Tribunal ConstitucionalRol N° 128825 ago 2009

Control Proyecto de Ley (Art. 93 N°1)

Leer el texto Recibir novedades por correo

Fecha: 25 de agosto de 2009
Competencia: Control Proyecto de Ley (Art. 93 N°1)
Área: Función pública
Cita: TC Rol N° 1288, sentencia de 25 de agosto de 2009

Resumen

El Tribunal Constitucional declaró constitucionales dos artículos del proyecto que modifica su Ley Orgánica, en empate de votos resuelto por el voto dirimente del Presidente.

Texto íntegro

1 Santiago, veinticinco de agosto de dos mil nueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que por oficio Nº 7.847, de 11 de diciembre

de 2008, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de

ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley

Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, a fin de que este Tribunal, en conformidad a

lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la

Constitución Política de la República, ejerza el control de

constitucionalidad respecto del mismo;

SEGUNDO.- Que el artículo 93,inciso primero, Nº 1º, de

la Constitución Política establece que es atribución de este

Tribunal: “Ejercer el control de constitucionalidad de las

leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de

las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un

tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,

antes de su promulgación”;

I. NORMA DE LA CONSTITUCION QUE ESTABLECE EL AMBITO DE

LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL PROYECTO.

TERCERO.- Que el artículo 92, inciso final, de la Carta

Fundamental establece en relación con el Tribunal

Constitucional lo siguiente:

“Una ley orgánica constitucional determinará su

organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la

planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su

personal.”;

II. PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE

CONSTITUCIONALIDAD.

CUARTO.- Que el proyecto remitido dispone:

2 “Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional:

1) Reemplázase la denominación del Capítulo I por la siguiente:

“Capítulo I De la Organización, Competencia y Funcionamiento del Tribunal Constitucional”

2) Agrégase, a continuación del epígrafe del Capítulo I, un Título I del siguiente tenor:

“Título I De la Organización del Tribunal Constitucional”

3) Sustitúyese, en el artículo 1º, el número "VII" por "VIII".

4) Reemplázase, en el artículo 2º, el inciso segundo por el siguiente:

“Los miembros del Tribunal, al término de su período, no podrán ser reelegidos, salvo aquél que habiendo sido elegido como reemplazante, haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años y tenga menos de 75 años de edad.".

5) Sustitúyese el inciso primero del artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3º.- El Tribunal sólo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta ley.”.

6) Reemplázase el artículo 4º por el siguiente:

“Artículo 4º.- Son públicos los actos y resoluciones del Tribunal, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilice. Sin embargo, el Tribunal, por resolución fundada acordada por los dos tercios de sus miembros, podrá decretar reservados o secretos determinados documentos o actuaciones, incluidos los documentos agregados a un proceso, con sujeción a lo prescrito en el artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución.”.

7) Reemplázase el artículo 5°, por el siguiente:

“Artículo 5°.- Los ministros del Tribunal deberán elegir de entre ellos un Presidente por mayoría absoluta de votos. Si ninguno de los candidatos obtiene el quórum necesario para ser elegido, se realizará una nueva votación, circunscrita a quienes hayan obtenido las dos primeras mayorías en la anterior. El Presidente durará dos años en sus funciones y no podrá ser reelegido dos veces consecutivas.".

8) Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

“Artículo 6º.- Los Ministros del Tribunal tendrán la precedencia correspondiente a la antigüedad de su nombramiento o de su primer nombramiento, cuando proceda.

En caso que la antigüedad sea la misma se atenderá para ello al orden que determine el Tribunal, en votación especialmente convocada al efecto. Con todo, el Ministro que haya desempeñado el cargo de Presidente en el período anterior tendrá la primera precedencia en el siguiente.

El Presidente será subrogado por el Ministro que lo siga en el orden de precedencia que se halle presente y así sucesivamente.

3 Del mismo modo será subrogado el Presidente de cada sala.".

9) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 8º:

a) Incorpórase la siguiente letra b), pasando las actuales letras b), c), d), e) y f) a ser letras c), d), e), f) y g), respectivamente:

“b) Distribuir de modo equitativo entre las dos salas del Tribunal, las causas que a ellas les corresponda conocer, tomando en consideración la naturaleza, complejidad y cantidad de los asuntos que estén actualmente sometidos al conocimiento de las salas;".

b) Sustitúyese la letra b), que ha pasado a ser c), por la siguiente:

“c) Formar las tablas que correspondan al pleno y a las salas de conformidad con lo previsto en el artículo 29 y designar, en los asuntos de que conozca el pleno, al Ministro que corresponda para la redacción del fallo;".

c) Reemplázase en la letra f), que ha pasado a ser g), el punto final (.) por una coma (,), agregándose a continuación la oración "salvo en los asuntos a que se refieren los números 6° y 7° del artículo 93 de la Constitución Política, y".

d) Agrégase una letra h), del siguiente tenor:

“h) Rendir anualmente una cuenta pública del funcionamiento del Tribunal.".

10) Incorpórase el siguiente artículo 8º bis, nuevo:

“Artículo 8º bis.- El Ministro que, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 B de esta ley, presida la sala que no integre el Presidente del Tribunal, tendrá respecto a las sesiones que ella celebre las atribuciones que señala el artículo 8°, en lo que corresponda.”.

11) Agrégase en el artículo 9° el siguiente inciso segundo:

“Producida la subrogación del Secretario por un Relator, de acuerdo a lo previsto en el artículo 87, el Oficial Primero más antiguo, previo juramento o promesa, podrá autorizar las providencias y demás actuaciones del Tribunal.”.

12) Agrégase el siguiente artículo 12 bis, nuevo:

“Artículo 12 bis.- Los ministros no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni podrán celebrar o caucionar contratos con el Estado. Tampoco podrán actuar, ya sea por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte, como mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza, ni podrán ser directores de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en esas actividades.

El cargo de ministro es incompatible con los de diputado y senador, y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter en establecimientos públicos o privados de la enseñanza superior, media y especial, hasta un máximo de doce horas semanales, fuera de las horas de audiencia. Sin embargo, no se 4

considerarán labores docentes las que correspondan a la dirección superior de una entidad académica, respecto de las cuales regirá la incompatibilidad a que se refiere este inciso.

Asimismo, el cargo de ministro es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honores, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.".

13) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 13:

a) Suprímese, en el encabezamiento del inciso primero, la frase "inciso quinto del".

b) Reemplázase, en el encabezamiento del inciso primero, el número "81" por "92".

c) Reemplázase el Nº 5 del inciso primero por el siguiente:

“5) Incompatibilidad sobreviniente en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 92 de la Constitución Política.”.

d) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión "miembros procesados" por "miembros acusados".

14) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 14:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 14.- Si cesare en el cargo algún Ministro, el Presidente del Tribunal comunicará de inmediato este hecho al Presidente de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados o a la Corte Suprema, según corresponda, para los efectos de su reemplazo.”.

b) Deróganse los incisos segundo y tercero.

15) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 14 bis, la expresión "abogados integrantes" por "suplentes de ministro".

16) Reemplázase el artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- Cada tres años, en el mes de enero que corresponda, se procederá a la designación de dos suplentes de ministro que reúnan los requisitos para ser nombrado miembro del Tribunal, quienes podrán reemplazar a los ministros e integrar el pleno o cualquiera de las salas sólo en caso que no se alcance el respectivo quórum para sesionar.

Los suplentes de ministro a que se refiere el inciso anterior serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, eligiéndolos de una nómina de siete personas que propondrá el Tribunal Constitucional, previo concurso público de antecedentes, el que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. El Tribunal formará la nómina en una misma y única votación pública, en la que cada uno de los ministros tendrá derecho a votar por cinco personas, resultando elegidos quienes obtengan las siete primeras mayorías. El Senado adoptará el acuerdo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, debiendo pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, el Tribunal Constitucional deberá presentar una nueva lista, en conformidad a las disposiciones del presente inciso, dentro de los sesenta días siguientes al rechazo, proponiendo dos nuevos nombres en sustitución de los rechazados, repitiéndose este procedimiento hasta que se aprueben los nombramientos.

Los suplentes de ministro concurrirán a integrar el pleno o las salas de acuerdo al orden de precedencia que se establezca 5

por sorteo público. La resolución del Presidente del Tribunal que designe a un suplente de ministro para integrar el pleno o las salas deberá ser fundada y publicarse en la página web del Tribunal.

Los suplentes de ministro tendrán las mismas prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los ministros y regirán para ellos las mismas causales de implicancia que afectan a estos. Sin embargo, no cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad ni se les aplicará la incompatibilidad con funciones docentes a que se refiere el artículo 12 bis.

Los suplentes de ministro deberán destinar a lo menos media jornada a las tareas de integración y a las demás que les encomiende el Tribunal y recibirán una remuneración mensual equivalente al cincuenta por ciento de la de un ministro.".

17) Reemplázanse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 16, por el siguiente:

“El Tribunal, mediante auto acordado, establecerá sus sesiones ordinarias y horarios de audiencia.".

18) Reemplázase, al final del inciso segundo del artículo 17, el punto final (.) por una coma (,), agregándose a continuación las palabras "mediante resolución fundada.".

19) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Sustitúyense, en el inciso primero, los números "12°" y "82", por "16°" y "93", respectivamente.

b) Sustitúyense, en el inciso segundo, los números "8º", "10º", "11º" y "82" por "10º", "13º", "14º" y "93", respectivamente.

c) Reemplázase el inciso cuarto, por el siguiente:

“Las implicancias podrán ser promovidas por el Ministro afectado, por cualquiera de los demás Ministros, y por los órganos constitucionales interesados que se hayan hecho parte.”.

d) Agrégase el siguiente nuevo inciso sexto, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Será, además, causal de implicancia la existencia actual de relaciones laborales, comerciales o societarias de un Ministro con el abogado o procurador que actúe en alguno de los procesos que se sustancian ante el Tribunal.”.

20) Reemplázase, en el artículo 21, la expresión "procesado" por "acusado".

21) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 22, la referencia al artículo "14" por otra al artículo "15".

22) Incorpórase, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo 25 A, nuevo:

"Artículo 25 A.- El Tribunal, en sesiones especialmente convocadas al efecto, podrá dictar autos acordados sobre materias que no sean propias del dominio legal y que tengan como objetivo la buena administración y funcionamiento del Tribunal.”.

23) Incorpórase, a continuación del artículo 25 A nuevo, un Título II del siguiente tenor:

“Título II De la Competencia y Funcionamiento del Tribunal Constitucional”

24) Agrégase un artículo 25 B, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 25 B.- El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será 6

de, a lo menos, ocho miembros, y en el segundo de, a lo menos, cuatro.

Cada sala, en caso de necesidad, podrá integrarse con Ministros de la otra sala.

En el mes de diciembre de cada año, en una sesión pública especialmente convocada al efecto, una comisión formada por el Presidente del Tribunal y los dos Ministros más antiguos del mismo, designará a los Ministros que integrarán las dos salas del Tribunal a partir del mes de marzo siguiente. La sala que integre el Presidente del Tribunal será presidida por éste, y la otra, por el Ministro más antiguo presente que forme parte de ella.

Las sesiones ordinarias se suspenderán en el mes de febrero de cada año.

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las convoque el Presidente del Tribunal o de la sala respectiva, de propia iniciativa o a solicitud de tres o más de los miembros del Tribunal, tratándose de sesiones extraordinarias del pleno, o a solicitud de dos o más de los miembros de la sala respectiva, tratándose de sesiones extraordinarias de sala.

Cada sala representará al Tribunal en los asuntos de que conozca.”.

25) Incorpórase el siguiente artículo 25 C, nuevo:

“Artículo 25 C.- Corresponderá al pleno del Tribunal:

1° Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.

2° Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones.

3° Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.

4° Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley.

5° Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones.

6° Resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.

7° Pronunciarse sobre la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable.

8° Resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral 6° de este artículo.

9° Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda.

10° Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo 7

inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99 de la Constitución Política.

11º Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

12° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo, la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del número 15°, del artículo 19, de la Constitución Política. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

13° Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53, número 7°, de la Constitución Política.

14° Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones.

15° Determinar la admisibilidad y pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios.

16° Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 de la Constitución Política de la República y pronunciarse sobre su renuncia al cargo.

17º Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución Política y la presente ley.”.

26) Agrégase el siguiente artículo 25 D, nuevo:

“Artículo 25 D.- Corresponderá a las salas del Tribunal:

1° Pronunciarse sobre las admisibilidades que no sean de competencia del pleno.

2° Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.

3° Resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

4º Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y la presente ley.”.

27) Derógase el inciso segundo del artículo 27.

28) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 29:

a) En el inciso primero, sustitúyese la frase que sigue a la coma (,) y que comienza con la palabra "salvo", por la siguiente: "sin perjuicio de la preferencia que, por motivos justificados y mediante resolución fundada, se haya otorgado a alguno de ellos.".

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el número "82" por "93".

29) Agrégase el siguiente artículo 30 bis, nuevo:

8 “Artículo 30 bis.- Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en esta ley que autorizan al Tribunal, en pleno o representado por una de sus salas, para decretar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento, el Tribunal podrá, por resolución fundada, a petición de parte o de oficio, decretarlas desde que sea acogido a tramitación el respectivo requerimiento, aun antes de su declaración de admisibilidad, en los casos en que dicha declaración proceda. De la misma forma, podrá dejarlas sin efecto y concederlas nuevamente, de oficio o a petición de parte, cuantas veces sea necesario, de acuerdo al mérito del proceso.”.

30) Agrégase el siguiente artículo 31 bis, nuevo:

“Artículo 31 bis.- Las sentencias del Tribunal se publicarán íntegramente en su página web, o en otro medio electrónico análogo, sin perjuicio de las publicaciones que ordenan la Constitución y esta ley en el Diario Oficial. El envío de ambas publicaciones deberá ser simultáneo.

Las sentencias recaídas en las cuestiones de constitucionalidad promovidas en virtud de los números 2°, 4°, 7° y 16° del artículo 93 de la Constitución se publicarán en el Diario Oficial in extenso. Las restantes que deban publicarse lo serán en extracto, que contendrá a lo menos la parte resolutiva del fallo.

También se publicarán en la página web del Tribunal, al menos, las resoluciones que pongan término al proceso o hagan imposible su prosecución, el listado de causas ingresadas y fecha del ingreso, las tablas de las salas y del pleno, la designación de relator, de la sala que deba resolver sobre la admisibilidad del requerimiento y de ministro redactor y las actas de sesiones y los acuerdos del pleno.

La publicación de resoluciones en el Diario Oficial deberá practicarse dentro de los tres días siguientes a su dictación.”.

31) Agrégase el siguiente artículo 32 A, nuevo:

"Artículo 32 A.- En los casos en que la cuestión que se somete al Tribunal sea promovida mediante acción pública, o por la parte en el juicio o gestión judicial en que se solicita la inaplicabilidad de un precepto legal o la inconstitucionalidad de un auto acordado, las personas naturales o jurídicas que lo promuevan deberán señalar en su primera presentación al Tribunal un domicilio conocido dentro de la provincia de Santiago. La presentación será patrocinada y suscrita por un abogado habilitado para ejercer la profesión.

Las resoluciones que se dicten en los procesos indicados en el inciso anterior se notificarán por carta certificada a la parte o a quien la represente.

Las sentencias definitivas se notificarán personalmente o, si ello no es posible, por cédula, en el domicilio que haya señalado la parte en el expediente. En ambos casos la notificación se practicará por un Ministro de Fe designado por el Tribunal.

Las comunicaciones a que se refiere esta ley, que deban hacerse a los órganos constitucionales interesados o que sean parte en el proceso, se efectuarán mediante oficio.

De dichas actuaciones o diligencias se dejará constancia en el expediente respectivo.

La fecha de las notificaciones efectuadas por carta certificada y mediante las comunicaciones a que se refiere esta ley será, para todos los efectos legales, la del tercer día siguiente a su expedición.

En el caso de la Cámara de Diputados y del Senado los oficios se dirigirán a los respectivos Presidentes, quienes estarán 9

obligados a dar cuenta a la sala en la primera sesión que se celebre. Se entenderán oficialmente recibidos y producirán sus efectos una vez que se haya dado cuenta de los mismos. En el caso del Presidente de la República, los oficios se dirigirán por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se entenderán oficialmente recibidos y producirán sus efectos una vez ingresados a la Oficina de Partes de dicho Ministerio.

Con todo, el Tribunal podrá autorizar otras formas de notificación que, en la primera comparecencia, le sean solicitadas por alguno de los órganos o personas que intervengan ante él. La forma particular de notificación que se autorice sólo será aplicable al peticionario y, en cualquier caso, deberá dejarse constancia de la actuación en el respectivo expediente el mismo día en que se realice.".

32) Introdúcese el siguiente artículo 32 B, nuevo:

"Artículo 32 B.- El Tribunal oirá alegatos en la vista de la causa en los casos a que se refieren los números 2º, 6°, 8º, 9º, 10°, 11°, 14° y 15° del artículo 25 C.

En los demás casos, el Tribunal podrá disponer que se oigan alegatos.

La duración, forma y condiciones de los alegatos serán establecidas por el Tribunal, mediante auto acordado.

En los casos en que se oigan alegatos la relación será pública.".

33) Incorpórase el siguiente artículo 32 C, nuevo:

"Artículo 32 C.- Son órganos y personas legitimadas aquellos que, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República, están habilitados para promover ante el Tribunal cada una de las cuestiones y materias de su competencia.

Son órganos constitucionales interesados aquellos que, de conformidad a esta ley, pueden intervenir en cada una de las cuestiones que se promuevan ante el Tribunal, sea en defensa del ejercicio de sus potestades, sea en defensa del orden jurídico vigente.

Son parte en los procesos seguidos ante el Tribunal el o los órganos y la o las personas que, estando constitucionalmente legitimadas, han promovido una cuestión ante él, y las demás partes de una gestión o juicio pendiente en que se ha promovido una cuestión de inaplicabilidad de un precepto legal o de inconstitucionalidad de un auto acordado. También podrán serlo los órganos constitucionales interesados que, teniendo derecho a intervenir en una cuestión, expresen su voluntad de ser tenidos como parte dentro del mismo plazo que se les confiera para formular observaciones y presentar antecedentes.".

34) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

"Artículo 33.- Serán aplicables, además, en cuanto corresponda, las normas contenidas en los Títulos II, V y VII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en lo que no sean contrarias a esta ley.

Con todo, los plazos de días establecidos en esta ley serán de días corridos y no se suspenderán durante los feriados. En ningún caso el vencimiento de un plazo fijado para una actuación o resolución del Tribunal, le impedirá decretarla o dictarla con posterioridad.

En los casos en que la presente ley fija plazos al Tribunal para admitir a tramitación un asunto, pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo y dictar sentencia, los mismos se contarán desde 10

que se dé cuenta de éste en la sala o el pleno, según corresponda, o desde que la causa quede en estado de dictarse sentencia, en su caso.".

35) Incorpóranse, a continuación del artículo 33, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 33 A.- Mientras no sea declarada su admisibilidad, las cuestiones promovidas ante el Tribunal por los órganos o personas legitimados podrán ser retiradas por quien las haya promovido y se tendrán como no presentadas.

El retiro de las firmas por parte de parlamentarios que hayan promovido una cuestión ante el Tribunal producirá el efecto previsto en el inciso anterior, siempre que se efectúe antes de que se dé cuenta de ella al pleno o a la sala, según corresponda, y que, por el número de firmas retiradas, el requerimiento deje de cumplir con el quórum requerido por la Constitución Política de la República.

Declarada su admisibilidad, dichos órganos y personas podrán expresar al Tribunal su voluntad de desistirse. En tal caso, se dará traslado del desistimiento a las partes y se comunicará a los órganos constitucionales interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

El desistimiento será resuelto y producirá los efectos previstos en las normas pertinentes del Título XV del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea aplicable.

Artículo 33 B.- El abandono del procedimiento sólo procederá en las cuestiones de inaplicabilidad a que se refiere el número 6º del artículo 93 de la Constitución Política de la República que hayan sido promovidas por una de las partes en el juicio o gestión pendiente en que el precepto impugnado habrá de aplicarse.

El procedimiento se entenderá abandonado cuando todas las partes del proceso hayan cesado en su prosecución durante tres meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para darle curso progresivo.

El abandono no podrá hacerse valer por la parte que haya promovido la cuestión de inconstitucionalidad. Si renovado el procedimiento, las demás partes realizan cualquier gestión que no tenga por objeto alegar su abandono, se considerará que renuncian a este derecho.

Una vez alegado el abandono, el Tribunal dará traslado a las demás partes y lo comunicará a los órganos constitucionales interesados, confiriéndoles un plazo de cinco días para formular las observaciones que estimen pertinentes.

El abandono del procedimiento declarado por el Tribunal producirá los efectos previstos en el Título XVI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.".

36) Modifícase el artículo 34 de la manera que se indica:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"En el caso del número 1° del artículo 93 de la Constitución, corresponderá al Presidente de la Cámara de origen enviar al Tribunal los proyectos de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de los tratados que contengan normas sobre materias propias de estas últimas.".

b) Sustitúyense, en el inciso segundo, las palabras "inciso tercero" por "inciso segundo" y el número "82" por "93".

c) Agrégase, en su inciso segundo, después de la expresión "el proyecto", la oración "o el tratado" y, en su inciso tercero, después de la palabra "proyecto", la expresión "o del tratado".

11 37) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 35:

a) Agrégase en su inciso segundo, después de la expresión "del proyecto", la oración "o de las normas respectivas del tratado, dentro del plazo de treinta días, prorrogable hasta por otros quince, en casos calificados y por resolución fundada".

b) Incorpórase un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

"Si el Tribunal resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen.

La inconstitucionalidad total impedirá que el Presidente de la República ratifique y promulgue el tratado. La inconstitucionalidad parcial facultará al Presidente de la República para decidir si el tratado se ratifica y promulga sin las normas objetadas, en caso de ser ello procedente conforme a las normas del propio tratado y a las normas generales del derecho internacional.".

38) Agrégase, como inciso segundo del artículo 36, el siguiente:

"En el caso de un tratado internacional respecto del cual se ha declarado su inconstitucionalidad parcial, se comunicará el acuerdo aprobado por el Congreso Nacional, con el quórum correspondiente, y las normas cuya inconstitucionalidad se haya dispuesto, para que el Presidente de la República decida si hará uso de la facultad señalada en el inciso final del artículo anterior.".

39) Agrégase, en el artículo 37, después de la expresión "sobre la constitucionalidad", la oración "de las normas de un tratado o", y adiciónase el siguiente inciso segundo:

"Resuelto por el Tribunal que un precepto legal es constitucional, no podrá declararse inaplicable por el mismo vicio materia del proceso y de la sentencia respectiva.".

40) Incorpóranse, a continuación del artículo 37, los siguientes artículos nuevos, precedidos de un Párrafo 2, nuevo, alterándose la numeración de los párrafos siguientes, con el epígrafe:

"Cuestiones de constitucionalidad sobre autos acordados".

"Artículo 37 A.- En el caso del número 2° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras o diez de sus miembros en ejercicio; y personas legitimadas las que sean parte en una gestión o juicio pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación en un procedimiento penal, que sean afectadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en un auto acordado.

El requerimiento deberá formularse en la forma señalada en el inciso primero del artículo 39 y a él se acompañará el respectivo auto acordado, con indicación concreta de la parte impugnada y de la impugnación. Si lo interpone una persona legitimada deberá, además, mencionar con precisión la manera en que lo dispuesto en el auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La interposición del requerimiento no suspenderá la aplicación del auto acordado impugnado.

Artículo 37 B.- Presentado el requerimiento, la sala que corresponda examinará si cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior y, en caso de no cumplirlos, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución que no acoja a tramitación el requerimiento será fundada y deberá dictarse dentro del plazo de tres días, contados desde la presentación del mismo.

12 No obstante, tratándose de defectos de forma o de la omisión de antecedentes que debían acompañarse, el Tribunal, en la misma resolución a que se refiere el inciso anterior, otorgará a los interesados un plazo de tres días para que subsanen aquéllos o completen éstos. Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

Artículo 37 C.- Dentro del plazo de cinco días, contado desde que el requerimiento sea acogido a tramitación, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del mismo. Si el requirente pide alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal acoge la solicitud, dará traslado de esta cuestión, por tres días, al tribunal que haya dictado el auto acordado impugnado y a los órganos y las personas legitimados.

Procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, en los siguientes casos:

1° Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado;

2° Cuando se promueva respecto de un auto acordado o de una de sus disposiciones, que hayan sido declarados constitucionales en una sentencia previa dictada de conformidad a este Párrafo y se invoque el mismo vicio materia de dicha sentencia;

3° Cuando carezca de fundamento plausible;

4° Cuando no exista gestión, juicio o proceso penal pendiente, en los casos en que sea promovida por una parte o persona constitucionalmente legitimada, y 5° Cuando no se indique la manera en que el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente, en los casos en que sea promovida por una parte o persona constitucionalmente legitimada.

Declarada la inadmisibilidad por resolución fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

Artículo 37 D.- Declarada la admisibilidad del requerimiento, se comunicará a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones o al Tribunal Calificador de Elecciones que haya dictado el auto acordado impugnado y, cuando corresponda, se comunicará al tribunal de la gestión o juicio pendiente y se notificará a las partes de éste, enviándoles copia del requerimiento, para que, en el plazo de diez días, hagan llegar al Tribunal las observaciones y los antecedentes que estimen pertinentes.

Declarada la admisibilidad, la resolución se notificará a quien haya requerido.

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 37 E.- Una vez evacuadas las diligencias anteriores, o vencidos los plazos para ello, el Tribunal procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 43. El plazo para dictar sentencia será de treinta días, contado desde que concluya la tramitación de la causa, término que podrá ser prorrogado hasta por otros quince días, por resolución fundada del Tribunal.

Artículo 37 F.- Excepcionalmente y por razones fundadas, el Tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados por las partes en la litis.

la audiencia de la vista de la causa, cuando proceda, y también como medida para mejor resolver.

Artículo 37 G.- La sentencia que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de un auto acordado, deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación. Desde dicha publicación, el auto acordado, o la parte de él que hubiere sido declarada inconstitucional, se entenderá derogado, lo que no producirá efecto retroactivo.

Artículo 37 H.- Habiéndose pronunciado el Tribunal sobre la constitucionalidad de un auto acordado, no se admitirá a tramitación ningún requerimiento para resolver sobre cuestiones de constitucionalidad del mismo, a menos que se invoque un vicio distinto del hecho valer con anterioridad.

Artículo 37 I.- En el caso del requerimiento deducido por una parte en un juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, el Tribunal impondrá las costas a la persona natural o jurídica que haya solicitado su intervención, si el requerimiento es rechazado en la sentencia final. Con todo, el Tribunal podrá eximirla de ellas cuando el requirente haya tenido motivo plausible para deducir su acción, sobre lo cual hará declaración expresa en su resolución.

Para los efectos de las costas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 47 Z de esta ley.".

41) Reemplázase, en el Párrafo 2 del Título II, el guarismo "2" por "3", y sustitúyese su denominación por la siguiente:

“Cuestiones de Constitucionalidad sobre proyectos de ley, de reforma constitucional y tratados en tramitación legislativa”.

42) Reemplázase el inciso primero del artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- En el caso del número 3° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio.".

43) Agrégase el siguiente artículo 38 bis, nuevo:

"Artículo 38 bis.- Para los efectos de la oportunidad en que debe formularse el requerimiento, la promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio.

En ningún caso se podrán admitir a tramitación requerimientos formulados con posterioridad a ese instante. Tampoco podrán admitirse requerimientos contra tratados si estos se presentan después del quinto día siguiente a la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional.".

44) Reemplázase, en el artículo 40, el número "82" por "93".

45) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 41, por los siguientes:

"Artículo 41.- Si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 39, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución que no lo acoja a tramitación deberá ser fundada, se dictará en el plazo de dos días, contado desde que se dé cuenta, y se notificará a quien lo haya formulado.

No obstante, tratándose de defectos de forma o de la omisión de antecedentes que debían acompañarse, el Tribunal, en la misma resolución a que se refiere el inciso anterior, otorgará a los interesados un plazo de tres días para que subsanen aquéllos o completen 14

éstos. Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales.".

46) Agrégase el siguiente artículo 41 bis, nuevo:

"Artículo 41 bis.- Dentro del plazo de cinco días, contado desde que el requerimiento sea acogido a tramitación, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del mismo. Si el requirente pide alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal así lo dispone, dará traslado de esta cuestión, por dos días, a los órganos legitimados.

Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos:

1° Cuando el requerimiento no es formulado por un órgano legitimado.

2° Cuando la cuestión se promueva con posterioridad a las oportunidades indicadas en el artículo 38 bis.

3° Cuando en los antecedentes de la tramitación del proyecto de ley, de reforma constitucional o tratado impugnado no conste haberse suscitado expresamente una cuestión de constitucionalidad a su respecto.

4° Cuando la cuestión carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.".

47) Modifícase el artículo 42 del siguiente modo:

a) Incorpórase el siguiente inciso primero nuevo, pasando el actual a ser segundo:

"Artículo 42.- El requerimiento se entenderá recibido desde que sea declarado admisible y desde esa fecha comenzará a regir el plazo de diez días para resolverlo, sin perjuicio de la prórroga establecida en el inciso quinto del artículo 93 de la Constitución Política de la República.".

b) Sustitúyese en el actual inciso único, que pasa a ser segundo, la expresión "Admitido a tramitación un requerimiento" por "Declarado admisible".

c) Agrégase, al final del inciso que pasa a ser segundo, en punto seguido, la siguiente oración: "Para este solo efecto, la comunicación se entenderá recibida al momento de su ingreso en las oficinas de partes de la Cámara de Diputados, el Senado y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.".

48) Sustitúyese el artículo 44, por el siguiente:

"Artículo 44.- Excepcionalmente y por razones fundadas, el Tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados por las partes en la litis.

En este caso, deberá advertirles acerca del uso de ese posible precepto constitucional no invocado y permitirles así referirse a ello. Dicha advertencia podrá efectuarse en cualquier etapa del juicio, incluyendo la audiencia de la vista de la causa, cuando proceda, y también como medida para mejor resolver.".

49) Derógase el inciso segundo del artículo 45.

15 50) Incorpórase, a continuación del artículo 45, el siguiente artículo 45 bis, nuevo:

"Artículo 45 bis.- Declarado por el Tribunal que un precepto legal impugnado de conformidad a este Párrafo es constitucional, no podrá ser declarado posteriormente inaplicable por el mismo vicio materia del proceso y de la sentencia respectiva.".

51) Agrégase, antes del artículo 46, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo 4 Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos con fuerza de ley”

52) Sustitúyese el artículo 46, por el siguiente:

"Artículo 46.- En el caso del número 4º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

La substanciación de las cuestiones de constitucionalidad sobre decretos con fuerza de ley se regirá por las normas de los artículos siguientes y, en lo que sea pertinente, por las disposiciones del Párrafo 3.".

