Inaplicabilidad de los artículos 2°, del decreto Ley N° 3.643, de 1981; y 4°, del decreto Ley N° 2.067

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol 12.924-2022

[15 de marzo de 2023]

____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 2°, DEL DECRETO LEY N° 3.643, DE 1981; Y 4°, DEL DECRETO LEY N° 2.067

nombre reservado

EN EL PROCESO RIT O-53-2021, RUC 21-4-RUT reservado, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE POZO ALMONTE

VISTOS:

Que, con fecha 9 de febrero de 2022, nombre reservado ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981; y 4°, del Decreto Ley N° 2.067, en el proceso RIT O-53-2021, RUC 21-4-RUT reservado, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte;

Preceptos legales cuya aplicación se impugna:

El texto de los preceptos impugnado dispone:

“Decreto Ley Nº 3.643, de 1981 / Decreto Ley Nº 2.067

(…)

Artículo 2°- Reemplázase el artículo 4°. del decreto ley N° 2.067, de 1977, por el siguiente:

Artículo 4°- No será aplicable al personal de Fábricas y Maestranzas del Ejército la ley N° 16.455 y sus modificaciones, ni las normas del decreto ley número 2.200 de 1978, para la terminación de sus servicios, la que se regirá únicamente por los artículos 167, respecto de los empleados, y 172 y 173, respecto de los obreros, del D.F.L.

N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional. La aplicación de dichas normas corresponderá siempre a la autoridad facultada para la contratación del personal, aún en el caso previsto en la letra e) del artículo 165 del expresado cuerpo legal.".

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

A fojas 1, la requirente refiere que fue contratado por FAMAE el día 01 de febrero del año 2019, para desempeñar la labor correspondiente al cargo Bodeguero Nivel Uno, bajo vínculo de subordinación y dependencia, por medio de contrato de trabajo de carácter indefinido y con una jornada laboral de 45 horas semanales.

Indica que con fecha 11 de Agosto de 2021 se le comunica por escrito la decisión de Famae de poner término a la relación laboral sin invocar causal legal, en razón de lo establecido en el D.L. 3.643 de 1980.

Agrega que con fecha 04 de octubre de 2021 interpuse demanda ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales en contra de Famae, la que en su contestación opuso en lo principal la excepción de incompetencia absoluta, y en el primer otrosí contestó derechamente la demanda, solicitando el rechazo de la demanda.

Añade que en audiencia preparatoria el tribunal rechazó la excepción de incompetencia absoluta y fijó audiencia de juicio oral, el que se realizó el día 1 de febrero del presente año, quedando pendiente de fallo.

Como conflicto constitucional, la actora en primer lugar sostiene que las normas cuestionadas vulneran la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Política, ya que al ser aplicadas a los empleados civiles de FAMAE se produce una diferencia arbitraria y discriminatoria, establecida por ley, al confrontarlos en un primer término con los otros trabajadores pertenecientes a empresas del estado, que se encuentran en una situación laboral similar, pero principalmente en comparación a otras empresas públicas del sector de defensa, como son Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), que se relacionan con el Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Señala que tal diferencia no se justifica, entendiendo que estas tres empresas constituyen personas jurídicas de derecho público, de administración autónoma y con patrimonio propio, y que además tienen objetivos similares y homologables, toda vez que su función esencial es atender los requerimientos de mantenimiento y aprovisionamiento de material de guerra para las Fuerzas Armadas, además de prestar servicios relacionados a terceros.

En segundo término, la requirente alega una infracción a la garantía de libertad de trabajo y su protección contenida en el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución. Afirma que los preceptos legales cuestionados excluyeron a los empleados civiles de FAMAE de las normas del Código del Trabajo respecto a su desvinculación y los subyugaron a las causales de retiro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas.

En este punto, agrega que no se detecta actualmente la necesidad de otorgarles a estos trabajadores una regulación legal que desmejora y elimina su estabilidad laboral.

Enfatiza que los empleados civiles de FAMAE al ser sometidos a las causales de retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas, son marginados de la aplicación del principio de estabilidad laboral: no tienen derecho a que se les comunique con anticipación de 30 días su despido ni a indemnización por años de servicio, cualquiera sea la causal de retiro que se aplique, no tienen derecho a conocer el motivo real de la desvinculación que les permita ejercer una defensa integral, sin importar los años que lleven trabajando en la empresa y a pesar de que se trate de un trabajador competente y diligente en el cumplimiento de sus funciones.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 17 de febrero de 2022, a fojas 54, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Fue declarado admisible por resolución de la misma sala el día 30 de marzo de 2022, a fojas 59. Confiriéndose traslados de estilo, no fueron evacuadas presentaciones.

A fojas 66, con fecha 2 de mayo se ordenó traer los autos en relación.

En Sesión de Pleno de 31 de agosto de 2022 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, y los alegatos de nombre reservado, por la parte requirente. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por la relatora de la causa.

Y CONSIDERANDO:

I- EXPLICACIÓN PRELIMINAR SOBRE LA RAZÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE UNA CAUSA QUE INVOLUCRA PRECEPTOS DEROGADOS POR ESTA MAGISTRATURA.

PRIMERO: Que, esta Magistratura ya ha resuelto la controversia que se reitera con el presente requerimiento, esto es, declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto Ley N°3.643 de 1981 y del artículo 4 del Decreto Ley N°2.067, por vulnerar la igualdad ante la ley y la protección del trabajo, consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 16 de la Constitución, respetivamente. Así, ha declarado la inaplicabilidad de dichas normas en las causas roles N°s 7522-19; 7578-19; 7696-19; 7754-19; 7851-19; 7879-19;

7990-19; 8054-19; 8061-19; 8266-20; 8394-20; 8810-20; 8963-20; 8991-20; 9039-20 y 9138- 20.

Esta uniformidad en la citada jurisprudencia y el quórum alcanzado para acoger, condujo al Tribunal Constitucional a ejercer la facultad que le otorga el artículo 93 N°7 de nuestra Carta Fundamental “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 7º.- Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”, emitiendo la sentencia Rol N°12.345-2021, que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de febrero de 2022. Una vez realizada esta publicación, la sentencia produjo efectos derogatorios generales hacia el futuro y nunca retroactivos, según lo establecido en el artículo 94 inciso tercero de la Constitución y 102 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. La sentencia Rol N°12.345-2021, en relación con sus efectos en el tiempo, es precisa y clara en señalar en su punto resolutivo III que: “LA DEROGACIÓN TIENE EFECTO INMEDIATO, DESDE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, LO QUE DEBERÁ VERIFICARSE EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES QUE SE MANTENGAN SIN RESOLVER Y DONDE TALES NORMAS SEAN DECISIVAS”.

SEGUNDO: Que, en la presente causa, la parte requirente solicita la inaplicabilidad de los preceptos ya señalados en el juicio laboral seguido ante el Juzgado de Letras y de Garantía de Pozo Almonte (RIT O-53-2021). Este se inició por demanda interpuesta en contra de Famae el 4 de octubre de 2021, por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, tras el despido de la parte requirente, sin expresión de causa legal, el 11 de agosto de 2021. Luego de la realización del juicio oral, el procedimiento fue suspendido por el Tribunal Constitucional, estando pendiente la dictación del fallo.

