Inaplicabilidad de los artículos 3°, inciso final, y 5°, letra d), de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de factura

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Rol 13.261-2022 [9 de mayo de 2023]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 3°, INCISO FINAL, Y 5°, LETRA D), DE LA LEY N° 19.983, QUE REGULA LA TRANSFERENCIA Y OTORGA MÉRITO EJECUTIVO A COPIA DE FACTURA

COMPLEMENTOS SANITARIOS CHILE LIMITADA

EN EL PROCESO ROL C-370-2022, SEGUIDO ANTE EL VIGESIMOPRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SANTIAGO

VISTOS:

Que, a fojas 1, con fecha 13 de mayo de 2022, Complementos Sanitarios Chile Limitada, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 3°, inciso final, y 5°, letra d), de la Ley N° 19.983, para que ello incida en el proceso Rol C-370-2022, seguido ante el Vigesimoprimer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.

Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto del precepto impugnado dispone:

“Ley N° 19.983

(…)

Artículo 3°.- (…)

Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor.

(…)

Artículo 5º.- La misma copia referida en el artículo anterior tendrá mérito ejecutivo para su cobro, si cumple los siguientes requisitos:

(…)

d) Que, puesta en conocimiento del obligado a su pago mediante notificación judicial, aquél no alegare en el mismo acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, o que, efectuada dicha alegación, ella fuera rechazada por resolución judicial. La impugnación se tramitará como incidente y, en contra de la resolución que la deniegue, procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

(…).”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Indica la actora requirente que la gestión pendiente se sustancia ante el Vigesimoprimer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en que, expone, diversas facturas presentadas en el proceso pendiente se encuentran pagadas. Previo traslado a la contraria, se resolvió tener por preparada la vía ejecutiva y se dedujo demanda ejecutiva mediante la cual se intenta el cobro de facturas que ha pagado a quien las emitió.

Por lo anterior, argumenta que el literal d) del artículo 5° de la Ley N° 19.983, así como su artículo 3°, inciso final, vulneran la Constitución en artículo 19 N°s 3 y 24.

Explica que el obligado al pago de la factura no puede oponer excepciones personales en contra del cesionario de ese tipo de título valor, vale decir, en contra del tercero adquirente que lo presenta a su cobro, no pudiendo oponer excepción de pago por parte del cedente, toda vez que se le niega esta posibilidad según lo disponen los preceptos cuestionados.

Desarrolla, en consecuencia, con ello que se vulnere el debido proceso. Todo proceso judicial debe contener, necesariamente, las etapas de discusión, prueba y sentencia, en que, por aplicación de las normas requeridas, se cercenan las dos primeras, al negar a una parte la opción de discutir en un proceso judicial de cobro excepciones personales que se pudieran llegar a oponer en contra de quien emitió las facturas. No puede, en consecuencia, indica, ejercer una adecuada defensa alegando o poniendo excepciones, lo que contraría las nociones de “racional y justo procedimiento” que contiene la Constitución.

Señala que lo anterior es complejo en este tipo de proceso ejecutivo de cobro de facturas, pues se otorga mérito ejecutivo a la misma tras una gestión preparatoria, en la cual la parte demandada sólo puede oponerse fundado en la excepción de falsificación de la factura.

Unido a lo indicado, explica a fojas 4, se vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Al no poder presentar excepción personal de pago realizado en contra de quien emitió las facturas al cesionario que intenta su cobro, debiendo pagar, como efecto, a quien intenta el cobro, lo ya pagado a quien las emitió y transfirió, con una disminución en su patrimonio. Deberá pagar dos veces el mismo servicio.

Explica que en el proceso judicial respectivo señaló que las facturas se encuentran pagadas. Luego de dar traslado, se resolvió negar la excepción opuesta sin establecer un término probatorio. Se persigue el cobro de facturas ya pagadas a quien las emitió y luego las cedió.

Por ello, agrega, fue que interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que tuvo por preparada la vía ejecutiva, el que fue concedido en el sólo efecto devolutivo.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala con fecha 13 de junio de 2022, a fojas 33, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Se otorgó traslado a las demás partes de la gestión invocada.