53) Incorpóranse, a continuación del artículo 46, los siguientes artículos, nuevos:

"Artículo 46 A.- Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el artículo 39 y a él deberá acompañarse el decreto con fuerza de ley impugnado o su respectiva publicación en el Diario Oficial. En caso de ser promovido por el Presidente de la República, deberá adjuntarse el oficio en que conste la representación del Contralor General de la República.

Cuando el requerimiento provenga del Presidente de la República, el plazo a que se refiere el inciso séptimo del artículo 93 de la Constitución se contará desde que se reciba en el Ministerio de origen el oficio de representación del Contralor General de la República.

Si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 39, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta, y se notificará a quien lo haya formulado. En caso que no lo acoja a tramitación deberá ser fundada.

Artículo 46 B.- Dentro del plazo de cinco días, contado desde que el requerimiento sea acogido a tramitación, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del mismo, conforme a las reglas del Párrafo 3. Si el requirente pide alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal así lo dispone, dará traslado de esta cuestión, por cinco días, a los órganos legitimados.

Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos:

1° Cuando el requerimiento no es formulado por un órgano legitimado.

16 2° Cuando la cuestión sea promovida extemporáneamente.

3° Cuando del oficio de representación del Contralor conste que el decreto con fuerza de ley no ha sido objetado de inconstitucionalidad.

4° Cuando la cuestión promovida por una de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio se funde en alegaciones de legalidad.

5° Cuando la cuestión carezca de fundamento plausible.

Artículo 46 C.- Declarada admisible la cuestión, se comunicará a los órganos constitucionales interesados para que, dentro del plazo de diez días, formulen las observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.

El plazo para dictar sentencia será de treinta días, contado desde la declaración de admisibilidad, término que podrá ser prorrogado hasta por otros quince días, por resolución fundada del Tribunal.

Artículo 46 D.- La sentencia que acoja la cuestión promovida por el Presidente de la República será comunicada al Contralor General para que proceda, de inmediato, a tomar razón del decreto con fuerza de ley respectivo.

La sentencia que acoja una cuestión respecto de todo o parte de un decreto con fuerza de ley del cual la Contraloría General haya tomado razón, será publicada en la forma y plazo que señala el artículo 31 bis. A partir de la fecha de publicación, la norma respectiva se entenderá derogada, sin efecto retroactivo.".

54) Intercálase, antes del artículo 47, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo 5 Cuestiones de Constitucionalidad sobre convocatorias a plebiscito”.

55) Intercálase, antes del artículo 47, que ha pasado a ser artículo 47 bis, el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo 47.- En el caso del número 5º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados la Cámara de Diputados y el Senado.

La cuestión deberá promoverse dentro del plazo de diez días, contado desde la publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

La substanciación de las cuestiones de constitucionalidad sobre convocatorias a plebiscito se regirá por las normas del artículo siguiente y, en lo que sea pertinente, por las del Párrafo 4.".

56) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 47, que ha pasado a ser 47 bis:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 47 bis.- Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y en el inciso segundo de este artículo, y deberá acompañarse a él la publicación en el Diario Oficial del decreto que fija el día de la consulta plebiscitaria.".

b) Sustitúyense los incisos tercero y quinto, por los siguientes:

"Procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión si no es formulada por un órgano legitimado, si es promovida 17

extemporáneamente, carece de fundamento plausible o se refiere a materias de la competencia del Tribunal Calificador de Elecciones.".

"La sentencia deberá publicarse en la forma y plazo establecidos en el artículo 31 bis.".

57) Incorpóranse, a continuación del artículo 47, que ha pasado a ser 47 bis, el siguiente epígrafe y los artículos nuevos que le siguen:

“Párrafo 6 Cuestiones de Inaplicabilidad”

Artículo 47 A.- En el caso del número 6° del artículo 93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá formularse por oficio y acompañarse de una copia de las piezas principales del respectivo expediente, indicando el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y notificará de ello a las partes del proceso.

Artículo 47 B.- De conformidad con el número 1)

del artículo 54 de la Constitución Política de la República, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 47 C.- El requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las normas constitucionales que se estiman transgredidas.

Artículo 47 D.- El requerimiento podrá interponerse respecto de cualquier gestión judicial en tramitación, y en cualquier oportunidad procesal en que se advierta que la aplicación de un precepto legal que pueda ser decisivo en la resolución del asunto resulta contraria a la Constitución.

Artículo 47 E.- Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 C. En caso contrario, por resolución fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

Acogido a tramitación, el Tribunal Constitucional lo comunicará al tribunal de la gestión o juicio pendiente, para que conste en el expediente. Si el requirente pide alegar acerca de la 18

admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal acoge la solicitud, dará traslado de esta cuestión a las partes, por cinco días.

Tratándose de requerimientos formulados directamente por las partes, en la misma oportunidad señalada en el inciso anterior el Tribunal requerirá al juez que esté conociendo de la gestión judicial en que se promueve la cuestión, el envío de copia de las piezas principales del respectivo expediente.

Artículo 47 F.- Dentro del plazo de cinco días, contado desde que se acoja el requerimiento a tramitación o desde que concluya la vista del incidente, en su caso, la sala que corresponda examinará la admisibilidad de la cuestión de inaplicabilidad.

Artículo 47 G.- Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos:

1° Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado;

2° Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva;

3° Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada;

4° Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal o respecto de disposiciones de un tratado internacional vigente;

5° Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto, y 6° Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 47 H.- La suspensión del procedimiento en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad deberá pedirse en el requerimiento o con posterioridad, ante la misma sala que resolvió su admisibilidad. Una vez decretada, se mantendrá hasta que el Tribunal dicte la sentencia y la comunique al juez ordinario o especial que conoce de la gestión pendiente. Pero la sala respectiva, por resolución fundada, podrá dejarla sin efecto en cualquier estado del proceso.

El rechazo de la solicitud a que alude el inciso precedente no obstará a que en el curso de la tramitación del requerimiento la petición pueda ser reiterada, debiendo cada solicitud ser resuelta por la misma sala que conoció de la admisibilidad, la que también será competente para decretar de oficio la suspensión del procedimiento, siempre que haya motivo fundado.

Artículo 47 I.- Declarado admisible el requerimiento, el Tribunal lo comunicará o notificará al tribunal de la gestión pendiente o a las partes de ésta, según corresponda, confiriéndoles un plazo de veinte días para formular sus observaciones y presentar antecedentes.

En la misma oportunidad, el Tribunal pondrá el requerimiento en conocimiento de la Cámara de Diputados, del Senado y 19

del Presidente de la República, en la forma señalada en el artículo 32 A, enviándoles copia de aquél. Los órganos mencionados, si lo estiman pertinente, podrán formular observaciones y presentar antecedentes, dentro del plazo de veinte días.

Artículo 47 J.- Una vez evacuadas las diligencias anteriores, o vencidos los plazos legales para ello, el Tribunal procederá conforme al artículo 43, debiendo el Presidente incluir el asunto en la tabla del pleno, para su decisión.

Terminada la tramitación, el Tribunal dictará sentencia dentro del plazo de treinta días, término que podrá prorrogar hasta por otros quince, en casos calificados y por resolución fundada.

Artículo 47 K.- Excepcionalmente y por razones fundadas, el Tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados por las partes en la litis.

Artículo 47 L.- La sentencia que declare la inaplicabilidad del precepto legal impugnado deberá especificar de qué modo su aplicación en la gestión pendiente de que se trata resulta contraria a la Constitución.

Artículo 47 M.- Resuelta la cuestión de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la gestión en que se hubiere promovido.

Artículo 47 N.- La sentencia que se pronuncie sobre la cuestión de inaplicabilidad deberá notificarse a la o las partes que formularon el requerimiento y comunicarse al juez o a la sala del tribunal que conoce del asunto, haya o no requerido, y a los órganos señalados en el artículo 47 I. Deberá, además, publicarse en la forma y plazo establecidos en el artículo 31 bis.

Artículo 47 Ñ.- La sentencia que declare la inaplicabilidad sólo producirá efectos en el juicio en que se solicite.

En caso de que la inaplicabilidad haya sido deducida por una parte del juicio o gestión, si el requerimiento es rechazado en la sentencia final, el Tribunal impondrá las costas a la persona natural o jurídica que haya requerido su intervención. Con todo, podrá eximirla de ellas cuando el requirente haya tenido motivos plausibles para deducir su acción, sobre lo cual hará declaración expresa en su resolución.

Respecto de las costas, se aplicará la dispuesto en el artículo 47 Z de esta ley.".

58) Incorpórase, a continuación del nuevo Párrafo 6, el siguiente Párrafo 7 y su epígrafe, y los artículos nuevos que le siguen:

“Párrafo 7 Cuestiones de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable”

Artículo 47 O.- En el caso del número 7º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser promovida por el Tribunal Constitucional actuando de oficio y por las personas legitimadas a que se refiere el inciso duodécimo del mismo artículo.

20 La cuestión sólo podrá promoverse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de la sentencia que haya declarado la inaplicabilidad.

Esta cuestión no podrá promoverse respecto de un tratado ni de una o más de sus disposiciones.

Artículo 47 P.- En los casos en que el Tribunal proceda de oficio, así lo declarará en una resolución preliminar fundada, que individualizará la sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento y las disposiciones constitucionales transgredidas.

Artículo 47 Q.- Si la cuestión de inconstitucionalidad es promovida mediante acción pública, la o las personas naturales o jurídicas que la ejerzan deberán fundar razonablemente la petición, indicando precisamente la sentencia de inaplicabilidad previa en que se sustenta y los argumentos constitucionales que le sirven de apoyo.

El requerimiento al que falte alguno de los requisitos señalados en el inciso anterior no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. Esta resolución, que será fundada, deberá dictarse dentro del plazo de tres días, desde que se dé cuenta del requerimiento en el Pleno.

Artículo 47 R.- Dentro del plazo de diez días, contado desde que se acoja el requerimiento a tramitación o desde que concluya la vista del incidente, en su caso, el Tribunal se pronunciará sobre su admisibilidad. Si el requirente pide alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal así lo dispone, dará traslado a quienes aparezcan como partes en la cuestión de inconstitucionalidad, por diez días.

Articulo 47 S.- Procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad promovida mediante acción pública, en los siguientes casos:

1° Cuando no exista sentencia previa que haya declarado la inaplicabilidad del precepto legal impugnado;

2° Cuando la cuestión se funde en un vicio de inconstitucionalidad distinto del que motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto impugnado, y 3° Cuando se promueva fuera del plazo establecido en el artículo 47 O.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, se notificará a quien haya recurrido, se comunicará a la Cámara de Diputados, al Senado y al Presidente de la República, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad de la cuestión no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 47 T.- Declarada la admisibilidad, el Tribunal deberá poner la resolución respectiva y el requerimiento en conocimiento de los órganos individualizados en el artículo anterior, los cuales podrán formular las observaciones y acompañar los antecedentes que estimen pertinentes, dentro del plazo de veinte días.

Artículo 47 U.- Una vez evacuadas las diligencias anteriores, o vencidos los plazos legales para ello, el Tribunal 21

procederá conforme al artículo 43 y el Presidente deberá incluir el asunto en la tabla del Pleno, para su decisión.

Artículo 47 V.- El plazo para dictar sentencia será de treinta días, contados desde que concluya la tramitación de la causa, término que podrá ser prorrogado hasta por otros quince días, por resolución fundada del Tribunal.

Artículo 47 W.- La declaración de inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas deberá fundarse únicamente en la infracción de el o los preceptos constitucionales que fueron considerados transgredidos por la sentencia previa de inaplicabilidad que le sirve de sustento.

Artículo 47 X.- La sentencia que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de todo o parte de un precepto legal, será publicada en la forma y plazo establecidos en el artículo 31 bis. El precepto declarado inconstitucional se entenderá derogado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, sin efecto retroactivo.

Artículo 47 Y.- En caso de que la cuestión de inconstitucionalidad haya sido promovida mediante acción pública, el Tribunal impondrá las costas a la persona natural o jurídica que haya requerido su intervención, si el requerimiento es rechazado en la sentencia final. Con todo, el Tribunal podrá eximirla de ellas cuando el requirente haya tenido motivos plausibles para deducir su acción, sobre lo cual hará declaración expresa en su resolución.

Artículo 47 Z.- La ejecución de la sentencia, en lo relativo a las costas, se efectuará conforme al procedimiento ejecutivo establecido en el Código de Procedimiento Civil y conocerá de ella el Juez de Letras en lo Civil que corresponda, con asiento en la provincia de Santiago.".

59) Incorpórase, antes del artículo 48, el siguiente epígrafe, nuevo:

“Párrafo 8 Cuestiones sobre la promulgación de una ley”

60) Reemplázase el artículo 48, por los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 48.- En el caso del número 8º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados el Senado, la Cámara de Diputados o una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras.

La cuestión deberá promoverse dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se debió efectuar la promulgación de la ley cuya omisión se reclama.

Para ser acogido a tramitación el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y a él deberá acompañarse copia del oficio de la Cámara de origen que comunica al Presidente de la República el texto aprobado por el Congreso Nacional y, en su caso, copia de la publicación en el Diario Oficial. De no ser así, mediante resolución fundada que deberá dictarse dentro del plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del requerimiento, se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.

22 Artículo 48 bis.- Dentro del plazo de diez días, contado desde que el requerimiento se acoja a tramitación o desde que concluya la vista del incidente, en su caso, el Tribunal se pronunciará sobre su admisibilidad. Si el requirente pide alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 B el Tribunal así lo dispone, dará traslado de esta cuestión al Presidente de la República y al Contralor General de la República, como órganos constitucionales interesados, por el plazo de cinco días.

La declaración de inadmisibilidad procederá cuando la cuestión sea promovida extemporáneamente, cuando no sea formulada por un órgano legitimado, cuando se constate que la promulgación de la ley cuya omisión se alega ha sido efectuada y cuando carezca de fundamento plausible. Esta resolución será fundada.

La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 48 ter.- Declarado admisible, la resolución respectiva y el requerimiento se pondrán en conocimiento de las partes y los órganos constitucionales interesados para que, dentro del plazo de diez días, presenten los antecedentes y formulen las observaciones que estimen pertinentes.

Artículo 48 quáter.- El Tribunal deberá dictar sentencia en el plazo de quince días, contado desde que concluya la tramitación, prorrogable hasta por otros quince, en casos calificados y por resolución fundada.

La sentencia del Tribunal que, al acoger el reclamo, promulgue la ley o rectifique la promulgación incorrecta, se remitirá a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro y se publicará en la forma y plazo indicados en el artículo 31 bis.

Esta nueva publicación, en su caso, no afectará la vigencia de la parte no rectificada por la sentencia del Tribunal.".

61) Incorpórase, a continuación del artículo 48 quáter, el siguiente epígrafe nuevo:

“Párrafo 9 Conflictos de Constitucionalidad sobre decretos o resoluciones representados por la Contraloría General de la República”

62) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 49:

a) Reemplázase el inciso primero por los siguientes:

"Artículo 49.- En el caso del número 9º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, el órgano legitimado es el Presidente de la República y el órgano constitucional interesado, el Contralor General de la República.

La substanciación de las cuestiones de constitucionalidad sobre decretos o resoluciones representados de inconstitucionalidad se regirá, en lo pertinente, por las disposiciones del Párrafo 4 y por las normas de los incisos siguientes.

Para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y a él deberá acompañarse el decreto o resolución representado de inconstitucionalidad y el oficio en que conste la representación del Contralor General de la República.".

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, que pasa a ser inciso cuarto, el número "88" por "99".

63) Incorpórase, a continuación del artículo 49, el siguiente epígrafe nuevo:

23 “Párrafo 10 Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos supremos”

64) Sustitúyese el artículo 50, por los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 50.- En el caso del número 16° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, la cuestión podrá fundarse en cualquier vicio que ponga en contradicción el decreto con la Constitución.

Son órganos legitimados el Senado y la Cámara de Diputados y, en caso de que la cuestión se funde en un vicio distinto que exceder el ámbito de la potestad reglamentaria autónoma, también lo son una cuarta parte de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras. Son órganos constitucionales interesados el Presidente de la República y el Contralor General de la República.

En todo caso, la cuestión deberá promoverse dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del decreto impugnado.

La substanciación de estas cuestiones se regirá, en lo pertinente, por las disposiciones del Párrafo 4 y por las normas del artículo siguiente.

Artículo 50 bis.- Para ser admitido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y a él deberá acompañarse la publicación del decreto impugnado.

Procederá declarar la inadmisibilidad de la cuestión, en los siguientes casos:

1° Cuando el requerimiento no es formulado por un órgano legitimado;

2° Cuando se promueva extemporáneamente;

3° Cuando se funde en vicios de ilegalidad;

4° Cuando se alegue exceso de la potestad reglamentaria autónoma y no fuere promovida por una de las Cámaras;

5° Cuando el vicio invocado afecte a un precepto legal vigente y no al decreto supremo impugnado, y 6° Cuando carezca de fundamento plausible.

El Tribunal deberá resolver dentro de treinta días, contados desde que quede terminada la tramitación. Podrá prorrogar este plazo hasta por quince días, mediante resolución fundada, si existen motivos graves y calificados.

La sentencia que acoja el requerimiento deberá publicarse en la forma y plazo señalados en el artículo 31 bis. Sin embargo, con el solo mérito de la sentencia que acoja el requerimiento, el decreto quedará sin efecto de pleno derecho.".

65) Incorpórase, a continuación del artículo 50 bis, el siguiente epígrafe nuevo y los artículos que le siguen:

“Párrafo 11 Contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia”.

"Artículo 50 A.- En el caso del número 12º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, son órganos legitimados las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia involucrados en la contienda de competencia.

El órgano o autoridad que se atribuya competencia o falta de ella, sobre un asunto determinado, deberá presentar su petición por escrito al Tribunal. En ella deberá indicar con precisión 24

la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que le sirven de sustento.

Artículo 50 B.- Una vez declarada admisible, se dará traslado al o a los otros órganos en conflicto para que, en el plazo de diez días, hagan llegar al Tribunal las observaciones y antecedentes que estimen pertinentes.

Artículo 50 C.- El Tribunal podrá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis, disponer la suspensión del procedimiento en que incida su decisión si la continuación del mismo puede causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resuelva, en caso de acogerse la contienda.

Artículo 50 D.- El Tribunal, evacuados los trámites o diligencias, o transcurrido el plazo para hacerlo, procederá conforme a lo que establece el artículo 43.

Artículo 50 E.- La sentencia deberá dictarse en el plazo de veinte días, contados desde que concluya la tramitación.".

66) Reemplázase, en el Párrafo 3 del Título II, el guarismo "3" por "12".

67) Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 51, los guarismos "10°", "11°" y "82" por "13°", "14°" y "93", respectivamente.

68) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52:

a) En el inciso primero, suprímense las palabras "el Senado, la Cámara de Diputados", así como la coma escrita antes de ellas.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra "decimotercero" por "decimoquinto" y el número "82" por "93".

69) Sustitúyese el artículo 54 por el siguiente:

"Artículo 54.- Si el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado o no cumple con las exigencias establecidas en los números 1º a 4º, inclusive, del artículo anterior, no será admitido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. Esta resolución será fundada y deberá dictarse dentro del plazo de tres días, contados desde que se dé cuenta del requerimiento.

70) Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 62:

a) Sustitúyense, en el inciso primero, los guarismos "10°", "11°" y "82" por "13°", "14°" y "93", respectivamente.

b) Reemplázase, en el inciso final, la frase "establecido en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil" por la oración "ejecutivo establecido en el Código de Procedimiento Civil" y sustitúyese la oración "el Tribunal ordinario de justicia que corresponda" por la frase "el Juez de Letras Civil que corresponda, con asiento en la Provincia de Santiago".

71) Reemplázase la denominación del Párrafo 4 del Título II, por la siguiente:

“Párrafo 13 25

Declaración de inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos políticos”.

72) Reemplázanse, en el artículo 63, los guarismos "7°" y "82", por "10°" y "93", respectivamente.

73) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 65, la expresión "El Tribunal examinará" por "La sala que corresponda examinará".

74) Incorpóranse, a continuación del artículo 72, los siguientes artículos nuevos, precedidos de un Párrafo 14, nuevo, con el epígrafe "Renuncia de Parlamentarios".

"Artículo 72 A.- En el caso del número 15° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, la renuncia del parlamentario deberá presentarse ante el Presidente de la Cámara a la que pertenece, quien la remitirá al Tribunal en el plazo de cinco días desde que le fue presentada.

Artículo 72 B.- El Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o diez o más parlamentarios en ejercicio de la Cámara a la que pertenece el renunciante, podrán oponerse fundadamente a la renuncia. En tal caso, se dará traslado a la Cámara a la que pertenezca el parlamentario renunciado y a él mismo, para que en el plazo de diez días hagan llegar las observaciones y antecedentes que estimen necesarios.

Artículo 72 C.- El Tribunal resolverá si es preciso recibir prueba. En caso de que lo estime necesario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 57. El Tribunal apreciará la prueba en conciencia.

Artículo 72 D.- Una vez evacuados los trámites o diligencias anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 43.

Artículo 72 E.- El plazo para dictar sentencia será de veinte días, contados desde que concluya la tramitación de la causa, término que podrá ser prorrogado hasta por otros veinte días, por resolución fundada del Tribunal.

Artículo 72 F.- Pendiente la sentencia, la renuncia no producirá efecto alguno.".

75) Reemplázase, en el Párrafo 5 del Título II, el guarismo "5" por "15".

76) Sustitúyense, en el inciso primero del artículo 73, los guarismos "9°" y "82" por "11°" y "93", respectivamente.

77) Reemplázase el artículo 74, por el siguiente:

"Artículo 74.- La planta de personal del Tribunal estará constituida por los siguientes cargos:

Diez Ministros.

Dos Suplentes de ministro.

Un Secretario Abogado.

Dos Relatores Abogados.

Ocho Abogados Asistentes.

Un Jefe de Presupuestos.

Un Relacionador Público.

Un Bibliotecario.

Un Documentalista.

Un Jefe de Gabinete de la Presidencia.

Un Secretario de la Presidencia.

Dos Oficiales Primeros.

26 Dos Oficiales Segundos.

Un Mayordomo.

Dos Oficiales de Sala.

Dos Auxiliares de Servicios.

Siete Secretarias.

Un Chofer.

La provisión de los nuevos cargos creados en la planta señalada en el inciso anterior se hará, previo acuerdo del Pleno, cuando las necesidades del Tribunal así lo justifiquen.

El Tribunal podrá acordar la contratación, sobre la base de honorarios, o con sujeción a las normas del Código del Trabajo, de profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias, para ejecutar tareas específicas en sus actividades, dentro de sus disponibilidades presupuestarias.".

78) Reemplázase el artículo 75, por el siguiente:

"Artículo 75.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Tribunal podrá ampliar la planta de su personal, por acuerdo de la mayoría de sus miembros y sólo en la medida que sea estrictamente necesario para su normal funcionamiento, en la siguiente forma:

- Hasta dos Relatores Abogados;

- Hasta en dos Abogados Asistentes;

- Hasta cinco Oficiales Segundo;

- Hasta un Oficial de Sala;

- Hasta cinco Auxiliares de Servicios Menores;

- Hasta en cuatro Secretarias.".

79) Reemplázase el artículo 77, por el siguiente:

"Artículo 77.- La renta mensual de los Ministros del Tribunal corresponderá a la remuneración de un Ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

La remuneración de los Ministros del Tribunal tendrá el carácter de renta para todo efecto legal, en los mismos términos y modalidades que lo sean las remuneraciones de los Ministros de Estado, y estará afecta a las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades señaladas en el artículo 1° de la ley N° 19.863.".

80) Reemplázase el artículo 83, por el siguiente:

"Artículo 83.- En el mes de marzo de cada año el Presidente del Tribunal rendirá una cuenta pública que incluirá una reseña de sus actividades institucionales de orden jurisdiccional y administrativo desarrolladas en el año anterior, la cuenta de su gestión financiera, los informes de auditoría y todo otro antecedente e información que se considere necesario.".

81) Agrégase el siguiente artículo 83 A:

"Artículo 83 A.- En la segunda quincena del mes de enero de cada año, el Presidente y el Secretario Abogado presentarán la rendición de cuenta de los gastos del ejercicio anterior ante el Tribunal, la que será comunicada a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su incorporación en el Balance General de la Nación y se incluirá resumidamente en la cuenta pública del Tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal, a proposición del Presidente, podrá contratar la ejecución de auditorías de su gestión financiera y patrimonial, por entidades externas, mediante licitación pública o privada.".

27 82) Reemplázase el artículo 84, por el siguiente:

"Artículo 84.- Los funcionarios que incurran en faltas a sus deberes o prohibiciones podrán ser sancionados disciplinariamente por el Tribunal con alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda derivar del mismo hecho: amonestación, censura por escrito, multa de hasta un mes de remuneración, suspensión de hasta dos meses sin goce de remuneración y remoción.

Las sanciones disciplinarias indicadas se aplicarán previa investigación sumaria simple en la que deberán recibirse los descargos que el afectado pueda hacer valer en su defensa y una vez resueltas, no serán susceptibles de reclamación o recurso alguno.".

83) Agrégase, al final del artículo 86, luego del término "Secretario", la frase "o del Relator que lo subrogue, en su caso".

84) Intercálase, en el artículo 87, a continuación del vocablo "nombramiento", la oración "sin perjuicio de lo señalado en el artículo 9º", precedida de una coma.

85) Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:

"Artículo 90.- El Tribunal, por acuerdo de la mayoría de sus miembros, y cuando sus necesidades de funcionamiento así lo aconsejen podrá proceder a la declaración de vacancia de los cargos que estime conveniente. Igual declaración procederá respecto de los funcionarios que hubieren obtenido una deficiente calificación de su desempeño. Dicha facultad podrá ejercerse respecto a todo el personal, excluidos los Ministros.

Los funcionarios a quienes se les declare la vacancia de sus cargos tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de nueve. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

La remuneración que servirá de base para el cálculo de la indemnización será el promedio de la remuneración imponible mensual de los últimos 12 meses anteriores al cese, actualizada según el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya, con un límite máximo de noventa unidades de fomento.

La indemnización será incompatible con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento.

Los funcionarios que cesen en sus cargos y que perciban la indemnización no podrán ser nombrados ni contratados, aun sobre la base de honorarios, en el Tribunal Constitucional, durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.".

86) Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.

87) Introdúcense los siguientes artículos transitorios:

"Artículo 1º transitorio.- Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que se inicien en la Corte Suprema, para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución, con anterioridad a la aplicación de las reformas al Capítulo VIII de la Constitución Política, seguirán siendo de conocimiento o de resolución de esa Corte hasta su completo término.

28 Los recursos de inaplicabilidad resueltos por la Corte Suprema o que se hubieren tenido por desistidos o abandonados, con anterioridad al 26 de febrero del año 2006, no podrán presentarse ante el Tribunal Constitucional en ejercicio de la facultad que concede el artículo 93, Nº 6°, de la Constitución Política.

Artículo 2° transitorio.- La entrada en vigencia de esta ley no obstará a la validez de los procesos iniciados ante el Tribunal a partir del 26 de febrero de 2006, ni alterará los efectos de las sentencias que les hayan puesto término.

Respecto de los procesos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren pendientes ante el Tribunal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes.”;

III. NORMA DEL PROYECTO DE LEY DE NATURALEZA

INTERPRETATIVA CONSTITUCIONAL.

QUINTO.- Que el artículo 93, inciso primero, de la

Constitución dispone lo siguiente:

“Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

3º Resolver las cuestiones sobre

constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de

los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los

tratados sometidos a la aprobación del Congreso”;

SEXTO.- Que el mismo precepto señala, en su inciso

cuarto, que “en el caso del número 3º, el Tribunal sólo podrá

conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la

República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte

de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes

de la promulgación de la ley o de la remisión de la

comunicación que informa la aprobación del tratado por el

Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día

del despacho del proyecto o de la señalada comunicación.”;

SEPTIMO.- Que la Carta Fundamental se refiere a la

promulgación de la ley en el artículo 72, al establecer que

una vez “aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido 29

al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba,

dispondrá su promulgación como ley”.

Más adelante, en el artículo 75, incisos

segundo y tercero, la Constitución establece:

“La promulgación deberá hacerse siempre

dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea

procedente.

La publicación se hará dentro de los cinco

días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente

tramitado el decreto promulgatorio.”;

OCTAVO.- Que, como puede observarse, la Carta no

precisa cuándo se entiende realizado el acto promulgatorio a

través del cual el Jefe de Estado da testimonio de la

existencia de un cuerpo legal y ordena su cumplimiento;

NOVENO.- Que ello tiene especial relevancia en el caso

del artículo 93, inciso primero, Nº 3º, puesto que tratándose

de un proyecto de ley el requerimiento respectivo ha de ser

formulado antes de su promulgación y en ningún caso después

del quinto día de su despacho y, como consecuencia de lo

antes expresado, no existe certeza acerca de cuándo se

entiende extinguido el plazo para presentarlo en la situación

prevista en la norma;

DECIMO.- Que, en estas circunstancias, el artículo 38

bis, que el artículo único, Nº 43, del proyecto incorpora al

Párrafo 3º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones de Constitucionalidad sobre proyectos

de ley, de reforma constitucional y tratados en tramitación

legislativa”, señala, en su inciso primero, que “para los

efectos de la oportunidad en que debe formularse el 30

requerimiento, la promulgación se entenderá efectuada por el

Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de

partes de la Contraloría General de la República el

respectivo decreto promulgatorio”. Esto es, la norma aludida

determina con exactitud hasta cuándo puede interponerse la

acción a que se refiere el artículo 93, inciso primero, Nº

3º, de la Constitución, en el caso antes descrito, lo que

hasta ahora se ha prestado para interpretaciones diversas

como consecuencia de lo antes indicado;

DECIMOPRIMERO.- Que ello es lo que caracteriza a una

ley interpretativa que, como es sabido, tiene por objeto

determinar el sentido oscuro o dudoso de una disposición

constitucional, como lo señalara esta Magistratura en

sentencia de 22 de octubre de 1992, dictada en los autos Rol

Nº 158. En esa ocasión declaró: “Por medio de una ley

interpretativa sólo cabe proporcionar claridad o precisión a

la redacción de una norma constitucional, cuando su propio

texto sea susceptible de originar confusión o

desentendimiento, para asegurar con esa interpretación su

correcta, uniforme, armónica y general aplicación”

(considerando sexto);

DECIMOSEGUNDO.- Que por lo expuesto en los

considerandos anteriores debe concluirse que el artículo 38

bis, inciso primero, que el artículo único, Nº 43, del

proyecto agrega a la Ley Nº 17.997, aclara el sentido del

inciso cuarto del artículo 93 de la Constitución en cuanto

establece que el requerimiento respectivo ha de ser

“formulado antes de la promulgación de la ley” y debe

considerarse como una norma interpretativa constitucional;

31 IV. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY QUE TIENEN NATURALEZA DE

DISPOSICIONES PROPIAS DE LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL.