Considerando la fecha de inicio de la causa RIT O-53-2021, vale decir, el 4 de octubre de 2021, es una posibilidad cierta que surja alguna duda en relación con la extensión de los efectos derogatorios generales emanados del procedimiento constitucional que dio lugar a la sentencia Rol N°12.345-2021, a partir de su publicación el 5 de febrero de 2022. Esto, pues la dictación de la sentencia constitucional se produjo una vez trabada la litis en la gestión de fondo ─sin importar la teoría a la que se adscriba acerca del momento en que tal efecto procesal se produce─ cuando el Juzgado de Letras y de Garantía de Pozo Almonte ya había realizado la audiencia de juicio.

Al igual que en el proceso de inconstitucionalidad antes mencionado, la infracción común y principal detectada en todas las causas de inaplicabilidad ha sido la de que los preceptos legales reprochados determinan una forma de desvinculación del trabajo que se estima inidónea, innecesaria y que impone un sacrificio desproporcionado del ejercicio del derecho fundamental de protección del trabajo al momento del despido, vulnerando con ello el art. 19 N° 2 además del art. 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

A su vez, y sin perjuicio del análisis concreto que ha de desarrollarse en causas de inaplicabilidad, la argumentación constitucional contenida en dichas sentencias es igualmente aplicable cualquiera sea el caso concreto sobre el que haya recaído.

TERCERO: Que, en este sentido, es relevante para esta Magistratura establecer que la sentencia del pasado 5 de febrero produjo todos sus efectos, alcanzando a la gestión O-53-2021. El artículo 94, inciso tercero, de nuestra Carta Fundamental sostiene que el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 93 “se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”. Ya en situaciones análogas a esta ─el Tribunal Constitucional pronunciándose en sede de inaplicabilidad por preceptos derogados en virtud de la facultad del artículo 93 N°7─ ha precisado que no parece posible que un precepto invalidado por esta Magistratura –puesto que la declaración de inconstitucionalidad lo priva de efectos desde la publicación de la sentencia respectiva en el Diario Oficial- pueda seguir rigiendo hacia el futuro bajo la premisa de haberse encontrado vigente al momento de perfeccionarse la antedicha relación contractual”

(STC Rol N°1552-09-INA, c. 8°), criterio que es reiterado en la sentencia Rol N°8424- 2020. Así, si bien “Esta Magistratura ha advertido que el “entenderse derogado” un precepto legal no tiene el mismo alcance jurídico que la derogación tal como la entiende el derecho común” (STC Rol N°8424-2020, c. 10°), sobre todo en cuanto a su legitimidad, es claro que este se encuentra derogado por ser inconstitucional, no pudiendo ser aplicado en el caso de autos.

CUARTO: Que, así las cosas, el pronunciamiento de este Tribunal podría parecer innecesario o contradictorio con sus propias actuaciones. Sin embargo, la derogación y la aplicabilidad de una norma son cuestiones que con frecuencia son confundidas. Por una parte, “la vigencia temporal de la ley se determina en virtud de las reglas de cambio del sistema jurídico: la vigencia de una norma legal comienza en un momento fijado por el procedimiento de creación de normas del sistema y perdura mientras la norma no sea derogada”. En cambio, “la aplicabilidad de la ley es una noción poco extendida en la cultura jurídica. Ello se debe a que la identificación rutinaria de las normas aplicables a un caso coincide con el reconocimiento de su vigencia” (nombre reservado, El principio de lex mitior ante el Tribunal Constitucional, Revista de Estudios de la Justicia, Nº23, Año 2015, p. 15). Como ha sostenido este Tribunal en la citada STC 1552, “la Carta Política - artículo 94, inciso tercero- no asimila la exclusión que provoca la declaración de inconstitucionalidad a la derogación de la norma, puesto que ella, según el mandato constitucional, se “entenderá” derogada, con lo cual se ha querido significar que ha perdido su vigencia. No se trata, entonces, de una derogación propiamente tal, la que siempre se producirá en mérito de la dictación de otra ley, en tanto declaración de la voluntad soberana que proviene de los órganos legislativos. No puede, por consiguiente, igualarse jurídicamente la legitimidad que brinda una ley posteriormente derogada con la legitimidad de que está dotada aquella situación cubierta por el efecto irretroactivo de la norma declarada inconstitucional”. El problema entre estas dos nociones viene dado cuando, en el tiempo que media entre el acontecimiento de los hechos del caso, regulados por las normas en cuestión, y el momento de su juzgamiento, se produce un cambio en un precepto legal aplicable a dicho caso. Con ello, surge la dificultad de determinar cuál es el Derecho aplicable, tarea que compete al juez al momento del juzgamiento, quién deberá regirse por las normas que regulen esta materia. Como ya se ha dicho, en este caso la regulación es efectuada por el artículo 94 de la Constitución, cuyo alcance ha sido complementado por la jurisprudencia de esta Magistratura, en virtud de la cual los artículos sobre los que versa la presente sentencia no han podido recibir aplicación desde 5 de febrero de 2022 por haber perdido éstos su vigencia.

QUINTO: Que, pese a todo lo anterior, el que la litis haya quedado trabada antes de la publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma con efectos generales podría producir dudas sobre su aplicación. Ello, sumado a que el Tribunal Constitucional ha sostenido antes que “basta la mera posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable en la gestión pendiente para que el Tribunal Constitucional sea competente y deba entrar al fondo del asunto y pronunciarse sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad requerida” (STC 2678 c. 9°) y que “A esta Magistratura sólo le compete verificar la posibilidad de que el precepto legal pueda ser aplicado a un caso, para quedar obligada a pronunciarse si tal aplicación resultaría o no contraria a la Constitución” (STC 506 c. 11°) hace considerar a este Tribunal que un pronunciamiento es necesario. Si bien la determinación del Derecho aplicable es un problema que compete al juez de fondo, esta Magistratura ha de pronunciarse cuando lo que potencialmente podría aplicarse es una norma que ya se declaró como inconstitucional, en un criterio pro requirente y en resguardo de la observancia de las sentencias del Tribunal Constitucional.

SEXTO: Que, debe hacerse presente que la jurisprudencia que dio lugar a la resolución fundada que exige el artículo 93 N°7 de la Constitución, decidió en términos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En otras palabras, declaró que los preceptos impugnados en los casos concretos producían efectos inconstitucionales en el contexto de una determinada gestión pendiente. Los razonamientos y conclusiones jurídicas reiterados en aquellos fallos condujeron a la dictación de la sentencia N°12.345-2021 del Tribunal Constitucional, la que efectúa un juicio constitucional diverso, esto es, declarar que las normas impugnadas son inconstitucionales en términos abstractos, de lo cual necesariamente se deriva que producirán efectos inconstitucionales en todos los casos en que sean aplicadas. Lo anterior significa que en ese proceso, si bien se recogieron los argumentos de las sentencias que le sirvieron de fundamento, se realizó un juicio de constitucionalidad de alcance mayor, en que se descartó resolver elaborando una interpretación conforme de las normas impugnadas, por ser esta vía inútil para corregir la oposición de la norma al texto constitucional, y cumpliendo con ello que la declaración de inconstitucionalidad sea la última ratio, dados los relevantes efectos sistémicos que se producen al eliminar preceptos legales del ordenamiento jurídico. Como ha dicho este Tribunal, en relación a sentencias similares a ésta en las que hubo de pronunciarse sobre la inaplicabilidad del inciso 2° parte final del art. 126 del Código Sanitario luego de haber declarado la inconstitucionalidad de dicho precepto por STC 6597, “Carece de todo sentido que la parte requirente que está solicitando que se le brinde protección frente a una norma total y absolutamente incompatible con la Constitución se viere perjudicada por el efecto de una sentencia (de inconstitucionalidad) cuya razón de ser es, precisamente, zanjar de manera definitiva las implicancias actual o potencialmente lesivas derivadas de un precepto legal” (STC 7229, c. 8° y, en el mismo sentido, STC 7542, 7498, 7641, entre otras).