A fojas 220, con fecha 24 de junio de 2022, evacúa traslado G y M Máquinas Industriales. Indica que la parte demandada, notificada judicialmente del cobro de las facturas, ha impugnado su mérito ejecutivo en sede civil señalando que éstas no reunirían los requisitos necesarios para ser considerados como títulos ejecutivos que pueda hacerse valer en su contra.

Expone que la demandante se encontraba facultada para cobrar en virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes y el cumplimiento del mismo, cuestiones que son materia de discusión en la causa. Independiente de la cesión del crédito que operó conforme a tramitación amparada en términos legales, se trata de una factura irrevocablemente aceptada luego de ocho días, en el cual tuvo alternativas para formular reclamo sin haberlo efectuado.

Refiere que la parte demandada ha reconocido la existencia de un contrato de prestación de servicios y sólo se ha limitado a indicar como argumentación el hecho de que las facturas no guardarían relación con el pago que habría ofrecido al cedente, para desconocerlo a la requerida de inaplicabilidad, en circunstancias que se encontraría facultada para cobrar. No se menciona, agrega, el supuesto precio pagado, en tanto no ha sido materia de esta impugnación.

En tal sentido, analizando las disposiciones legales cuestionadas y las alegaciones esgrimidas por la demandada para impugnar el mérito de la factura, arguye que éstas carecen de asidero fáctico y jurídico y obedecen más bien al propósito de dilatar la causa. La parte demandada no ha controvertido la falta de prestación del servicio y ha reconocido que éstos sí fueron prestados, lo que se infiere de su libelo de fojas 222.

Explica que no se han pagado los servicios reclamados ni se han entregado aquellos comprobantes que puedan confirmar cumplimiento de la obligación por parte del deudor, toda vez que la requerida, agrega, no es el destinatario a nombre de quien se ha ofrecido pago para las facturas, sino que todas ellas han sido emitidas a nombre de ASELCO SPA. Añade que comprobantes de transferencias no tienen la glosa pago de la factura, explicando que, por ello, no se acreditó pago de factura alguna.

Se resolvió la admisibilidad por resolución de la anotada Sala de 12 de julio de 2022, a fojas 270, confiriéndose traslados sobre el fondo del asunto, sin evacuarse presentaciones al efecto.

A fojas 277, por decreto de 19 de agosto de 2022, se trajeron los autos en relación.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 12 de enero de 20023 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, y los alegatos de los abogados Benjamín Negrete Cristi, por la parte requirente, y de nombre reservado, por la parte de G y M Máquinas Industriales Limitada, adoptándose acuerdo con igual fecha conforme fue certificado por el relator de la causa.

CONSIDERANDO:

I.- DILEMA CONSTITUCIONAL

PRIMERO: Se invoca como conflicto constitucional que lo establecido en los artículos 3° inciso final y 5° letra d) de la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de factura, constituyen restricciones -en el caso concreto- para deducir en un proceso ejecutivo de cobro de facturas, a sólo aquellas excepciones que el ejecutado tiene respecto de quien intenta su cobro y no aquellas excepciones personales, en relación al emisor de las facturas y que, además, la excepción posible es sólo la de falsificación material de la factura.

Estas restricciones constituirían afectaciones constitucionales relativas a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad señalado en el artículo 19 Nos. 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

II.- SISTEMA DE COBRO DE FACTURAS

SEGUNDO: Que el cobro de facturas está inserto en un sistema constituido por etapas extrajudiciales y judiciales (fases de cobro) en cuales estas pueden ser impugnadas. La gestión preparatoria sólo tiene por objeto verificar que concurran los requisitos mínimos habilitantes para que se convierta en título ejecutivo, el cual puede ser objetado en el juicio ejecutivo haciéndose uso de todas las excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. La gestión pendiente invocada en el caso en análisis consiste en un juicio ejecutivo de cobro de factura, en que aún se encuentra pendiente la apelación presentada respecto de la resolución que tuvo por preparada la vía ejecutiva, que no inhabilita para que, en la discusión de fondo, en el juicio ejecutivo respectivo, se opongan las excepciones contempladas en el artículo 464, del Código de Procedimiento Civil, oposición que por lo demás ha sido efectuada por la requirente, motivo por el cual la problemática planteada obedece, más bien, a un problema de mera legalidad y no constitucional.