DECIMOTERCERO.- Que la Constitución Política

contempla, en su Capítulo VIII, el estatuto del Tribunal

Constitucional y en su artículo 92, inciso final, dispone que

“una ley orgánica constitucional determinará su organización,

funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de

remuneraciones y estatuto de su personal.”;

DECIMOCUARTO.- Que, de este modo, el constituyente

ha encomendado a una ley de esa naturaleza el regular lo

concerniente a dicha institución en todas aquellas materias

propias del dominio legal, estableciendo así un cuerpo

normativo de competencia general, a diferencia de lo que

ocurre en otros casos en que ha entregado al legislador

orgánico la atribución de normar materias específicas en

relación con determinados órganos del Estado o con el

ejercicio de ciertos derechos fundamentales;

DECIMOQUINTO.- Que, en este mismo orden de ideas,

cabe tener presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el

inciso final del antiguo artículo 81 de la Carta Fundamental,

reemplazado en la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, de

2005, por el precepto en análisis, este Tribunal, por

sentencia de 4 de mayo de 1981, declaró que todas las normas

comprendidas en el proyecto que daría origen a la Ley Nº

17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, eran

propias de dicho cuerpo normativo;

DECIMOSEXTO.- Que, en consecuencia, son propias de

la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo

92, inciso final, de la Carta Fundamental, todas las

disposiciones del proyecto en estudio, con excepción del 32

artículo 38 bis, inciso primero, que el artículo único, Nº

43, del proyecto incorpora al Párrafo 3º del Título II del

Capítulo II de la Ley Nº 17.997, al que se ha aludido en el

capítulo precedente;

V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY QUE SON

INCONSTITUCIONALES.

1º. Exigencia de requisitos adicionales para la

admisibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad.

DECIMOSEPTIMO.- Que el artículo 37 C que el artículo

único, Nº 40, del proyecto agrega en el Párrafo 2º del Título

II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que tiene por

epígrafe “Cuestiones de constitucionalidad sobre autos

acordados”, expresa, en su inciso segundo, lo siguiente:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, en

los siguientes casos:

3° Cuando carezca de fundamento

plausible;”;

DECIMOCTAVO.- Que el artículo 41 bis que el

artículo único, Nº 46, del proyecto introduce en el Párrafo

3º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones de Constitucionalidad sobre proyectos

de ley, de reforma constitucional y tratados en tramitación

legislativa”, dispone, en su inciso segundo, lo siguiente:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad en los siguientes casos:

3° Cuando en los antecedentes de la

tramitación del proyecto de ley, de reforma constitucional o 33

tratado impugnado no conste haberse suscitado expresamente

una cuestión de constitucionalidad a su respecto.

4° Cuando la cuestión carezca de

fundamento plausible.”;

DECIMONOVENO.- Que el artículo 46 B que el artículo

único, Nº 53, del proyecto incorpora en el Párrafo 4º del

Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que lleva por

nombre “Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos con

fuerza de ley”, señala, en su inciso segundo, lo siguiente:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad en los siguientes casos:

3° Cuando del oficio de

representación del Contralor conste que el decreto con fuerza

de ley no ha sido objetado de inconstitucionalidad.

5° Cuando la cuestión carezca de

fundamento plausible.”;

VIGESIMO.- Que en el artículo 47 de la Ley Nº

17.997, que pasa a ser 47 bis, comprendido en el Párrafo 5º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que tiene

por epígrafe “Cuestiones de Constitucionalidad sobre

convocatorias a plebiscito”, el artículo único, Nº 56, letra

b), del proyecto sustituye su inciso tercero por el

“Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión si no es formulada por un

órgano legitimado, si es promovida extemporáneamente, carece

de fundamento plausible o se refiere a materias de la

competencia del Tribunal Calificador de Elecciones.”;

34 VIGESIMOPRIMERO.- Que el artículo 48 bis que el

artículo único, Nº 60, del proyecto incorpora en el Párrafo

8º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones sobre la promulgación de una ley”,

expresa, en su inciso segundo, lo siguiente:

“La declaración de inadmisibilidad

procederá cuando la cuestión sea promovida extemporáneamente,

cuando no sea formulada por un órgano legitimado, cuando se

constate que la promulgación de la ley cuya omisión se alega

ha sido efectuada y cuando carezca de fundamento plausible.

Esta resolución será fundada.”;

VIGESIMOSEGUNDO.- Que el artículo 50 bis que el

artículo único, Nº 64, del proyecto agrega en el Párrafo 10º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que se

denomina “Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos

supremos”, indica, en su inciso segundo, lo siguiente:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión, en los siguientes casos:

6° Cuando carezca de fundamento

plausible.”;

VIGESIMOTERCERO.- Que el artículo 93 de la Carta

Fundamental establece en su inciso primero:

“Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

2º Resolver sobre las cuestiones de

constitucionalidad de los autos acordados dictados por la

Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal

Calificador de Elecciones;

35 3º Resolver las cuestiones sobre

constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de

los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los

tratados sometidos a la aprobación del Congreso;

4º Resolver las cuestiones que se

susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza

de ley;

5º Resolver las cuestiones que se

susciten sobre constitucionalidad con relación a la

convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las

atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de

Elecciones;

8º Resolver los reclamos en caso de

que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando

deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que

constitucionalmente corresponda;

16° Resolver sobre la

constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea

el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en

el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del

Presidente de la República cuando se refieran a materias que

pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo

63.”;

VIGESIMOCUARTO.- Que el propio artículo 93 de la Ley

Suprema señala:

“En el caso del número 2º, el

Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del

Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de

diez de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal 36

toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante

un tribunal ordinario o especial, o desde la primera

actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el

ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en

el respectivo auto acordado.” (Inciso tercero).

“En el caso del número 3º, el

Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del

Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de

una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que

sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la

remisión de la comunicación que informa la aprobación del

tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después

de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada

comunicación.” (Inciso cuarto).

“En el caso del número 4º, la

cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la

República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría

rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley.

También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o

por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de

que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con

fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este

requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta

días, contado desde la publicación del respectivo decreto con

fuerza de ley.” (Inciso séptimo).

“En el caso del número 5º, la

cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la

Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la

fecha de publicación del decreto que fije el día de la

consulta plebiscitaria.”(Inciso octavo).

37 “En los casos del número 8º, la

cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por

una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los

treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado

o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el

Presidente de la República debió efectuar la promulgación de

la ley. Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su

fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la

promulgación incorrecta.” (Inciso decimotercero).

“En el caso del número 16º, el

Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de

cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta

días siguientes a la publicación o notificación del texto

impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos

que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente

de la República también podrá una cuarta parte de los

miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.” (Inciso

decimonoveno);

VIGESIMOQUINTO.- Que, como puede apreciarse, en

dichas disposiciones se indica quiénes tienen legitimación

activa para deducir los respectivos requerimientos y la

oportunidad y circunstancias en que pueden formularlos, pero

en modo alguno se condiciona o subordina la facultad que

poseen los titulares de la acción para interponerla a las

exigencias contenidas en los artículos 37 C, inciso segundo,

Nº 3º, 41 bis, inciso segundo, Nºs 3º y 4º, 46 B, inciso

segundo, Nºs 3º y 5º, 47 que pasa a ser 47 bis, inciso

tercero, 48 bis, inciso segundo, y 50 bis, inciso segundo, Nº

6º,antes transcritos, en cuanto a que se haya planteado

expresamente una cuestión de constitucionalidad durante la 38

tramitación del proyecto o tratado respectivo; a que en el

oficio de representación del Contralor conste que el decreto

con fuerza de ley ha sido objetado de inconstitucionalidad,

o a que la cuestión tenga fundamento plausible. Más aún, en

términos tales que si estas exigencias no se cumplen, la

acción deducida debe ser declarada inadmisible;

VIGESIMOSEXTO.- Que en aquellos casos en que el

constituyente consideró necesario establecer requisitos

específicos para declarar la admisibilidad de un

requerimiento lo señaló expresamente, como ocurre respecto de

la acción de inaplicabilidad de acuerdo a lo que dispone el

artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución.

Todavía más, en aquellas materias en

que le otorgó competencia a estos efectos a la ley orgánica

constitucional procedió de la misma forma. Así sucede en

relación con la acción antes mencionada, respecto de la cual

el propio inciso decimoprimero del artículo 93 de la Carta

Fundamental dispone que su admisibilidad se declarará si se

cumplen, también, “los demás requisitos que establezca la

ley”. Lo mismo ocurre en cuanto a la declaración de

inconstitucionalidad de un precepto legal considerado

previamente inaplicable, al establecerse en el inciso

decimosegundo del artículo 93 de la Ley Suprema que

“corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva

establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que

se ejerza la acción pública...”;

VIGESIMOSEPTIMO.- Que, en este mismo orden de ideas,

debe tenerse presente que el restringir el acceso a esta

Magistratura estableciendo exigencias no contempladas en el

ordenamiento constitucional no se concilia con el espíritu 39

de la Carta Fundamental, que es el permitir que las personas

y órganos legitimados puedan recurrir en forma expedita ante

ella, a fin de que pueda velar por el principio de supremacía

constitucional cuya custodia le ha sido encomendada;

VIGESIMOCTAVO.- Que por las razones que se terminan

de exponer, el Nº 3º del inciso segundo del artículo 37 C;

los Nºs 3º y 4º del inciso segundo del artículo 41 bis; los

Nºs 3º y 5º del inciso segundo del artículo 46 B; la frase

“carece de fundamento plausible” del inciso tercero del

artículo 47 que pasa a ser 47 bis; la oración “y cuando

carezca de fundamento plausible” del inciso segundo del

artículo 48 bis y el Nº 6º del inciso segundo del artículo 50

bis, introducidos a la Ley Nº 17.997 por el artículo único,

Nºs 40, 46, 53, 56, letra b), 60 y 64 del proyecto, son

inconstitucionales y así debe declararse;

2º. Publicación de sentencias en el Diario Oficial.

VIGESIMONOVENO.- Que el artículo 37 G, comprendido en

el Párrafo 2º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº

17.997, denominado “Cuestiones de constitucionalidad sobre

autos acordados”, incorporado por el artículo único, Nº 40,

del proyecto, dispone, en su primera parte, que “la sentencia

que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de un

auto acordado, deberá publicarse en extracto en el Diario

Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”;

TRIGESIMO.- Que el artículo 93, inciso primero,

de la Carta Fundamental, señala que:

“Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

40 2º Resolver sobre las cuestiones de

constitucionalidad de los autos acordados dictados por la

Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal

Calificador de Elecciones”;

TRIGESIMOPRIMERO.- Que, a su vez, el artículo 94,

inciso tercero, de la Constitución establece, en su parte

segunda, que “...el precepto declarado inconstitucional en

conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del

artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el

Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que

no producirá efecto retroactivo.”;

TRIGESIMOSEGUNDO.- Que se desprende de dicho precepto

que en el caso de la declaración de inconstitucionalidad

total o parcial de un auto acordado dictado por uno de los

órganos a que se refiere el artículo 93, inciso primero, Nº

2º, de la Carta, es la sentencia la que debe publicarse en el

Diario Oficial y no sólo un extracto de ella;

TRIGESIMOTERCERO.- Que lo anterior resulta más evidente

todavía si se tiene presente que el artículo 31 bis que el

artículo único, Nº 30, del proyecto agrega al Título I del

Capítulo II de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, denominado “Normas Generales de

Procedimiento”, señala, en su inciso segundo, que “las

sentencias recaídas en las cuestiones de constitucionalidad

promovidas en virtud de los números 2°, 4°, 7° y 16° del

artículo 93 de la Constitución se publicarán en el Diario

Oficial in extenso. Las restantes que deban publicarse lo

serán en extracto, que contendrá a lo menos la parte

resolutiva del fallo.”;

41 TRIGESIMOCUARTO.- Que, en consecuencia, las palabras

“en extracto” comprendidas en el nuevo artículo 37 G que se

agrega a la Ley Nº 17.997 por el artículo único, Nº 40, del

proyecto, son inconstitucionales y así se declarará;

3º. Procedencia de la acción de inaplicabilidad

respecto de tratados internacionales.

TRIGESIMOQUINTO.- Que el artículo 47 B que el

artículo único, Nº 57, del proyecto introduce al Párrafo 6º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, cuyo

epígrafe es “Cuestiones de Inaplicabilidad”, establece que

“de conformidad con el número 1) del artículo 54 de la

Constitución Política de la República, no procederá la

inaplicabilidad respecto de tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;

TRIGESIMOSEXTO.- Que, a su vez, el artículo 47 G,

que el artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora al

mismo párrafo, señala en su inciso primero, N° 4°, que

procederá declarar la inadmisibilidad “cuando se promueva

(la cuestión) respecto de un precepto que no tenga rango

legal o respecto de disposiciones de un tratado

internacional vigente”;

TRIGESIMOSEPTIMO.- Que el artículo 93, inciso primero,

de la Constitución Política, establece como atribución del

Tribunal Constitucional, en su número seis, “resolver, por

la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión

que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte

contraria a la Constitución”;

TRIGESIMOCTAVO.- Que esta atribución, además, debe

ser ejercida cumpliendo con los requisitos que se indican en 42

el inciso decimoprimero del mismo artículo 93 de la

Constitución, que indica que “corresponderá a cualquiera de

las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la

existencia de una gestión pendiente ante el tribunal

ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal

impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un

asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se

cumplan los demás requisitos que establezca la ley...”;

TRIGESIMONOVENO.- Que, por su parte, conforme a lo

establecido en el artículo 92, inciso final, de la

Constitución, agregado por la reforma constitucional de

2005, respecto del Tribunal Constitucional: “Una ley

orgánica constitucional determinará su organización,

funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen

de remuneraciones y estatuto de su personal”;

CUADRAGESIMO.- Que esta ley orgánica

constitucional, cuyo proyecto de modificación es materia de

control de constitucionalidad en la presente sentencia (en

conformidad a lo establecido en el artículo 93, Nº 1°, de la

Constitución), no puede -desde luego- restringir o limitar

las facultades de esta Magistratura más allá de lo que

establece la Constitución, pues ello obligaría a declarar la

inconstitucionalidad de toda norma que, bajo pretexto de

regular el “funcionamiento” o los “procedimientos” del

Tribunal, viniera a cercenar sus funciones atribuidas por la

Carta Suprema;

CUADRAGESIMOPRIMERO.- Que respecto de los tratados

internacionales, luego de la reforma constitucional aludida,

esta Magistratura efectúa dos órdenes de controles. Primero, 43

un control preventivo obligatorio de constitucionalidad de

las normas de un tratado que versen sobre materias propias

de leyes orgánicas constitucionales (artículo 93, inciso

primero, Nº 1°, de la Constitución). Segundo, un control ex

post y concreto –facultativo- de constitucionalidad de una

norma de un tratado que, en cuanto “precepto legal”, pueda

resultar contraria a la Constitución en su aplicación en

“cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o

especial”, esto es, el Tribunal Constitucional puede

declarar inaplicable la disposición de un tratado a un caso

concreto, conforme a la atribución que le otorga el Nº 6°

del inciso primero del artículo 93 de la Constitución,

arriba transcrito. De este modo, tal como lo ha sostenido el

profesor y doctor en derecho Teodoro Ribera, “la validez del

tratado deriva de la legitimidad otorgada por la

Constitución y es en ese marco y respetando a aquella que el

tratado internacional puede tener vigencia interna” (Informe

enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia

y Reglamento del Senado, de fecha 9 de diciembre de 2006,

pág. 7);

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- Que si en el ejercicio del

control preventivo de constitucionalidad de un tratado, el

Tribunal estimare la inconstitucionalidad de alguna de sus

disposiciones, ella no podrá formar parte de aquel que

finalmente ratifique el Presidente de la República. En

cambio, en el caso de la declaración de inaplicabilidad de

una norma de un tratado ya promulgado y vigente, dicha

declaración sólo producirá un efecto particular en el orden

interno y para el caso concreto que constituye la gestión

pendiente en que la norma no se podrá aplicar, sin que se

altere de este modo la generalidad de la disposición del 44

tratado ni su vigencia desde el punto de vista del derecho

internacional, cuestión que conforme se verá, según se

desarrolla en esta sentencia, es de la máxima importancia;

CUADRAGESIMOTERCERO.- Que, respecto a la jerarquía de

los tratados internacionales, luego de la reforma

constitucional de 2005 a que ya se ha hecho referencia, y no

obstante haberse precisado y aclarado con la modificación de

la frase final del inciso primero del Nº 1 del artículo 54

de la Constitución (“...se someterá, en lo pertinente, a los

trámites de una ley”) que aquéllos no son propiamente una

ley, como ya lo había por cierto entendido esta Magistratura

(Rol Nº 288), ello no es óbice a que, en cuanto a su rango,

este Tribunal ha estimado que deben sujetarse a la Carta

Fundamental;

CUADRAGESIMOCUARTO.- Que así, por ejemplo, en la

sentencia Rol Nº 346, esta Magistratura dejó claramente

establecido que la Carta Fundamental “autoriza el control de

constitucionalidad de determinados preceptos legales, entre

los que deben considerarse los tratados internacionales”;

CUADRAGESIMOQUINTO.- Que en dicho fallo se cita la

doctrina del profesor Alejandro Silva Bascuñán, para quien

los tratados revisten “una fuerza jurídica superior a la de

la ley, sin dejar de estar comprendidos, desde el punto de

vista formal, en el nivel de ésta, en virtud de que, de

acuerdo con la Carta Fundamental, toda normativa sobre

derechos de los gobernados pertenece a la órbita

legislativa” (Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho

Constitucional, Tomo IV, pág. 124);

CUADRAGESIMOSEXTO.- Que, como se verá, la reforma

constitucional de 2005 no añade nada que permita establecer 45

un criterio diferente al ya sostenido por este Tribunal

tanto bajo el texto original de la Constitución de 1980 como

en su texto reformado el año 1989, no habiendo variado a la

fecha de esta sentencia los criterios expuestos sobre la

jerarquía de los tratados internacionales y su calidad de

preceptos legales (Roles Nºs 309 y 312);

CUADRAGESIMOSEPTIMO.- Que, en concordancia con lo

expresado en los considerandos precedentes, debe señalarse

que tanto esta Magistratura como la Corte Suprema, antes de

2005, cuando era competente para conocer del recurso de

inaplicabilidad, han considerado que la expresión “precepto

legal” debe ser entendida en sentido amplio, incluyendo, por

cierto, las disposiciones de un tratado internacional

(sentencia de 24 de octubre de 1997, Rol Nº 33.097). El

reconocer que un tratado internacional no es lo mismo que

una ley no impide que éstos puedan asimilarse y que ambos

queden comprendidos en la categoría de “precepto legal”.;

CUADRAGESIMOCTAVO.- Que la misma tesis del sentido

amplio de la expresión “precepto legal”, que incluye a los

tratados internacionales, ha sido seguida invariablemente

por este Tribunal Constitucional desde que es de su

competencia el conocimiento del requerimiento de

inaplicabilidad. Así, ha declarado que la expresión precepto

legal “es equivalente a la de norma jurídica (de rango

legal), la que puede estar contenida en una parte, en todo o

en varios de los artículos en que el legislador agrupa las

normas de una ley”, en términos tales que es equivalente a

“regla o norma jurídica, aunque de una determinada jerarquía

(legal)”. Concluyéndose que “una unidad de lenguaje debe ser

considerada un ‘precepto legal’, a la luz del artículo 93 de 46

la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la

aptitud de producir un efecto contrario a la Constitución y

de dejar de producirlo en caso de ser declarada inaplicable”

(sentencia de 28 de mayo de 2009, dictada en los autos Rol

Nº 1204, considerando 6º);

CUADRAGESIMONOVENO.- Que un ejemplo reciente y

corolario de lo dicho respecto de la jerarquía de los

tratados y de que sus disposiciones tienen en nuestro

sistema rango legal, se encuentra en la dictación de la Ley

de Reforma Constitucional Nº 20.352, que autoriza al Estado

de Chile para reconocer el Estatuto de Roma, que crea la

Corte Penal Internacional y que introdujo la nueva

disposición transitoria vigesimocuarta a la Carta Suprema

para dichos efectos. Esta nueva disposición que se agrega a

nuestra Constitución era la única vía para que Chile pudiera

ratificar dicho tratado internacional pues, conforme

dictaminó esta Magistratura en la sentencia Rol Nº 346,

arriba citada, los tratados internacionales no tienen rango

constitucional. Pues bien, si se requirió reformar la

Constitución para poder suscribir un tratado que podía

pugnar con ella, es evidente que un tratado internacional

tiene rango inferior a ella, rango de ley, y sus preceptos

son preceptos legales perfectamente susceptibles de ser

requeridos de inaplicabilidad, en la medida que se cumplan

los demás requisitos que la Constitución establece para

ello;

QUINCUAGESIMO.- Que, de la lectura de los

artículos 47 B nuevo del proyecto que se revisa y número 1)

del artículo 54 de la Constitución Política a que aquél hace

referencia, no aparece justificación alguna para que se 47

sustraiga del Tribunal Constitucional, por una norma legal,

su atribución relativa a declarar inaplicable un precepto

legal -precepto que perfectamente puede estar contenido en

las disposiciones de un tratado internacional ratificado por

Chile y vigente- a un caso concreto;

QUINCUAGESIMOPRIMERO.- Que, en efecto, el número 1)

del artículo 54 de la Constitución, norma que también fue

objeto de reforma constitucional el año 2005, establece la

facultad exclusiva del Congreso Nacional para aprobar o

desechar los tratados internacionales que le presente el

Presidente de la República antes de su ratificación. Es

decir, ambas cámaras deben aprobar el tratado para su

incorporación en el derecho interno, debiendo hacerse

presente que no le pueden introducir modificaciones (sin

perjuicio de que pueden sugerir reservas y declaraciones

interpretativas), ni derogarlo conforme a las normas de

derecho interno, pues es de resorte exclusivo del Presidente

de la República “conducir las relaciones políticas con las

potencias extranjeras..., y llevar a cabo las negociaciones;

concluir, firmar y ratificar los tratados que estime

convenientes para los intereses del país...” (artículo 32,

Nº 15, de la Constitución). Es por ello que el artículo 54,

número 1), de la Constitución, en su inciso primero “in

fine”, indica que la aprobación del tratado en el Congreso

“se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley”,

haciendo la diferencia con el antiguo artículo 50 de la

Constitución, que no indicaba “en lo pertinente”;

QUINCUAGESIMOSEGUNDO.- Que, así, el tratado

internacional no es propiamente una ley, pues no se somete

al mismo procedimiento que ella, sino que se rige, por lo 48

menos en su formación, por las voluntades de dos o más

Estados. En atención a lo anterior es que la Carta

Fundamental precisa que las disposiciones de un tratado no

podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas sino “en la

forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las

normas generales de derecho internacional” (artículo 54, Nº

1), inciso quinto). Con ello, además, se reconoce la

intervención del derecho internacional tanto en la formación

como en la derogación de los tratados;

QUINCUAGESIMOTERCERO.- Que lo señalado respecto a las

particularidades de la tramitación de un tratado

internacional no obsta a que éste, una vez aprobado por el

Congreso Nacional y ratificado por el Presidente de la

República, se integre a nuestro derecho interno como un

“precepto legal”, concepto que siempre se ha entendido tanto

por esta Magistratura, como antiguamente por la Corte

Suprema, cuando era ella quien conocía del recurso de

inaplicabilidad, en un sentido amplio. De este modo, si bien

y como ya lo ha sostenido en diversas sentencias esta

Magistratura (Roles Nos 282, 383 y 288), no podemos decir que

un tratado internacional es una ley, pues no son lo mismo,

sí debemos señalar que un tratado se somete, en lo

pertinente, a los trámites de una ley y que puede contener

perfectamente disposiciones sobre materias propias de ley.

Confirma lo anterior lo dispuesto en el artículo 54, numeral

1), párrafo cuarto, conforme al cual “las medidas que el

Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre

para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de

nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de

materias propias de ley. No requerirán de aprobación del 49

Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la

República en ejercicio de su potestad reglamentaria.”;

QUINCUAGESIMOCUARTO.- Que, de otro modo, no se

explicaría cómo el constituyente de 2005 estableció el

control preventivo y obligatorio de constitucionalidad “de

las normas de un tratado que versen sobre materias propias

de estas últimas” (artículo 93, inciso primero, Nº 1°, de la

Constitución), haciendo referencia directa a las leyes

orgánicas constitucionales. A ello debe agregarse el control

preventivo y facultativo de constitucionalidad de los

tratados internacionales, en conformidad al artículo 93,

inciso primero, Nº 3°, de la Constitución, que también

supone que el tratado pueda contener disposiciones propias

de ley;

QUINCUAGESIMOQUINTO.- Que si el tratado no es una

ley en sentido estricto, pero puede contener disposiciones

propias de ley, tales disposiciones serán sin lugar a dudas

“preceptos legales”, que pueden perfectamente ser objeto de

un requerimiento de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad. La solución contraria, esto es, la que

deja al margen del requerimiento de inaplicabilidad a los

preceptos de un tratado internacional, según se declarará,

es contraria a la Constitución;

QUINCUAGESIMOSEXTO.- Que, conforme a las

disposiciones constitucionales ya mencionadas, lo que el

Estado de Chile no puede hacer es, por ley, derogar las

disposiciones de un tratado, pues éste es un acuerdo entre

dos Estados, a diferencia de la ley que es una manifestación

de la soberanía de un solo Estado. No obstante, la

declaración de inaplicabilidad de un precepto de un tratado 50

internacional no genera ese efecto pues, como esta

Magistratura ya lo ha indicado en reiteradas oportunidades

(Roles Nos 478, 546, 473, 517, 535, 588, 589, 608, 609, 610,

611, 612 y 623, entre otros), la declaración de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto

legal sólo produce efectos particulares en la gestión

pendiente concreta en que incide, en la cual el Juez no

podrá aplicar dicho precepto. Ello no implica la derogación

del tratado ni de ninguna de sus disposiciones;

QUINCUAGESIMOSEPTIMO.- Que, por cierto, el espíritu

de la reforma de 2005 fue reunir todo el control de

constitucionalidad de los preceptos infraconstitucionales –

dentro de los cuales se incluyen los preceptos de un tratado

internacional- en el Tribunal Constitucional,

estableciéndose un control ex ante y otro ex post, este

último con efectos sólo para el caso concreto. Diferente es

la situación contemplada en el artículo 93, Nº 7°, de la

Constitución Política, caso en que se permite a esta

Magistratura expulsar del ordenamiento jurídico un precepto

legal, con efectos “erga omnes” y sin alcance retroactivo;

QUINCUAGESIMOCTAVO.- Que, en efecto, una

declaración de inconstitucionalidad de un precepto de un

tratado internacional por parte de este Tribunal implicaría

una vulneración a las normas del derecho internacional sobre

formación y extinción de los tratados, así como una

infracción a las disposiciones de la Constitución Política

que otorgan al Presidente de la República la conducción de

las relaciones internacionales y la negociación, conclusión

y ratificación de tratados internacionales (artículos 54, Nº

1º, y 32, Nº 15º, de la Constitución), pues esa declaración 51

de inconstitucionalidad genera el mismo efecto que una ley

derogatoria: expulsar al precepto legal del ordenamiento

jurídico. Esta situación es diferente a la del requerimiento

de inaplicabilidad, en que la norma jurídica sigue vigente,

sólo que es inaplicable a una gestión judicial determinada;

QUINCUAGESIMONOVENO.- Que, como es sabido, al

traspasar el conocimiento de la acción antes mencionada al

Tribunal Constitucional, la reforma de 2005 precisó que a

éste le corresponde resolver “la inaplicabilidad de un

precepto legal cuya aplicación (...) resulte contraria a la

Constitución”. Se introdujo así un cambio de gran

importancia. Ya no se trata de declarar inaplicable un

precepto legal determinado contrario a la Constitución, sino

que un precepto legal cuya eventual aplicación pueda

resultar contraria a la Carta Fundamental;

SEXAGESIMO.- Que, de esta manera, la

declaración de inaplicabilidad es una forma de control

concreto de constitucionalidad, diferente al carácter

abstracto que se sostiene tenía el que se ejercía a través

de esta acción con anterioridad a dicha modificación

constitucional. En tal sentido, este Tribunal (Rol Nº 546)

ha señalado que “De la simple comparación del texto de la

norma(...)con el antiguo artículo 80 de la Carta Fundamental

(...)se desprende que(...)mientras antes se trataba de una

confrontación directa entre la norma legal y la disposición

constitucional, ahora se está en presencia de una situación

diferente, por cuanto lo que podrá (ser) declarado

inconstitucional es la aplicación del precepto legal

impugnado, lo que relativiza el examen abstracto de 52

constitucionalidad, marcando una clara diferencia con el

texto constitucional anterior”;

SEXAGESIMOPRIMERO.- Que lo anteriormente descrito

es de la esencia del ejercicio de la función jurisdiccional

que le corresponde a esta Magistratura en conformidad con lo

que establece el Nº 6º del inciso primero del artículo 93 de

la Ley Suprema y no guarda relación con lo establecido en el

inciso quinto del Nº 1º del artículo 54 de la Carta

Fundamental, que se refiere a las atribuciones propias del

Poder Legislativo;

SEXAGESIMOSEGUNDO.- Que, en este sentido, la ex

Ministro de este Tribunal, profesora Luz Bulnes Aldunate, en

el informe que elaboró, a petición de la Comisión de

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado,

durante la tramitación del proyecto en estudio, señaló que

la inaplicabilidad de un precepto legal es una institución

que resulta “del ejercicio de funciones jurisdiccionales por

un órgano también de esta naturaleza jurídica”, agregando

que no se puede “asimilar a las atribuciones (d)el órgano

legislativo cuando deroga, modifica o suspende las

disposiciones de un tratado internacional, caso al que se

refiere específicamente el artículo 54 mencionado” (pág. 4);

SEXAGESIMOTERCERO.- Que, en otro orden de ideas,

debe tenerse presente que la reforma de 2005 vino a

fortalecer el principio de supremacía constitucional

ampliando considerablemente las atribuciones de esta

Magistratura, que tiene por función velar por su efectiva

vigencia en relación, entre otras materias, precisamente con

el control preventivo de constitucionalidad de los tratados 53

internacionales, en conformidad con lo que dispone el

artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Carta Fundamental;

SEXAGESIMOCUARTO.- Que, si ésa fue la voluntad

del constituyente, no se concilia con dicho propósito el

concluir que la modificación constitucional antes mencionada

eliminó el control de constitucionalidad a posteriori de los

tratados internacionales que se ejerce a través de la

declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad;

SEXAGESIMOQUINTO.- Que, en este sentido, es

necesario reiterar que la atribución comprendida en el

artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Carta Fundamental,

difiere notoriamente de aquella contenida en el Nº 7º del

mismo precepto constitucional, no obstante la relación

existente entre ambas. En el caso de esta última, esta

Magistratura expulsa del ordenamiento jurídico un precepto

legal con efecto “erga omnes” y sin alcance retroactivo. Sin

embargo, no le corresponde hacerlo respecto de una

disposición de un tratado internacional, puesto que ello

implicaría una infracción a las normas del derecho

internacional sobre formación y extinción de los tratados,

así como a las disposiciones de la Constitución Política

que otorgan al Presidente de la República la conducción de

las relaciones internacionales y la negociación, conclusión

y ratificación de tratados internacionales (artículos 54, Nº

1º, y 32, Nº 15º, de la Constitución). Ello, en atención a

que la declaración de inconstitucionalidad contemplada en el

artículo 93, inciso primero, Nº 7º, de la Ley Suprema genera

el mismo efecto que una ley derogatoria: elimina el precepto

legal del ordenamiento jurídico. Esta situación es diferente

a la del requerimiento de inaplicabilidad, en que la norma 54

sigue vigente, sólo que es inaplicable a una gestión

judicial determinada;

SEXAGESIMOSEXTO.- Que debe recordarse al

respecto que, tal como lo ha señalado reiteradamente este

Tribunal, la Constitución Política de la República es un

todo orgánico y sistemático y el sentido de sus normas debe

ser determinado de manera tal que guarden entre ellas la

debida correspondencia y armonía;

SEXAGESIMOSEPTIMO.- Que es menester tener

presente, adicionalmente, las expresiones vertidas por el

Senador Hernán Larraín en el seno de la Comisión de

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado,

con motivo del estudio del proyecto sujeto a control. Señaló

en esa oportunidad: “al menos desde la Carta de 1925, se ha

entendido que la expresión precepto legal incluye a los

tratados internacionales, para los efectos de alegar su

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que no afectó

al principio de intangibilidad de los tratados. Así lo ha

reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es

evidente que la ley y el tratado son fuentes del derecho

diferentes, pero, para estos efectos, se les ha asimilado

siempre”. Más adelante indica: “Como partícipe directo en

las reformas plasmadas por la ley N° 20.050, aseguro que

nunca, en todas las etapas de su tramitación, se suscitó

discusión en torno al sentido y alcance de la expresión

‘precepto legal’, porque el constituyente no pretendió

alterar el entendimiento que se le había dado siempre.”