SÉPTIMO: Que, por consiguiente y, como ya se ha dicho, en aplicación de un principio pro requirente, considerando la existencia de la sentencia de inconstitucionalidad y la necesidad reforzada de que sus efectos sean observados, a continuación el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el fondo del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, reproduciendo la arquitectura de la argumentación de fondo de la sentencia Rol N°12.345-2021.

II- DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LAS CUALES SE PRONUNCIARÁ ESTA INAPLICABILIDAD.

OCTAVO: Que, el estatuto legal de Fábricas y Maestranzas del Ejército (a partir de ahora, FAMAE) dispone las siguientes normas sobre término del contrato de trabajo, que son la base del pronunciamiento de esta Magistratura:

“Artículo 4° del DL 2.067/1977.- No será aplicable al personal de Fábricas y Maestranzas del Ejército la ley N° 16.455 y sus modificaciones y la terminación de sus contratos de trabajo se regirá únicamente por las normas sobre término de los servicios del personal de las Fuerzas Armadas, contempladas en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, las que serán aplicables, respecto de los obreros, por la autoridad encargada de su contratación. Tampoco se les aplicarán los artículos 88-1, 88-2, 88- 3 y 88-4 y 155 del Código del Trabajo, este último en la parte relativa a la separación del empleo”.

Artículo 2° del DL N°3.643/1981: “Reemplázase el artículo 4° del decreto ley N° 2.067, de 1977, por el siguiente:

"Artículo 4°- No será aplicable al personal de Fábricas y Maestranzas del Ejército la ley N° 16.455 y sus modificaciones, ni las normas del decreto ley número 2.200 de 1978, para la terminación de sus servicios, la que se regirá únicamente por los artículos 167, respecto de los empleados, y 172 y 173, respecto de los obreros, del D.F.L. N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional. La aplicación de dichas normas corresponderá siempre a la autoridad facultada para la contratación del personal, aún en el caso previsto en la letra e) del artículo 165 del expresado cuerpo legal.””

III.- FUNDAMENTOS PARA ACOGER LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

NOVENO: Que, las inaplicabilidades mediante las cuales diversos requirentes recurrieron al Tribunal Constitucional tenían por criterio común un entendimiento que se estaba reproduciendo respecto de los artículos cuestionados, en orden a cuáles eran las reglas aplicables al despido por necesidades de la empresa.

El Decreto Ley N°3463 de 1981 hizo aplicable al personal de Famae, para la terminación de sus servicios, las disposiciones que regulan el retiro temporal y absoluto de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas y de los obreros a jornal de las instituciones, todos los cuales se rigen por las mismas normas del personal de oficiales, contempladas en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional.

No obstante, si bien dicho decreto con fuerza de ley fue derogado, el nuevo Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1997, del Ministerio de Defensa, remite a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para efectos de las causales de cesación de funciones de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, aplicándose a éstos la normativa establecida para los oficiales, de manera que dichas causales de cesación se extenderían a los empleados de Famae, para efectos de mantener un régimen especial de terminación de sus servicios, tal como establecía primitivamente el Decreto Ley N°2067 de 1977, modificado por el Decreto Ley N°3643 de 1981.

En efecto, el artículo 4° del Decreto Ley N°2067, de 1977, en su redacción previa a la modificación introducida por el Decreto Ley N°3643 de 1981, establecía que no obstante su calidad jurídica, no era aplicable al personal de Famae la Ley N°16.455 (normas para la terminación del contrato de trabajo) y sus modificaciones, y la terminación de sus contratos de trabajo se regía únicamente por las normas sobre término de los servicios del personal de las Fuerzas Armadas, contempladas en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, las que eran aplicables, respecto de los obreros, por la autoridad encargada de su contratación.

Tampoco se les aplicaban los artículos 88-1, 88-2, 88-3, 88-4 y 155 del Código del Trabajo, este último en la parte relativa a la separación del empleo. El nuevo artículo 4, modificado por el Decreto Ley N°3643 de 1981, mantuvo, en lo que importa, la regulación especial respecto a la terminación de los servicios del personal de Famae, siéndole aplicable a éstos lo dispuesto en el artículo 167 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1968, que disponía que “El retiro temporal de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, procederá por las mismas causales del personal de Oficiales, con excepción de las letras b) y d) y, el retiro absoluto por las que afectan a este mismo personal, con excepción de la de la letra f)”.

Este estatuto fue derogado, con excepción de algunos artículos -entre los cuales no se encuentra el 167- en 1997, cuando se dictó el nuevo Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1997, que en su artículo 244, inciso primero, establece: “La carrera profesional de los oficiales, personal del cuadro permanente y de gente de mar, de tropa profesional y de los empleados civiles terminará por alguna de las causales establecidas en la Ley Nº18.948”.

La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, N°18.948, de 1990, en su Título IV aborda el término de la carrera profesional. Su artículo 54 enumera las causales de retiro absoluto de los oficiales de las Fuerzas Armadas, que implica el cese absoluto del trabajo, como es el caso de los requirentes, y son las siguientes:

enfermedad incurable o inutilidad, retiro voluntario, aplicación de medida disciplinaria expulsiva, permanecer más de 3 años en retiro temporal, cumplir 38 años de servicio como oficiales o 41 computables para el retiro y eliminación por calificaciones.

DÉCIMO: Que, esta secuencia de modificaciones legales suscitó una controversia judicial acerca de cuál era el estatuto jurídico aplicable a los trabajadores de Famae, respecto de la forma de terminación de los contratos de trabajo celebrados entre esa empresa estatal y su personal civil. Ello, con el fin de determinar las formalidades del despido y la procedencia de figuras indemnizatorias contempladas en el Código del Trabajo. Desde esta perspectiva, la controversia se sitúa en el plano de la legalidad, toda vez que se refiere a un conflicto de leyes generado por sucesivas modificaciones legales. El conflicto radica, básicamente, en si tras la derogación del antiguo Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el DFL Nº1, de 1968, del Ministerio de Defensa, el reenvío del artículo 4°, del Decreto Ley Nº2.067, de 1977, debía entenderse hecho al nuevo estatuto, comprendido en el DFL Nº1, de 1997, del Ministerio de Defensa. El nuevo estatuto, a su vez, para efectos del término de la carrera profesional, remite a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyas disposiciones contemplan un régimen de retiro aplicable no solo a los oficiales, sino que también a los empleados civiles de las Fuerzas Armadas. La referida controversia fue zanjada por la Corte Suprema en el sentido de que no obstante la derogación operada por el nuevo estatuto, existe una continuidad del sistema que adoptó originariamente el Decreto Ley Nº2.067, de 1977, modificado por el Decreto Ley Nº3.643, de 1981. Este sistema excluía al personal de Famae del régimen de terminación de funciones ordinario previsto en el Código del Trabajo y lo somete al previsto para el personal de las Fuerzas Armadas, sin que la derogación del estatuto antiguo haya implicado una modificación a dicha regulación especial. En este sentido se pronunciaron las sentencias de la Corte Suprema de 8 de octubre de 2018, en causa Rol Nº40.267-2017; de 29 de octubre de 2018, en causa Rol Nº44.551-2017; y de 5 de abril de 2021, en causa Rol Nº23.236-2019, que resuelven recursos de unificación de jurisprudencia.