TERCERO: En relación al presupuesto fáctico de la gestión pendiente y su controversia, la Corte Suprema en sentencia Rol N°5050-17 (20 de junio de 2017), razona en el sentido que en la gestión preparatoria de notificación judicial de cobro de facturas sólo se pueden impugnar en consideración a las causales previstas en la letra d) del artículo 5° de la Ley N°19.983, desde que el legislador circunscribió la posibilidad de debate a tal estadio procesal únicamente a dos razones, relacionados con la falsificación material de la factura (o guía o guías de despacho respectivas o del recibo de ellas) y a la falta de entrega de la mercadería o de la prestación de servicios.

De esta manera la interpretación del juez de mérito es quien establece en el contexto en el cual puede elucidar la presunta controversia planteada en estos autos como controversia constitucional.

III.- LA LEY N°20.956 Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CRÉDITOS

CUARTO: Es a partir de las modificaciones legales a la Ley 19.983, efectuadas por medio de la Ley 20.956, las que tuvieron por objeto una reducción del costo del capital de trabajo de las Pymes, vía mecanismo del factoring, mejorando el acceso al crédito y las condiciones de financiamiento disponibles para las Pymes, todo ello en el plano de una serie de modificaciones legales propuestas en la agenda de productividad del Gobierno de la época, destinada a impulsar la economía del país.

QUINTO: El propósito principal del legislador fue favorecer la libre circulación de los créditos y restar rigidez a la factura como instrumento mercantil.

Una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución permite comprender que el legislador, ha actuado en el ejercicio de su facultad para regular los derechos fundamentales en los términos del artículo 19 Nº 26 de la Constitución.

La regulación tuvo entonces una justificación racional, homologar el procedimiento de cobro de la factura con otros procedimientos similares establecidos para instrumentos de la misma especie. La decisión legislativa tuvo en vista, la necesidad de instaurar un procedimiento, hasta entonces insuficiente, destinado a evitar que el deudor, amparándose en normas de carácter general, retardase o incumpliera sus obligaciones bajo el amparo de normas cuyo objetivo no se condecía, ni con las características, ni con la importancia que la factura tiene en el tráfico comercial. Se busca en definitiva proteger los derechos de los acreedores, principalmente, los pequeños y medianos empresarios que veían frecuentemente entorpecidas sus posibilidades de cobro con la consiguiente afectación de sus derechos; fortaleciendo a su vez el mercado de factoring.

En ese sentido, la modificación de la norma impugnada venía a solucionar la diversidad de posturas que se habían detectado en cuanto a las alegaciones que se podían efectuar en el contexto de la gestión preparatoria de notificación judicial de facturas, frente a un cesionario de una factura que se encuentra irrevocablemente aceptada.

IV.- JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

SEXTO: La Corte Suprema ha desarrollado una nutrida jurisprudencia en torno a la factura, principalmente en aquello relacionado con la falsificación material de la factura y la falta de entrega de la mercancía o de la prestación de servicios (C.