(Segundo Informe de la Comisión, 15 de enero de 2007);

SEXAGESIMOCTAVO.- Que, por lo demás, según se

desprende de los antecedentes de la historia fidedigna del 55

proyecto, la norma constitucional tiene su origen en lo que

dispone el artículo 96.1 de la Constitución Española, que

señala: “Los tratados internacionales válidamente

celebrados, una vez publicados oficialmente en España,

formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones

sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la

forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las

normas generales del Derecho Internacional.”. Y como destaca

Manuel Diez de Velasco refiriéndose precisamente al

ordenamiento jurídico español: “los Tratados deben respetar

y conformarse a la Constitución. En efecto, un Tratado que

ya formase parte de nuestro ordenamiento interno podría ser

objeto de un control de constitucionalidad por parte del

Tribunal Constitucional mediante el recurso de

inconstitucionalidad (art. 161. 1.a) de la Constitución y

art. 27.2. c) de la L.O.T.C.) y la cuestión de

inconstitucionalidad (art. 163 de la Constitución y arts. 35

y ss. de la L.O.T.C.)”. Concluyendo el mismo autor que “El

control de constitucionalidad corresponde exclusivamente al

Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede

declarar la nulidad del Tratado como lo hace respecto de la

Ley (art. 39 de la L.O.T.C.). Debe entenderse que lo declara

inaplicable (nulidad puramente interna), pues la nulidad de

un Tratado sólo puede fundarse en las causas previstas en el

Derecho Internacional (art. 42.1 del Convenio de Viena sobre

el Derecho de los Tratados) y no puede ser declarado(a)

unilateralmente por una de las Partes.” (Instituciones de

Derecho Internacional Público, 11ª Edición, Editorial

Tecnos, 1997, pág. 198);

SEXAGESIMONOVENO.- Que, por lo demás, como lo

hizo presente el profesor de Derecho Internacional, 56

Francisco Orrego Vicuña, durante la tramitación de la ley

que motiva el presente control de constitucionalidad, “en

muchos sistemas judiciales se permite tal inaplicabilidad

por contravenir el tratado, por ejemplo, las garantías

individuales o el debido proceso del particular afectado”;

SEPTUAGESIMO.- Que, confirmando lo anterior,

el artículo 100 de la Ley Fundamental de Alemania, en lo

concerniente al control concreto de normas, indica que “si

en el curso de un litigio hubiera dudas acerca de si una

regla de derecho internacional es parte del derecho federal

y fuente directa de derechos y deberes para el individuo

(artículo 25), el tribunal recabará la decisión de la Corte

Constitucional Federal”;

SEPTUAGESIMOPRIMERO.- Que, en suma, de lo razonado

se desprende que el artículo 47 B excede el ámbito de

competencias que el artículo 92 de la Constitución otorga a

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

como se indicó en el considerando decimocuarto, pues no se

refiere ni a la organización, ni al funcionamiento, ni a los

procedimientos que se siguen ante éste. Corrobora lo recién

señalado la circunstancia de haberse excluido expresamente

del aludido inciso final del artículo 92 de la Constitución,

la habilitación a la Ley Orgánica Constitucional de este

Tribunal para regular sus atribuciones. En efecto, durante

la discusión de la reforma constitucional de 2005, en el

segundo trámite constitucional, el texto aprobado por la

Cámara de Diputados contemplaba las “atribuciones” del

Tribunal entre tales materias, término que fue suprimido por

el Senado en el tercer trámite constitucional. Señala el

informe respectivo de la Comisión del Senado:

57 “En tercer lugar, se acordó

excluir de la ley orgánica constitucional a que se refiere

el inciso final la regulación de las atribuciones del

Tribunal. Por esta razón, se acordó proponer a la Sala del

Senado votar en forma dividida esta disposición, de manera

de dejar fuera de ella la referencia a las ‘atribuciones’.”.

Asimismo, el veto número 14

formulado por el Presidente de la República al referido

proyecto de reforma constitucional señaló sobre la misma

materia:

“En el veto N° 14 se precisa

la interpretación de una materia al mandato de regulación

del Tribunal Constitucional y se excluye otra.

En el primer caso, se quiere

dejar expresa constancia que la expresión ‘procedimientos’,

permite organizar el debido proceso al interior de la

tramitación de algunas de las competencias del Tribunal

Constitucional en aquello no previsto por la propia

Constitución. Es así como se puede verificar en qué

consistirá el examen de admisibilidad en casos determinados,

una orden de no innovar u ordenar la tramitación y vista de

la causa cuando sea necesario.

En el segundo caso, se trata

de excluir la expresión ‘atribuciones’ del proyecto de

reforma constitucional, puesto que todas ellas son materia

de rango constitucional y no existe ninguna posibilidad de

desconstitucionalizar competencias.”;

SEPTUAGESIMOSEGUNDO.- Que de lo que se termina de

exponer se concluye que el artículo 47 B y la frase “o

respecto de disposiciones de un tratado internacional 58

vigente” comprendida en el artículo 47 G, inciso primero, Nº

4º, que el artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora a

la Ley Nº 17.997, son inconstitucionales y así se declarará;

4º. Plazo para promover la cuestión de

inconstitucionalidad de un precepto legal declarado

inaplicable.

SEPTUAGESIMOTERCERO.- Que el artículo 47 O, contenido

en el Párrafo 7º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº

17.997, que se denomina “Cuestiones de inconstitucionalidad

de un precepto legal declarado inaplicable”, incorporado por

el artículo único, Nº 58, del proyecto, dispone en su inciso

segundo:

“La cuestión sólo podrá

promoverse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de

publicación de la sentencia que haya declarado la

inaplicabilidad.”;

SEPTUAGESIMOCUARTO.- Que, en conformidad con dicha

disposición, en el artículo 47 S, inciso primero, que el

artículo único, Nº 58, del proyecto introduce, igualmente, en

el mismo párrafo de la Ley Orgánica Constitucional del

Tribunal Constitucional, se indica:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad

promovida mediante acción pública, en los siguientes casos:

3° Cuando se promueva fuera del

plazo establecido en el artículo 47 O.”;

SEPTUAGESIMOQUINTO.- Que el artículo 93, inciso

primero, de la Constitución Política, establece:

59 “Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

7º Resolver por la mayoría de

los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la

inconstitucionalidad de un precepto legal declarado

inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral

anterior;”;

SEPTUAGESIMOSEXTO.- Que en relación con diversas

competencias de esta Magistratura, la Carta Fundamental

estableció expresamente que los requerimientos

correspondientes deben presentarse dentro de un plazo

determinado. Así lo hizo respecto de las facultades

comprendidas en los Nºs 3º, 4º, 5º, 8º y 16º del inciso

primero de su artículo 93.

De igual modo señaló en el caso

del Nº 3º del mismo precepto el plazo que tiene este Tribunal

para resolver la acción deducida;

SEPTUAGESIMOSEPTIMO.- Que, sin embargo, tratándose de

la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado

inaplicable, la Constitución no lo hizo. No consideró

conveniente establecer plazo alguno para promover la

cuestión, teniendo presente, sin duda, la trascendencia de la

atribución entregada a esta Magistratura, que trae como

consecuencia, si se resuelve la inconstitucionalidad, que la

norma legal, por ser contraria a la Ley Suprema, quede

derogada;

SEPTUAGESIMOCTAVO.- Que se desprende de lo anterior

que, no obstante que en el inciso decimosegundo del artículo

93 de la Constitución se encarga a la ley orgánica

constitucional señalar los requisitos de admisibilidad en el 60

caso de ejercerse la acción pública y regular el

procedimiento que debe seguirse si se actúa de oficio, no

queda comprendido dentro de su competencia establecer un

plazo para que la cuestión de inconstitucionalidad sea

promovida;

SEPTUAGESIMONOVENO.- Que no es posible concluir que

haya sido la voluntad del constituyente subordinar el

ejercicio de la función de velar por la supremacía

constitucional que le ha encomendado a esta Magistratura, en

una situación de tanta relevancia que puede determinar que

uno o más preceptos legales sean expurgados de nuestro

ordenamiento jurídico, a que la cuestión se promueva dentro

de un plazo, como lo disponen las normas del proyecto que se

analizan;

OCTOGESIMO.- Que, de acuerdo a lo expresado

en los considerandos anteriores, el inciso segundo del

artículo 47 O y el Nº 3º del inciso primero del artículo 47

S, agregados a la Ley Nº 17.997 por el artículo único, Nº 58,

del proyecto, son inconstitucionales y así debe declararse;

5º. Cuestiones de constitucionalidad sobre decretos

supremos.

OCTOGESIMOPRIMERO.- Que el artículo 50 bis, que el

artículo único, Nº 64, del proyecto agrega en el Párrafo 10º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que se

denomina “Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos

supremos”, señala en su inciso segundo:

Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión, en los siguientes casos:

61 5° Cuando el vicio invocado

afecte a un precepto legal vigente y no al decreto supremo

impugnado, y”;

OCTOGESIMOSEGUNDO.- Que el principio de supremacía

constitucional está consagrado como una de las bases

esenciales de la institucionalidad en el artículo 6º de la

Carta Fundamental, que expresa en tal sentido lo siguiente:

“Los órganos del Estado deben

someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas

conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la

República.” (Inciso primero).

“Los preceptos de esta

Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de

dichos órganos como a toda persona, institución o

grupo.”(Inciso segundo);

OCTOGESIMOTERCERO.- Que para preservar la plena

vigencia de dicho principio la Carta Fundamental estableció

un sistema de jurisdicción constitucional complejo del cual

el Tribunal Constitucional es un órgano esencial. En este

sentido Teodoro Ribera ha destacado que “del cúmulo de

atribuciones que el constituyente (…) le ha concedido (…) se

desprende que este organismo es la culminación del Estado de

Derecho, la cúspide del poder neutro o función contralora y

el supremo guardián ordinario de la Constitución”. (El

Tribunal Constitucional, Revista Chilena de Derecho, Volumen

11, Nºs 2-3, 1984, pág. 347);

OCTOGESIMOCUARTO.- Que, en este mismo orden de

ideas, cabe tener presente lo que expresara el ex Presidente

de esta Magistratura, don Israel Bórquez Montero, en relación

con sus funciones: “es importante destacar que la nueva 62

Constitución amplió considerablemente la competencia del

Tribunal en estas materias, con respecto a la que le otorgaba

la Carta de 1925, ya que incluyó como norma que puede ser

objeto tanto de control preventivo como represivo, los

decretos que el Presidente de la República dicte en el

ejercicio de su Potestad Reglamentaria. La innovación es

profunda, pues ahora corresponde también al Tribunal velar

por la supremacía normativa de la Constitución sobre los

actos propios del Poder Ejecutivo...”. (Discurso pronunciado

en la Universidad Católica de Valparaíso en octubre de 1982);

OCTOGESIMOQUINTO.- Que, en relación con lo

anterior, el artículo 93, inciso primero, Nº 16º, de la

Constitución dispone actualmente que es atribución de este

Tribunal “resolver sobre la constitucionalidad de los

decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado,

incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la

potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la

República cuando se refieran a materias que pudieran estar

reservadas a la ley por mandato del artículo 63.”;

OCTOGESIMOSEXTO.- Que del examen del artículo 50

bis, que el artículo único, Nº 64, del proyecto introduce a

la Ley Nº 17.997 se desprende que en éste se contempla una

limitación en relación con la atribución que el Nº 16º del

inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental otorga

a esta Magistratura, que no se aviene con ella. En efecto, el

precepto constitucional dispone que este Tribunal debe

resolver acerca de la constitucionalidad de un decreto

supremo, “cualquiera sea el vicio invocado”. En cambio, la

norma del proyecto en análisis hace una distinción según cuál

sea la naturaleza del vicio, señalando que si éste afecta “a 63

un precepto legal vigente” el requerimiento interpuesto no

puede prosperar y debe ser declarado inadmisible,

restringiendo así el alcance de la disposición

constitucional;

OCTOGESIMOSEPTIMO.- Que al efectuar el control de

constitucionalidad que le está confiado sobre una norma que

emana del Jefe de Estado, esta Magistratura no se pronuncia

sobre el precepto legal que le sirve de sustento, lo que no

le corresponde realizar en ejercicio de esta atribución, sino

que determina si dicho acto del órgano ejecutivo guarda o no

conformidad con el ordenamiento constitucional, lo que tiene

el deber de realizar en cumplimiento del mandato contenido en

la Ley Suprema, que no admite limitaciones al establecer que

ha de examinar su constitucionalidad “cualquiera sea” el

carácter del vicio que lo afecte;

OCTOGESIMOCTAVO.- Que si ha sido voluntad del

constituyente confiarle al Tribunal Constitucional la función

de velar por la supremacía de la Constitución sobre los

actos del Presidente de la República en los términos antes

indicados, éste tiene la obligación, actuando dentro de su

competencia, de ejercer las facultades que le han sido

conferidas y no puede una disposición legal impedírselo,

permitiendo así que entren a formar parte de nuestro

ordenamiento jurídico preceptos cuya constitucionalidad ha

sido objetada;

OCTOGESIMONOVENO.- Que, atendido lo anteriormente

expuesto, el Nº 5º del inciso segundo del artículo 50 bis que

el artículo único, Nº 64, del proyecto incorpora a la Ley Nº

17.997 es inconstitucional y así se declarará;

64 VI. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY QUE SE DECLARAN

CONSTITUCIONALES EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE INDICA.

1º. Artículo 15, inciso cuarto.

NONAGESIMO.- Que en el artículo 15, inciso

cuarto, que el artículo único, Nº 16, del proyecto introduce

en el Título I del Capítulo I de la Ley Nº 17.997, denominado

“De la Organización del Tribunal Constitucional”, se indica

que los suplentes de ministro estarán afectos a las mismas

prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que los ministros

titulares y que regirán para ellos las mismas causales de

implicancia que se aplican a estos últimos. Se agrega que

“sin embargo, no cesarán en sus funciones al cumplir 75 años

de edad...”;

NONAGESIMOPRIMERO.- Que teniendo presente que el

estatuto que ha de regir a los ministros suplentes y las

funciones que están llamados a desempeñar presentan

diferencias ciertas con la normativa que regula la actividad

de los ministros titulares, este Tribunal considera que la

disposición antes transcrita, en cuanto establece que los

miembros suplentes “no cesarán en sus funciones al cumplir 75

años de edad”, como lo dispone el artículo 92, inciso

tercero, de la Constitución para los ministros titulares, es

constitucional, pero en el entendido que, en todo caso, deben

ser nombrados antes de cumplir esa edad;

2º. Artículos 31 bis, inciso final, y 37 G.

NONAGESIMOSEGUNDO.- Que el artículo 31 bis que el

artículo único, N° 30, del proyecto incorpora al Título I del

Capítulo II de la Ley N° 17.997, que se denomina “Normas

Generales de Procedimiento”, dispone en su inciso final:

65 “La publicación de resoluciones

en el Diario Oficial deberá practicarse dentro de los tres

días siguientes a su dictación.”

NONAGESIMOTERCERO.- Que el artículo 37 G que el

artículo único, N° 40, del proyecto introduce al Párrafo 2°

del Título II del Capítulo II de la Ley N° 17.997, que lleva

por nombre “Cuestiones de constitucionalidad sobre autos

acordados”, establece:

“La sentencia que declare la

inconstitucionalidad de todo o parte de un auto acordado,

deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial dentro de

los tres días siguientes a su dictación. Desde dicha

publicación, el auto acordado, o la parte de él que hubiere

sido declarada inconstitucional, se entenderá derogado, lo

que no producirá efecto retroactivo.”;

NONAGESIMOCUARTO.- Que las oraciones “deberá

practicarse dentro de los tres días siguientes a su

dictación” y “deberá publicarse (…) en el Diario Oficial

dentro de los tres días siguientes a su dictación”,

comprendidas en dichos preceptos, son constitucionales en el

entendido de que señalan que la publicación deberá hacerse

dentro de “los tres días siguientes” en que el Diario Oficial

efectivamente se publique, dando así cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 94, inciso final, de la Carta

Fundamental;

3º. Artículo 33 B, inciso tercero.

NONAGESIMOQUINTO.- Que el artículo 33 B, que el

artículo único, Nº 35, del proyecto incorpora al Título I del

Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que lleva por nombre “Normas

Generales de Procedimiento”, establece el abandono del 66

procedimiento, el cual sólo es procedente en las cuestiones

de inaplicabilidad a que se refiere el artículo 93, inciso

primero, Nº 6º, de la Constitución Política, siempre que

hayan sido promovidas por una de las partes en la respectiva

gestión pendiente;

NONAGESIMOSEXTO.- Que en el inciso tercero de

dicho precepto se indica:

“El abandono no podrá hacerse

valer por la parte que haya promovido la cuestión de

inconstitucionalidad. Si renovado el procedimiento, las demás

partes realizan cualquier gestión que no tenga por objeto

alegar su abandono, se considerará que renuncian a este

derecho.”;

NONAGESIMOSEPTIMO.- Que, atendido el hecho de que

el abandono del procedimiento sólo puede hacerse valer

respecto de la acción de inaplicabilidad, la referencia que

en dicha disposición se hace a una “cuestión de

inconstitucionalidad” debe entenderse efectuada a una

“cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”;

4º. Artículo 47 G, inciso primero, Nº 5º.

NONAGESIMOCTAVO.- Que el artículo 47 G, que el

artículo único, Nº 57, del proyecto agrega al Párrafo 6º del

Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que se

denomina “Cuestiones de Inaplicabilidad”, dispone en su

inciso primero que:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad en los siguientes casos:

5° Cuando de los antecedentes

de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, 67

aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener

aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del

asunto, y”;

NONAGESIMONOVENO.- Que el artículo 93, inciso

decimoprimero, de la Carta Fundamental, refiriéndose a la

acción de inaplicabilidad, señala que “la cuestión podrá ser

planteada por cualquiera de las partes o por el juez que

conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas

del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad

de la cuestión siempre que verifique la existencia de una

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que

la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación

esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos

que establezca la ley.”;

CENTESIMO.- Que, refiriéndose a esta

materia, esta Magistratura ha declarado que “tan decisivo en

la resolución de un asunto -desde el punto de vista de la

preeminencia de los derechos constitucionales- resulta el

precepto cuya aplicación puede resolver el fondo del asunto,

como el que permite, impide o dificulta ostensiblemente el

conocimiento y decisión de la controversia.” (Sentencia de 3

de enero de 2008, dictada en los autos Rol Nº 792,

considerando quinto).

Y recientemente ha señalado:

“Al actual texto de la Carta Fundamental le basta, para

efectos de admitir a tramitación una acción de

inaplicabilidad, que el precepto impugnado pueda resultar

decisivo en la resolución de un asunto cualquiera, que

naturalmente deba resolverse en esa gestión pendiente y que, 68

para efectos del fondo, produzca en esa gestión en que puede

aplicarse un resultado contrario a la Constitución.”

(Sentencia de 2 de abril de 2009, dictada en los autos Rol Nº

1.279, considerando décimo);

CENTESIMOPRIMERO.- Que, de acuerdo con lo que se

ha expresado en los considerandos anteriores, la disposición

contenida en el Nº 5 del inciso primero del artículo 47 G, es

constitucional en el entendido que la norma legal objetada a

que alude “no ha de tener aplicación” o “no resultará

decisiva” en la resolución de “un asunto” y no necesariamente

“del asunto” en la gestión pendiente en que incide la acción

interpuesta;

5º. Artículo 47 G, inciso primero, Nº 6º.

CENTESIMOSEGUNDO.- Que el artículo 47 G, que el

artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora al Párrafo 6º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que lleva

por nombre “Cuestiones de Inaplicabilidad”, dispone en su

inciso primero que:

“Procederá declarar la

inadmisibilidad en los siguientes casos:

6° Cuando carezca de fundamento

plausible.”;

CENTESIMOTERCERO.- Que, como se ha indicado, el

artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución señala

los requisitos que ha de cumplir un requerimiento de

inaplicabilidad para que la Sala que corresponda del Tribunal

lo declare admisible. Entre ellos se encuentra el “que la

impugnación esté fundada razonablemente”;

69 CENTESIMOCUARTO.- Que el concepto de “fundamento

plausible” contenido en la norma en análisis, por su propio

significado, se identifica con el de “fundada razonablemente”

que, aludiendo a la cuestión planteada, comprende el precepto

de la Carta Fundamental;

CENTESIMOQUINTO.- Que, por este motivo, este

Tribunal considera que la disposición comprendida en el Nº 6º

del inciso primero del artículo 47 G, contenido en el

artículo único, Nº 57, del proyecto, es constitucional en el

entendido que se refiere a la exigencia contemplada en el

artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución

Política, de que la acción sometida a conocimiento de esta

Magistratura esté “fundada razonablemente”;

6º. Artículo 47 K.

CENTESIMOSEXTO.- Que el artículo 47 K, que el

artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora al Párrafo 6º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, cuyo

epígrafe es “Cuestiones de Inaplicabilidad”, señala en su

parte primera que:

“Excepcionalmente y por razones

fundadas, el Tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad

de las normas cuestionadas basado únicamente en fundamentos

constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados

por las partes en la litis.”;

CENTESIMOSEPTIMO.- Que teniendo presente que la

norma transcrita alude a la atribución que el artículo 93,

inciso primero, Nº 6º, de la Ley Suprema confiere a este

Tribunal, ha de considerarse que es constitucional en el

entendido que se refiere a una declaración de

“inaplicabilidad por inconstitucionalidad” y no de 70

“inconstitucionalidad” como en ella se indica, de un precepto

legal impugnado ante esta Magistratura;

7º. Artículo 47 Ñ, inciso primero.

CENTESIMOCTAVO.- Que el artículo 47 Ñ, que el

artículo único, Nº 57, del proyecto agrega al Párrafo 6º del

Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, cuyo nombre es

“Cuestiones de Inaplicabilidad”, establece en su inciso

primero:

“La sentencia que declare la

inaplicabilidad sólo producirá efectos en el juicio en que se

solicite.”;

CENTESIMONOVENO.- Que, como es sabido, en

relación con el requerimiento de inaplicabilidad, en la Carta

de 1980 se innovó respecto de la Carta de 1925 que permitía

su interposición en relación con un “juicio que se siguiere

ante otro tribunal”.

En la Constitución actual se

consideró que debía dársele mayor amplitud al recurso y se

reemplazó el término “juicio” por “gestión”, siguiendo así la

línea que jurisprudencialmente había adoptado la Corte

Suprema en el mismo sentido;

CENTESIMO DECIMO.- Que, por este motivo, el

artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Carta Fundamental

señala que le corresponde al Tribunal Constitucional

“resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o

especial, resulte contraria a la Constitución”;

71 CENTESIMO DECIMOPRIMERO.- Que, atendido lo

anteriormente expuesto, la disposición en examen es

constitucional en el entendido que la alusión al “juicio en

que se solicite” la declaración de inaplicabilidad lo es a la

“gestión” en que ello ocurra;

8º. Artículos 47 P, 47 Q, inciso primero, y 47 W.

CENTESIMO DECIMOSEGUNDO.- Que en el artículo 47 P, que

el artículo único, Nº 58, del proyecto introduce al Párrafo

7º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones de inconstitucionalidad de un precepto

legal declarado inaplicable”, se indica:

“En los casos en que el

Tribunal proceda de oficio, así lo declarará en una

resolución preliminar fundada, que individualizará la

sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento y las

disposiciones constitucionales transgredidas.”;

CENTESIMO DECIMOTERCERO.- Que en el artículo 47 Q,

inciso primero, que el artículo único, Nº 58, del proyecto

agrega al párrafo antes indicado del Título II del Capítulo

II de la Ley Nº 17.997, se señala:

“Si la cuestión de

inconstitucionalidad es promovida mediante acción pública, la

o las personas naturales o jurídicas que la ejerzan deberán

fundar razonablemente la petición, indicando precisamente la

sentencia de inaplicabilidad previa en que se sustenta y los

argumentos constitucionales que le sirven de apoyo.”;

CENTESIMO DECIMOCUARTO.- Que en el artículo 47 W, que

el artículo único, Nº 58, del proyecto, introduce al mismo 72

párrafo antes mencionado del Título II del Capítulo II de la

Ley Nº 17.997, se expresa:

“La declaración de

inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas

deberá fundarse únicamente en la infracción de el o los

preceptos constitucionales que fueron considerados

transgredidos por la sentencia previa de inaplicabilidad que

le sirve de sustento.”;

CENTESIMO DECIMOQUINTO.- Que dichos preceptos son

constitucionales en el entendido que las oraciones “la

sentencia de inaplicabilidad que le sirve de sustento”, “la

sentencia de inaplicabilidad previa en que se sustenta” y

“la sentencia previa de inaplicabilidad que le sirve de

sustento”, contenidas en ellos, aluden a la o a las

sentencias de inaplicabilidad en que se base la cuestión

promovida o se funde la resolución preliminar o la

declaración de inconstitucionalidad a que ellos se refieren,

puesto que dichas sentencias pueden ser una o varias en

conformidad con lo que dispone el artículo 93, inciso

primero, Nº 7º, de la Constitución;

9º. Artículo 48, inciso tercero.

CENTESIMO DECIMOSEXTO.- Que el artículo 48, que el

artículo único, Nº 60, del proyecto introduce al Párrafo 8º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, denominado

“Cuestiones sobre la promulgación de una ley”, dispone en su

inciso tercero, parte primera, lo siguiente:

“Para ser acogido a

tramitación el requerimiento deberá cumplir con las

exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y a

él deberá acompañarse copia del oficio de la Cámara de origen 73

que comunica al Presidente de la República el texto aprobado

por el Congreso Nacional y, en su caso, copia de la

publicación en el Diario Oficial.”;

CENTESIMO DECIMOSEPTIMO.- Que dicha disposición es

constitucional en el entendido que el oficio a que se refiere

es aquel que la Cámara de origen envía al Jefe de Estado una

vez que el proyecto ha cumplido todos los trámites previstos

por la Constitución para la formación de la ley y ha sido

definitivamente despachado por el Poder Legislativo, en

virtud del cual le comunica el texto del mismo para su

promulgación;

10º. Artículo 50 bis, inciso primero.

CENTESIMO DECIMOCTAVO.- Que el artículo 50 bis, que

el artículo único, Nº 64, del proyecto agrega al Párrafo 10º

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, que lleva

por nombre “Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos

supremos”, señala en su inciso primero:

“Para ser admitido a

tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las

exigencias señaladas en el inciso primero del artículo 39 y a

él deberá acompañarse la publicación del decreto impugnado.”;

CENTESIMO DECIMONOVENO.- Que el artículo 93, inciso

decimonoveno, de la Carta Fundamental, establece que:

“En el caso del número 16º,

el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento

de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta

días siguientes a la publicación o notificación del texto

impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos

que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente 74

de la República también podrá una cuarta parte de los

miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.”;

CENTESIMO VIGESIMO.- Que, en conformidad con lo

dispuesto en el precepto transcrito en el considerando

anterior, ha de considerarse que la disposición en examen es

constitucional en el entendido que, para ser admitido a

tramitación, al requerimiento deberá acompañarse la

“publicación o notificación” del decreto objetado;

VII. CUMPLIMIENTO DEL QUORUM DE APROBACION DE LAS NORMAS

DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE

CONSTITUCIONALIDAD.

CENTESIMO VIGESIMOPRIMERO.- Que consta de autos que

los preceptos indicados en los considerandos decimosegundo y

decimosexto de esta sentencia han sido aprobados en ambas

Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por

los incisos primero y segundo del artículo 66 de la

Constitución Política de la República, y que sobre ellos no

se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;

VIII. INFORME DE LA CORTE SUPREMA.

CENTESIMO VIGESIMOSEGUNDO.- Que, igualmente, consta

de los antecedentes que se solicitó la opinión de la Corte

Suprema en conformidad con lo preceptuado en el artículo 77,

inciso segundo, de la Carta Fundamental;

IX. DECLARACION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS

QUE SE INDICAN.

