Control Proyecto de Ley · Código Penal

1 Santiago, veintisiete de octubre de dos mil nueve.

VISTOS:

A fojas uno, mediante solicitud de diecinueve

de mayo de dos mil nueve, HUGO ZAMORANO ILLESCA,

abogado, en representación de LINK SERVICE S.A.,

formula requerimiento de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad del inciso tercero del

artículo 474 del Código del Trabajo en la causa

sobre reclamo de multa administrativa Rol Nº

95.375, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de

Rancagua, caratulada “Link Service S.A. con

Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua”.

Señala la actora en el requerimiento que, con

fecha 16 de febrero del presente año, dedujo, ante

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de

Rancagua, demanda de reclamación en contra de la

Inspección del Trabajo de esa ciudad para que se

dejaran sin efecto las multas que le fueron

aplicadas por esa entidad fiscalizadora; agrega

que, con fecha 3 de marzo, el tribunal mencionado

proveyó la aludida demanda de la siguiente manera:

“previo a resolver, acompáñese comprobante de

ingreso fiscal correspondiente a la consignación de

la tercera parte del monto de la multa cursada,

según lo establece el inciso tercero del artículo

474 del Código del Trabajo”. Luego de transcribir

la norma citada en la providencia del juez a quo,

afirma, aludiendo a la exigencia de consignación

previa como requisito para reclamar, que ella

contempla, que dicho precepto legal es

inconstitucional y, por ende, inaplicable, pues la

exigencia de depositar una parte de la multa para 2

poder reclamar es contraria, a su juicio, a lo

dispuesto en el Nº 3º del artículo 19 de la

Constitución, que asegura a todas las personas la

igual protección de la ley en el ejercicio de sus

derechos, así como al Nº 26º del mismo artículo,

que otorga la seguridad de que los preceptos

legales que por mandato de la Constitución regulen

o complementen las garantías que ésta establece o

que las limiten en los casos en que ella lo

autoriza, no podrán afectar los derechos en su

esencia, ni imponer condiciones, tributos o

requisitos que impidan su libre ejercicio.

Fundamenta sus afirmaciones señalando que el

precepto legal impugnado perturba el derecho de las

personas a la defensa jurídica, pues la ley que da

la facultad de reclamar de la multa que estimen

injusta, improcedente o excesiva no puede

condicionar ese reclamo al pago previo, aun

parcial, pues ello significaría la aceptación de la

multa y sus fundamentos, todo lo cual se contrapone

al derecho al reclamo o derecho a la acción o

derecho a la tutela judicial. Menciona, por otra

parte, en abono de su pretensión, el artículo 76 de

la Constitución, en cuanto éste consagra el

principio de inexcusabilidad de la justicia.

Indica, a continuación, que el legislador ha

corregido este error en la reciente reforma sobre

Nuevo Sistema Procesal Laboral, contenido en la Ley

Nº 20.022 y sus modificaciones posteriores, en

virtud de las cuales se suprime la exigencia de

depósito previo como requisito de la reclamación,

de acuerdo al actual texto del artículo 503 del 3

Código del Trabajo, que reemplazó al artículo 474

impugnado en estos autos.

Por último cita, como fundamento de la

procedencia de su pretensión, jurisprudencia

reciente de esta Magistratura sobre la misma

materia, aludiendo a las sentencias recaídas en los

roles 536, 792 y 968. En definitiva, solicita se

declare inaplicable en la gestión judicial ya

individualizada “la norma antes citada, que exige

la consignación de la tercera parte de la multa

para reclamar de las multas administrativas”.

Por resolución de fecha 23 de junio, la

Segunda Sala de este Tribunal declaró admisible el

requerimiento deducido, pasando los antecedentes al

Presidente del Tribunal para que les diera curso

progresivo.