Suprema, Rol N°5050-17 de 20.7.2017), en cuanto a que el ejecutado no puede objetar una factura electrónica en relación a la falta del requisito legal de constar en ella la recepción del servicio prestado, toda vez que la obligación de otorgar tal recibo corresponde al deudor y receptor de la factura (C. Suprema, Rol N°8415-18, de 29.11.2018), que del mismo modo el máximo tribunal de mérito ha señalado que el legislador permite objetar en diferentes ocasiones y con diversos alcances la presentación de una factura, siendo la primera, a su presentación o dentro de los 8 días siguientes o en el plazo fijado por las partes, el cual no podrá exceder de 30 días, en el evento que no se efectúe observación alguna se tendrá por irrevocablemente aceptada, en caso contrario, esto es, objetada como sea no tendrá el mérito de representar un crédito en contra del obligado; la segunda oportunidad que se tiene para objetar la factura se produce al pretender dotarla de mérito ejecutivo, en que precisando las alegaciones que pueden deducirse, el deudor desconoce su contenido y acreditado el hecho que la sustenta, priva de la posibilidad que el instrumento alcance el carácter de título ejecutivo. (C. Suprema, Rol N°3706-08, de 3.12.2009).

Que en atención a lo expresado se encuentra configurada la naturaleza de la factura y sus formas de objeción, destinada a concederle a este título valor el carácter de cedible a terceros, con todas las implicancias que ello conlleva.

V.- PRECEDENTES

SÉPTIMO: En sentencias de índole constitucional, esto es en los laudos roles STC 5831-2018 y 8210-20, esta Magistratura se ha pronunciado sobre requerimientos interpuestos respecto del artículo 5, letra d) de la Ley N° 19.983, en particular en relación a la voz “material”, ambas rechazadas por unanimidad, en base a los siguientes argumentos:

1.- El precepto impugnado cumple una función legítima y razonable en un procedimiento global de cobro, no consagrando diferencias arbitrarias ni dejando en la indefensión a quien se encuentre en una posición como la del requirente de autos.

Finalmente, y más allá de que no constituye el argumento central, este Tribunal descartará, también, la existencia de una pretendida violación al derecho de propiedad, como se señala más adelante.

2.- Que por su parte el artículo 5° de la Ley N° 19.983, permitió al deudor alegar la falta de entrega o de prestación del servicio, en la gestión preparatoria de notificación de factura.

3.- Las normas establecidas en la Ley N° 20.695, entre otras medidas, eliminó la posibilidad de alegar la falta de entrega o de prestación de servicios en la gestión preparatoria de notificación de factura, y en definitiva, al no permitir la alegación de falsedad ideológica en la gestión preparatoria de notificación, generó una mayor celeridad y seguridad en el cobro de las facturas, minimizando la probabilidad de la dilación de los juicios y la evasión de los efectos de la sentencia por parte de deudores a través de la transferencia de sus bienes.

4.- La norma legal impugnada tuvo su origen en una modificación legislativa debidamente razonada y con respaldo empírico derivado de la experiencia resultante de la aplicación del marco jurídico previo, razón por la cual su legitimidad y racionalidad no merece duda.

VI.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS

A.- IGUALDAD ANTE LA LEY

OCTAVO: El Tribunal Constitucional ha definido “la igualdad ante la ley de la siguiente manera: “las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. (STC 1254-08, c.46)

NOVENO: Que atendida la alegación de la actora en una supuesta afectación al artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental cabe expresar que no existe una afectación a la igualdad según los criterios establecidos por este órgano constitucional, ni menos una discriminación o falta de distinción razonable entre quienes se encuentren en una misma condición en operaciones con facturas o títulos valores, careciendo de todo mérito el argumento deducido por la requirente.

B.- DEBIDO PROCESO

DÉCIMO: El Tribunal Constitucional lo define como: “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo en un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso” (STC 1838, c.10).

DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al argumento de violación del debido proceso cabe señalar que dicha garantía en forma alguna se encuentra afectada atendido a que si la factura es en la actualidad un título circulatorio causado, vinculado a una relación de negocios o de servicios subyacente cuya finalidad es activar el crédito, no se ve como pudiera afectarse las garantías de una defensa en la oposición o para excepcionarse y controvertir la pretensión en la ejecución, ya que la propia Ley N° 19.983 estableció formalidades y requisitos copulativos para la cesión y circulación de facturas, destacando su naturaleza estricta, y procedimientos prescriptos en la propia normativa de la ley recién citada. Tanto es así, que, si no se consignare la expresión “cedible” en la copia de la factura, tal factura no podría cederse conforme al procedimiento especial establecido, quedando el comprador o beneficiario del servicio habilitado para oponer, la excepción contenida en el art. 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta en el título de uno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva.