CENTESIMO VIGESIMOTERCERO.- Que las normas del

proyecto en análisis a que se ha hecho referencia en el

considerando centésimo vigesimoprimero, con excepción de

aquellas disposiciones y oraciones que se mencionan en los 75

considerandos vigesimoctavo, trigesimocuarto,

septuagesimosegundo, octogésimo y octogesimonoveno de esta

sentencia, no son contrarias a la Constitución.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 6º, 54, Nº 1º, 66,

incisos primero y segundo, 72, 75, incisos primero y segundo,

92, 93 y 94 de la Constitución Política de la República y lo

prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, de

19 de mayo de 1981, Orgánica Constitucional de este Tribunal,

DECISION DEL TRIBUNAL

SE DECLARA:

I. NORMAS INCONSTITUCIONALES.

1. Que el Nº 3º del inciso segundo del artículo 37 C;

los Nºs 3º y 4º del inciso segundo del artículo 41 bis; los

Nºs 3º y 5º del inciso segundo del artículo 46 B; la frase

“carece de fundamento plausible” del inciso tercero del

artículo 47 que pasa a ser 47 bis; la oración “y cuando

carezca de fundamento plausible” del inciso segundo del

artículo 48 bis y el Nº 6º del inciso segundo del artículo 50

bis, introducidos a la Ley Nº 17.997 por el artículo único,

Nºs 40, 46, 53, 56, letra b), 60 y 64 del proyecto remitido,

son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.

2. Que las palabras “en extracto” comprendidas en el

artículo 37 G que se agrega a la Ley Nº 17.997 por el

artículo único, Nº 40, del proyecto remitido son

inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.

3. Que el artículo 47 B y la frase “o respecto de

disposiciones de un tratado internacional vigente”,

comprendida en el artículo 47 G, inciso primero, Nº 4º, que

el artículo único, Nº 57, del proyecto remitido incorpora a 76

la Ley Nº 17.997, son inconstitucionales y deben eliminarse

de su texto.

4. Que el inciso segundo del artículo 47 O y el Nº 3º

del inciso primero del artículo 47 S, agregados a la Ley Nº

17.997 por el artículo único, Nº 58, del proyecto remitido,

son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.

5. Que el Nº 5º del inciso segundo del artículo 50

bis, que el artículo único, Nº 64, del proyecto remitido

introduce a la Ley Nº 17.997, es inconstitucional y debe

eliminarse de su texto.

II. NORMA INTERPRETATIVA CONSTITUCIONAL.

6. Que el artículo 38 bis, inciso primero, que el

artículo único, Nº 43, del proyecto remitido agrega a la Ley

Nº 17.997, en cuanto interpreta la frase del inciso cuarto

del artículo 93 de la Constitución que establece que el

requerimiento respectivo ha de ser “formulado antes de la

promulgación de la ley”, es constitucional.

III. NORMAS QUE SE DECLARAN CONSTITUCIONALES EN EL

ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE INDICA.

7. Que el inciso cuarto del artículo 15 que el

artículo único, N° 16, del proyecto remitido incorpora a la

Ley N° 17.997, en cuanto establece que los suplentes de

ministros “no cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de

edad”, es constitucional en el entendido que, en todo caso,

deben ser nombrados antes de cumplir esa edad.

8. Que las frases “deberá practicarse dentro de los

tres días siguientes a su dictación” y “deberá publicarse (…)

en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su

dictación”, comprendidas en los artículos 31 bis, inciso 77

final, y 37 G que el artículo único, N°s 30 y 40, del

proyecto remitido agrega a la Ley N° 17.997, son

constitucionales en el entendido de que señalan que la

publicación deberá hacerse dentro de “los tres días

siguientes” en que el Diario Oficial efectivamente se

publique.

9. Que el inciso tercero del artículo 33 B que el

artículo único, N° 35, del proyecto remitido introduce a la

Ley N° 17.997 es constitucional en el sentido que la

referencia que en dicha disposición se hace a una “cuestión

de inconstitucionalidad” debe entenderse hecha a una

“cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”.

10. Que el N° 5° del inciso primero del artículo 47 G

que el artículo único, N° 57, del proyecto remitido agrega a

la Ley N° 17.997 es constitucional en el entendido que el

precepto legal impugnado a que alude no ha de tener

aplicación o no resultará decisivo en la resolución de “un

asunto” que se promueva en la gestión pendiente en que incide

la acción interpuesta y no, necesariamente, “del asunto” a

que ésta se refiere.

11. Que el N° 6° del inciso primero del artículo 47 G

que el artículo único, N° 57, del proyecto remitido incorpora

a la Ley N° 17.997 es constitucional en el entendido que la

expresión “fundamento plausible” que en él se contiene

corresponde a la exigencia contemplada en el artículo 93,

inciso decimoprimero, de la Constitución Política, de que la

acción interpuesta esté “fundada razonablemente”.

12. Que el artículo 47 K que el artículo único, N° 57,

del proyecto remitido introduce a la Ley N° 17.997 es

constitucional en el entendido que la alusión a una 78

declaración de “inconstitucionalidad” que en él se comprende

lo es a una declaración de “inaplicabilidad por

inconstitucionalidad”.

13. Que el inciso primero del artículo 47 Ñ que el

artículo único, N° 57, del proyecto remitido agrega a la Ley

N° 17.997 es constitucional en el entendido que la referencia

al “juicio en que se solicite” la declaración de

inaplicabilidad que en él se contiene lo es a la “gestión” en

que ello ocurra.

14. Que las oraciones “la sentencia de inaplicabilidad

que le sirve de sustento”, “la sentencia de inaplicabilidad

previa en que se sustenta” y “la sentencia previa de

inaplicabilidad que le sirve de sustento”, comprendidas en

los artículos 47 P, 47 Q, inciso primero, y 47 W que el

artículo único, N° 58, del proyecto remitido incorpora a la

Ley N° 17.997, son constitucionales en el entendido que

aluden a la o a las sentencias de inaplicabilidad en que se

base la cuestión promovida o se funde la resolución

preliminar o la declaración de inconstitucionalidad a que

ellos se refieren, puesto que dichas sentencias pueden ser

una o varias.

15. Que el inciso tercero del artículo 48 que el

artículo único, N° 60, del proyecto remitido introduce a la

Ley N° 17.997 es constitucional en el entendido que el oficio

a que se refiere es aquel que la Cámara de origen envía al

Jefe de Estado una vez que el proyecto ha cumplido todos los

trámites previstos por la Constitución para la formación de

la ley y ha sido definitivamente despachado por el Poder

Legislativo, en virtud del cual le comunica el texto del

mismo para su promulgación;

79 16. Que el inciso primero del artículo 50 bis que el

artículo único, N° 64, del proyecto remitido agrega a la Ley

N° 17.997 es constitucional en el entendido que para que se

admita a tramitación el requerimiento a que alude deberá

acompañarse a éste la “publicación” o “notificación” del

decreto impugnado.

IV. NORMAS QUE SE DECLARAN CONSTITUCIONALES.

17. Que las demás disposiciones del proyecto son

constitucionales.

VOTOS PARTICULARES

VOTO DISIDENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, MINISTRO

SEÑOR JUAN COLOMBO CAMPBELL, Y DE LOS MINISTROS SEÑORES JOSE

LUIS CEA EGAÑA, RAUL BERTELSEN REPETTO Y MARIO FERNANDEZ

BAEZA CON RELACION A LA FACULTAD QUE SE CONFIERE A LOS

ORGANOS CONSTITUCIONALES INTERESADOS DE SOLICITAR LA

INHABILIDAD DE LOS MINISTROS DEL TRIBUNAL (ARTICULO 19).

Acordada con el voto en contra del Presidente del

Tribunal, Ministro señor Juan Colombo Campbell, y de los

Ministros señores José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen

Repetto y Mario Fernández Baeza, quienes estuvieron por

declarar inconstitucional, en el inciso cuarto del artículo

19, la frase “y por los órganos constitucionales interesados

que se hayan hecho parte”, en base a las siguientes

consideraciones:

1º.- Que la Constitución establece en su artículo 92 el

estatuto de los miembros del Tribunal, especificando que son

inamovibles y estableciendo su régimen de inhabilidades e

incompatibilidades, además de establecer que el Tribunal 80

ejercerá sus atribuciones resolviendo de conformidad a

derecho.

2º.- Que, en tanto elemento del debido proceso, la

independencia del Tribunal, más allá de las expresiones

constitucionales, es el no sometimiento a los dictados del

poder político o económico o de grupos de interés, de

presión o de personas. Significa que el Tribunal está dotado

de libertad de criterio para resolver las controversias sin

ataduras o limitaciones de ninguna clase y sin otra sumisión

que al imperio de la Constitución. La importancia de la

aplicación de este principio radica en la preeminencia de la

garantía de la independencia del Tribunal Constitucional, lo

que le permite evitar, como cuerpo, presiones externas que

puedan influir en su decisión colegiada.

3º.- Que en el marco del principio de inamovilidad del

juez, su permanencia y estabilidad es un ingrediente

indispensable para respaldar la solidez institucional y la

capacidad del tribunal de actuar como un tercero ajeno al

juicio. En este sentido, inamovilidad significa, pues, que

nombrado o designado un juez conforme a su estatuto, no

puede ser removido del cargo ni perturbado en el ejercicio

del mismo a fin de torcer su decisión, por lo cual es una

necesidad que los jueces de este tribunal gocen de

inamovilidad establecida en las normas constitucionales

invocadas como única forma de impedir presiones externas en

el ejercicio de la jurisdicción, pues el juez que puede ser

removido de una causa por quienes deben ser juzgados por él,

por quienes debe controlar, pierde su independencia, motivo

por el cual en un sistema concentrado de resolución de 81

conflictos constitucionales, sus jueces no tienen

responsabilidad política.

4º.- Que los principios ya enunciados y las normas

aludidas se traducen en que los miembros de esta

Magistratura han de estar exentos de ser sometidos a

mecanismos de destitución e inhabilitación por las partes

del proceso, más aún cuando no existe el régimen de

integración, interinato, suplencia y subrogancia de los

tribunales ordinarios, lo que significa correr el riesgo de

que el tribunal quede sin quórum para conocer y resolver los

conflictos sometidos al ejercicio de sus atribuciones, en

una infracción flagrante al derecho al acceso al órgano de

jurisdicción constitucional y en una clara obstrucción al

ejercicio de las potestades de esta Magistratura.

5º.- Que lo anterior significa dejar a la voluntad de

las partes la posibilidad de bloquear el funcionamiento del

tribunal al manejar su quórum, privándolo del ejercicio de

sus atribuciones, lo que claramente es contrario a la

Constitución.

6º.- Que, en abono de lo expuesto, debe tenerse

presente que, como principio general, los jueces deben ser

plenamente responsables en el ejercicio de su jurisdicción,

en lo que se denomina “el principio de responsabilidad”, que

debe ser recogido de forma balanceada con los de

independencia e inamovilidad, pues si es mayor la libertad

que los jueces constitucionales tienen, mayor también es su

responsabilidad, principio recogido en el artículo 13 del

texto original de la ley orgánica de esta Magistratura, que

establece que sin perjuicio de lo que expresa la

Constitución Política, los jueces cesan en su cargo por 82

impedimento que, de conformidad con las normas

constitucionales o legales pertinentes, inhabilite al

miembro designado para desempeñar el cargo. Esta será

declarada por acuerdo de la mayoría de los miembros en

ejercicio del tribunal, con exclusión de los afectados,

adoptado en sesión especialmente convocada al efecto.

VOTO DISIDENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, MINISTRO

SEÑOR JUAN COLOMBO CAMPBELL, Y DE LOS MINISTROS SEÑOR JOSE

LUIS CEA EGAÑA Y SEÑORA MARISOL PEÑA TORRES EN RELACION CON

LOS ARTICULOS 47 B Y 47 G, INCISO PRIMERO, Nº 4º, REFERIDO A

LA FRASE “O RESPECTO DE DISPOSICIONES DE UN TRATADO

INTERNACIONAL VIGENTE”.

Acordada con el voto en contra del Presidente del

Tribunal, Ministro señor Juan Colombo Campbell, y de los

Ministros señores José Luis Cea Egaña y señora Marisol Peña

Torres, quiénes no compartieron la decisión contenida en la

declaración Nº 3 de esta sentencia, que dice relación con el

artículo 47 B y con la frase “o respecto de disposiciones de

un tratado internacional vigente”, comprendida en el

artículo 47 G, inciso primero, N° 4°, del proyecto de ley en

examen, por las siguientes razones:

a) Que el artículo 47 B del proyecto de ley analizado

indica: “De conformidad con el número 1) del artículo 54 de

la Constitución Política de la República, no procederá la

inaplicabilidad respecto de tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;

b) Que el artículo 47 G, inciso primero, N° 4°, del

mismo proyecto precisa que: “Procederá declarar la

inadmisibilidad (de la cuestión de inaplicabilidad) en los

siguientes casos: 4° Cuando se promueva respecto de un 83

precepto que no tenga rango legal o respecto de

disposiciones de un tratado internacional vigente.”;

c) Que, a diferencia de lo resuelto por la sentencia,

estos jueces disidentes estiman que las disposiciones del

proyecto de ley en cuestión, transcritas en las letras a) y

b) precedentes, no transgreden la Carta Fundamental sino

que, por el contrario, se ajustan a ella y, además, a los

fundamentos que rigen la responsabilidad internacional de

los Estados, según se demostrará;

d) Que, en efecto, las normas del proyecto aludidas

precedentemente vedan la posibilidad de interponer una

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los

términos previstos en el artículo 93, incisos primero, N° 6,

y undécimo, de la Constitución y, en caso de que, pese a esa

prohibición, igualmente se deduzca, obliga al Tribunal

Constitucional a declarar su inadmisibilidad;

e) Que tanto la norma contenida en el artículo 47 B

como aquella que se incluye en el artículo 47 G, inciso

primero, N° 4, del proyecto de ley que se controla en esta

oportunidad se ajustan a lo prevenido en los preceptos

constitucionales mencionados precedentemente.

En efecto, el artículo 93, inciso primero, N° 6,

de la Ley Suprema confía a esta Magistratura la atribución

de “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio,

la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o

especial, resulte contraria a la Constitución.” (El

subrayado es nuestro).

El inciso undécimo de esa misma disposición

precisa, por su parte, que: “En el caso del número 6º, la 84

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o

por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a

cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior

recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que

verifique la existencia de una gestión pendiente ante el

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del

precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la

resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha

originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.” (El subrayado es nuestro);

f) Que bajo el imperio de la Carta de 1925 y también

durante la vigencia del texto primitivo de la actual

Constitución, se entendió que la expresión “precepto legal”

tenía un contenido genérico y abarcaba, por ende, a todos

los preceptos que compartieran esa naturaleza, entre los que

se incluyó a los tratados internacionales. Esta

interpretación derivaba del contenido preceptivo del antiguo

artículo 43 N° 5 de la Carta de 1925 y del artículo 50 N° 1)

del texto original de la Constitución de 1980, según los

cuales la aprobación de un tratado debía someterse a los

trámites de una ley;

g) Que, ciertamente, esas normas han sido

reemplazadas por la regulación contenida actualmente en el

artículo 54 N° 1) de la Carta Fundamental, que permite

colegir un alcance diferente del establecido previamente,

según se verá;

85 h) Que, con todo y antes de producirse la

modificación introducida por la reforma constitucional de

2005, mediante la Ley N° 20.050, al artículo 50 (hoy 54) N°

1) de la Constitución, ya la jurisprudencia de este

Tribunal, así como la de los tribunales ordinarios, había

venido desvirtuando la asimilación entre “ley” y “tratado”;

i) Que, así, esta Magistratura señaló que tratado y

ley “son fuentes de derecho diferentes”. Dicha afirmación se

contiene específicamente en la sentencia recaída en el rol

N° 288, en la que se agregó: “En tal sentido, y sin entrar a

profundizar el tema, pueden mencionarse algunos preceptos

que decantan la distinción anotada: el artículo 5° alude a

Constitución y tratados internacionales; el artículo habla

de someter la aprobación de los tratados a los trámites de

la ley y el artículo 82, N° 2, en estudio, distingue entre

la tramitación de los proyectos de ley y la tramitación de

los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.”

(Considerando 6°);

j) Que, por su parte, la Corte de Apelaciones de

Santiago, en sentencia recaída en el recurso de apelación

Rol N° 36.683-94, había precisado que: “(...) debemos tener

presente el hecho de que como establece el artículo 50 N° 1

de la Constitución, es para su aprobación por el Parlamento

que el tratado debe someterse a los trámites de una ley, lo

que es muy distinto a sostener que los tratados se sometan a

los trámites de una ley. Nadie puede desconocer la distinta

naturaleza de ambos tipos de normas y su ámbito de

aplicación. En efecto, mientras la ley es un acto jurídico

emanado de la voluntad unilateral de un Estado a través de

los órganos colegisladores, el tratado internacional es un 86

acto jurídico bi o multilateral que depende de la voluntad

de diversos Estados y que un Estado Parte no puede,

unilateralmente, dejar sin efecto las obligaciones y

derechos que emanan del tratado.” (Considerando 6°, letra

d)). (El subrayado es nuestro);

k) Que, en ese entendimiento, estos Ministros

disidentes aprecian que el Constituyente de 1980,

progresivamente, ha ido separando a la ley del tratado

dentro del panorama de fuentes del derecho imperantes en

Chile.

Sólo así puede entenderse que el artículo 82,

inciso primero, N° 2, del texto original de la Ley

Fundamental (hoy artículo 93, inciso primero, N° 3) haya

considerado la posibilidad de deducir cuestiones de

constitucionalidad tanto respecto de “proyectos de ley (o de

reforma constitucional)” cuanto de “tratados sometidos a la

aprobación del Congreso.” Si ambos tipos de normas –ley y

tratado- hubieren sido de la misma naturaleza, habría

bastado utilizar la expresión genérica de “ley”;

l) Que las modificaciones introducidas por la reforma

constitucional de 2005 -mediante la Ley N° 20.050- a las

competencias del Tribunal Constitucional reafirman la

tendencia anotada.

Es así como, recogiendo jurisprudencia emanada de

esta propia Magistratura (voto disidente en rol N° 282 y

sentencia rol N° 312), el Constituyente de ese momento

decidió modificar el numeral 1° del inciso primero del

artículo 93 de la Carta Fundamental para incorporar, entre

las normas que deben ser sometidas a control preventivo

obligatorio de constitucionalidad, a aquéllas contenidas en 87

“un tratado que versen sobre materias propias de estas

últimas” (de las leyes orgánicas constitucionales). Si ley y

tratado fuesen lo mismo desde el punto de vista jurídico,

habría bastado la mención ya contenida originalmente en la

disposición constitucional aludida y que se refiere a “las

leyes orgánicas constitucionales”;

m) Que, así, las expresiones “precepto legal”,

empleadas en el artículo 93, incisos primero, Nº 6, y

undécimo, de la Carta Fundamental no pueden hacerse

extensivas a los tratados internacionales, concluyéndose,

entonces, que no procede deducir una acción de

inaplicabilidad respecto de normas contenidas en un tratado,

por no haberlo autorizado expresamente el Constituyente;

n) Que, teniendo presentes las diferencias entre

“ley” y “tratado”, emanadas del propio texto de la

Constitución, así como de la jurisprudencia constitucional y

ordinaria, corresponde examinar, en punto a esta disidencia

y a mayor abundamiento, el artículo 54 N° 1) de la Ley

Suprema, sobre todo en relación con las modificaciones

introducidas después de la reforma de 2005;

ñ) Que, como se ha recordado, el argumento central de

quienes asimilaron, en el pasado, el tratado a la ley, en

cuanto fuentes idénticas del derecho, se basaba en que el

antiguo artículo 50 N° 1) de la Constitución señalaba que la

aprobación de los tratados debía someterse a los “trámites

de una ley”.

Comentando esa misma disposición, durante la

discusión de la reforma constitucional de 2005, el senador

Andrés Chadwick precisaba que: “(...) no es cierto que los

tratados internacionales se tramiten igual que una ley 88

porque tienen dos elementos que los hacen distintos; el

primero, que se presentan a conocimiento del Congreso luego

de un compromiso que ha contraído el Presidente de la

República con Estados extranjeros y, en segundo lugar, que

sólo se pueden aprobar o rechazar, lo que constituye una

diferencia sustancial con el trámite propio de un proyecto

de ley.” (Senado de la República. Informe de la Comisión de

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, 6 de

noviembre de 2001, p. 344);

o) Que, sin duda, conscientes los parlamentarios de

que “ley” y “tratado” son diferentes, aprobaron una primera

modificación importante al artículo 50 (hoy 54), N° 1), del

Código Político, en el sentido de que los tratados se

someterán, “en lo pertinente”, a los trámites de una ley, lo

cual ha venido, sin duda, a reforzar las singularidades

propias de una y otra fuente del derecho;

p) Que una segunda modificación introducida a la

norma constitucional mencionada consiste en haber agregado

un inciso (el quinto actual), según el cual “las

disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas,

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los

propios tratados o de acuerdo a las normas generales de

derecho internacional.”

Que, explicando el sentido de esta modificación,

la señora Ministra de Relaciones Exteriores, doña María

Soledad Alvear Valenzuela, expresó, en el primer trámite

constitucional de la reforma de 2005, lo siguiente:

“El texto de la Constitución regula el proceso

de celebración de un tratado internacional,

estableciendo las competencias de los 89

distintos órganos del Estado en esta materia

(fundamentalmente, del Presidente de la

República y el Congreso Nacional), pero nada

dice respecto de la derogación o modificación

de un tratado, lo que ha suscitado algunos

problemas de interpretación, especialmente

respecto a la relación entre éstos y las leyes

posteriores que se pudieren promulgar y que

fueren incompatibles con dichos tratados.

Parece necesario, dijo, regular estos aspectos

puesto que se requiere resolver claramente el

problema de la primacía de los tratados

internacionales en relación con las normas

legales del Estado, evitando que una ley

posterior pueda derogar o modificar un tratado

existente.

Señaló que este tema debería resolverse

haciendo consistente la solución de un

conflicto entre normas internacionales e

internas, dando primacía a las primeras, como

lo establece el Derecho Internacional

(artículo 27 de la Convención de Viena sobre

Derecho de los Tratados), evitando, además,

que el Estado incurra en permanentes e,

incluso, a veces involuntarias situaciones

generadoras de responsabilidad internacional.”

(Senado de la República. Informe de la

Comisión de Constitución, Legislación,

Justicia y Reglamento, 6 de noviembre de 2001,

p. 332-333);

90 q) Que, como puede apreciarse, el sentido final de la

disposición que hoy se contiene en el inciso quinto del

artículo 54, N° 1), de la Constitución apuntaba a evitar que

Chile incurriera en responsabilidad internacional si hacía

primar su normativa interna por sobre un tratado vigente

vulnerando las obligaciones derivadas de éste. Ello se

concilia perfectamente con lo dispuesto en el artículo 27 de

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de

1969, que preceptúa que: “Una parte no podrá invocar las

disposiciones de su derecho interno como justificación del

incumplimiento de un tratado (...)”, lo que, junto al

principio de buena fe o “pacta sunt servanda” en el

cumplimiento de tales normas –consagrado en el artículo 26

de la misma Convención-, constituyen la médula de las

obligaciones que un Estado contrae al obligarse por un

tratado internacional;

r) Que podría sostenerse que la obligación de cumplir

los tratados internacionales, que se traduce en que sus

disposiciones pueden ser derogadas, modificadas o

suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o

de acuerdo a las normas generales de derecho internacional,

sólo resulta aplicable a los órganos que intervienen en la

suscripción, aprobación y ratificación de los tratados, esto

es, el Presidente de la República y el Congreso Nacional.

Tal argumento, propio exclusivamente de un

análisis de derecho interno, resulta desvirtuado si se tiene

presente que la responsabilidad internacional por la

comisión de un ilícito internacional es atribuible al Estado

como sujeto de derecho internacional y no a órganos

determinados de éste, como podría ser el caso del Congreso 91

Nacional o de los tribunales de justicia considerados

independientemente. Así se expresó en la sentencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al caso de

la película “La Ultima Tentación de Cristo” (considerando 81

de la sentencia de 5 de febrero de 2001).

Luego, por mucho que no sea el Presidente ni el

Congreso, sino que el propio Tribunal Constitucional quien,

con su actuación, produzca la derogación, modificación o

suspensión de un tratado, igualmente se generará

responsabilidad internacional para el Estado como un todo.

Así, la ubicación de la norma contenida en el

inciso quinto del artículo 54, N° 1), de la Constitución no

debe inducir a confusiones en el sentido anotado;

s) Que, en efecto, la responsabilidad internacional

se genera por la ilicitud de un comportamiento a que estaba

obligado un sujeto desde la perspectiva del Derecho

Internacional. “Bastarán, entonces, como lo sostiene la

jurisprudencia –y ha recogido la CDI (Comisión de Derecho

Internacional) en su proyecto de artículos-, dos elementos

para que una determinada conducta pueda ser calificada de

hecho internacionalmente ilícito: que consista en la

infracción de una obligación internacional que un sujeto

tiene para con otro –elemento objetivo del ilícito-, y que

tal conducta ilícita sea atribuible a un sujeto de DI

(Derecho Internacional) -elemento subjetivo del ilícito-.”

(Remiro Brotons y otros. “Derecho Internacional”. Editorial

Mc Graw Hill, Madrid, 1997, p. 414);

t) Que, así las cosas, resulta necesario preguntarse

si la declaración de inaplicabilidad de la norma contenida

en un tratado –que el proyecto de ley en examen prohíbe- 92

podría producir alguno de los efectos considerados en el

inciso quinto del artículo 54, N° 1), de la Constitución,

generando, además, la consiguiente responsabilidad

internacional de nuestro Estado;

u) Que este Tribunal se ha encargado de precisar los

efectos de la declaración de inaplicabilidad de un precepto

legal pronunciada en virtud de lo previsto en el artículo

93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental.

En este sentido, ha sostenido que la acción de

inaplicabilidad produce un efecto negativo y otro positivo.

El primero se configura al acogerse la declaración de

inaplicabilidad solicitada en la gestión respectiva. En este

caso, queda prohibido al tribunal que conoce de ella aplicar

el precepto cuestionado. El efecto positivo se manifiesta

cuando se desecha por el Tribunal Constitucional la acción

intentada. En este evento el juez de la causa recupera en

plenitud su facultad para determinar la norma que aplicará a

la resolución del conflicto de que conoce, sin que

necesariamente deba ella ser la misma cuya

constitucionalidad fue cuestionada sin éxito. (Sentencias

Roles N°s. 588, de 26 de julio de 2007, y 596, de 12 de

julio de 2007).

Así, y tratándose del primer efecto –negativo-, si

se declara la inaplicabilidad de un precepto legal –y, de

acuerdo al fallo de autos, de una norma de un tratado- el

juez que conoce de la gestión pendiente no puede aplicar el

precepto para fallar el asunto, es decir, tal precepto queda

verdaderamente “suspendido” en su aplicación en la causa de

que se trata;

93 v) Que esta misma Magistratura ha recordado que: “Al

disponer que debe entenderse que se suspende una garantía

cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante

la vigencia del estado de excepción, está señalando, desde

luego, y con palabras propias, el concepto que del vocablo

"suspender" precisa el Diccionario de la Real Academia, esto

es, "detener o diferir temporalmente una acción u obra", así

como éste expresa que "suspensión" es "cesación temporal de

garantías", o bien, "situación anormal en que por motivos de

orden público quedan temporalmente sin vigencia algunas

garantías constitucionales (…)". (Sentencia Rol N° 29, de 7

de junio de 1985, considerando 3º). Luego, acorde a esta

jurisprudencia, si se “detiene o paraliza temporalmente”

(aunque sea para un caso concreto) la aplicación de una

norma de un tratado internacional, ello importa una

suspensión del mismo con clara transgresión del artículo 54,

N° 1), inciso quinto, de la Carta Fundamental. Ello, debido

a que la referida suspensión opera en forma diferente a lo

previsto en el tratado o a las normas generales de derecho

internacional;

w) Que, sobre la base de lo afirmado, no puede

declararse la inaplicabilidad de una norma contenida en un

tratado internacional vigente, pues ello importaría una

suspensión de la misma y una vulneración del artículo 54, N°

1), inciso quinto, de la Constitución, con clara

responsabilidad internacional para el Estado chileno, al que

se imputaría una violación de las obligaciones que le impone

ese tratado y del artículo 27 de la Convención de Viena

sobre el Derecho de los Tratados, y, por ende, la comisión

de un ilícito internacional.

94 Luego, no resultaría lógico impedir la declaración

de inconstitucionalidad de las normas de un tratado, con

efectos erga omnes, por importar una derogación de las

mismas-como lo hace el inciso final del artículo 47 O del

proyecto de ley examinado-y autorizar, en cambio, la

declaración de inaplicabilidad de dichas disposiciones, por

acarrear una mera suspensión para la gestión concreta de que

se trata, si, en uno y otro caso, se vulnera igualmente la

Constitución y se genera, en idénticos términos,

responsabilidad internacional para el Estado.

x) Que, en este sentido, el profesor argentino Víctor

Bazán, en su análisis comparado de la situación

constitucional de varios países de América Latina, se ha

preguntado:

“¿Qué sucedería si el órgano de justicia

constitucional involucrado concluyera que el

mismo (el tratado) es total o parcialmente

inconstitucional? Percibimos que tal

alternativa podrá coadyuvar al vaciamiento del

contenido axiológico y jurídico de la

exigencia que se impone a todo Estado en

punto a honrar sus compromisos

internacionales, no supondría –precisamente-

respetar los principios generales del derecho

de las naciones civilizadas y ya, en

particular, las pautas pacta sunt servanda

(norma fundamental de todo el derecho de los

tratados), buena fe e improcedencia de alegar

disposiciones de derecho interno para

justificar el incumplimiento de los acuerdos 95

internacionales, y, por el contrario,

propiciaría el demérito de la seguridad

jurídica y la potencial responsabilidad

internacional del país en cuestión.”

(“Jurisdicción constitucional y control de

constitucionalidad de los tratados

internacionales”. Editorial Porrúa, México,

2003, p. 14);

y) Que la conclusión consignada en la letra w)

precedente, que lleva a estos Ministros a disentir de la

sentencia de autos, afirmando la constitucionalidad de las

normas contenidas en los artículos 47 B y 47 G, inciso

primero, N° 4º, del proyecto de ley examinado –

particularmente, en lo referido a las expresiones “o

respecto de disposiciones de un tratado internacional

vigente”- no obsta a reafirmar la importancia del pleno

respeto al principio de supremacía constitucional, el que se

resguarda debidamente, en este caso, a través del control

preventivo obligatorio o facultativo de las normas de un

tratado (artículo 93, inciso primero, numerales 1° y 3° de

la Constitución). En cambio, si el Estado ya se ha obligado

en virtud de un tratado debidamente ratificado ante los

órganos pertinentes, sólo cabe la denuncia o retiro del

mismo en conformidad a las normas contenidas en los

restantes incisos del artículo 54 N° 1) de la Carta

Fundamental.