Por el contrario, la argumentación que efectúa esta Magistratura se sitúa en el plano de la constitucionalidad, es decir, contrasta los preceptos legales examinados con la Constitución Política, para analizar su conformidad con ella. Por lo anterior, el razonamiento de este Tribunal descansa sobre la vigencia de las disposiciones legales materia de esta sentencia, en el sentido declarado por la Corte Suprema. En otras palabras, la base del enjuiciamiento constitucional se sustenta sobre la premisa de que la legislación que rige la forma de terminación de los contratos de trabajo del personal civil de Famae es la prevista en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas para los oficiales y los empleados civiles de las ramas castrenses.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en el plano de la constitucionalidad, la terminación de los servicios del personal de Famae bajo las normas de cese de la carrera militar carece de sustento constitucional por los criterios que identificaremos a continuación.

Primero, porque el personal de dicha empresa no es parte de las Fuerzas Armadas.

Segundo, porque el estatuto de los funcionarios civiles de las empresas militares está sometido a un régimen laboral común. Y tercero, porque la continuidad de estas normas importaría una desprotección del artículo 19 N°16 de la Constitución, en relación con el igual trato que le es exigible a aquellos que se encuentran en la misma situación, generando en todos los casos un efecto de despido injustificado.

a. No son parte de las Fuerzas Armadas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en virtud del actual artículo 105 de la Constitución Política, las causales de retiro de los funcionarios de las Fuerzas Armadas solo aplican a quienes las integran, siendo el artículo 101 de la Constitución el encargado de definir las instituciones que forman parte de éstas, expresa y taxativamente (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile), no comprendiendo a los empleados de Famae, pues esta es una empresa pública.

De este modo, las causales de retiro establecidas en estos preceptos legales cuestionados no pueden aplicarse al personal civil de alguna empresa pública, siendo inconstitucional cualquier ley que así lo disponga.

DÉCIMO TERCERO: Que, de este modo, ninguna norma de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, N°18.948, en la dimensión del personal, puede ser objeto de aplicación analógica a un estatuto que no es el propio, puesto que la ley de reforma constitucional N°18.825 delimitó, con posterioridad a todos los preceptos legales cuestionados, las materias básicas exclusivamente vinculantes para las Fuerzas Armadas, no solo en la dimensión de “carrera profesional”, sino que también aquellas propias de “previsión”.

b. Los funcionarios civiles de las empresas militares.

DÉCIMO CUARTO: Que, si el criterio de esta sentencia de inconstitucionalidad es ratificar la existencia de una atribución de ultima ratio, en el entendido que no hay una interpretación conforme a la Constitución, la sola constatación de que el personal civil de Famae no es parte de las Fuerzas Armadas es un indicio, pero no una condición suficiente como para estimar que la norma es completamente inconstitucional.

El artículo 19 N°21 de la Constitución permite que el Estado tenga actividades empresariales, previa autorización de una ley de quórum calificado: “En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.

En consecuencia, se trata de encontrar una razón que permita identificar, para el solo efecto del régimen de despidos, que exista una norma que justifique un tratamiento diferenciado para Famae.

DÉCIMO QUINTO: Que, la sola existencia de esta modalidad de despido implica estudiar cómo las industrias estatales militares comparables recurren a esta hipótesis excepcional, en que desde 1976 se invocan criterios de seguridad nacional como fundamento de este tratamiento laboral.

Así, el Decreto Ley N°1443 de 1976 introdujo modificaciones al Decreto Ley N°437 de 1974, que, a su vez, modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°223 de 1953, que fija normas respecto del personal de Famae. En su relación de motivos, el Decreto Ley N°1443 de 1976 expresó:

“Que razones de seguridad nacional hacen además indispensable sustraer del ámbito de aplicación de las normas legales vigentes sobre estabilidad relativa en el empleo al personal no militar de Fábricas y Maestranzas del Ejército, destinada, como está, a la satisfacción de las necesidades de la Defensa Nacional y, por lo mismo, por disposición de su ley orgánica, bajo el control militar”.

Efectivamente la condición de empresa militar del Estado nos debe llevar a un examen que permita identificar un estatuto especial que justifique razones excepcionales o diversas al régimen laboral común a toda empresa.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin embargo, el personal de Enaer (Empresa Nacional de Aeronáutica) y de Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada) está sometido a las disposiciones del Código del Trabajo en muchísimas materias, incluyendo las reglas relativas a la terminación de los servicios de todo el personal civil de estas industrias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.297 (artículo 12) y en la Ley N°18.296 (artículo 18), desde 1984, para ambas respectivamente.

Así las cosas, la justificación de seguridad nacional pierde asidero cuando el personal de las otras empresas del Estado vinculadas a las Fuerzas Armadas (Enaer y Asmar), en materia de cesación de funciones, se rige por el Código del Trabajo, y cuando la supuesta estabilidad en el empleo que entregaría la normativa aplicable al personal de las Fuerzas Armadas no se ha concretado, ya que los trabajadores han sido despedidos sin que la causal de despido pueda asimilarse a ninguna de las previstas para el personal de oficiales de las Fuerzas Armadas, no afectando en nada el funcionamiento de las industrias militares.

c. Trato diferente no justificado.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en este caso, cabe partir por constatar las causales por las cuales es posible hacer cesar el trabajo de un empleado civil de Famae conforme a la descripción de los artículos 53 (retiro temporal) y 54 (retiro absoluto) de la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. Así, el término de la carrera por despido por voluntad ajena al trabajador en régimen de causales sería el siguiente:

Carrera militar Que contrajeren enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio (retiro temporal).

Que se hallaren en disponibilidad por más de tres meses (retiro temporal).

A quiénes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro a proposición del Comandante en Jefe respectivo (retiro temporal).

Que contrajeren enfermedad declarada incurable o que estuviere comprendido en alguna de las inutilidades señaladas en esta ley (retiro absoluto).

Que opten por el retiro voluntario después de haber cumplido treinta años de servicios válidos para el retiro (retiro absoluto).

Que fueren separados o suspendidos en atención a medidas disciplinarias, administrativas o a sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar (retiro absoluto).

Que hubieren permanecido tres años en retiro temporal (retiro absoluto).

Que cumplieren treinta y ocho años de servicio como Oficiales o cuarenta y un años efectivos computables para el retiro (retiro absoluto).