Haciendo uso del traslado que se confiriera,

mediante presentación de 14 de julio, que rola a

fojas 47 y siguientes, la Dirección del Trabajo,

representada por el abogado Carlos Lizama Chiang,

formuló las siguientes observaciones al

requerimiento:

a) Que, en el inciso tercero del artículo 474

del Código del Trabajo, precepto legal impugnado en

estos autos, “efectivamente el legislador imponía

como requisito para deducir el reclamo judicial de

las sanciones de los Servicios del Trabajo, una

consignación del tercio de la multa de que se

tratase, lo que en la práctica se traducía en

depositar esa fracción en las oficinas de la

Tesorería General de la República, cuyo respectivo

formulario timbrado era acompañado en otrosí de la 4

demanda que se presentaba en el Tribunal Laboral,

iniciándose el curso del juicio.”. Sin embargo,

añade, “con la entrada en vigencia de la Ley 20.087

que crea la nueva judicatura laboral (anteriormente

la Ley 20.022 había realizado modificaciones

orgánicas), se produce un cambio fundamental en los

procedimientos, derogándose el respectivo

articulado del Código del Trabajo, y es así como el

art. 474 recién anotado es reemplazado por el art.

503...”, con lo que “[s]e ha eliminado en

consecuencia el requisito de la consignación del

tercio de la multa para reclamarla

judicialmente...”. Termina recordando la entrada en

vigor en forma progresiva de la aludida reforma

laboral, en virtud de la cual la Sexta Región se

incorporó el 30 de abril del presente año,

alcanzando a todo el territorio nacional el 31 de

octubre; y precisando que, merced a esta reforma,

los procesos laborales gozarán de juicios ágiles y

adecuados que beneficiarán a todos sus partícipes y

“en los cuales las garantías del debido proceso, la

tutela efectiva, y en particular el acceso a la

jurisdicción resultan indiscutiblemente

potenciados, zanjándose así situaciones como las

que ocupan la acción de autos”.

Por resolución de 29 de julio, estampada a

fojas 53, se ordenó traer los autos en relación,

celebrándose la vista de la causa en audiencia de

22 de octubre, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Constitución Política de la

República, en el Nº 6º de su artículo 93, confiere 5

a este Tribunal Constitucional la facultad de

resolver la inaplicabilidad de un precepto legal

cuya aplicación en cualquier gestión que se siga

ante un tribunal ordinario o especial resulte

contraria a la Constitución, siempre que la acción

sea planteada por cualquiera de las partes o por el

juez que conoce del asunto y una de las salas del

Tribunal haya declarado la admisibilidad de la

cuestión, conforme lo dispone el inciso undécimo de

la misma norma constitucional;

SEGUNDO: Que, por requerimiento de fojas 1, se

solicita se declare inaplicable la parte del inciso

tercero del artículo 474 del Código del Trabajo que

exige la consignación de una tercera parte de la

multa como condición para reclamar de ella, según

el texto vigente en la VI Región, del Libertador

Bernardo O’Higgins, a la fecha en que se inició la

gestión judicial pendiente, la cual consiste en el

reclamo de multa administrativa Rol Nº 95.375, del

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua,

caratulado “Linkservice S.A. con Inspección

Provincial del Trabajo”;

TERCERO: Que el precepto legal impugnado,

vigente en la VI Región, del Libertador Bernardo

O’Higgins, a la fecha indicada, es del siguiente

tenor:

“Art. 474. Las sanciones por infracciones a

las legislaciones laboral y de seguridad social

como a sus reglamentos se aplicarán

administrativamente por los respectivos inspectores

o funcionarios que se determinen en el reglamento 6

correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como

ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la

aplicación de sanciones, regirá la norma del

artículo 4°.

La resolución que aplique la multa

administrativa será reclamable ante el Juez de

Letras del Trabajo, dentro de quince días de

notificada por un funcionario de la Dirección del

Trabajo o de Carabineros de Chile, previa

consignación de la tercera parte de la multa.

Una vez ejecutoriada la resolución que aplique

la multa administrativa, tendrá mérito ejecutivo,

persiguiéndose su cumplimiento de oficio por el

Juzgado de Letras del Trabajo o el Juzgado de

Cobranza Laboral y Previsional, según corresponda.