VOTO DISIDENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, MINISTRO

SEÑOR JUAN COLOMBO CAMPBELL, Y DE LOS MINISTROS SEÑORES MARIO

FERNANDEZ BAEZA, MARCELO VENEGAS PALACIOS Y ENRIQUE NAVARRO

BELTRAN, EN RELACION A LA FACULTAD QUE SE CONFIERE A LOS 96

ORGANOS DEL ESTADO PARA DESISTIRSE DE LAS ACCIONES DEDUCIDAS

CON OCASION DE CONFLICTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DURANTE LA

TRAMITACION DE LOS PROYECTOS DE LEY.

Acordada con el voto en contra del Presidente del

Tribunal, Ministro señor Juan Colombo Campbell, y de los

Ministros señores Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas

Palacios y Enrique Navarro Beltrán, quienes estuvieron por

declarar inconstitucionales los incisos tercero y cuarto

del artículo 33 A, en base a las siguientes consideraciones:

1º.- Que el ejercicio de las atribuciones de control de

constitucionalidad de proyectos de ley, a requerimiento de

minorías parlamentarias, establecido en el numeral 3 del

artículo 93 de la Constitución implica un control de

carácter abstracto, desprovisto de toda hipótesis de

aplicación a un caso concreto, y de eficacia erga omnes, en

la medida que la sanción que de él puede derivar es la

imposibilidad de aprobación de una norma de rango legal y

vigencia general.

2º.- Que en tanto control erga omnes y desprovisto del

elemento subjetivo y particular de los intereses en juego en

un control concreto, estamos en presencia de una atribución

que lleva inmerso un interés público de relevancia, aunque

presuponga la existencia de un acto voluntario como lo es un

requerimiento. En efecto, en la medida que lo resuelto en el

proceso tendrá eficacia erga omnes e implica una resolución

fundada en bienes jurídicos abstractos de rango

constitucional, dichos intereses constitucionales de toda la

comunidad no son disponibles por la vía de un desistimiento.

3º.- Que, de esa forma, el desistimiento no puede tener

cabida de conformidad a la Constitución en el marco de los 97

controles de constitucionalidad del numeral 3º de su

artículo 93.

VOTO DISIDENTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, MINISTRO

SEÑOR JUAN COLOMBO CAMPBELL, Y DEL MINISTRO SEÑOR JORGE

CORREA SUTIL, SOBRE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEL ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS ADICIONALES DE

ADMISIBILIDAD.

Acordada con el voto en contra del Presidente del

Tribunal, Ministro señor Juan Colombo Campbell, y del

Ministro señor Jorge Correa Sutil, quienes disienten de lo

resuelto en la decisión 1ª de esta sentencia, en lo que se

refiere a declarar la inconstitucionalidad de lo dispuesto

en el Nº3 del inciso segundo del artículo 37 C; del Nº 4 del

inciso segundo del artículo 41 bis; de lo dispuesto en el Nº

5 del artículo 46 B; de la frase “carece de fundamento

plausible” del inciso tercero del artículo 47, que pasa a

ser 47 bis; de la oración “y cuando carezca de fundamento

plausible” del inciso segundo del artículo 48 bis, y del Nº

6 del inciso segundo del artículo 50 bis del proyecto.

Los disidentes estuvieron por declarar todos esos

preceptos como ajustados a la Carta Fundamental, pues, a su

juicio, al establecer esos requisitos de fundamentación

razonable, el legislador no estatuye exigencias adicionales

no contempladas en la Carta Fundamental, y con infracción de

ella, ni entraba el expedito acceso al Tribunal. Al parecer

de estos disidentes, el Tribunal Constitucional y los

tribunales en general, especialmente los superiores, son

bienes escasos, que deben destinar sus limitados recursos a

atender y resolver, con fallos de calidad, los asuntos que

se les promuevan, para lo cual resulta del todo conveniente 98

poder dejar de atender, en una etapa temprana, aquellas

acciones que, a juicio del propio tribunal competente para

conocer el fondo, carezcan de fundamento plausible o de

seriedad suficiente. El requisito de estar razonablemente

fundado o de tener fundamento plausible no añade entonces, a

juicio de los disidentes, un requisito nuevo que exceda los

contemplados en la Carta Fundamental, sino una exigencia de

procesabilidad inherente a toda acción judicial que merezca

atención, como es la de resultar primero entendible, y ser

luego plausible, cuestión, desde luego, que sólo le cabe

apreciar al mismo tribunal competente para conocer del fondo

del asunto.

VOTO DISIDENTE DE LOS MINISTROS SEÑORES JOSE LUIS CEA

EGAÑA, RAUL BERTELSEN REPETTO Y SEÑORA MARISOL PEÑA TORRES

EN RELACION CON EL ARTICULO 12 BIS.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores

José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto y señora Marisol

Peña Torres, quienes discrepando de la decisión contenida en

el N° 17 de la parte declarativa de la sentencia de autos,

en lo que respecta al nuevo artículo 12 bis del proyecto

examinado, estuvieron por declarar su inconstitucionalidad

por las siguientes razones:

1°.- Que el proyecto de ley sometido a control de este

Tribunal precisa en su artículo 12 bis nuevo, inciso

segundo, que: “El cargo de ministro es incompatible con los

de diputado y senador, y con todo empleo o comisión

retribuido con fondos del Fisco, de las municipalidades, de

las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las

empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención

por aportes de capital, y con toda otra función o comisión 99

de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y

las funciones o comisiones de igual carácter en

establecimientos públicos o privados de la enseñanza

superior, media y especial, hasta un máximo de doce horas

semanales, fuera de las horas de audiencia. Sin embargo, no

se considerarán labores docentes las que correspondan a la

dirección superior de una entidad académica, respecto de las

cuales regirá la incompatibilidad a que se refiere este

inciso”;

2°.- Que el artículo 92 de la Constitución Política, en

su inciso segundo, establece que: “Los miembros del Tribunal

durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por

parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince

años de título de abogado, haberse destacado en la actividad

profesional, universitaria o pública, no podrán tener

impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el

cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los

artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de

abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los

establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo

60.”;

3°.- Que, en consecuencia, en lo que se refiere a las

incompatibilidades aplicables a los Ministros del Tribunal

Constitucional durante el ejercicio de sus cargos, la Carta

Fundamental se ha remitido a las normas constitucionales que

consagran las incompatibilidades que afectan a los

parlamentarios durante el ejercicio de los cargos de

diputado y senador, respectivamente contempladas en los

artículos 58 y 59 de la Ley Suprema;

100 4°.- Que esta Magistratura ha tenido oportunidad de

pronunciarse sobre el alcance de las prohibiciones

parlamentarias en la sentencia de 7 de diciembre de 1994,

recaída en el rol Nº 190, en el sentido que:

“(...)la institución de las prohibiciones

parlamentarias, cuya preceptiva se encontraba

en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la

Constitución de 1925 y ahora está contenida en

el Capítulo V de la actual Constitución,

artículos 44 a 46 y 54 a 57 y, de manera

excepcional, en el Nº 15 del artículo 19,

tiene en general y de acuerdo a los preceptos

mencionados, la trascendental finalidad de

cautelar y asegurar la independencia global de

los diputados y senadores, tanto respecto del

Poder Político cuanto de los diferentes grupos

de presión, sean económicos o sociales, y de

preservar la respetabilidad y la dignidad del

cargo de parlamentario para lo cual establece

una primera especie, las inhabilidades

parlamentarias, que constituyen un conjunto de

prohibiciones de elección y de ejecución de

actos determinados respecto de quienes aspiran

a un cargo de diputado o senador o lo están

ejerciendo (…) una segunda especie de

prohibiciones parlamentarias son las

incompatibilidades (artículo 55), que son

aquellas que impiden el desempeño simultáneo

del cargo de parlamentario y el de otro cargo,

y la última especie de incompatibilidades son

las incapacidades para que el senador o 101

diputado sea nombrado para otro cargo

(artículo 56)” (considerando 9º);

5°.- Que en la misma sentencia mencionada

precedentemente, este Tribunal precisó que: “Las

prohibiciones parlamentarias son pues, limitaciones de

derecho estricto que afectan la elección de diputados y

senadores y el ejercicio de los cargos parlamentarios, cuyas

infracciones aparejan sanciones como la nulidad de la

elección, la cesación en el cargo de congresal y la nulidad

del nombramiento, según los casos. Por ello, la aplicación

de estas normas prohibitivas debe dirigirse solamente a los

casos expresa y explícitamente contemplados en la

Constitución, toda vez que se trata de preceptos de derecho

estricto, y no puede hacerse extensiva a otros, sea por

similitud, analogía o extensión, conforme al principio de la

interpretación restrictiva de los preceptos de excepción

unánimemente aceptado por la doctrina, aplicado

reiteradamente por este Tribunal en, entre otras causas, las

roladas bajo los Nºs. 21 y 67, planteado ya expresamente y

en general en la sesión Nº 212, del 19 de mayo de 1976, de

la Comisión Constituyente por don Alejandro Silva Bascuñán

cuando señaló que “toda restricción de la libertad

establecida debe interpretarse restrictivamente y de manera

exclusiva en relación con la finalidad específica con que se

ha dictado el precepto y no con otra inspiración”, y

reafirmado por la historia fidedigna del establecimiento

precisamente de las disposiciones constitucionales relativas

a las prohibiciones parlamentarias(...)” (considerando 10º,

reafirmado en el considerando 10º de la sentencia rol 970,

de 7 de octubre de 2008) (el destacado es nuestro). Estas

mismas ideas fueron reiteradas en la reciente sentencia 102

pronunciada por esta Magistratura en los autos rol N° 1.357-

09, a propósito de la solicitud de inhabilidad de la

Ministro de Estado, Sra. Carolina Tohá (considerando 11°);

6°.- Que el inciso primero del artículo 58 de la

Constitución dispone que: “Los cargos de diputados y

senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o

comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las

municipalidades, de las entidades fiscales autónomas,

semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el

Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda

otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan

los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual

carácter de la enseñanza superior, media y especial”;

7°.- Que, como puede observarse, el nuevo artículo 12

bis del proyecto de ley examinado en esta oportunidad

repite, casi en idénticos términos, el contenido normativo

del artículo 58, inciso primero, de la Constitución, con la

sola excepción de que, a continuación de las expresiones “de

la enseñanza superior, media o especial”, agrega las

oraciones “hasta un máximo de doce horas semanales, fuera de

las horas de audiencia. Sin embargo, no se considerarán

labores docentes las que correspondan a la dirección

superior de una entidad académica, respecto de las cuales

regirá la incompatibilidad a que se refiere este inciso”.

Así, la norma aludida del proyecto de ley sometido

a control amplía la incompatibilidad que el Constituyente ha

establecido en el inciso primero del aludido artículo 58,

agregando un límite de horas semanales (doce) en que se

pueden ejercer actividades docentes por los Ministros del

Tribunal Constitucional y, por otro lado, interpreta la 103

expresión contenida en la Carta Fundamental “empleos

docentes” en términos que también amplían la previsión

original formulada por el Constituyente;

8°.- Que, desde este punto de vista, estos Ministros

disidentes consideran que las expresiones “hasta un máximo

de doce horas semanales, fuera de las horas de audiencia.

Sin embargo, no se considerarán labores docentes las que

correspondan a la dirección superior de una entidad

académica, respecto de las cuales regirá la incompatibilidad

a que se refiere este inciso” son inconstitucionales, toda

vez que extienden el alcance de las incompatibilidades

aplicables a los Ministros del Tribunal Constitucional, más

allá de lo previsto por la propia Carta Fundamental,

vulnerando el carácter de preceptos de derecho estricto que

tienen las prohibiciones como las consignadas en la norma

examinada.

VOTO DISIDENTE DE LOS MINISTROS SEÑOR JOSE LUIS CEA

EGAÑA Y SEÑORA MARISOL PEÑA TORRES EN RELACION CON EL

ARTICULO 15, INCISO CUARTO.

Acordada, asimismo, con el voto en contra de los

Ministros señor José Luis Cea Egaña y señora Marisol Peña

Torres, quienes no compartieron la decisión contenida en la

declaración N° 7 de la sentencia, referida al artículo 15,

inciso cuarto, del proyecto de ley sometido a control

preventivo, por estimar que la frase “no cesarán en sus

funciones al cumplir 75 años de edad”, contenida en el

inciso cuarto de ese precepto, referido a las prohibiciones,

obligaciones e inhabilidades que afectarán a los suplentes

de Ministros del Tribunal Constitucional, es

inconstitucional, porque no se condice con el límite de 75 104

años que establece el artículo 92, inciso cuarto, de la

Constitución, para los Ministros titulares que deben,

precisamente, cesar en sus funciones al cumplir la edad

señalada.

Entendiendo que la suplencia es aquella calidad

jurídica que reviste quien desempeña un cargo que se

encuentra vacante o que, por cualquier circunstancia, no

puede ser desempeñado por su titular, resulta claro, a

juicio de estos jueces disidentes, que el suplente debe

reunir los mismos requisitos y está afecto a las mismas

prohibiciones que se imponen a quien desempeña el cargo en

titularidad. En ese mismo entendimiento, la jurisprudencia

administrativa de la Contraloría General de la República ha

precisado, a propósito de los cargos regidos por el Estatuto

Administrativo, que “quien se interese por trabajar como

suplente debe cumplir todos los requisitos que exige su

artículo 11 (actual artículo 12)” (Dictamen Nº 26.968, de

1990).

VOTO DISIDENTE DE LOS MINISTROS SEÑORES RAUL BERTELSEN

REPETTO Y HERNAN VODANOVIC SCHNAKE QUIENES CONSIDERAN

INCONSTITUCIONALES LAS NORMAS QUE INDICAN.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores

Raúl Bertelsen Repetto y Hernán Vodanovic Schnake, quienes

disienten de lo declarado en el punto resolutivo 17 de esta

sentencia, estimando, además, y por las razones que se

indicarán, inconstitucionales las disposiciones que se pasan

a señalar, que el artículo único del proyecto incorpora a la

Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal

Constitucional.

105 1. Que el inciso segundo del artículo 37, que el

artículo único, Nº 39, del proyecto incorpora al Párrafo 1

del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Control Obligatorio de Constitucionalidad”,

indica: “Resuelto por el Tribunal que un precepto legal es

constitucional, no podrá declararse inaplicable por el mismo

vicio materia del proceso y de la sentencia respectiva”.

Que el artículo 45 bis, que el artículo único, Nº

50, del proyecto incorpora al Párrafo 3 del Título II del

Capítulo II de la Ley Nº 17.997, llamado “Cuestiones de

Constitucionalidad sobre proyectos de ley, de reforma

constitucional y tratados en tramitación legislativa”,

expresa: “Declarado por el Tribunal que un precepto legal

impugnado de conformidad a este Párrafo es constitucional,

no podrá ser declarado posteriormente inaplicable por el

mismo vicio materia del proceso y de la sentencia

respectiva”.

Que el Nº 2 del inciso primero del artículo 47 G,

que el artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora al

Párrafo 6 del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones de Inaplicabilidad”, establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes

casos:...2° Cuando la cuestión se promueva respecto de un

precepto legal que haya sido declarado conforme a la

Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control

preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el

mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva”;

2. Que los tres preceptos recién transcritos son

inconstitucionales, pues agregan un nuevo requisito de

admisibilidad al requerimiento de inaplicabilidad, más allá 106

de lo establecido en el artículo 93, Nº 6, e inciso

decimoprimero de la Constitución, debiendo tenerse presente

que el inciso decimoprimero referido, al hablar de “los

demás requisitos que establezca la ley”, se refiere a

requisitos generales de admisibilidad de la acción y no a

nuevos requisitos que, yendo más allá del texto de la

Constitución, hagan más gravoso el ejercicio del

requerimiento de inaplicabilidad, desnaturalizándolo,

restando atribuciones al Tribunal Constitucional y poniendo

en riesgo la supremacía constitucional.

Que los preceptos en comento, además, desconocen

las importantes diferencias entre la actual acción de

inaplicabilidad y la que era de competencia de la Corte

Suprema con anterioridad a la reforma constitucional del año

2005. En efecto, en virtud de esta reforma se sustituyó el

antiguo artículo 83 de la Constitución por el actual

artículo 93, eliminando el inciso final de aquél, que

disponía que la Corte no podía declarar inaplicable un

precepto legal por el mismo vicio, si el Tribunal

Constitucional lo había declarado previamente

constitucional. Esta eliminación no es sino una consecuencia

de los cambios que se efectuaron a la acción de

inaplicabilidad, manifestados en el actual artículo 93 de la

Constitución, que hoy contempla una clara diferencia entre

el control abstracto de constitucionalidad (números 1º y 3º

del artículo 93 de la Constitución) y el control concreto

que tiene lugar en sede de inaplicabilidad (número 6º del

artículo 93 de la Constitución);

3. Que, como este Tribunal ha dicho en reiteradas

sentencias (vid. roles Nos 478, 546, 473, 517, 535, 588, 589, 107

608 y 623, entre otros), reflexionando sobre la naturaleza

de la actual acción de inaplicabilidad y sus diferencias con

la similar prevista en la Carta Fundamental con anterioridad

a la reforma del año 2005, destaca especialmente “la

constatación de que de la simple comparación del texto de la

norma actual con el antiguo artículo 80 de la Carta

Fundamental, que entregaba esta facultad a la Corte Suprema,

se desprende que mientras antes se trataba de una

confrontación directa entre la norma legal y la disposición

constitucional, ahora se está en presencia de una situación

diferente, por cuanto lo que podrá ser declarado

inconstitucional, por motivos de forma o de fondo, es la

aplicación del precepto legal impugnado a un caso concreto,

lo que relativiza el examen abstracto de constitucionalidad,

marcando así una clara diferencia con la regulación prevista

por el texto constitucional anterior”. Además, “lo dicho

deja de manifiesto que las características y circunstancias

del caso concreto de que se trate, han adquirido en la

actualidad una relevancia mayor de la que debía

atribuírseles antes de 2005 pues, ahora, la decisión

jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la

conformidad o contrariedad con la Constitución que la

aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada caso

concreto, lo que no implica, necesariamente, una

contradicción abstracta y universal con la preceptiva

constitucional” (Rol Nº 608, considerando decimoprimero);

4. Que, por tanto y conforme a la naturaleza de la

actual acción de inaplicabilidad, puede perfectamente

ocurrir que una norma en abstracto sea constitucional, pero

en concreto –en su aplicación a una gestión pendiente que se 108

siga ante un tribunal- sea inconstitucional, y esta

Magistratura debe hacerse cargo de ello;

5. Que, a mayor abundamiento, estos disidentes hacen

presente que una causal de inadmisibilidad como la que está

en comentario, impide al Tribunal entrar al fondo del

asunto, cuestión que, en todo caso, debería ser siempre de

competencia del Pleno del Tribunal y no de una de sus Salas,

como ocurre con el trámite de la admisibilidad.

VOTO DISIDENTE DE LOS MINISTROS SEÑOR RAUL BERTELSEN

REPETTO Y MARCELO VENEGAS PALACIOS CON RELACION A LAS

CUESTIONES DE LEGALIDAD QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A

REQUERIMIENTOS CONTRA DECRETOS CON FUERZA DE LEY.

Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Marcelo

Venegas Palacios disienten de la decisión del Tribunal

Constitucional que estimó conforme a la Constitución

Política la disposición contenida en el nuevo artículo 46 B,

inciso segundo, Nº 4, que el artículo único, Nº 53, del

proyecto incorpora al Párrafo 4º del Título II del Capítulo

II de la Ley Nº 17.997, que lleva por nombre “Cuestiones de

Constitucionalidad sobre decretos con fuerza de ley”, por

las siguientes consideraciones:

1º.- Que los decretos con fuerza de ley son

disposiciones con valor de ley que, dictados por el

Presidente de la República conforme a las normas que

contempla la Constitución Política para el ejercicio de la

potestad legislativa delegada y dentro del marco de la

delegación que ha tenido lugar, introducen nuevos preceptos

de rango legal;

2º.- Que, dentro del ámbito en que le es lícito

legislar al Presidente de la República mediante decretos con 109

fuerza de ley, las disposiciones que dicte derogarán de modo

expreso las normas legales existentes sobre la materia

cuando así lo dispongan, o bien de modo tácito en el caso

que las nuevas normas sean inconciliables con las

existentes;

3º.- Que no existe, por consiguiente, la posibilidad de

que se planteen cuestiones de legalidad en los decretos con

fuerza de ley, pues, si el Presidente de la República, al

dictarlos, excede el ámbito de las facultades delegadas por

el Congreso Nacional en el acuerdo aprobatorio de un tratado

internacional (artículo 54, Nº 1, inciso décimo) o en la ley

delegatoria de facultades legislativas (artículo 64, inciso

cuarto), o va más allá de las facultades que le permite

ejercer la propia Constitución Política al fijar el texto

refundido, sistematizado y coordinado de una ley cuando sea

conveniente para su mejor ejecución (artículo 64, inciso

quinto), actuará fuera del ámbito de sus competencias y no

cumplirá con uno de los requisitos de validez que el

artículo 7º de la Carta Fundamental contempla para la

actuación de todo órgano del Estado, siendo, en tal caso,

ella inconstitucional y no meramente ilegal;

4º.- Que tal es la razón por la que el Contralor

General de la República, al tomar razón de los decretos con

fuerza de ley, debe representarlos cuando ellos excedan o

contravengan la ley delegatoria y el Presidente de la

República carece de la facultad de insistir –la que sí

tiene cuando se representa la ilegalidad de un decreto

supremo-, debiendo, si no se conforma con la representación

de la Contraloría, remitir los antecedentes al Tribunal

Constitucional para que resuelva la controversia (artículos 110

93, inciso séptimo, y 99, incisos segundo y tercero, de la

Constitución Política);

5º.- Que la impugnación de un decreto con fuerza de ley

que efectúe cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional

o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, si se funda

en que el Presidente de la República ha dictado un decreto

con fuerza de ley fuera del ámbito en que le es lícito

legislar, no plantea, por consiguiente, una cuestión de

legalidad sino una cuestión de constitucionalidad cuya

resolución es de competencia exclusiva del Tribunal

Constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 93 Nº

4º de la Carta Fundamental;

6º.- Que, sin embargo, la norma contenida en el Nº 4

del inciso segundo del artículo 46 B contempla como causal

de inadmisibilidad del requerimiento presentado por una de

las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio

contra un decreto con fuerza de ley, la circunstancia de

que la cuestión “se funde en alegaciones de legalidad”,

disposición ésta que pudiera entenderse en el sentido que

excluye la presentación de requerimientos contra decretos

con fuerza de ley por exceder o contravenir la ley

delegatoria, lo que impediría al Tribunal Constitucional

ejercer en plenitud sus atribuciones, razón por lo que, a

juicio de estos Ministros, corresponde declarar dicho

precepto contrario a la Constitución.

VOTO DISIDENTE DEl MINISTRO SEÑOR HERNAN VODANOVIC

SCHNAKE SOBRE DIVERSAS MATERIAS QUE INDICA.

1. Que el Nº 4 del inciso segundo del artículo 46 B,

que el artículo único, Nº 53, del proyecto incorpora al

Párrafo 4 del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, 111

denominado “Cuestiones de Constitucionalidad sobre decretos

con fuerza de ley”, establece: “Procederá declarar la

inadmisibilidad en los siguientes casos:...4° Cuando la

cuestión promovida por una de las Cámaras o una cuarta parte

de sus miembros en ejercicio se funde en alegaciones de

legalidad”.

Que el Nº 3 del inciso segundo del artículo 50

bis, que el artículo único, Nº 64, del proyecto incorpora al

Párrafo 10 del Título II del Capítulo II de la Ley Nº

17.997, denominado “Cuestiones de Constitucionalidad sobre

decretos supremos”, indica: “Procederá declarar la

inadmisibilidad de la cuestión, en los siguientes

casos:...3° Cuando se funde en vicios de ilegalidad”;

2. Que, en la misma línea en que se razonó en el

punto 5 de la disidencia anterior suscrita por este

Ministro, cabe acá reiterar que las causales de

inadmisibilidad, en términos generales, deben obedecer a

cuestiones de forma y ser excepcionales. Conocer del fondo

del asunto corresponde al Pleno del Tribunal y no a sus

Salas. Pues bien, determinar si la impugnación de un decreto

con fuerza de ley o de un decreto supremo se funda en vicios

de legalidad, es una cuestión de fondo que debe ser resuelta

por el Pleno del Tribunal, siendo por tanto

inconstitucionales las normas indicadas en el punto 1

precedente.

Que, además, debe tenerse presente que la

Constitución ha sido cuidadosa de establecer en forma

expresa los casos excepcionales en que el examen de

admisibilidad es de competencia de las Salas del Tribunal y

que, del texto del artículo 93 de la Constitución, se 112

desprende que la admisibilidad es de competencia de las

Salas en casos en que hay un interés particular

comprometido, a diferencia de lo que ocurre en los dos

preceptos indicados en el punto 1 anterior, en que se trata

de un conflicto entre poderes del Estado pues quien puede

recurrir a este Tribunal es, según los casos, el Presidente

de la República, cualquiera de las Cámaras o una cuarta

parte de sus miembros en ejercicio (artículo 93, incisos

séptimo y decimonoveno, de la Constitución), quedando de

manifiesto que por ser un conflicto de orden público, el

fondo del asunto debe ser de competencia del Pleno del

Tribunal.

3. Que el artículo 47 C, que el artículo único, Nº

57, del proyecto incorpora al Párrafo 6 del Título II del

Capítulo II de la Ley Nº 17.997, denominado “Cuestiones de

Inaplicabilidad”, establece: “El requerimiento de

inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la

gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener

una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se

apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción

constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios de

inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa

de las normas constitucionales que se estiman

transgredidas”;

4. Que la segunda parte del artículo transcrito en el

número 3 precedente (a partir del punto seguido) es

inconstitucional, porque ocurre acá nuevamente que el

legislador orgánico está yendo más allá de la Constitución,

al exigirle al requirente de inaplicabilidad otros

requisitos de admisibilidad fuera de los que establecen el 113

Nº 6 y el inciso decimoprimero del artículo 93 de la Carta

Fundamental.

Que en esta parte debe reiterarse lo dicho en el

punto 2 de la disidencia anterior suscrita por este

Ministro, en el sentido de que el inciso decimoprimero del

artículo 93 de la Constitución, al mencionar “los demás

requisitos que establezca la ley”, se refiere a requisitos

generales de admisibilidad de la acción y no a nuevos

requisitos que, yendo más allá del texto de la Constitución,

hagan más gravoso el ejercicio del requerimiento de

inaplicabilidad, desnaturalizándolo, restando atribuciones

al Tribunal Constitucional y poniendo en riesgo la

supremacía constitucional;

5. Que la primera parte del artículo transcrito en el

punto 3 precedente (hasta el punto seguido) es

constitucional en el entendido que la exigencia de que el

requerimiento de inaplicabilidad “deberá contener una

exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya

y de cómo ellos producen como resultado la infracción

constitucional”, en el evento de que sea promovido por el

juez que conoce de la gestión pendiente y no por una de las

partes, exige que el juez no tome partido por la

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuya

inaplicabilidad se consulta, sino que, justamente, se limite

a exponer el problema y plantear la consulta a esta

Magistratura.

6. Que el Nº 2 del inciso primero del artículo 47 S,

que el artículo único, Nº 58, del proyecto incorpora al

Párrafo 7 del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997,

denominado “Cuestiones de inconstitucionalidad de un 114

precepto legal declarado inaplicable”, indica: “Procederá

declarar la inadmisibilidad de la cuestión de

inconstitucionalidad promovida mediante acción pública, en

los siguientes casos:...2° Cuando la cuestión se funde en un

vicio de inconstitucionalidad distinto del que motivó la

declaración de inaplicabilidad del precepto impugnado”.

Que el artículo 47 W, que el artículo único, Nº

58, del proyecto incorpora al mismo Párrafo 7 antedicho de

la Ley Nº 17.997, establece: “La declaración de

inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas

deberá fundarse únicamente en la infracción de el o los

preceptos constitucionales que fueron considerados

transgredidos por la sentencia previa de inaplicabilidad que

le sirve de sustento”;

7. Que, de la lectura del Nº 7 y del inciso

decimosegundo del artículo 93 de la Constitución, se

desprende claramente que la declaración de

inconstitucionalidad de un precepto legal exige únicamente

que dicho precepto legal haya sido declarado inaplicable con

anterioridad, sin perjuicio de que dicha declaración de

inconstitucionalidad requiere de una mayoría más alta que la

declaración de inaplicabilidad y que la Ley Orgánica

Constitucional de este Tribunal puede establecer los

requisitos de admisibilidad en el caso que se ejerza la

acción pública, requisitos que, como ya se ha dejado

establecido en este voto disidente, son más bien de forma o

procedimentales y que, en todo caso, no pueden importar una

desnaturalización de la acción ni tornarla más gravosa,

afectando en definitiva la supremacía constitucional.

115 Que, por lo dicho, este Ministro disidente

considera inconstitucional el requisito de admisibilidad que

agrega el Nº 2 del artículo 47 S, arriba transcrito, en

orden a que la cuestión de inconstitucionalidad debe

fundarse en el mismo vicio de inconstitucionalidad que

motivó la declaración de inaplicabilidad del precepto

impugnado, en circunstancias que la Constitución sólo exige

la existencia de una declaración previa de inaplicabilidad.

8. Que, teniendo en cuenta lo dicho en el punto 7

precedente, no puede sino concluirse, asimismo, la

inconstitucionalidad del artículo 47 W, arriba transcrito.

9. Que este Ministro también funda esta

inconstitucionalidad en lo dicho en los puntos 2, 3 y 4 de

su disidencia anterior, en cuanto a la diferencia entre el

control concreto y abstracto de constitucionalidad de un

precepto legal. El claro entendimiento de esta diferencia

deja de manifiesto el sinsentido que tiene exigir que la

declaración de inconstitucionalidad (control abstracto) se

funde únicamente en la infracción de el o los preceptos

constitucionales que fueron considerados transgredidos por

la sentencia previa de inaplicabilidad (control concreto).

10. Que, por último, el artículo 47 W infringe un

principio básico del Derecho, conocido bajo el aforismo

latino de “Iura novit curia”, que significa literalmente

"el juez conoce el derecho", principio procesal conforme al

cual la Ley Orgánica Constitucional no puede privar a esta

Magistratura de determinar el derecho aplicable, máxime si

debe fundar sus sentencias.

VOTO PARTICULAR DEL MINISTRO SEÑOR MARIO FERNANDEZ

BAEZA SOBRE DIVERSAS MATERIAS QUE INDICA.

