, omitiendo la palabra "dichos" y alterando así los efectos jurídicos del precepto. Inicialmente la requirente habría sostenido que el acreedor podría adjudicarse inmediatamente el bien subastado por los 2/3 del avalúo si no hay postores, pero ahora reconoce que lo que la norma establece es la adjudicación por el valor fijado para el segundo remate.

Plantea que no se tiene un conflicto constitucional en este caso. En primer lugar, sostiene que la fundamentación del requerimiento no se basa en el texto legal vigente, generando con ello la inexistencia misma de una contravención a la Carta Fundamental. No se advierte en qué residiría la supuesta infracción a la igualdad ante la ley o al principio de proporcionalidad, por cuanto la norma impugnada no se ha aplicado de manera arbitraria o discriminatoria en el caso concreto. Por el contrario, ella permite facultar al juez para autorizar una rebaja prudencial del avalúo cuando no hay postores en la subasta, persiguiendo un fin legítimo, siendo idónea y proporcionada para ese propósito.

Además, en la especie se realizó tasación pericial del bien raíz y el ejecutado pudo impugnar las decisiones judiciales relativas al precio mínimo de la subasta y otras materias del procedimiento de apremio.

En segundo término, tampoco visualiza cómo podría implicar una infracción al derecho de propiedad del ejecutado, si el precio del remate se determinó precisamente conforme a las normas legales aplicables, realizándose la tasación por peritos que ordena la ley.

Finalmente, indica que el supuesto conflicto constitucional se circunscribiría a la posibilidad de que el acreedor se adjudique el bien por los 2/3 del nuevo mínimo fijado para el segundo remate, punto que en sus palabras es absolutamente inexistente en la norma impugnada. Esa es una cuestión de legalidad ordinaria, cuya resolución corresponde a los jueces del fondo y no puede ventilarse a través de la acción de inaplicabilidad, que sólo procede ante vulneraciones a la Constitución.

A fojas 807, por decreto de 22 de mayo de 2023, se trajeron los autos en relación.

Vista de la causa y acuerdo En Sesión de Pleno de 7 de noviembre de 2023 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos del abogado Hugo Larraguibel Arroyo, por la parte de Banco Internacional, adoptándose acuerdo en sesión de igual fecha según certificación del relator.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el requirente se alza de inaplicabilidad respecto del precepto contenido en el artículo 500 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto éste permite que el acreedor, en el juicio ejecutivo, se adjudique los bienes embargados por los dos tercios de su tasación, con cargo a su crédito, si puestos esos bienes a remate por dichos dos tercios, no se presentaren postores.

SEGUNDO: Que cabe reparar en que ni en abstracto, ni en el caso concreto, la norma atacada infringe ninguna de las disposiciones constitucionales invocadas por el solicitante. Desde luego, el derecho de propiedad no está amenazado ni vulnerado, pues como ya ha resuelto antes este Tribunal, ha sido el propio ejecutado el que tácitamente ha aceptado la posibilidad de la ejecución forzada, al contraer las obligaciones; pero más aún: si fuera el caso de que algún precepto afectara ese derecho, por rebajar la tasación disminuyendo el precio que puede obtenerse por los bienes embargados, esa norma no sería el artículo 500 N° 1 sino el 499, ambos del Código de Enjuiciamiento Civil, puesto que es este último el que, en su numeral segundo, dispone la reducción del precio mínimo de subasta hasta en un tercio del avalúo. Tanto es así, que el artículo 500 N° 1 se limita a permitir que el acreedor se adjudique los bienes “por los dichos dos tercios”; es decir, por los dos tercios a que se refiere el artículo precedente. Ahora bien, en este requerimiento no está en cuestión el artículo 499 del Código en examen, de suerte tal que de ninguna manera puede predicarse que el solo artículo 500 provoque la rebaja de precio, ya que ello no es así, según acabamos de razonar. Esto, asimismo, contradice el argumento del solicitante de estar afectada la igualdad ante la ley por falta de proporcionalidad en la reducción del precio, desde que esa rebaja no obedece a lo dispuesto por la norma atacada, sino a lo preceptuado por otra, que no es materia de la presente solicitud.

TERCERO: Que, además, todo el sistema de ejecución forzada diseñado en nuestro Código responde a una lógica que equilibra los derechos del ejecutante y del ejecutado; no solo porque permite a éste defenderse, sino porque además le concede el derecho de exigir una tasación pericial de los bienes, en resguardo de la obtención de un precio justo –resguardo del derecho de propiedad, precisamente- y solo permite la reducción del mínimo para subastar si no se presentan postores al remate, lo que, aparte de constituir un imperativo para evitar que se burlen los derechos del acreedor, responde a la lógica del mercado y, por ende, a las exigencias de protección al derecho de propiedad aquí invocado, puesto que constituye una ley económica el que los precios bajen si disminuye la demanda. En casos de ventas forzadas no hay otra manera de aplicar esa máxima que atender al mayor o menor interés demostrado por la presencia o ausencia de postores. La reducción, por otro lado, tampoco es exagerada. A todo evento, la posibilidad del acreedor de adjudicarse los bienes está, adicionalmente, limitada por el monto de su crédito.