Estas causales de retiro temporal o absoluto tienen sentido en la carrera militar misma y su institucionalidad. Ya hemos sostenido que conforme a los artículos 101 y 105 de la Constitución, los empleados civiles de Famae no son parte de las Fuerzas Armadas. Pero más claro queda cuando se pretenden aplicar esas causales de cesación en el cargo a personas con un régimen laboral común:

En primer lugar, varias de esas causales están asociadas a su vinculación con el régimen previsional de las FF.AA., por lo que en los hechos y en el derecho ya no aplican.

En segundo lugar, hay que excluir la renuncia puesto que no se trata propiamente tal de una hipótesis de despido.

En tercer lugar, no hay que someter a examen aquellas que se derivan de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario, no solo porque no se corresponden con los casos concretos, sino que porque hay que verificar cuán aplicable es el régimen de Justicia Militar hoy en esas situaciones después de la Ley N°20.477.

En consecuencia, quedan habilitadas para el despido las causales asociadas a enfermedades curables o incurables y la libre disposición del poder del empleador, definida como el derecho del Comandante de proponer el retiro al Presidente de la República.

DÉCIMO OCTAVO: Que, si esta Magistratura no declara la inconstitucionalidad de los preceptos legales cuestionados se mantendría una diferencia de trato que no tiene justificación razonable, de conformidad con las exigencias que se derivan del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución.

La igualdad ante la ley puede ser declarada como inconstitucional por una variada cantidad de argumentos.

La ausencia de motivación es el punto de partida. En este caso, existía un argumento relativo a la seguridad nacional que ya no está presente, hace décadas, en organismos de la misma naturaleza. La segunda razón es que la cesación en el cargo de un trabajador queda como una facultad de disposición del empleador sin necesidad de recurrir a una justificación plausible más allá de remitirse a la norma que lo habilita al despido. Por tanto, no solo no tiene una finalidad constitucional que lo ampare, como la seguridad nacional, sino que tampoco se ve compelido a motivar la decisión del despido más allá de citar los mencionados preceptos.

En consecuencia, ya no hay motivación razonable.

Sin embargo, la igualdad ante la ley es un ejercicio relacional. Se es igual en relación con otros bajo un mismo factor. En tal razón, hemos comparado bajo el mismo criterio del tipo de industria. Pero ese ejercicio relacional podría ser tolerado por circunstancias particulares de una industria específica. Ello lleva el examen de igualdad a un estadio diferente, que tendrá que ver con el costo de mantener estas reglas legales reprochadas en relación con un derecho fundamental.

DÉCIMO NOVENO Que, en tal sentido, la diferencia implica que el despido, en la órbita de subordinación y dependencia que se genera en las relaciones laborales, estaría sometido a un régimen que no requiere invocar, fundar o razonar en torno a ninguna causal en el caso de Famae. En consecuencia, el despido produce un efecto contrario a aquel que la Constitución ha querido defender, esto es, la protección del trabajo (artículo 19 N°16 de la Constitución).

Un despido sin causales ni reparaciones causa desprotección del trabajador y se torna en arbitrario por sí mismo. La existencia de un vínculo de subordinación y dependencia que somete el término del trabajo a una voluntad estatal carente de condiciones, requisitos, formalidades y beneficios es un tipo de sometimiento que supera la condición básica de protección del trabajador, en el momento en que más la necesita. Ello genera un efecto de vulneración del artículo 19 N°16 de nuestra Carta Fundamental.

VIGÉSIMO: Que, es por ello que la presente sentencia recoge los criterios vertidos en los precedentes citados y se uniforma con la resolución que dio sustento a la sentencia N°12345 de 2021, que la llevó a declarar “Esta declaración de inconstitucionalidad de estos preceptos legales no tiene una posibilidad de ser admitida bajo alguna interpretación conforme a la Constitución, puesto que su mantención deriva, al carecer de un fundamento posible, en una cesación de servicios sin amparo normativo alguno puesto que ni siquiera permite contrastar la justificación del mismo.

El alcance de esta declaración de inconstitucionalidad sólo se verifica en el caso del despido injustificado, conforme a dichos preceptos legales aplicables exclusivamente a esta industria militar. La integración normativa de otros preceptos, cuerpos normativos o codificaciones, según lo dispone el inciso segundo del numeral 21° del artículo 19 de la Constitución, así como su extensión a otras materias no es una cuestión que a esta Magistratura le correspondan decidir y no son parte de lo decidido en este proceso de inconstitucionalidad.

Con ello, todo despido conforme a estas reglas establece una diferencia arbitraria en la relación de los artículos 19, numerales 2° con el N° 16, generando desprotección al momento que el ordenamiento mayor protección debe ofrecer (…) teniendo a la vista los artículos 101 y 105 de la Constitución, no existe fundamento constitucional para su mantención dentro del ordenamiento por lo cual debe ser necesariamente expulsado del mismo” (considerandos 5°, 6° y 7°).

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en definitiva, por todas las consideraciones desarrolladas en esta parte de la sentencia y la necesidad de garantizar los efectos de la sentencia N°12.345-2021 del Tribunal Constitucional, esta Magistratura acogerá el requerimiento deducido contra los artículos 2° del Decreto Ley N°3.643, de 1981; y 4° del Decreto Ley N°2.067, por cuanto su aplicación en la gestión pendiente vulnera el artículo 19 N°16 de nuestra Constitución.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1, POR LO QUE SE DECLARA LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2°, DEL DECRETO LEY N° 3.643, DE 1981; Y 4°, DEL DECRETO LEY N° 2.067, EN EL PROCESO RIT O-53-2021, RUC 21-4-RUT reservado, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE POZO ALMONTE . OFÍCIESE.

2. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.

DISIDENCIA

Acordado con el voto en contra del Ministro señor NELSON POZO SILVA, quien estuvo por desestimar el libelo de fojas 1 y ss. por las consideraciones siguientes:

I.- GENERALIDADES

1°. El requerimiento se sustenta en un juicio sobre despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, RIT O-53-2021, caratulados “nombre reservado con Fábricas y Maestranzas del Ejército”, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, en que se solicita al tribunal la declaración del despido como injustificado y sin causal legal, y el pago de indemnización por falta de aviso previo, indemnización por 3 años de servicios, feriado legal proporcional, recargo legal del 50% consagrado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo y descuentos practicados por la demandada de las remuneraciones del trabajador, más reajustes, intereses y costas de la causa.

Durante la tramitación del juicio, con fecha 23 de noviembre de 2021, Fábricas y Maestranzas del Ejército, opuso excepción de incompetencia absoluta, en lo principal, y contestaron la demanda en el primer otrosí, solicitando el rechazo de las pretensiones de la demandante, siendo ambas defensas fundadas en la legislación contenida en el artículo 4° del Decreto Ley N° 2.067, y el artículo 2° del Decreto Ley N° 3.643.

La excepción de incompetencia absoluta fue desechada en audiencia preparatoria de fecha 30 de noviembre de 2021, resolviéndose que “Considerando que no existe controversia acerca de que se trata de una relación laboral la existente entre las partes y vista la naturaleza de las pretensiones deducidas por el actor, atendida la calidad de tribunal especial de los juzgados del trabajo y el ámbito de competencia que fija el artículo 420 letra a del Código del Trabajo y el mandato constitucional que fijan los artículos 19 N° 3 y 76 inciso 2 de la CPR, este tribunal estima que es competente para conocer la acción incoada, y procede AL RECHAZO de la excepción, sin costas”. El 02 de febrero de 2022 se celebra audiencia de juicio, quedando la causa pendiente de fallo.