116 Sin perjuicio de su participación en prevenciones y

disidencias compartidas con otros Ministros respecto de

normas específicas, el Ministro señor Mario Fernández Baeza

ha concurrido a la sentencia que precede, con expresa

reserva de las declaraciones, prevenciones y disensos que

tal examen le ha merecido y que a continuación se expresan:

I. Contenido del voto.

1. El control de constitucionalidad del proyecto de

ley que contiene la nueva Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, ha merecido al Ministro autor de este voto

observaciones respecto a materias de su articulado que han

sido objeto de reiteradas prevenciones y disidencias suyas,

tanto con ocasión de controles de constitucionalidad, ora de

cuestiones de constitucionalidad, como de acciones de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Sobre tales

cuestiones versa este voto, que recae sobre los artículos

del proyecto de ley sometido al control de esta Magistratura

que las afectan o las incluyen.

2. El voto se refiere a las siguientes materias

tratadas o incluidas en los artículos que se indican:

a) Definición y función del Tribunal Constitucional:

artículo 1º del proyecto de ley, declarado por este voto

como norma interpretativa del artículo 92, incisos primero y

quinto, de la Constitución.

b) Calificación de las leyes orgánicas

constitucionales para los efectos del control preventivo de

constitucionalidad: artículos 34 y 35 del proyecto de ley,

declarados por este voto como inconstitucionales, por

contravenir el artículo 93, número 1º, de la Constitución.

117 c) Improcedencia de exigir la indicación de las

normas constitucionales vulneradas para el cotejo de

constitucionalidad, especialmente para ejercer la acción de

inaplicabilidad: artículo 47 C, declarado por este voto como

inconstitucional, por contravenir el artículo 93, número 6º

e inciso undécimo, de la Constitución.

d) Procedencia de las restricciones de las

actividades académicas de los Ministros del Tribunal y de

los miembros del Congreso Nacional: artículo 12 bis del

proyecto de ley, declarado por este voto como norma

interpretativa del artículo 58, inciso primero, de la

Constitución.

e) Procedencia de ejercer la acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los tratados

internacionales: artículo 47 B del proyecto de ley,

prevención de este voto para concurrir a la declaración de

inconstitucionalidad por parte de esta Magistratura.

f) Restricción de acceso a la justicia: artículos 47

Ñ y 47 Y, declarados por este voto como inconstitucionales,

por contravenir los artículos 19, número 3º; y 93, números

6º y 7º, de la Constitución.

II. Definición y función del Tribunal Constitucional.

3. El artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional

del Tribunal Constitucional (en adelante LOCTC) reza: “El

Tribunal Constitucional regulado por el Capítulo VII de la

Constitución Política y por esta ley, es un órgano del

Estado autónomo e independiente de toda otra autoridad o

poder.” El tenor de este precepto, aun siendo original de la

Ley Nº 17.997, debe insertarse en el control de autos, pues

define la naturaleza y la función basal de la Magistratura 118

en el ejercicio de sus nuevas atribuciones, surgidas de la

reforma constitucional de 2005.

4. En tal sentido, la permanencia de esta norma viene

a reparar una omisión del texto constitucional, cuyo

artículo 92 se limita a declarar que “Habrá un Tribunal

Constitucional” sin agregar ninguna definición del órgano ni

descripción de su función basal, como sí la Carta lo hace

tratándose del Presidente de la República (art.24), del

Congreso Nacional (art. 46), del Poder Judicial (art.76),

del Ministerio Público (art.83), del Tribunal Calificador de

Elecciones (art. 95), de la Contraloría General de la

República (art.98), o del Banco Central (art. 108).

5. La omisión constitucional aludida, reiterada en la

reforma del año 2005, sólo puede resolverse en aras de la

necesaria unidad y armonía de la Carta a través de

entenderla como agregada a ella a través de una

interpretación, califiquémosla de aditiva, y conforme a la

Constitución, que el artículo 1º de la ley bajo control

realiza de los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución, en

particular de los incisos tercero y quinto del artículo 92

citado.

6. La armonización con el artículo 92 de la

Constitución señalada no resulta completa, sin embargo, sin

señalar que el artículo 1º de la LOCTC no abunda en el

carácter jurisdiccional que posee esta Magistratura. Desde

luego tal calidad está implícita en su denominación propia

de Tribunal y en el carácter de “órgano del Estado” que en

esa disposición se le confiere. Sin embargo, su esencia como

órgano jurisdiccional cabal se encuentra en una frase

instalada en la última parte del tercer apartado del inciso 119

quinto y penúltimo del artículo 92 de la Constitución,

destinado al funcionamiento del Tribunal Constitucional:”El

tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los

casos en que se exija un quórum diferente y fallará de

acuerdo a derecho.” Esta última expresión, “fallará de

acuerdo a derecho”, completa la definición del Tribunal a la

que nos hemos referido y determina sustantivamente su

misión. No existe, sin embargo, una compresión unívoca de su

contenido, como se verá seguidamente.

7. Las disposiciones del proyecto de ley que obligan

a indicar las normas constitucionales vulneradas para

reclamar la actividad de este Tribunal, así como para que

éste resuelva los asuntos sometidos a su conocimiento, cuyos

vicios se explican en el apartado IV de este voto, denotan

una identificación excluyente entre Constitución y ley, y

entre ley y texto jurídico escrito y vigente, presentándose

así una visión de la Constitución restringida a su texto y

al sentido literal de sus preceptos. Según esa lógica, de

cuño positivista clásico kelseniano, compartida por una

cierta doctrina nacional y por usos muy arraigados en una

parte de la cultura jurídica chilena, esta Magistratura

debiera fallar “de acuerdo a derecho” en tal sentido.

El Ministro que suscribe este voto declara que no

participa de tal interpretación. Tratándose de una ley en el

sentido formal y en gran parte material, la Constitución

posee, además, una entidad distinta y superior a la ley

común, pues incluye “los principios que están en la base del

sistema normativo de todo ordenamiento” (De Vergottini).

Consecuentemente, entendemos la Constitución como la suma de

normas jurídicas expresas y de los principios en ellas 120

contenidos. No se trata, por lo tanto, para tranquilizar a

los devotos de la seguridad jurídica, de que se intente dar

validez jurídica equivalente a las normas expresas a

principios externos o inspiradores de la Constitución, sino

de otorgar la debida validez en la jurisdicción

constitucional a los principios incorporados en las normas

de la Carta.

8. Si se entiende que “fallará de acuerdo a derecho”

significa que el Tribunal debe restringirse a pronunciarse

sobre las normas constitucionales invocadas en el

requerimiento de que se trate, se producirá la consecuencia,

ya verificada en sentencias interlocutorias y definitivas de

esta Magistratura, de no acoger una demanda por omitir

invocar la norma que le hubiese entregado sustento. Este

resultado jurisdiccional, propio del derecho común, procesal

o privado, e incluso del penal de acuerdo al neopositivismo

imperante, es inaceptable en el derecho constitucional. No

es presentable que una injusticia constitucional obvia se

produzca por faltar a una regla de procedimiento, que, en

verdad, es de carácter sustantivo. Vale aquí la frase de la

activista de Derechos Humanos de la RDA, Bärbel Bohley,

pronunciada después de la reunificación alemana: “Queríamos

justicia y nos entregaron el estado de derecho” (citada en

el artículo de Ingo von Munich: “¿Estado de derecho versus

justicia?”, publicado en “Estado de Derecho y Democracia”,

Josef Thesing (comp.), Konrad Adenauer Stiftung, Buenos

Aires, 1999, 2ª edición, p. 277-304).

9. En consecuencia, la expresión “fallará de acuerdo

a derecho” obliga al Tribunal Constitucional a considerar la

Constitución como un todo, y en un doble sentido. Por una 121

parte, en todas sus normas, según vimos en este mismo voto;

por la otra, como un todo en el sentido de considerar las

normas más los principios en ellas incorporados. Entonces,

siempre, en todas sus decisiones, el Tribunal debiera tener

en consideración el primer inciso del artículo 1º de la

Constitución:”Las personas nacen libres e iguales en

dignidad y derechos” y, eventualmente, adoptar su acuerdo

según los antiguos principios incorporados en su texto, de

admisibilidad o de fondo, aunque tanto esa norma como su

trasfondo axiológico no hayan sido invocados en el

requerimiento. Lo mismo vale para todas las normas del

Capítulo I sobre Bases de la Institucionalidad, pues de

ellas y de los principios que las sustentan, se derivan

todos los preceptos de la Carta.

10. Más allá de lo argumentado, la expresión “fallará

de acuerdo a derecho” también se entiende en la tradición

jurídica chilena como opuesta a dos conductas: “apreciar en

conciencia” y “pronunciarse sobre los hechos”. En el

penúltimo inciso del artículo 93 de la Constitución aparecen

ambas formulaciones al señalar: “El Tribunal Constitucional

podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de

las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y 13º,

como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación

en el cargo de parlamentarios.” La redacción de esta norma

deja, sin embargo, algunas interrogantes. En efecto, de ella

fluye la posibilidad de que, respecto de sus otras

atribuciones, los hechos podrían apreciarse en derecho, con

lo cual se desmoronaría una especie de ícono de nuestro

derecho, con auxilio del cual se respalda la inexcusabilidad

de conocer un asunto.

122 11. Igualmente opuesto a “fallar de acuerdo a derecho”

se considera “pronunciarse sobre el mérito”. No se está en

presencia de la voz “mérito del proceso”, entendido como

“conjunto de pruebas y razones que resultan de él y sirven

al juez para dar su fallo”, sino de una afirmación que, en

materia constitucional, es tan indiscutible en la apariencia

como superficial en la realidad. La voz “mérito” usada para

oponerse a “derecho” es, en buen castellano, un eufemismo, o

sea una “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta

y franca expresión sería dura y malsonante”. Empleando

conceptos claros, en la jerga de la jurisdicción

constitucional, “mérito” significa motivación o

argumentación política, sobre la cual un Tribunal que falla

de acuerdo a derecho no puede pronunciarse. Y detrás de esta

premisa subyace la oposición entre jurisdicción y

legislación y, en definitiva, entre derecho y política.

12. El Ministro autor de este voto rechaza tal punto

de vista. El así entendido mérito, por el contrario, es

consustancial a la materia constitucional desde la

denominación misma del código que contiene las normas con

las cuales tal ámbito del derecho trabaja: Constitución

Política de la República de Chile. En la Constitución todo

es jurídico y todo es político simultáneamente. Establecer

una diferenciación entre ambas sustancias del derecho

constitucional representa un retroceso a las teorías y

legislaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial,

marcadas del positivismo extremo, que ninguna opinión seria

de la actualidad puede sostener. La tarea del juez

constitucional en el mundo actual discurre en otra esfera de

complejidad jurídica, llamada a regular dinámicas realidades

sociales. El juez constitucional no puede modificar la 123

Constitución, pero su interpretación de la Carta, llevada a

cabo como parte de su tarea propia, no puede restringirse a

sus preceptos como letra inocua, desprovista de carga

política.”En la interpretación no pueden mantenerse

separadas la norma y la realidad que ésta regula o ha de

regular”, “lo regulador y lo regulado se corresponden entre

sí, y no pueden ser aislados el uno del otro”, son dos

textos de la doctrina atingentes a esta materia (Rainer

Grote, 2005, p. 181).

13. Tal uso eufemístico de la voz mérito, como se

estila en nuestro medio jurídico nacional, presentado como

neutralidad técnica-jurídica frente a una presunta

distorsión valórico-política, además de las debilidades

teóricas presentadas, representa una seria dificultad para

apreciar de un modo empírico, no teórico-normativo, la

relación entre las funciones legislativa y jurisdiccional.

Es cierto que la separación de poderes, tanto en su

formulación doctrinaria como en su manifestación positiva en

los artículos 6º y 7º, así como en los artículos 24, 46 y 76

de la Constitución, traza una línea demarcatoria entre la

legislatura y la judicatura. Pero cualquier especialista de

nota advertirá sobre las superposiciones que la práctica

jurídica y política presenta entre tales funciones.

Desatender tal realidad no advierte la existencia de lagunas

jurídicas como las que se producen en nuestro ordenamiento

con la declaración de inconstitucionalidad de un precepto,

ya que no se admite sugerir por parte de esta Magistratura

el correspondiente encargo a la legislatura sobre su

reposición conforme a la Constitución. La derogación de una

ley a través de la declaración de inconstitucionalidad

representa, sin duda, una muestra concreta de la excepción a 124

la separación estricta de funciones entre los órganos

legisladores y jurisdiccionales.

14. Igualmente relativa se presenta la presunción de

juridicidad que acompaña a toda norma expedida por los

órganos colegisladores. Tal calidad acompaña a esa ley hasta

que se ve sometida al Tribunal Constitucional para su cotejo

de constitucionalidad en cualquiera de sus variadas

modalidades que dispone el artículo 93 de la Carta, pero

puede que no sobreviva a tal tramitación. Ya sea el control

de constitucionalidad de su número 1º, como la cuestión de

constitucionalidad prevista en el número 3º, la acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad del número 6º y

especialmente la declaración de inconstitucionalidad del

número 7º, suponen revocar la voluntad del legislador. Si en

tal ejercicio no se ven involucradas las denominadas

cuestiones de mérito, en el sentido neutralista que hemos

comentado, no se divisa cuál podría haber sido el contenido

cabal del cotejo de constitucionalidad que es necesario

realizar. En otras palabras, una decisión de tal envergadura

jurídica, que importa quitar aplicación o vigencia a una

ley, no puede adoptarse seriamente sin considerar el

contexto, los antecedentes cabales de su origen, esto es, la

discusión política en y entre los órganos colegisladores

durante su tramitación legislativa. El denominado mérito,

entonces, es componente integrante de la norma y es una

dimensión indispensable de la tarea jurisdiccional que la

examina.

III. La calificación de las normas orgánicas

constitucionales en los proyectos de ley sometidos a control

en esta Magistratura.

125 15. Como el Ministro autor de este voto lo señaló en

su reciente disidencia en el control de constitucionalidad

del proyecto de ley que estableció la Ley General de

Educación, rol Nº 1363 de esta Magistratura, la atribución

que la Constitución le entrega al Tribunal Constitucional en

el número 1º de su artículo 93, le confiere la facultad de

ejercer control preventivo sobre “las leyes orgánicas

constitucionales”, sin restringirse a las normas que la

Cámara de origen envíe como propias de leyes orgánicas

constitucionales. Tal calificación le corresponde al

Tribunal.

16. En la especie, el control de constitucionalidad

que le corresponde ejercer a este Tribunal abarca a toda la

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y

no sólo a las normas enviadas para tal efecto por la Cámara

de Diputados, que en este caso se confunden con el proyecto

de ley. En efecto, al transcribir el proyecto que modifica

la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional (LOCTC), su texto no puede ser examinado

desligado de aquellas normas no modificadas de tal cuerpo,

entendiéndose que esta ley orgánica lo es en su totalidad,

como lo manda el último inciso del artículo 92 de la

Constitución y lo reconoció esta Magistratura, según lo

recuerda el considerando séptimo de la presente sentencia,

en fallo de 4 de mayo de 1981.

17. Consecuentemente, corresponde en este razonamiento

ahondar en el alcance que tiene el artículo 93, número 1º,

de la Constitución, para el cumplimiento de sus atribuciones

por este Tribunal. El precepto señala:

126 “Art. 93. Son atribuciones del Tribunal

Constitucional:

1º Ejercer el control de constitucionalidad de las

leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de

las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un

tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,

antes de su promulgación.”

La norma distingue entre dos tipos de objetos del

control de constitucionalidad preventivo: por una parte, las

leyes que interpreten algún precepto de la Constitución y

las leyes orgánicas constitucionales; por la otra, las

normas de un tratado que versen sobre materias propias de

leyes orgánicas constitucionales. Considerando que estas

últimas fueron agregadas en la reforma de 2005, es evidente

que las dos primeras no atrajeron la atención del

constituyente si hubiesen necesitado de alguna enmienda.

18. La expresión que nos interesa, “leyes orgánicas

constitucionales”, proviene jurídicamente del número 1) del

artículo 63 de la Constitución, que inicia la enumeración de

las materias de ley: “ Las que en virtud de la Constitución

deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales”, las

que sólo son definidas en el texto constitucional por el

quórum que requieren para su tratamiento legislativo,

establecido en el inciso segundo del artículo 66: “Las

normas legales a las cuales la Constitución confiere el

carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su

aprobación, modificación y derogación, de las cuatro

séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.”

19. No existe duda, en consecuencia, sobre el carácter

orgánico constitucional de aquellas normas a las que la 127

Constitución tal calidad les confiere. No rige la misma

claridad, sin embargo, sobre aquellas que no gozan de tal

origen, ya sea porque forman parte de una ley orgánica

constitucional dudándose de tal carácter, o porque siendo

preceptos de una ley común, de quórum calificado o

interpretativa, se refieren a materias orgánicas

constitucionales. La cuestión, entonces, consiste en

precisar cuál órgano tiene atribución para ejercer tal

calificación.

20. El inciso segundo del artículo 93 de la Carta,

destinado a fijar el procedimiento de la tramitación del

mencionado control de constitucionalidad preventivo, señala:

“La Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el

proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a

aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.”.

Como se observa, no existe referencia a normas, sino al

proyecto, para identificar el texto que la Cámara respectiva

envía al Tribunal Constitucional para tal control. En

coherencia con este precepto, el artículo 34 de la Ley Nº

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

aún vigente, señala: “En el caso del número 1 del artículo

82 de la Constitución, corresponderá al Presidente de la

Cámara de origen enviar al Tribunal los proyectos de leyes

orgánicas constitucionales y de leyes que interpreten algún

precepto de la Constitución”. El texto de este artículo en

el proyecto sometido a control apenas se altera,

incorporando las normas atingentes de los tratados: “En el

caso del número 1º del artículo 93 de la Constitución,

corresponderá al Presidente de la Cámara de origen enviar al

Tribunal los proyectos de las leyes que interpreten algún

precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas 128

constitucionales y de los tratados que contengan normas

sobre materias propias de estas últimas.” En el artículo

siguiente del proyecto bajo control, el 35, inciso segundo,

se establece: “Oída la relación, el Tribunal resolverá

sobre la constitucionalidad del proyecto o de las normas

respectivas del tratado, dentro del plazo de treinta días,

prorrogable hasta por otros quince, en casos calificados o

por resolución fundada.”

21. Las normas transcritas dejan en evidencia la

diferencia entre el control de las leyes orgánicas

constitucionales y el de las normas de los tratados que

tengan tal carácter. Y tal diferencia contiene la fórmula

para determinar quién califica el carácter de una y de

otras. Así, mientras las normas de los tratados que son

propias de leyes orgánicas constitucionales son

identificadas por la Cámara de origen antes de su envío, es

el Tribunal Constitucional quien dirime cuáles del

articulado de una ley orgánica constitucional son preceptos

que poseen tal naturaleza.

IV. La referencia para el cotejo constitucional es la

Constitución, sin perjuicio de las normas invocadas.

22. Según la enumeración de atribuciones del artículo

93 de la Constitución, al Tribunal Constitucional le compete

resolver sobre la “constitucionalidad” de una cuestión en

seis de ellas (números 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 16º). En una de

ellas (número 1º), le corresponde ejercer el “control de

constitucionalidad”. Dos de las atribuciones se refieren a

la “inconstitucionalidad” (“resolver” en el número 7º y

“declarar” en el número 10º). En el número 6º, por último,

el Tribunal está llamado a resolver la inaplicabilidad de un 129

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se

siga ante un tribunal ordinario o especial resulte

“contraria a la Constitución”. En el texto constitucional

respecto de la mayoría de estas atribuciones, la tarea del

tribunal encuentra su punto de referencia en la

Constitución, sin exigir focalizarla en determinadas normas

de ella o en problemas específicos, como sí ocurre con las

atribuciones de los números 11º, 12º, 13º, 14º y 15º.

23. La mención expresa a las normas constitucionales

vulneradas es de rango legal. Se dispone en la LOCTC, en su

párrafo 2, denominado Cuestiones de Constitucionalidad, en

cuyo artículo 39 se lee: El requerimiento deberá contener

una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho

que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa la

cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o

vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación

de las normas que se estiman trasgredidas.” Esta exigencia,

que una práctica y una jurisprudencia interlocutoria del

Tribunal ha extendido a la acción de inaplicabilidad, no

obliga, sin embargo, al Tribunal a ceñirse a tales normas

indicadas para resolver la cuestión planteada. En rigor, se

trata de un requisito para interponer el requerimiento en

las cuestiones de constitucionalidad, no para su resolución.

Y en materia de inaplicabilidad no lo es para lo uno ni para

lo otro.

Esta perspectiva, coherente con la Constitución,

estaba dispuesta en el artículo 44 de la Ley Orgánica

Constitucional del Tribunal, que este proyecto sustituye

erróneamente:”El Tribunal podrá fundar la declaración de

inconstitucionalidad, respecto de las normas cuestionadas, 130

en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya

sido o no invocado en el requerimiento.”

24. En los incisos siguientes del citado artículo 93,

destinados a regular de un modo general los procedimientos

para verificar las atribuciones enumeradas, no se advierte

mención expresa alguna a la obligatoriedad de resolver o

declarar las conformidades constitucionales de acuerdo a una

norma específica de la Carta, como asimismo ninguna

exigiendo requerir haciendo expresa mención del precepto

constitucional eventualmente vulnerado.

25. Especialmente elocuente de lo señalado en el

considerando anterior es el inciso décimo primero del

artículo 93, destinado a establecer los requisitos para

declarar la admisibilidad de la acción de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad por una de las salas del Tribunal.

Pudiendo hacerlo, la norma no exige invocar una norma

constitucional específica que pueda ser vulnerada por el

precepto impugnado, como tampoco presentar el resultado

contrario a la Constitución explicitando las normas de ésta

en juego en tal conflicto. En efecto, la admisibilidad se

declarará “siempre que verifique la existencia de una

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que

la aplicación del precepto legal impugnado pueda ser

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación

esté fundada razonablemente y se cumplan los demás

requisitos que establezca la ley.” La única norma que se

exige identificar claramente es, obviamente, el precepto

impugnado, dado que en él reside la acción que se interpone.

Extender la interpretación del requisito “fundado

razonablemente” a la exigencia de identificar la norma 131

constitucional vulnerada es abusar de los límites

interpretativos de esta Magistratura, sin perjuicio de

vulnerar el texto y espíritu de la Constitución como se

explica en considerandos posteriores de este voto

particular.

26. Las consecuencias que la interpretación extensiva

mencionada, junto con la aplicación del inciso primero del

artículo 39 de la LOCTC en el sentido que nos ocupa, son

sustantivas para la acción de inaplicabilidad. En efecto, si

se agrega por analogía el requisito de mencionar la norma

constitucional vulnerada, bajo la categoría de la

razonabilidad, se estaría adelantando a la fase de

admisibilidad un criterio jurisdiccional que a esta

Magistratura le corresponde ejercer al conocer el fondo del

asunto planteado. Si se acepta la expectativa de definir a

la Constitución como un todo coherente de normas y si el

mandato constitucional es dilucidar si la aplicación de un

precepto legal resulta contraria a la Constitución, como lo

dice la Constitución, será el tribunal el competente para

dirimir cuál, cuáles o qué combinación de normas

constitucionales se ven lesionadas por el precepto

impugnado, sin perjuicio de los razonamientos esgrimidos en

la acción. Exigir que el requirente elija la norma

constitucional vulnerada por el precepto que impugna,

significa reducir el rol del Tribunal Constitucional y

restringir indebidamente la esfera de su amplitud analítica

respecto del caso. Prácticamente se le entrega al requirente

que determine el conflicto, para que el Tribunal diga sí o

no. Tal lógica altera la especialísima naturaleza de la

jurisdicción constitucional, diversa a la jurisdicción

judicial, llamada a intervenir en conflictos concretos entre 132

intereses de las partes, sustentados en lo que ellas

entienden respaldado por los preceptos que constituyen la

litis.

27. Consecuentemente con lo ya explicado, este

Ministro cuestiona una serie de normas del proyecto de LOCTC

que esta Magistratura examina y que delimitan su ejercicio

jurisdiccional en el sentido que hemos analizado. Desde

luego, entre ellas se cuenta el artículo 37 F, que faculta

al Tribunal sólo “excepcionalmente y por razones fundadas”

para “declarar la inconstitucionalidad de las normas

cuestionadas basado únicamente en fundamentos

constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados

por las partes en la litis”. Formulaciones similares se

encuentran en los artículos 44 y 47 K del proyecto.

28. De los argumentos entregados, resulta claramente

inconstitucional el artículo 47 C del proyecto de ley de la

LOCTC bajo control, y su correlato en el artículo 47 K del

mismo texto, al vulnerar frontalmente el número 6º y el

inciso décimo primero del artículo 93 de la Constitución,

extendiéndole, desde las cuestiones de constitucionalidad,

el artículo 39, inciso primero, de la LOCTC. Ese artículo 47

C señala: “El requerimiento de inaplicabilidad, sea

promovido por el juez que conoce de la gestión pendiente o

por una de las partes, deberá contener una exposición clara

de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos

producen como resultado la infracción constitucional. Deberá

indicar, asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad

que se aducen, con indicación precisa de las normas

constitucionales que se estiman transgredidas.”

133 En nuestra opinión, según los argumentos ya

entregados, bastaría con exigir al requirente que señale el

vicio de constitucionalidad que observa en la eventual

aplicación del precepto impugnado. Una sustentación

razonable de tal aspiración lo obliga a identificar no sólo

normas sino principios constitucionales en juego, sin que

tal argumentación reemplace el trabajo que le compete al

Tribunal, que es tener presente la Constitución, como

mandata el número 6º del artículo 93 de la Constitución

V. Las restricciones a la actividad académica de los

Ministros son similares a las de los parlamentarios.

29. El artículo 12 bis del proyecto de ley bajo

control reproduce las inhabilidades e incompatibilidades que

afectan a los Ministros del Tribunal Constitucional

establecidas en los artículos 58 y 60, incisos segundo y

tercero, de la Carta, a los que se remite el inciso segundo

del artículo 92 de la Constitución.

30. Sin embargo, el precepto mencionado agrega dos

precisiones no consideradas en el texto constitucional. La

primera es determinar el número de horas docentes que el

Ministro de esta Magistratura puede destinar en los

establecimientos de enseñanza, situándolas en doce horas

semanales; y la segunda es precisar que “no se considerarán

labores docentes las que correspondan a la dirección

superior de una entidad académica, respecto de las cuales

regirá la incompatibilidad a la que se refiere este inciso.”

31. Estas dos precisiones deben entenderse como

conformes a la Constitución en cuanto interpretativas de su

texto. Y tal interpretación sólo puede recaer en la parte

final del inciso primero del artículo 58 de la Constitución, 134

a la que se remite el artículo 92 referido al Tribunal

Constitucional, y que afecta a los diputados y senadores. En

otros términos, si se acepta la conformidad constitucional

del precepto mencionado debe entenderse que en la ley bajo

control se han precisado también las incompatibilidades de

los parlamentarios en lo que concierne a la actividad

docente, en los mismos términos que se ha extendido a los

miembros de esta Magistratura.

32. Esta afirmación no se afianza en la historia

fidedigna de la ley bajo control, pues ella no entrega

antecedente alguno que permita dilucidar los motivos que los

colegisladores tuvieron a la vista para establecer estas

restricciones a la excepción de la incompatibilidad

señalada. En consecuencia, sin argumentos a la vista,

debiera inferirse que la motivación para ello fue el loable

propósito de asegurar la dedicación de jornada completa de

los Ministros del Tribunal y, con ello, de los propios

miembros del Congreso Nacional, atendiendo a las altísimas

funciones y a la equivalencia de remuneraciones de las

autoridades mencionadas afectas a las incompatibilidades en

cuestión.

VI. Los preceptos de los tratados internacionales

pueden ser objeto de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.

33. La institución de la inaplicabilidad establecida

entre las atribuciones del Tribunal Constitucional por la

reforma de 2005, difiere de aquella confiada a la Corte

Suprema en el artículo 80 de la Constitución de 1980 y

antecedida con ligeras variaciones por el inciso segundo del

artículo 86 de la Constitución de 1925, en tres puntos 135

fundamentales. En primer lugar, en la competencia del

tribunal que conoce de la acción o recurso, ya anotada; en

segundo término, sobre el carácter de la confrontación de

normas que a causa de su interposición debe examinarse

jurisdiccionalmente; y en tercer lugar, sobre que tipo de

actividad judicial tal inaplicabilidad puede recaer. En

efecto, la actual formulación de la institución bajo

referencia, establecida en el número 6º del artículo 93 de

la Carta, consiste en un examen de constitucionalidad de los

efectos que la aplicación de un precepto legal pueda tener

en cualquiera gestión pendiente que se siga en un tribunal

ordinario o especial.

Por lo tanto, la inaplicabilidad no afecta a la

norma, sino a los efectos de su aplicación en un caso

concreto.

34. Consecuentemente, no es posible estimar que una

declaración de inaplicabilidad de una norma de un tratado

afecte o vulnere lo dispuesto en el artículo 54, número 1),

inciso quinto, en cuanto a que “las disposiciones de un

tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas

en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a

las normas generales de derecho internacional.” Esa norma no

sería afectada en ninguna forma, sino en cuanto a que la

norma no se aplique por el tribunal en un caso concreto,

aunque siga totalmente vigente para todos sus efectos

jurídicos. Distinto es el caso de la inconstitucionalidad,

cuya imposibilidad de ser declarada respeto de un tratado se

ajusta a la Constitución según se resuelve por esta

Magistratura en esta sentencia.

136 35. Así, tampoco se encontraría afectada la buena fe

del Estado de Chile ante sus contrapartes internacionales al

firmar y ratificar tratados. La inaplicabilidad de una de

sus normas en un caso concreto, sin afectar su existencia y

su vigencia, no altera la plena validez de un tratado entre

sus partes. Tanto es así que el derecho comparado presenta

la existencia de instituciones semejantes, aun en países

como los europeos, en los cuales es obligatorio el control

previo de constitucionalidad de los tratados que el Estado

suscribe y ratifica, y prevalecen los tratados sobre las

leyes internas. En el artículo 100 de la Ley Fundamental de

Alemania, destinado al “control concreto de normas”, se lee

en su número (2): “Si en el curso de un litigio hubiera

dudas acerca de si una regla de derecho internacional es

parte del Derecho federal y fuente directa de derechos y

deberes para el individuo (artículo 25), el tribunal

recabará la decisión de la Corte Constitucional Federal”.

Respecto al caso de España, se lee en la doctrina, como ya

se ha consignado en la sentencia: “ya sea mediante el

control previo (art.95), ya sea mediante el control a

posteriori (art. 161), de la constitucionalidad de los

tratados, éstos tienen una posición infraconstitucional: los

tratados deben respetar y conformarse a la Constitución. En

efecto, un tratado que ya formase parte de nuestro

ordenamiento interno podría ser objeto de un control de

inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional

mediante el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.a) de

la Constitución y art.27.2.c) de la L.O.T.C.) y la cuestión

de inconstitucionalidad (art. 163 de la Constitución y arts.