Que atendido lo anteriormente expuesto no se visualiza razonamiento alguno que pueda tener asidero para permitir invocar la garantía del debido proceso señalada en el libelo de la actora al invocar el artículo 19 N°3 de la Carta Política.

C.- DERECHO DE PROPIEDAD

DÉCIMO SEGUNDO: La requirente en la página 7 de su acción señala que “la Ley que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura podría provocar que mi representada disminuya su patrimonio al tener que quedar obligada a pagar una obligación ya pagada a un tercero respecto de quien no puede oponer excepciones de carácter personal pese a que ya pagó a quien emitió las facturas posteriormente las cedió para su cobro. Así se vulnera el derecho de propiedad de mi representada”.

En términos generales la propiedad implica aquellas facultades de usar, gozar y disponer de los bienes, puesto que la protección constitucional no puede impedir lógicamente su limitación a dichas facultades. Sin embargo, históricamente en el derecho moderno no sólo es un derecho sino también es una función social, lo cual implica que limitaciones derivadas de obligaciones o servidumbre de utilidad pública equilibran permitiendo el bien de la comunidad de tal forma que en sentencias de la Corte Suprema Roles Nos. 552-2008 y 4043-2013 y del Tribunal Constitucional Roles Nos. 1141-2008, 1215-2008, 2043-2011 y 2451-2013 se ha reconocido la función social de la propiedad, reequilibrando esta con la protección individual del derecho de propiedad privada.

DÉCIMO TERCERO: Que en tal sentido esta Magistratura ha sostenido a partir de la sentencia 253-1997 y 1295-2009 que los criterios de actividades que impliquen beneficio como sucede en sesiones gratuitas, respecto de las compañías de seguro en el funcionamiento de los bomberos o las limitaciones que pueden afectar el núcleo del derecho, en el caso de la STC 1298-2010 implican un mandato constitucional de la función social como fuentes de limitaciones y obligaciones del propietario, restringiendo una interpretación amplia de la intangibilidad del derecho de propiedad y de sus atributos y de las facultades esenciales que se había proclamado en los años 70, avanzando al equilibrio de la perspectiva individual del derecho de propiedad y el reconocimiento de la dimensión social del mismo, como un elemento que lo integra y define.

DÉCIMO CUARTO: En el entendido de la petición de afectación por parte de la actora en su patrimonio al tener que quedar obligada a pagar una obligación ya cancelada a un tercero y no poder oponer excepciones al respecto, cabe señalar que esa argumentación no se condice con el criterio actual con el derecho de propiedad, más bien obedece a un desconocimiento de todas aquellas mitigaciones y resguardos que establece la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de factura, puesto que las condicionantes y modalidades que establece el estatuto que rige en particular ese título ejecutivo garantizan de manera fehaciente un cumplimiento de los fines perseguidos por la norma cuestionada en estos autos.

VII.- OTRAS RAZONES PARA RECHAZAR

DÉCIMO QUINTO: Desde una perspectiva global, no se produciría indefensión de la parte requirente, ya que el estatuto que fija la propia Ley N° 19.983 tiene opciones para que el deudor-receptor de una o más facturas, pueda reclamar sobre ellas dentro del plazo de 8 días, ya sea por falta de entrega de los productos o servicios en forma parcial o total, u objetar sobre el contenido del mismo documento, (situación equivalente a invocar el ilícito de falsedad ideológica).

DÉCIMO SEXTO: Desde una óptica más específica, la ausencia de indefensión se comprueba, además, por el hecho de que la requirente otorgó un acuse expreso de recibo de las mercaderías, respecto de cada una de las facturas en cuestión. Es decir, la requirente pudo evitar toda esta controversia, si es que en el legítimo ejercicio de sus derechos y de la forma establecida en la Ley N°19.983 hubiese reclamado sobre la factura o facturas, cosa que no sucedió, por lo cual omitió ejercer su legítimo derecho de controvertir.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la infracción al derecho de propiedad alegado, debido a que habría una afectación patrimonial, esta se sustenta, en mérito de los antecedentes aportados, en un acto lícito y consentido, presupuesto fáctico que debe ponderarse en la determinación de los hechos que sustentan la acción de fondo.