II.- ¿CONFLICTO CONSTITUCIONAL SUBSISTENTE?

2°. La derogación de normas es una cuestión de legalidad, pero puede dejar subsistentes problemas de constitucionalidad. Las cuestiones de derogación de normas son obra, habitualmente, del mérito legislativo, donde un acto posterior de ley es normalmente una decisión deliberada que reemplaza la regla anterior, sin que ninguno de los fundamentos de la derogación se asocie inmediatamente a un problema constitucional.

Se afirma por la mayoría que lo anterior no puede confundirse con la decisión adoptada por el TC en orden a expulsar una norma del orden jurídico en razón de su inconstitucionalidad y que el artículo 94 de la Constitución denomina bajo la idea de que “se entenderá derogado”. Este supuesto de derogación tiene por sustento la inconstitucionalidad y, a lo menos, es posible distinguir las cuestiones de legalidad de constitucionalidad puesto que son órganos constitucionales diversos los que la producen en estos “casos de derogación”.

En este caso más bien se trataría de una derogación tácita” u “orgánica”, que no deja deslindado del todo el problema.

Tratándose de una empresa originada bajo otra Constitución, la exigencia de un requisito formal posterior imposible de obtener, como es haber sido aprobada por ley de quórum calificado se subsana bajo la lógica de que se entiende que “cumplen estos requisitos” (disposición transitoria cuarta de la Constitución). Con ello, se salva un vicio formal, pero de forma circunstancia, puesto que la propia norma dispone que esas leyes “seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

Que lo anteriormente resumido se contradice con la jurisprudencia como fuente del Derecho, bajo la Constitución de 1980. La Constitución vigente dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. De esta manera, en defecto de ley, el juez, en cumplimiento precisamente de los principios de equidad, habrá de respetar los precedentes, porque está prohibido hacer diferencias arbitrarias, en un sentido que siempre que la observancia de la ley nos lleve a una diferencia arbitraria, habrá de preferir respetar los precedentes por encima de la ley, salvo que la ley tenga fundamentos sólidos que justifiquen el cambio de temperamento, derogando así el precedente.

La jurisprudencia produce una evolución natural del orden jurídico, e impide al legislador, que otro Poder Público como el Poder Judicial pueda hacer cambios legislativos inapropiados, sin fundamentos racional válido. Porque al fin, si los hiciera, dichas leyes, por irracionales, el juez en modo alguno podría aplicarlas restándose toda eficacia: se lo impide la Carta Fundamental, que debe aplicar directamente y con preferencia a toda otra ley.

III.- SOBRE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS EFECTOS

3°. Con fecha, 16 de noviembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, actuando en conformidad con lo previsto en el artículo 93, N° 7 y 94 de la Constitución, decidió, de oficio, ejercer acción de inconstitucionalidad respecto de las normas contenida en los artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981, y 4°, del Decreto Ley N° 2.067, de 1997, iniciándose causa Rol 12.345-2021.

En dicho contexto, esta Magistratura, tuvo presente la expedición de las sentencias recaídas en las causas Roles N°s 7522-19; 7578-19; 7696-19; 7754-19; 7851- 19; 7879-19; 7990-19; 8054-19; 8061-19; 8266-20; 8394-20; 8810-20; 8963-20; 8991-20;

9039-20 y 9138-20-INA, en que se ha declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas contenidas en los artículos 2°, del Decreto Ley N° 3.643, de 1981, y 4°, del Decreto Ley N° 2.067, de 1997, por estimarse que la aplicación concreta de dichas normas generan resultados contrarios a la Constitución, en particular respecto de la garantía de igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19 N° 2, toda vez que no superan el test de igualdad, en lo que se refiere a idoneidad de la medida; necesidad de la misma y el grado de sacrificio que importa en el ejercicio del derecho fundamental de protección del trabajo, establecido en el artículo 19 N° 16.

4°. La inconstitucionalidad de los preceptos impugnados en estos autos, fue resuelta con fecha 28 de enero de 2022, oportunidad en que se dictó sentencia declarando la inconstitucionalidad del artículo 4° del DL 2.607/1977, e igualmente la inconstitucionalidad del artículo 2° del DL N° 3.643/1981, indicándose en el numeral III.- de la parte resolutiva que “LA DEROGACIÓN TIENE EFECTO INMEDIATO, DESDE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, LO QUE DEBERÁ VERIFICARSE EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES QUE SE MANTENGAN SIN RESOLVER Y DONDE TALES NORMAS SEAN DECISIVAS”.

La publicación de la sentencia en el Diario Oficial se efectuó el día 05 de febrero de 2022.

IV.- DEROGACIÓN DE NORMA

5°. El juicio de inconstitucionalidad nace de la comparación abstracta de dos normas de distinto rango para constatar su manifiesta inconstitucionalidad. La ilegitimidad constitucional emana del propio enunciado de la norma, sin referencia a su situación singular. No existe relación causal entre la inaplicabilidad y la declaración de inconstitucionalidad (STC, 5 de junio de 2007, Roles Nos. 558 y 590).

6°. La declaración de inconstitucionalidad es el último recurso para asegurar la supremacía constitucional. Ella deroga la expresión de la soberanía popular y conlleva un cierto grado de inseguridad ante el vacío normativo que se produce con la desaparición de una norma cuyo reemplazo es incierto (STC, 26 de marzo de 2007, Rol N°681).

7°. El propósito de la declaración de inconstitucionalidad es restablecer la ruptura del ordenamiento jurídico por una norma legal y esta finalidad no se logra sin la expulsión (derogación por el Tribunal Constitucional) acarrea efectos más nocivos que los que produce la pervivencia de la norma. El Tribunal Constitucional no debe desatender los efectos reales que sus decisiones pueden tener para el funcionamiento pleno de las instituciones que gobiernan el Estado de Derecho (STC Roles Nos. 681 y 821 de 26 de marzo de 2007 y 1 de abril de 2008, respectivamente).

V. EFECTOS LEGALES Y EFECTOS CONSTITUCIONALES

8°. El conflicto constitucional no resulta posible en la actualidad ante el evento de haber dejado de existir el precepto legal cuestionado, presupuesto básico de la inaplicabilidad, como lo expresa el artículo 93, N°6 de la Carta Fundamental.

Adicionalmente, cabe denotar que a este órgano, como igualmente lo ha consignado esta Magistratura, no le corresponde pronunciarse sobre la validez de actuaciones y resoluciones en un proceso judicial , por lo cual no es factible que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la sentencia de inconstitucionalidad, corresponda pronunciarse sobre la inaplicabilidad de la norma, lo cual , dada la derogación producida, es de resorte y competencia exclusiva del juez de la instancia (ver al efecto STC Rol N°685 c.13).

9°. Que, como lo señaló además esta Magistratura, en los autos Rol N°1186 - 2008: “la sentencia de inconstitucionalidad dictada por este organismo y a la que alude el oficio, no produce, ni puede producir, ningún efecto respecto de la facultad privativa que tiene vuestra Excelencia para resolver, en ejercicio de su competencia, la causa sublite emanada de nuestra jurisdicción constitucional, se agota, en el caso concreto, con la decisión derogatoria expresada en dicha sentencia, dictada en ejercicio de la atribución conferida por el N°7 del artículo 93 de la Constitución Política”.