CUARTO: Que, por consiguiente, no existe ninguna desproporción que permita seguir los argumentos del requirente, ni tampoco se priva de su contenido esencial al derecho de propiedad, de suerte tal que ni el numeral 2°, ni el 24, ni el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política, resultan afectados, en este caso.

QUINTO: Que, por lo demás, de suprimirse la hipótesis del numeral 1° del artículo 500 en examen, subsistiría su posibilidad segunda, no atacada, esto es, podrían llevarse los bienes a remate por tercera vez por el monto que el tribunal designara, sin limitación de su mínimo, con lo cual el precio podría ser menor a los dos tercios de la tasación. El solo hecho de que esa posibilidad subsista y no haya sido reclamada de inaplicabilidad echa por tierra las alegaciones de proporcionalidad que afectarían la igualdad ante la ley y al derecho de dominio, pues de prosperar el requerimiento el deudor podría ver perjudicada aún más su expectativa de precio.

Ahora bien, la opción de que el acreedor se adjudique los bienes no presenta, en sí misma, ningún problema de constitucionalidad, puesto que debe respetar el precio mínimo y limitarse, en lo que no deba consignar, al monto de su crédito. El pretendido conflicto de constitucionalidad, pues, no puede presentarse a propósito del solo hecho de que el acreedor ejecutante se adjudique los bienes, sino solo a propósito de en qué condiciones lo haga, y si ya vimos que esas condiciones son legítimas y derivan de una norma legal distinta de la impugnada, y si la opción es un tercer remate sin mínimo legal prefijado, parece claro que tampoco hay una vulneración de normas constitucionales que justifique la declaración de inaplicabilidad que se reclama.

SEXTO: Que, por fin, en la gestión pendiente, según el propio solicitante reconoce, el precio mínimo de subasta ya fue rebajado a dos tercios de la tasación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 499 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, que recordemos que no está en cuestión aquí. Pues bien, el requerimiento que conocemos es posterior a esa resolución, de modo que no hay manera de que una sentencia de este tribunal modifique o deje sin efecto esa rebaja. El requerimiento de inaplicabilidad no puede dirigirse contra resoluciones judiciales, como también se ha fallado reiteradamente por esta sede. Por otro lado, la resolución de 17 de enero de 2023, también anterior a este requerimiento, fijó fecha para la subasta, que no se ha llevado a cabo, de manera tal que ni siquiera los autos que constituyen la gestión pendiente están en estado de aplicar el artículo 500 N° 1° materia de esta solicitud, pues no se sabe si concurrirán postores, siendo la ausencia de estos la condición para que el ejecutante se pueda adjudicar los bienes por ese mínimo ya prefijado.

SÉPTIMO: Que por todas las razones anotadas el requerimiento no puede prosperar.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93 incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. QUE SE ALZA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

PREVENCIÓN El Ministro señor NELSON POZO SILVA concurre a la sentencia, teniendo presente, además, lo siguiente:

1°. Que, el estatuto constitucional de la propiedad regula la relación entre el Estado y los particulares titulares del dominio en tanto derecho subjetivo público. La Carta Fundamental establece que se asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies”. Por otra parte, la misma norma, en su inciso siguiente señala que “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Dicho mandato constituye una reserva legal acerca de la regulación de los modos de adquirir, de las condiciones para disponer y de las causas y condiciones por las cuales se puede poner término al derecho de propiedad sobre un bien. De la misma forma, corresponde a la ley establecer las cargas derivadas de la función social de la propiedad.

2°. Que, esta Magistratura ha señalado en STC 1204-08, que el embargo y la posterior subasta pueden encuadrarse dentro de la regulación legislativa de la facultad de disposición del bien y de la pérdida de su propiedad, en la medida que estamos en frente de una enajenación, la que, no obstante, en este caso es forzada, producto del incumplimiento por el deudor de un crédito que voluntariamente garantizó con dicho bien.

Dentro de dicha habilitación al legislador y contenida en la garantía de la libre circulación de los bienes y en la tutela del derecho de la otra parte contratante, el artículo 2428 del Código Civil establece que “la hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido”, a lo que debe agregarse el artículo 2424 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que “el acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda”;

encontrándose el derecho del acreedor para acceder de manera forzada al pago con bines del deudor, consagrado en el artículo 2465 del Código Civil, a través del denominado derecho general de prenda, a lo que el artículo 2470 agrega a la hipoteca como causal de pago preferente.