Serán responsables del pago de la multa la

persona natural o jurídica propietaria de la

empresa, predio o establecimiento. Subsidiariamente

responderán de ellas los directores, gerentes o

jefes de la empresa, predio o establecimiento donde

se haya cometido la falta.”;

CUARTO: Que, en virtud de las modificaciones

introducidas al Código del Trabajo por la Ley Nº

20.087, la norma que, en reemplazo de la arriba

citada, actualmente rige en la VI Región del

Libertador Bernardo O’Higgins, y regirá en todo el

territorio nacional a contar del 31 de octubre del

presente año, es la siguiente:

“Artículo 503.- Las sanciones por

infracciones a la legislación laboral y de

seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán 7

administrativamente por los respectivos inspectores

del trabajo o por los funcionarios que se

determinen en el reglamento correspondiente. Dichos

funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la

aplicación de sanciones, regirá la norma del

artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa

administrativa será reclamable ante el Juez de

Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles

contados desde su notificación. Dicha reclamación

deberá dirigirse en contra del Jefe de la

Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca

el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación,

previa verificación del cumplimiento de los

requisitos señalados en el inciso anterior, su

substanciación se regirá por el procedimiento de

aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del

Capítulo II, del Título I.

Con el mérito de lo expuesto y de las

pruebas rendidas, el juez dictará sentencia en la

misma audiencia o dentro de quinto día. Se aplicará

en estos casos lo dispuesto en el artículo 457.

Contra la sentencia que resuelva la

reclamación sólo se podrá recurrir en virtud de lo

establecido en las letras a) y c) del artículo 477.

La sentencia que falla la apelación no será objeto

de recurso alguno.”

A su vez, el artículo 2º transitorio de la Ley

Nº 20.087 establece: “Las causas que se hubieren

iniciado antes de la vigencia de esta ley seguirán 8

substanciándose, hasta la dictación de la sentencia

de término, conforme al procedimiento en vigor al

momento de la notificación de la demanda";

QUINTO: Que, como se dijo en la parte

expositiva de esta sentencia, la pretensión de la

requirente es que se declare inaplicable, en la

gestión judicial pendiente, la exigencia de

consignación previa contenida en el inciso tercero

del antiguo artículo 474 del Código del Trabajo;

SEXTO: Que, como también se indicó en la parte

expositiva, la Dirección del Trabajo no ha

controvertido la pretensión constitucional de la

actora, indicando que con la entrada en vigor en

forma progresiva de la reforma laboral —en virtud

de la cual la VI Región se incorporó el 30 de abril

del presente año— los procesos laborales gozarán de

juicios “... en los cuales las garantías del debido

proceso, la tutela efectiva, y en particular el

acceso a la jurisdicción resultan indiscutiblemente

potenciados, zanjándose así situaciones como las

que ocupan la acción de autos.”;

SÉPTIMO: Que, en sentencias anteriores, esta

Magistratura ha acogido acciones de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad de la regla procesal

conocida como solve et repete, contenida tanto en

el precepto legal impugnado en la causa objeto de

esta sentencia, como también en otros preceptos

legales, como ocurría con el artículo 171 del

Código Sanitario, caso este último en el cual dicha

regla fue derogada por sentencia de este Tribunal,

de fecha 25 de mayo del presente año, Rol 1345, que

declaró su inconstitucionalidad;

9 OCTAVO: Que, en lo que respecta a la regla

solve et repete contenida en el inciso tercero del

artículo 474 del Código del Trabajo, precepto legal

cuestionado en estos autos, mediante sentencias

recaídas en los roles 946 y 968, ambos de 2008,

esta Magistratura la declaró inaplicable por

inconstitucional en sendas gestiones pendientes, al

estimar este Tribunal que el mecanismo de

consignación previa para impugnar judicialmente

sanciones administrativas laborales, establecido en

el artículo 474 del Código del Trabajo, infringe

diversas disposiciones constitucionales,

particularmente la igualdad en el ejercicio de los

derechos y el derecho a la seguridad jurídica,

tutelados en los numerales 3º y 26º del artículo 19

de la Carta Fundamental;