10°. El núcleo de la jurisdicción constitucional se sustenta en una norma superior, donde las sentencias judiciales que se pronuncian deben acatar las finalidades dispuestas por la Constitución, esto es, a partir de la idea que fluye de la soberanía del Estado. El principio de supremacía se asocia a que la Constitución es la ley de leyes y en tal sentido la actuación jurisdiccional se enmarca en que los jueces ejercen el control de la supremacía de la norma fundamental y de las demás disposiciones que se consideran aplicables merced a su valor implícito, de forma que los tribunales al dictar la sentencia como acto jurisdiccional, momento preciso donde se realiza la función jurisdiccional implica un acto de voluntad que se agota cuanto la sentencia queda ejecutoriada, ya sea porque no existen recursos o estos ya se encuentran agotados. En términos estrictos hay cosa juzgada. Esta es la “institución procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una resolución judicial el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas en cuanto a proyección del principio de seguridad jurídica. Se refiere a la vigencia del resultado de un proceso, en el sentido de que una vez juzgado un asunto y deviene firme la resolución en el proceso de recaída, dicho asunto no puede juzgarse de nuevo dentro del mismo proceso o en proceso distinto” [nombre reservado, Santiago (Director) (2017), Diccionario Jurídico Español, Real Academia Española, Consejo General del Poder Judicial, p. 548].

11°. El efecto de la sentencia constitucional en Chile, a partir de la modificación tras la Ley de Reforma Constitucional N°20.050, del año 2005, se expresó en el artículo 94 de la Carta Fundamental, produciendo como resultado que los laudos constitucionales, deben limitarse a la cosa juzgada constitucional tanto formal como material, cuyo efecto impeditivo debe entenderse siempre en sede jurisdiccional, debido a sus particularidades que la diferencia de la cosa juzgada subconstitucional, existiendo por ende, un correlato acorde con la vigencia del principio de separación de poderes (nombre reservado, Cosa juzgada constitucional y separación de poderes, en obra colectiva VVAA, en Estudio de Derecho Público, El principio de separación de poderes. Actas de las XL Jornadas de Derecho Público, 2010, Ed.

Abeledo Perrot. Thomson Reuters, p. 517-529).

12°. En suma, del recurrir al Tribunal Constitucional en protección de los derechos invocados, y como forma de estrategia de una litigación en su favor, analíticamente, fluyen dos tipos de procesos: uno originario, donde se controvierte un debate de fondo, cualquiera sea su naturaleza; un segundo proceso, que es de naturaleza constitucional donde los litigantes dentro de la estrategia procesal, opta por recurrir a la Magistratura constitucional, para cuestionar la constitucionalidad de uno o más preceptos legales invocados en la pretensión debatida en el proceso originario por las partes.

Como consecuencia de lo anterior esta Magistratura dicta una sentencia estimatoria, ya que resuelve que una norma legal invocada por una de las partes en el proceso originario, como elemento central de su estrategia procesal o de fondo, que la propia constitución denomina “precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del asunto”, da cuenta que no estamos frente a un mero incidente.

Cabe tener presente que el concepto de “cosa juzgada”, tiene dos vertientes:

una negativa, que implica la imposibilidad de volver a juzgar el mismo tema, entre las mismas partes y la función positiva, que implica que la cosa juzgada de un proceso vincula al segundo, sirviéndole de base para la resolución de la controversia, lo cual prueba que el juicio constitucional de inaplicabilidad y, más aún, el juicio de inconstitucionalidad generan que las sentencias del Tribunal Constitucional chileno producen cosa juzgada, y los tribunales nacionales, no pueden desconocer lo resuelto por esta Magistratura, debido a su carácter de ser prejudicial constitucional, y al existir cosa juzgada material, la jurisdicción común debe estar en conexión y respetando lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

VI. NO EXISTE NORMA A DECLARAR INAPLICABLE

13°. Nuestro constituyente optó dentro de las alternativas que contempla el derecho comparado y la doctrina nacional e internacional, por dar un carácter derogatorio a la declaración general de inconstitucionalidad de un precepto legal que se materializa en un pronunciamiento de esta Magistratura, en lugar de asignarle un efecto meramente anulatorio.

14°. Que por ello entonces la derogación del precepto cuestionado en autos, afecta a todos los procesos que se encuentran vigentes y que no han terminado aún por sentencia ejecutoriada. Razonar en sentido contrario, esto es, que la norma se encuentra vigente para los procesos pendientes y que estos no se ven afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021, en autos Rol N°12.345, que declaró precisamente la inconstitucionalidad del artículo 4° del DL 2.607/1997 y del artículo 2 del DL N° 3.643/1981, significa que la derogación decretada no produce ningún efecto y no como se encuentra conteste la jurisprudencia y doctrina un efecto “erga omnes”, cuya consecuencia lógica es que la norma no puede ser aplicada en ningún juicio, impidiendo su aplicación incluso en aquellos procesos que aun penden y desconociéndose, su esencialidad de haber desaparecido, lo que equivale, en cuanto a sus efectos, que la norma ya no existe.

15°. La sentencia de inconstitucionalidad de esta judicatura al poseer los efectos jurídicos de una ley derogatoria genera al mismo tiempo consecuencias en todas las causas que se encuentran pendientes, que hayan sido conocidas y falladas, o sólo conocidas por un juez competente. Al mismo tiempo, los efectos de una ley derogatoria prevalecen sobre la disposición procesal anterior desde el momento en que comienza a regir, tal como se desprende de la norma consagrada en la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes.

16°. Que, al mismo tiempo la decisión acerca de los efectos en el tiempo de una ley – en este caso de una sentencia derogatoria del precepto legal – es de competencia de los jueces de fondo, y su afectación tiene la sola limitación de que no puede regir en cuanto a las causas afinadas, esto es, en aquellas donde exista sentencia firme, con efecto de cosa juzgada, ya que en tal sentido importaría una afectación de derechos adquiridos. Sin embargo, difiere la situación en aquellos casos en cuanto a que el fallo de esta Magistratura resulta aplicable y afecta a procesos pendientes y no terminados por sentencia firme con antelación a la fecha de publicación del fallo de inconstitucionalidad, teniendo en consideración que en tales circunstancias no es posible estimar que estemos en presencia de ningún derecho adquirido sino de meras expectativas.

17°. De acuerdo a lo expuesto y por haber sido derogada la norma, no puede tener aplicación en el presente juicio. Cabe considerar que los efectos de tal derogación tienen que ser los mismos que los de la declaración de inaplicabilidad, por cuanto repitiendo lo ya señalado, el concepto de norma legal derogada producía efectos permanentes y la decisión acerca de su validez o nulidad en el proceso originario ante el juez de fondo depende, precisamente, de la aplicación o no de la norma o de su existencia. Al haber desaparecido esta norma, no puede ser aplicada en los autos sobre despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, RIT O-53-2021, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, por carecer de sustento, generarse el decaimiento de sus efectos procesales y la correspondiente nulidad, por tanto, resulta imposible su aplicación por que dejó de existir en el ordenamiento jurídico, al haber sido expulsada. No debe olvidarse que las normas de Derecho público rigen “in actum”, como asimismo su desaparición rige, igualmente desde su publicación.