Así, la existencia de un estatuto especial de la venta forzada se establece como garantía mínima y obvia frente a la negativa del deudor a pagar, sin el cual el sistema de libre contratación y amparo por el derecho del cumplimiento de los contratos carecería de eficacia, pues permitiría la negativa injustificada y arbitraria del cumplimiento de contratos válidamente celebrado, que son ley para las partes y deben ser ejecutados de buena fe.

3°. Que, en el caso concreto, nos encontramos frente a una subasta ordenada por sentencia judicial, en cumplimiento de una limitación a la facultad de disposición, que el constituyente sí autoriza a establecer por medio de una ley, constituyéndose el precepto legal impugnado en parte del conjunto de normas que permiten la pérdida compulsiva del dominio de los bienes del deudor en favor de sus acreedores, por intermedio del uso del poder estatal, a través del ejercicio de la jurisdicción, enmarcado en la tutela de los intereses, derechos y acciones de los acreedores.

4°. Que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. En tal sentido el Tribunal Constitucional ha señalado que “consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentre en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición”. (STC Roles 219 y 755). Agregando que “la garantía jurídica de la igualdad supone, entonces, la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición; pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales siempre que ello no revista el carácter de arbitrario” (STC Roles 986 y 755).

Asimismo se ha señalado que la justificación de dichas diferencias no sólo debe ser razonable, sino que además objetiva, de modo tal que si bien el legislador puede establecer criterio que permitan situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que quede entregado completamente al arbitrio del legislador, debiéndose, a objeto de determinar una eventual afectación de la igualdad, atender a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata. (STC 790 y 755).

5°. La igualdad ante la ley no prohíbe establecer diferencias arbitrarias, sino que estas diferencias no deben ser arbitrarias ni carentes de fundamento razonable que las justifique, por lo que la existencia de un trato diferente a una cierta categoría de demandado puede encontrarse razonablemente fundada y justificada, bajo criterios objetivos. Dichas diferencias, en los juicios ejecutivos, se funda en la naturaleza de la deuda que se cobra y el título ejecutivo que se invoca.

En tal sentido, esta Magistratura ha señalado que “ en la medida que la enajenación de un bien por medio de un proceso de carácter ejecutivo es una venta forzada, es obvio concluir que el objeto de regulación de la norma sobre enajenación no es el mismo que en una venta voluntaria, por lo que no resultarán aplicables todas las reglas generales del acto jurídico, entre ellas todas las referidas directa o indirectamente a la voluntad del vendedor, entre las cuales se encuentra (…)su aquiescencia a la fijación del precio”. (STC 1204).

Agregando dicha sentencia, que “el establecimiento de la venta forzada (…) a un precio eventualmente más bajo es una opción del legislador para dar eficacia al sistema de crédito, respaldándolo con el valor del inmueble, más aún si la contraparte es un banco que intermedia dineros de terceros, toda vez que el acceso al crédito, la estabilidad del mercado financiero, la transparencia del mismo y la buena fe necesaria para su normal funcionamiento, además de la estabilidad de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de toda relación jurídica, requieren de un mecanismo eficaz que no entrabe los medios de restablecimiento del cumplimiento de las obligaciones de las partes en caso de no pago de la deuda”.

6°. Que siendo en el caso concreto, una venta forzada, en que por lo demás, siguiendo el criterio histórico de esta Magistratura, se permite exigir una tasación pericial de los bienes y cuya reducción se autoriza únicamente en la ausencia de postores, quien suscribe es de la opinión que no existe una vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley, pues el legislador establece la diferencia de trato en función del derecho de los acreedores, lo que se encontraría amparado, como ya se dijo al justificar la existencia de la institución de la ejecución forzada, en motivos de orden público, seguridad jurídica y tutela de intereses surgidos de la libertad contractual;

por lo que la norma cumple con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad respecto de la finalidad buscada.

Redactó la sentencia el Ministro señor RAÚL MERA MUÑOZ. La prevención corresponde al Ministro señor NELSON POZO SILVA.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 14.144-23-INA nombre reservado

Fecha: 30/11/2023

José Ignacio Vásquez Márquez María Pía Silva Gallinato Fecha: 30/11/2023 Fecha: 30/11/2023

nombre reservado Daniela Beatriz Marzi Muñoz Fecha: 30/11/2023 Fecha: 30/11/2023

Raúl Eduardo Mera Muñoz Fecha: 30/11/2023

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz y señor Raúl Eduardo Mera Muñoz.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 01/12/2023