NOVENO: Que, de este modo, jurisprudencia

uniforme y reciente de este Tribunal ha reafirmado

que el derecho de las personas a acceder libremente

a un tribunal de justicia para la protección de sus

derechos, también conocido en la doctrina moderna

como derecho a la tutela judicial efectiva, es uno

de los derechos asegurados por el Nº 3º del

artículo 19 de la Constitución, pues, aunque no

esté designado expresamente en su texto escrito,

carecería de sentido que la Carta Fundamental se

hubiese esmerado en asegurar la igual protección de

la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho

a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por

el juez natural, el derecho a un justo y racional

procedimiento, si no partiera de la base de la

existencia de un derecho anterior a todos los demás 10

y que es presupuesto básico para su vigencia, esto

es, el derecho de toda persona a ser juzgada, a

presentarse ante el juez, a ocurrir al juez, sin

estorbos, gabelas o condiciones que se lo

dificulten, retarden o impidan arbitraria o

ilegítimamente;

DÉCIMO: Que la misma jurisprudencia ha

señalado que, en el actual estado de desarrollo del

derecho nacional e interpretando la garantía

constitucional de acceso a la justicia con un

criterio finalista, amplio y garantista, la

limitación al derecho a la tutela judicial que

impone el precepto legal impugnado aparece

despojada de la razonabilidad y justificación que

precisaría para ser aceptada como

constitucionalmente admisible a la luz de lo

dispuesto en el Nº 26º del artículo 19 de la Carta;

UNDÉCIMO: Que a lo señalado en los

considerandos precedentes se añade que, como se ha

dicho, siguiendo la tendencia general de la

legislación, el precepto legal impugnado, esto es,

la exigencia de consignar una tercera parte de la

multa como condición para poder reclamar

judicialmente las multas administrativas por

infracciones a la legislación laboral y de

seguridad social, ha sido suprimido por la Ley Nº

20.087, de 3 de enero de 2006, que sustituyó el

procedimiento laboral contemplado en el Libro V del

Código del Trabajo;

DUODÉCIMO: Que, de todo lo razonado hasta

ahora, no cabe sino concluir que resultaría

ostensiblemente contrario a la Constitución aplicar 11

el precepto legal cuestionado en la gestión

judicial pendiente, y así se declarará.

Y VISTO además lo prescrito en los artículos

19, Nºs. 3º y 26º, y 93, inciso primero, Nº 6º, e

inciso undécimo, de la Constitución Política de la

República y en las disposiciones pertinentes de la

Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este

Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE: Que se acoge el requerimiento de

fojas 1 y, en consecuencia, se declara que no podrá

aplicarse el inciso tercero del artículo 474 del

Código del Trabajo de acuerdo al texto vigente en

la Sexta Región, del Libertador Bernardo O’Higgins,

a la fecha de presentación de la demanda, en la

parte en que exige la consignación de la tercera

parte de la multa para reclamar de las multas

administrativas, en la causa sobre reclamo de multa

administrativa Rol Nº 95.375, del Primer Juzgado de

Letras del Trabajo de Rancagua, caratulada “Link

Service S.A. con Inspección Provincial del

Trabajo”.

Acordada con el voto en contra de los

Ministros señores Francisco Fernández Fredes y

Carlos Carmona Santander, quienes estuvieron por

rechazar la inaplicabilidad requerida en estos

autos fundamentalmente por cuanto la norma legal

impugnada ya no puede recibir aplicación en la

gestión pendiente que motivó el requerimiento, toda

vez que el referido artículo 474 del Código del

Trabajo dejó de tener vigencia en la Sexta Región

el día 30 de abril del año en curso. Por

consiguiente, la acción deducida no satisface el 12

requisito de aplicabilidad potencial establecido en

el artículo 93 de la Constitución Política, en su

numeral 6º del inciso primero e inciso undécimo,

motivo por el cual procede desecharla en opinión de

estos disidentes.

Redactaron la sentencia los Ministros que la

suscriben y la disidencia, sus autores.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol Nº 1.391-09-INA.