18°. Que las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a normas constitucionales son resoluciones que declarando la conformidad de un precepto jurídico con la Ley Fundamental producen efectos erga omnes adquiriendo rango constitucional. El efecto característico de las sentencias del TC son que: son fuentes de jerarquía constitucional pero subordinadas a la Constitución material; se pueden originar por un control preventivo o represivo de constitucionalidad, vale decir , mediante un control preventivo abstracto, o bien represivo, por la vía de las acciones de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad (art. 93 CPR); generan un efecto de precedente jurisdiccional o erga omnes, lo que quiere decir, que tiene efectos vinculantes en cuanto criterio jurídico o parámetro interpretativo para casos posteriores análogos (art. 94 inc.3° CPR); por último, las funciones del Tribunal Constitucional en cuanto órgano jurisdiccional es por un lado interpretativa, de carácter finalista, que persigue desentrañar el espíritu de la Constitución, así como los fines normativos de todo el ordenamiento constitucional; por otro lado, las sentencia del TC también cumplen una función integradora de orden jurídico, colmando los vacíos en el ordenamiento constitucional.

19°. La doctrina comparada citada por Leonardo A. nombre reservado (Tribunal Constitucional y Cosa Juzgada, Ed. Metropolitana, Santiago de Chile, 2019, p.290-298)

hace patente tres vertientes relevantes: en primer lugar, cita al profesor Raúl nombre reservado quien al referirse a la instalación del Tribunal Constitucional español en los albores de la democracia española expresa “las sentencias constitucionales proceden de un auténtico Tribunal y deben, por tanto, desplegar tales decisiones los mismos efectos que las de los jueces ordinarios, que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos de cosa juzgada, habiéndose pronunciado asimismo en este sentido con toda claridad el propio Tribunal al señalar que a ellas “les corresponde, igual que a las de otros Tribunales, el efecto de cosa juzgada”, a pesar de que, como se ha tenido ocasión de notar, esta precisión no se encuentra en el texto constitucional, ni tampoco en la BVerfGG. Es, no obstante, y aparte de lo ya dicho, el dato decisivo de que el Tribunal Constitucional, junto a su consideración jurídica de órgano constitucional, no se le puede negar en ningún caso que posee de modo inequívoco las competencias, las cualidades y las características de un auténtico Tribunal, lo que permite afirmar sin titubeos que las sentencias constitucionales entran en fuerza de cosa Juzgada.”; en segundo lugar, la postura del profesor nombre reservado consiste: “El efecto de cosa juzgada, aunque, como ya mencionado, no esté previsto expresamente por la ley orgánica (BVerfGG), fue admitido por la jurisprudencia del propio TCF, no encontrando, en general objeciones en la literatura jurídica, objeciones estas que, entretanto, se concentran, en gran parte, en los procesos de control normativo. Pero, las decisiones del TCFR, como las decisiones de todos los tribunales, no podrían dejar de tener los efectos en general reconocidos a las decisiones judiciales. La cosa juzgada es, sin duda, el principal del ellos. Contribuir para la concretización de la seguridad jurídica (en la medida en que, si agotadas las posibilidades recusarles o si no existen recursos, la decisión debe tornarse en un determinado momento, indeleblemente definitiva) es, como se sabe, el objetivo del reconocimiento del efecto de la cosa juzgada. El problema es que las decisiones del RCF, con su carácter muchas veces sui generis de proceso objetivo…”. Y agrega “En común ellas tienen una misma acción, sobre la cual existe decisión que ha hecho cosa juzgada, no podrá ser más propuesta. Además de eso, en otros procesos, la conclusión de la decisión que hace cosa juzgada hay que ser obligatoriamente considerada correcta, siendo vedado al órgano jurisdiccional entre el mérito de la decisión. La cosa juzgada material genera un vínculo independiente de su corrección.”. Y por último, la posición dogmática de los profesores nombre reservado y nombre reservado- Gregor que enuncian desde: “Teoría General del Proceso (con mayor propiedad, del Derecho Procesal), ya que es evidente que las cámaras legislativa al establecer los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de conflictos constitucionales se inspiraron en los tiempos en los tiempo actuales en esa disciplinas para establecer los tribunales constitucionales. Pero debe tomarse en consideración que debido a la naturaleza fundamental de los conflictos que dichos organismos deben resolver, se requirió el establecimiento de matices y modalidades.”

“Para los profesores mexicanos el desarrollo conceptual de los efectos de las sentencias dictadas por los Tribunales Constitucionales, en su caracterización, es explicado por la obra del profesore Giuseppe de Vergottini respecto de los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional italiana, separando las sentencias estimatorias y las de absolución y de rechazo. “Las primeras poseen efectos generales (ex nunc), como las legislaciones y la doctrina lo sostiene, es decir, únicamente para lo futuro y sólo excepcionalmente pueden implicar retroactividad, especialmente en materia penal si son favorables a los imputados (ex tunc), con lo cual, las disposiciones respetivas son expulsadas del ordenamiento jurídico y no podrán aplicarse a partir del momento en que la publicación del fallo constitucional lo señale. La resolución que declara la inconstitucionalidad adquiere la autoridad de cosa juzgada, lo que implica que el ordenamiento anulado debe ser sustituido por el órgano legislativo total o parcialmente por otras normas que cumplan con los lineamientos de la sentencia constitucional, lo cual implica que las autoridades legislativas no pueden reiterar total o parcialmente, en las nuevas normas los vicios de inconstitucionalidad señalado en la sentencia constitucional.”

20°. Que analizando en sede de inaplicabilidad, la existencia del caso juzgado existen diversas tesis de autores, pero sin embargo en materia de los efectos en sede de inconstitucionalidad, al tenor de los artículos 93 N°7 y 94 de la Constitución Política, y atendido lo ya razonado, pareciera que no cabe la menor duda que estamos en presencia de una sentencia cuyos efectos producen cosa juzgada en los términos que la norma afecta de la inconstitucionalidad, dejo de pertenecer al ordenamiento jurídico constitucional.

21°. Que siendo valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y que el término “valores” no es baladí, pues, a diferencia de los “principios”, implica un grado alto mayor de abstracción y generalidad. Y es por eso que nombre reservado concibió, que tales valores como la meta o el fin del Derecho (nombre reservado, Constitución y ordenamiento jurídico, 4° edición, Ed. Universidad a Distancia de Madrid España , 2016, p.96).

VII.- CONCLUSIÓN.

22°. Que, en mérito de lo expuesto, no resulta pertinente acoger el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1, por carecer el precepto legal invocado de existencia y vigencia en el ordenamiento jurídico nacional.

Redactó la sentencia la Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ y la disidencia el Ministro señor NELSON POZO SILVA.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 12.924-22-INA Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Fecha: 18/03/2023

Cristián Letelier Aguilar Nelson Pozo Silva Fecha: 20/03/2023 Fecha: 17/03/2023

José Ignacio Vásquez Márquez María Pía Silva Gallinato Fecha: 20/03/2023 Fecha: 20/03/2023

nombre reservado nombre reservado

Fecha: 17/03/2023 Fecha: 17/03/2023

Daniela Beatriz Marzi Muñoz Fecha: 20/03/2023

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Rodrigo Patricio Pica Flores y señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 20/03/2023