VII.- CONCLUSIONES

DÉCIMO OCTAVO: Que, atendido el mérito de lo razonado y las argumentaciones expuestas y lo expresado en el presente fallo, no cabe más que desechar la acción deducida a fojas 1 y siguientes por don nombre reservado, en representación de Complementos Sanitario Chile Limitada.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO PRINCIPAL DE FOJAS 1. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

El Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR está por acoger parcialmente una parte del inciso final del artículo 3 de la Ley N°19.983, por las siguientes razones:

1°. Que, en primer término, cabe considerar que la norma jurídica objetada no corresponde al inciso final del artículo 3°, sino al inciso penúltimo del mismo artículo.

Sin perjuicio de que se observara en el requerimiento una cita inadecuada a la norma objetada, es que el examen recaerá respecto de las “excepciones personales”. Si bien la Ley N°19.983 no define que debe entenderse por excepciones personales, corresponde recurrir al concepto dado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina.

La jurisprudencia ha señalado que las excepciones personales “tienen su basamento, como su nombre lo refiere, en las relaciones personales de las partes del negocio causal y podrán alegarse exitosamente sólo en contra de determinado sujeto acreedor, precisamente derivado de la situación peculiar en que se encuentra éste en relación con el deudor” (Corte Suprema Rol N°16.740-17, c.9).

Por su parte, en materia ejecutiva la doctrina ha entendido que las excepciones personales son las que atañe a la situación o calidad personal del deudor al contraer la obligación, y que “derivan de una calidad o situación individual de uno de los obligados solidariamente, como nulidad por un vicio del consentimiento o incapacidad, o una modalidad que se refiere sólo a su vínculo” (nombre reservado (2018)

Nuevas tendencias en la comprensión y funcionamiento a la obligación solidaria. Un análisis desde los instrumentos de armonización del derecho de contratos y su posible recepción en el derecho civil chileno. Revista Chilena de derecho privado N°31, pp.155-193);

2°. Que, el precepto legal objetado se encuentra dentro del procedimiento ejecutivo de cobro de facturas y consiste en la inoponibilidad de excepciones personales al cesionario de una factura irrevocablemente aceptada. A contrario sensu, serán oponibles si la cesión se efectúa antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada.

De esta forma, “el deudor de la obligación que consta en la factura no puede oponer al cesionario que lo demande las excepciones personales que tenga contra el vendedor o prestador del servicio o contra los cedentes anteriores, si los hubiere; y en cambio está facultado para oponerle las excepciones reales, conforme a lo antes expresado”. (nombre reservado (2013) La inoponibilidad de las excepciones en la cesión de créditos expresados en facturas, Revista de Derecho, N°30, p.37-44);

3°. Que, el Código de Procedimiento Civil regula el juicio ejecutivo, que tiene por finalidad obtener el cumplido pago de las obligaciones contenidas en un título ejecutivo. Es el Libro Tercero del CPC “De los Juicios Especiales” el que contiene las exigencias que en materia de debido proceso dispone la Constitución, contemplando entre otras, el principio de la bilateralidad de la audiencia, la facultad del deudor para oponer excepciones, como defensas a la persecución por parte del acreedor, el que puede controvertir el título en cuanto a su calidad o bien enervar la acción ejecutiva (STC Rol N°7352, c.6);

4°. Que, la ley N°19.983 junto con regular la transferencia, otorga mérito ejecutivo a la copia de factura. La regla de la orden procesal censurada fue incorporada posteriormente por la Ley N°20.323, que “Modifica la Ley N°19.983 con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios”, ley que agregó un inciso segundo, nuevo que es del siguiente tenor: “Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma.”.

Esta disposición se agregó por el legislador con el manifiesto propósito de impedir que se dificultara la circulación de la factura en el mercado. Incluso, se señaló en la tramitación legislativa que “La idea es que la norma sea de carácter general y abarque todas las excepciones personales que se hubiesen podido oponer al dueño y a los anteriores tenedores de la factura, que no se limitan a la compensación sino que, a modo ejemplo, también podría ser la nulidad en la relación causal; las únicas excepciones que debieran poder oponerse son las que emanan del título mismo”

(Historia de la Ley N°20.323, p.64);

5°. Que, el imperativo constitucional de que las partes en una controversia judicial cuenten con un procedimiento racional y justo para defender sus posiciones jurídicas, requiere que concurran los presupuestos procesales con el objeto de que, tanto el demandante como el demandado, estén en posición de obtener, eventualmente, su pretensión jurídica. Para ello requieren hacer valer todos los medios jurídicos posibles a su alcance (STC Rol N°7352, c.16).

En este aspecto concurre el derecho a la defensa, el cual ha sido entendido por este Tribunal como una garantía constitucional que “se traduce en concreto en dar todas las posibilidades al demandado para que oponga las excepciones, defensas y alegaciones que le posibiliten desvirtuar la acción deducida por el actor, de tal manera que otorgándole dicha facultad se estará ante un debido proceso, en los términos que la Constitución Política garantiza” (STC Rol N°3222, c.16).

En igual orden de ideas, debido proceso tiene como elemento decisivo el principio de igualdad procesal, esto es, igualdad de condiciones entre las partes o bilateralidad de la audiencia -faculta al deudor para oponer las excepciones, como defensas a la persecución del acreedor- tanto por quien ejerce la acción, como por quien debe defenderse de esta por medio de las excepciones, para así no sufrir ninguna de las partes indefensión. La indefensión, tal como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional española consiste en “la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso; y por ello mismo, hay indefensión cuando falta una plena posibilidad de contradicción. (STC Roles N° s 101/2001 y 143/2001, entre muchas otras);

6°. Que, en el caso en examen, la disposición legal impugnada al impedir oponer excepciones personales frente al cobro de facturas que ya se encuentran pagadas, incumple el estándar exigido por la Constitución Política respecto a garantizar un procedimiento racional y justo y, no se condice con la garantía del debido proceso. En síntesis, esta situación transgrede el derecho a defensa al verse el requirente imposibilitado de oponer un régimen amplio de excepciones.

Así en el balance de derechos, el motivo de incentivar la circulación de las facturas sin contrapesos puede contener un fin loable, pero en ningún caso debe afectar el derecho de la parte de oponer las excepciones o defensas que provengan del negocio jurídico que origina el efecto de comercio.

7°. Que, un proceso de las características exigidas constitucionalmente contempla, entre otros aspectos, la posibilidad de que todas las partes puedan presentar sus acciones, excepciones y defensas sin limitaciones, sólo que ello sea cumpliendo la ritualidad que la ley procesal establece, lo que en la especie se incumple.

Por consiguiente, el derecho a defensa se transgrede por la imposibilidad de oponer un régimen amplio de excepciones, motivo por el que este Ministro está por acoger la impugnación al artículo 3° de la Ley N°19.983, exclusivamente en la parte que expresa “las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma” porque en su aplicación en el caso considerado produce efectos contrarios a la Constitución.

Redactó la sentencia el Ministro señor NELSON POZO SILVA. La disidencia fue escrita por el Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 13.261-22-INA Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Fecha: 15/05/2023

Nelson Pozo Silva Fecha: 15/05/2023

José Ignacio Vásquez Márquez María Pía Silva Gallinato Fecha: 15/05/2023 Fecha: 15/05/2023

nombre reservado nombre reservado

Fecha: 15/05/2023 Fecha: 15/05/2023

Daniela Beatriz Marzi Muñoz Fecha: 15/05/2023

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Rodrigo Patricio Pica Flores y señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 16/05/2023