35 y ss. de la L.O.T.C.).” Agregándose en la misma fuente:”

El Tribunal Constitucional no puede declarar la nulidad del 137

Tratado como lo hace respecto de la ley (art. 39 de la

L.O.T.C.). Debe entenderse que lo declara inaplicable

(nulidad puramente interna), pues la nulidad de un Tratado

sólo puede fundarse en las causas previstas en el Derecho

Internacional (art. 42.1 del Convenio de Viena sobre el

Derecho de los Tratados) y no puede ser declarado

unilateralmente por una de las Partes” (Manuel Diez de

Velasco Vallejo: Instituciones de Derecho Internacional

Público, Tecnos, 11ª edición, Madrid, 1997, 198).

36. Es útil señalar que las citas a la Constitución

española consignadas en la referencia del considerando

anterior, se refieren a normas “con rango de ley”, con lo

que queda de manifiesto que así son consideradas las normas

de un tratado. Asimismo es pertinente señalar que el

artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

de España señala: “Mediante los procedimientos de

declaración de inconstitucionalidad regulados en este

título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de

la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad

con ella de las leyes, disposiciones o actos

impugnados.”…“Son susceptibles de declaración de

inconstitucionalidad: c) Los tratados internacionales”.

37. La inaplicabilidad definida en el número 6º del

artículo 93 de la Constitución, constituye también un

componente de la supremacía constitucional. El texto inicial

del artículo 6º de la Carta: “Los órganos del Estado deben

someter su acción a la Constitución” respalda el imperio que

ostenta la declaración de inaplicabilidad por parte de esta

Magistratura, pues así se obtiene la imposibilidad de que un

tribunal perjudique a una persona aplicándole un precepto 138

legal con efectos contrarios a la Constitución. No podría

entenderse, en consecuencia, que tal situación no pudiese

tutelarse tratándose de una norma de un tratado

internacional, y sólo a causa de una distinción doctrinaria

entre la expresión precepto legal y norma de un tratado, en

circunstancias de que ambas tienen un rango y calidad

semejantes en la tradición jurídica chilena y en el derecho

comparado.

VII. El cobro de costas en la jurisdicción

constitucional vulnera el acceso a la justicia.

38. El acceso a la justicia es de aquellos derechos

fundamentales que, por obvio y antiguo, no recibe la

consagración positiva suficientemente unívoca y específica

que merece. En la Constitución chilena el acceso a la

justicia está diseminado, principalmente entre el número 3º

del artículo 19; el artículo 20 y el inciso segundo del

artículo 38, y también de un modo específico, en los números

6º y 7º del artículo 93 de la Constitución, que establecen

las acciones de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad.

La primera frase del artículo 19, inciso 4, de la Ley

Federal Alemana puede ser útil para describir la esencia del

derecho fundamental de acceso a la justicia: “Toda persona

cuyos derechos sean vulnerados por el poder público podrá

recurrir a la vía judicial”.

39. Las costas, en la esfera de todo procedimiento, se

definen como “los gastos que se originan durante una

tramitación judicial y que son una consecuencia directa de

ella.”(Carlos A. Stoehrel: Las disposiciones comunes a todo

procedimiento, Ed. Jurídica de Chile, 1980, p. 71 y 72). La

obligación de su pago obedece a un concepto comercial o 139

privatista del servicio que presta el Estado al poner a

disposición de los ciudadanos la administración de justicia,

por una parte, pero también a la apreciación riesgosa que se

asigna a la litigación por parte de quien la inicia. En

otras palabras, quien decide ocurrir a la justicia debe

pagar en el evento de que se equivoque. Se trata de una

situación equivalente a la persona con beneficio de pobreza

que acude a un centro de salud y debe pagar si después del

examen de rigor resulta estar sano.

40. Si se equipara el enunciado del artículo 19 de la

Carta Fundamental (“La Constitución asegura a todas las

personas”) con el concepto tradicional de costas judiciales,

asoma una evidente contradicción. ¿Cómo puede una

Constitución asegurar, si su búsqueda está sujeta al pago

de costas en la eventualidad de no obtener la pretensión

jurídica requerida? La frase del inciso segundo del artículo

47 Ñ del proyecto de ley bajo control expresa textualmente:

“En caso de que la inaplicabilidad haya sido deducida por

una parte del juicio o gestión, si el requerimiento es

rechazado en la sentencia final, el Tribunal impondrá las

costas a la persona natural o jurídica que haya requerido su

intervención. Con todo, podrá eximirla de ellas cuando el

requirente haya tenido motivos plausibles para deducir su

acción, sobre lo cual hará declaración expresa en su

resolución”.

41. Nótese que la imposición de costas no procede

cuando quien requiere de inaplicabilidad es el juez que

conoce del asunto, lo cual no sólo vulnera la Constitución

en lo concerniente al derecho de acceso a la justicia, sino

a la igualdad ante la ley, establecido en el número 2º del 140

artículo 19 de la Carta. Igual diferencia arbitraria

establece la ley bajo control en el artículo 47 Y, al

imponer costas sólo a la persona natural o jurídica que haya

requerido la intervención del Tribunal haciendo uso de la

acción pública, no así al propio Tribunal que puede promover

la inconstitucionalidad de oficio.

VOTO DISIDENTE DE LOS MINISTROS SEÑORES MARIO FERNANDEZ

BAEZA, MARCELO VENEGAS PALACIOS Y ENRIQUE NAVARRO BELTRAN,

RELATIVO A LA MODIFICACION QUE SE INTRODUCE EN EL ARTICULO

15 DEL PROYECTO DE LEY, QUE ESTABLECE LA EXISTENCIA DE

“SUPLENTES DE MINISTRO”,LA CUAL CONSIDERAN INCONSTITUCIONAL.

Se deja constancia de que los Ministros señores Mario

Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro

Beltrán disienten de la declaración de constitucionalidad

del numeral 16) del artículo único del proyecto de ley

sometido a control, que reemplaza el artículo 15 de la Ley

Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional por

uno nuevo, el cual consulta la designación de dos “suplentes

de ministro”, quienes podrán reemplazar a los ministros e

integrar el pleno o cualquiera de las salas cuando no se

alcance el respectivo quórum para sesionar.

Estiman estos disidentes que, contrariamente a lo que

se resuelve en la sentencia, la citada norma, así como las

que son su complemento, son inconstitucionales.

Tienen presente para ello los siguientes motivos

1º. Que el artículo 92 de la Constitución establece lo

141 “Artículo 92.- Habrá un Tribunal Constitucional

integrado por diez miembros, designados de la siguiente

forma:

a) Tres designados por el Presidente de la

República.

b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos

serán nombrados directamente por el Senado y dos

serán previamente propuestos por la Cámara de

Diputados para su aprobación o rechazo por el

Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su

caso, se efectuarán en votaciones únicas y

requerirán para su aprobación del voto favorable

de los dos tercios de los senadores o diputados

ejercicio, según corresponda.

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una

votación secreta que se celebrará en sesión

especialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en

sus cargos y se renovarán por parcialidades cada

tres. Deberán tener a lo menos quince años de

título de abogado, haberse destacado en la

actividad profesional, universitaria o pública, no

podrán tener impedimento alguno que los inhabilite

para desempeñar el cargo de juez, estarán

sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y

81, y no podrán ejercer la profesión de abogado,

incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los

establecidos en los incisos segundo y tercero del

artículo 60.

142 Los miembros del Tribunal Constitucional serán

inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo

aquél que lo haya sido como reemplazante y haya

ejercido el cargo por un período menor a cinco

años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años

de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional

cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por

quien corresponda, de acuerdo con el inciso

primero de este artículo y por el tiempo que falte

para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos

salas. En el primer caso, el quórum para sesionar

será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo

de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus

acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en

que se exija un quórum diferente y fallará de

acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá

en definitiva las atribuciones indicadas en los

números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del

artículo siguiente. Para el ejercicio de sus

restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o

en sala de acuerdo a lo que disponga la ley

orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su

organización, funcionamiento, procedimientos y

fijará la planta, régimen de remuneraciones y

estatuto de su personal.”;

2º. Que de la simple lectura de la disposición

constitucional transcrita se concluye, inequívocamente, que 143

la integración de este Tribunal está determinada por la

propia Carta Fundamental;

3º. Que, del mismo modo, es la propia Constitución la

que establece el quórum necesario para que el Tribunal pueda

funcionar válidamente, de manera que ocho de los miembros

señalados forman tribunal pleno y cuatro de ellos, sala;

4º. Que, igualmente, es la propia Carta Fundamental,

en los numerales 6º y 7º del artículo 93, la que establece

que la inaplicabilidad de un precepto legal debe ser

declarada por el Tribunal “por la mayoría de sus miembros en

ejercicio” y que la declaración de inconstitucionalidad debe

ser pronunciada “por la mayoría de los cuatro quintos de sus

integrantes en ejercicio”;

5º. Que, de este modo, siendo la Constitución la que

determina la integración del Tribunal, no puede el

legislador alterarla, de manera que sólo tendrán la calidad

de jueces constitucionales los diez miembros que sean

nombrados en la forma que establece la Carta Fundamental y,

en consecuencia, la norma legal que contempla la existencia

de “suplentes de ministros” que, en calidad de jueces y

miembros del Tribunal, integren el Pleno o las Salas de esta

Magistratura y ejerzan jurisdicción, es manifiestamente

inconstitucional;

6º. Que confirma esta conclusión la historia del

establecimiento del actual artículo 92 de la Constitución,

pues su inciso final, no obstante contemplar inicialmente la

posibilidad de designar abogados integrantes del Tribunal,

habiéndose desechado tal posibilidad, en el texto

definitivamente aprobado únicamente habilitó a la ley

orgánica constitucional para determinar la organización, 144

funcionamiento, procedimientos y fijar la planta, régimen de

remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal

Constitucional;

7º. Que, en efecto, como es sabido, el año 2000, al

cumplirse dos décadas de vigencia de la Constitución de

1980, se había formado un consenso suficiente para que el

Poder Constituyente Derivado emprendiera un profundo proceso

de reformas que permitiera satisfacer a lo menos los

aspectos centrales del debate constitucional sostenido

durante dicho período de nuestra historia republicana. De

este modo el Senado inició el estudio de sendas mociones de

reforma constitucional presentadas, la primera, por los

senadores señores Chadwick, Diez, Larraín y Romero, y, la

segunda, por los senadores señores Bitar, Hamilton, Silva y

Viera-Gallo (boletines Nºs 2.526-07 y 2.534-07).

Los citados proyectos incidieron en los Capítulos

I, Bases de la Institucionalidad; II, Nacionalidad y

Ciudadanía; III, De los Derechos y Deberes Constitucionales;

IV, Gobierno; V, Congreso Nacional; VI, Poder Judicial; VII,

Tribunal Constitucional; X, Fuerzas Armadas, de Orden y

Seguridad Pública; XI, Consejo de Seguridad Nacional, y XIV,

Reforma de la Constitución;

8º. Que, al iniciar el estudio de dichas reformas, la

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento

del Senado solicitó a este Tribunal Constitucional su

opinión acerca de las enmiendas que le atañían;

9º. Que esta Magistratura se ocupó de las señaladas

proposiciones de reforma constitucional en sesiones

celebradas los días 24 de enero y 7 de marzo de 2001,

integradas por su Presidente, don Osvaldo Faúndez Vallejos, 145

y por sus Ministros señora Luz Bulnes Aldunate y señores

Eugenio Valenzuela Somarriva, Servando Jordán López, Juan

Colombo Campbell y Hernán Alvarez García;

10º. Que, conforme a lo acordado en las sesiones

aludidas, en oficio Nº 1606, de 8 de marzo de 2001, dirigido

por esta Magistratura a la Comisión de Constitución,

Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, tras informar

sobre los puntos consultados, se añadió lo siguiente:

“Dos materias, que si bien no figuran en la minuta

de acuerdos remitida por esa Comisión, deberán, a juicio de

este Tribunal, ser objeto de consideración.

Una de ellas dice relación con el funcionamiento

del tribunal dividido en dos salas de cinco miembros cada

una para conocer de los asuntos que la propia Constitución

establezca, como podría ocurrir con el conocimiento y fallo

de las acciones de inaplicabilidad, caso en el cual, dichas

salas deberían constituirse con cinco ministros. Es

necesario señalar que el tribunal estima que el

funcionamiento en salas debe ser de carácter excepcional.

La segunda materia se refiere al respaldo

constitucional que debe darse a la institución de los

“abogados integrantes”, la que ahora está sólo consagrada en

la ley orgánica constitucional respectiva. Esta situación

cobra real importancia si se tiene en consideración que de

acuerdo a las nuevas atribuciones que se le conferirían al

Tribunal, éste, para atenderlas eficientemente, podría

funcionar, como se dijo anteriormente, en dos salas de cinco

miembros cada una.”;

11º. Que de la aceptación, por parte del Senado, de las

señaladas proposiciones de este Tribunal Constitucional da 146

cuenta el Informe de la Comisión de Constitución,

Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 6 de

noviembre de 2001, recaído en las mociones sobre reforma

constitucional de la Alianza por Chile y de la Concertación

de Partidos por la Democracia, boletines 2526 y 2534.

En efecto, el aludido Informe precisa que para un

adecuado estudio de los proyectos de reforma, “la Comisión

estimó conveniente contar, en su debate, con la

participación de los Ministros del Tribunal Constitucional

señores Eugenio Valenzuela S. y Juan Colombo C...” (pág.

370). Y, sobre el punto en cuestión, destaca que el Ministro

señor Valenzuela aludió al funcionamiento del Tribunal en

pleno o dividido en salas, indicando que “[e]n sala

funcionaría con cinco Ministros y el quórum serían

precisamente esos cinco miembros. Ahora, como ocurre que los

integrantes serían nueve, sugirió constitucionalizar el

sistema de los abogados integrantes. Hoy en día, expresó, la

Ley Orgánica del Tribunal establece la posibilidad de

nombrar cinco abogados integrantes que, de hecho, han sido

designados y lo han integrado. Ello, sin embargo, advirtió,

ha ocasionado algunas dudas doctrinarias acerca de si esto

es constitucional, por eso propuso contemplar la institución

de los abogados integrantes en la Constitución.” (pág. 374);

12º. Que el mismo Informe da cuenta más adelante (págs.

384 y siguientes) de la opinión que hiciera llegar al Senado

el Tribunal Constitucional, señalando, en lo que interesa a

esta disidencia, que, luego de informar sobre los aspectos

contenidos en las proposiciones comprendidas en las mociones

en examen, el Tribunal consignó:

147 “Otras dos materias deberían, a juicio de ese

Tribunal, ser objeto de consideración.

Una de ellas dice relación con el funcionamiento

del Tribunal dividido en dos salas de cinco miembros cada

una para conocer de los asuntos que la propia Constitución

establezca, como podría ocurrir con el conocimiento y el

fallo de las acciones de inaplicabilidad, caso en el cual

dichas salas deberían constituirse con cinco ministros. El

Tribunal estimó que el funcionamiento en las salas debe ser

de carácter excepcional.

La segunda materia se refiere al respaldo

constitucional que debe darse a la institución de los

“abogados integrantes”, la que ahora está sólo consagrada en

la ley orgánica constitucional respectiva. Esta situación,

señaló el Tribunal, cobra real importancia si se tiene en

consideración que de acuerdo a las nuevas atribuciones que

se conferirían al tribunal, éste, para atenderlas

eficientemente, podría funcionar, como se dijo

anteriormente, en dos salas de cinco miembros cada una.”.

Y, finalmente, consigna en esta parte el Informe

que, terminado el análisis de las proposiciones presentadas

por los proyectos en estudio, así como los planteamientos

formulados, se produjo coincidencia entre los miembros de la

Comisión en acoger, unánimemente, ciertos criterios en esta

materia. Entre ellos, se consigna el de aumentar a nueve el

número total de miembros del Tribunal Constitucional,

precisándose que:

“En atención a la mayor carga de trabajo que

tendrá el Tribunal Constitucional a causa de la

incorporación de nuevas atribuciones, la Comisión consideró 148

adecuado consagrar en la Carta Fundamental la existencia de

determinado número de abogados integrantes, con el fin de

permitir que este organismo funcione dividido en dos salas

de cinco miembros cada una.

Con ese objeto, se resolvió establecer que una ley

orgánica constitucional determinará la forma en que el

Tribunal designará a tres abogados integrantes, que durarán

tres años en sus cargos, así como el estatuto normativo

aplicable a los mismos.

Se acordó encomendar, también, a esta ley orgánica

constitucional la fijación de la planta, las remuneraciones

y todos los demás aspectos concernientes al personal del

Tribunal, así como a la organización y funcionamiento de

esta institución.”;

13º. Que, como consecuencia de estos acuerdos, en

definitiva el proyecto de reforma constitucional, aprobado

en primer trámite por el Senado, propuso que el Tribunal

Constitucional estaría integrado por nueve miembros y

consultó, como inciso final del artículo 81 de la

Constitución (actual inciso final del artículo 92), el

“La ley orgánica constitucional determinará la

forma en que el Tribunal designará tres abogados

integrantes, que durarán tres años en sus cargos. Dicha ley

regulará el estatuto aplicable a los abogados integrantes y

fijará, además, la planta, las remuneraciones y lo

concerniente al personal del Tribunal, así como a la

organización y funcionamiento de éste.” (pág. 462);

14º. Que esta proposición del Senado fue desechada por

la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional 149

del proyecto de reforma a la Carta Fundamental. En efecto,

en la discusión del proyecto de reforma constitucional en la

Cámara Baja la materia fue específicamente debatida,

rechazándose, entre otras indicaciones que atañían a la

materia: la Nº 85, de los Diputados señores Ascencio,

Burgos, Luksic y Mora, para substituir el artículo 81 de la

Constitución por el que proponían, cuyo inciso final

señalaba que cada uno de los órganos llamados a designar

ministros del Tribunal Constitucional designaría, “de

acuerdo al procedimiento estipulado para los Ministros

titulares, un Ministro suplente que durará tres años en el

cargo. La ley orgánica constitucional regulará el estatuto

de los Ministros suplentes y fijará, además, la planta, las

remuneraciones y lo concerniente al personal del Tribunal,

así como a la organización y funcionamiento de éste.”; la Nº

90, del Diputado señor Monckeberg y de los Diputados señores

Paya y Uriarte, para agregar la siguiente oración final al

inciso quinto propuesto por el Senado para el artículo 81:

“El Tribunal no podrá ser integrado por personas distintas

de las elegidas según los procedimientos del inciso primero

de este artículo.”; la Nº 92, de los Diputados señores

Bustos, Ceroni, Pérez Lobos y señora Soto, para substituir

el inciso final propuesto por el Senado para el artículo 81,

por el siguiente: “La ley orgánica constitucional

determinará la organización, funcionamiento y procedimientos

del Tribunal Constitucional. Los abogados integrantes del

Tribunal Constitucional serán designados por los órganos que

nombran a su titulares.”; la Nº 93, del Diputado señor

Monckeberg y de los Diputados señores Paya y Uriarte, para

suprimir el inciso final propuesto por el Senado para el

artículo 81, y la Nº 94, de los Diputados señora Guzmán y 150

señor Galilea Carrillo, para suprimir el inciso final

propuesto por el Senado para el artículo 81;

15º. Que, en definitiva y como resultado del debate, la

Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional,

excluyó de la competencia de la ley orgánica constitucional

del Tribunal Constitucional la posibilidad de designar

abogados integrantes o suplentes que pudieran reemplazar a

los miembros del Tribunal para formar quórum de sala o

pleno; pero la habilitó para regular las atribuciones del

tribunal. La disposición aprobada en el segundo trámite fue

la siguiente:

“Una ley orgánica constitucional determinará su

organización y funcionamiento, así como sus atribuciones y

procedimiento y fijará la planta, régimen de remuneraciones

y estatuto de su personal.”;

16º. Que, en el tercer trámite constitucional, el

Senado aceptó la supresión de la posibilidad de que la ley

orgánica constitucional de este Tribunal contemplara

abogados integrantes o suplentes para reemplazar a los

miembros del Tribunal en sesiones de sala o pleno, a la vez

que rechazó habilitarla para regular las atribuciones del

Tribunal. En efecto, consigna el Informe respectivo, de

fecha 8 de julio de 2005:

“La Comisión analizó las enmiendas de la Cámara de

Diputados y, en términos generales, concordó con ellas.

Sin embargo, estimó necesario fijar expresamente

en dos las salas en que el Tribunal podrá dividirse.

Asimismo, consideró conveniente entregar al pleno,

además de los asuntos indicados por el texto aprobado por la 151

Cámara de Diputados, el conocimiento de los asuntos

mencionados en los numerales 10°, 13° y 14°. Se dijo que

otra alternativa adecuada sería encomendar, como regla

general, la resolución de los asuntos al pleno, a excepción

de algunas, que se confiarían a las salas.

Al no poder introducir en este trámite

modificaciones al texto en formación y con el fin de

efectuar las correcciones antes consignadas, la Comisión

solicitó al Ejecutivo incluir estos aspectos en el veto que

el Presidente de la República podrá formular a este proyecto

de reforma constitucional.

En tercer lugar, se acordó excluir de la ley

orgánica constitucional a que se refiere el inciso final la

regulación de las atribuciones del Tribunal. Por esta razón,

se acordó proponer a la Sala del Senado votar en forma

dividida esta disposición, de manera de dejar fuera de ella

la referencia a las “atribuciones”.

En consecuencia, por la unanimidad de sus miembros

presentes, Honorables Senadores señores Chadwick, Espina,

Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés, acogió las enmiendas

propuestas por la Cámara de Diputados, con excepción de la

expresión “atribuciones y” utilizada en el inciso final,

respecto de la cual se acordó proponer a la Sala efectuar

votación dividida.”;

17º. Que, al no poder introducir en el tercer trámite

modificaciones al proyecto de reforma constitucional, la

Comisión solicitó al Ejecutivo incluir en sus observaciones

las enmiendas aludidas;

18º. Que, accediendo a dicha solicitud, el veto del

Presidente de la República al proyecto en cuestión incluyó, 152

en su Nº 14, observaciones relativas a las “Materias de ley

orgánica del Tribunal Constitucional”. Señaló allí el Jefe

del Estado:

“En el veto N° 14 se precisa la interpretación de

una materia al mandato de regulación del Tribunal

Constitucional y se excluye otra.

En el primer caso, se quiere dejar expresa

constancia que la expresión “procedimientos”, permite

organizar el debido proceso al interior de la tramitación de

algunas de las competencias del Tribunal Constitucional en

aquello no previsto por la propia Constitución. Es así como

se puede verificar en qué consistirá el examen de

admisibilidad en casos determinados, una orden de no innovar

u ordenar la tramitación y vista de la causa cuando sea

necesario.

En el segundo caso, se trata de excluir la

expresión “atribuciones” del proyecto de reforma

constitucional, puesto que todas ellas son materia de rango

constitucional y no existe ninguna posibilidad de

desconstitucionalizar competencias.”.

En el articulado pertinente el veto propuso la que

constituye la norma en vigor, que es del siguiente tenor:

“Una ley orgánica constitucional determinará su

organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la

planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su

personal.”;

19º. Que, como queda demostrado, habiéndose solicitado

por este propio Tribunal Constitucional que, con motivo de

la reforma constitucional de 2005, la Constitución 153

habilitara a la ley orgánica constitucional actualmente

sometida a control, para instituir abogados integrantes o

suplentes que reemplazaran a los miembros del Tribunal

incapacitados o inasistentes, en sesiones de sala o pleno, y

habiéndose acogido dicha solicitud en el primer trámite

constitucional, por el Senado, fue en definitiva rechazada

por la Cámara de Diputados, rechazo que fue compartido tanto

por el Senado, en el tercer trámite constitucional, como por

el Presidente de la República, al formular el veto

respectivo;

20º. Que, de esta forma, no sólo resulta manifiesto

que, al acordar las reformas de 2005, el Constituyente

Derivado no sólo tuvo presente las dificultades que para

este Tribunal representaban los altos quórum de

funcionamiento que le impuso, tanto así que en el primer

trámite consultó la creación de abogados integrantes o

suplentes que pudiesen reemplazar a los miembros

incapacitados o ausentes del tribunal; sino que resulta

igualmente ostensible que el mismo Constituyente desechó

expresamente esta posibilidad, al excluir formalmente del

proyecto de reforma constitucional la habilitación que dicho

proyecto contemplaba, en el que es el actual inciso final

del artículo 92 de la Constitución, de que la ley orgánica

constitucional del Tribunal Constitucional estatuyera la

existencia de suplentes o abogados integrantes;

21º. Que esta conclusión, a la que fácilmente se arriba

de lo razonado en los motivos precedentes, fue recogida

igualmente por la doctrina inmediatamente de promulgada la

reforma constitucional de 2005.

154 En efecto, en la obra colectiva “La reforma

constitucional” (Francisco Zúñiga Urbina, Coordinador,

Editorial Lexis Nexis, 2005), el Profesor Gastón Gómez

Bernales consigna, entre lo que llama “los aspectos más

significativos de la reforma en la integración del TC...”,

el siguiente: “e) Se suprimen los abogados integrantes. Las

razones para esta supresión son variadas. Si bien es posible

imaginar la necesidad de que la integración del TC contemple

alguna fórmula para el caso de faltar algún integrante,

estas modalidades no han dado buenos resultados en el

derecho comparado. Cualquier fórmula para resolver este

problema —abogados integrantes, ministros suplentes u otra—

tendía a debilitar la legitimidad del TC y la de esos

ministros a medias, de manera que se impuso la idea de que

los ministros elegidos asistieran. La fórmula de abogados

integrantes que reconocía la integración anterior del TC

dejaba mucho que desear, sobre todo, de cara a las

trascendentales funciones de control constitucional y

defensa de los derechos fundamentales que se le atribuyen

con la reforma al TC.” (págs. 660-661).

El Profesor Humberto Nogueira Alcalá, por su

parte, en la obra “Justicia y Tribunales Constitucionales en

América del Sur” (Palestra, Lima, 2006), luego de referir

que el actual artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional

de este Tribunal contempla la designación de abogados

integrantes, señala: “Parte de la doctrina chilena, entre

los cuales me cuento, consideran que dichos abogados

integrantes del Tribunal Constitucional son

inconstitucionales, ya que la Carta Fundamental no los

contempla como magistrados suplentes y tampoco habilita al

legislador orgánico constitucional para establecer 155

magistrados suplentes. La reforma constitucional de 2005

respecto de la integración del Tribunal Constitucional,

subsana este vicio de inconstitucionalidad al impedir que el

Tribunal nombre estos abogados integrantes a través de la

Ley Orgánica Constitucional.” (págs. 209-210);

22º. Que objeciones de esta clase fueron tenidas en

cuenta durante la tramitación del proyecto de ley sometido a

control, como da cuenta el Informe de la Comisión de

Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de

Diputados, corporación que, en el primer trámite

constitucional, suprimió la posibilidad de designar abogados

integrantes del Tribunal Constitucional propuesta en el

Mensaje del Ejecutivo. Señala al respecto el Informe

respectivo que se presentó una indicación de la Diputada

Soto y de los Diputados Burgos, Bustos, Ceroni, Pérez Varela

y Uriarte, para suprimir el artículo 15 de la Ley N° 17.997,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al

analizar la cual:

“La Comisión hizo presente que en los últimos años

se ha implementado una serie de reformas en el intento de

perfeccionar los procedimientos judiciales. Por

consiguiente, contemplar esta institución para el Tribunal

Constitucional atenta contra lo logrado, sobre todo, si se

considera que sus ministros deberán tener dedicación

exclusiva. La tendencia en la legislación comparada, se

señaló, apunta a la eliminación de esta institución.

Asimismo, se plantearon dudas acerca de su

constitucionalidad, por cuanto la Carta Fundamental al

regular el Tribunal Constitucional no hace mención a ella, 156

por lo que contemplarlos en su ley orgánica sería exceder el

mandato constitucional.”.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por

unanimidad, igualmente que el numeral 13) propuesto en el

Mensaje;

23º. Que, no obstante las aludidas objeciones fundadas,

que se hicieron presentes durante la discusión del proyecto

de ley en examen, el Congreso Nacional aprobó, igualmente,

la creación de dos cargos de funcionarios del Tribunal que,

en calidad de jueces constitucionales, serán capaces de

reemplazar a quienes, una vez nombrados de acuerdo con la

Constitución, conformamos este Tribunal Constitucional;

24º. Que es por todos estos motivos que estimamos

inconstitucional el artículo 15 del proyecto de ley, y las

normas que lo complementan, pues facultarán a funcionarios

de este mismo Tribunal para que, en ausencia de los

Ministros nombrados por los Poderes Públicos de acuerdo con

la Constitución, ejerzan jurisdicción en sesiones de sala y

pleno, y decidan, con su voto, los conflictos

constitucionales cuya resolución la Constitución encomienda

exclusivamente a los diez jueces que instaura en su artículo

92, con lo cual la decisión de dichos conflictos estará en

manos de jueces no previstos por la Carta Fundamental, en

abierta violación de los artículos 6º, 7º y 92 de la

Constitución.

VOTO DISIDENTE DEL MINISTRO SEÑOR JORGE CORREA SUTIL EN

RELACION CON LA INCONSTITUCIONALIDAD CONTENIDA EN EL PUNTO

RESOLUTIVO Nº 4.

157 Acordada con el voto en contra del Ministro señor Jorge

Correa Sutil en relación con la inconstitucionalidad

declarada en el número 4 de esta sentencia.

El disidente estuvo por estimar como constitucional el

plazo de seis meses para entrar de oficio o accionar por

cualquier persona para la declaración de

inconstitucionalidad de un precepto legal, a partir de la

declaración de inaplicabilidad del mismo, que se dispone en

el artículo 47 0 y reconoce en el número 3 del artículo 47

S, agregados por el Nº 58 del artículo único del proyecto

remitido. El disidente reconoce la relevancia de que este

sea un requisito nuevo no contemplado en la Carta

Fundamental, pero estima que el legislador, al establecerlo,

no infringe la Carta Fundamental, por cuanto da valor y

vigencia a uno de sus principios más preciados, como es el

de la seguridad jurídica. A su juicio, el legislador no

infringe, sino que interpreta y aplica la Constitución al

establecer un plazo prudencial para que el propio Tribunal

de oficio, o cualquiera persona, inicie el procedimiento

para expulsar del ordenamiento un precepto previamente

declarado inaplicable. El fenómeno de la declaración de

inconstitucionalidad de un precepto legal vigente es

suficientemente extraordinario en el sistema político y

jurídico, para permitir que el mismo permanezca por tiempo

indefinido en la incerteza acerca de su validez. Por ende, a

su juicio, el legislador, al establecer este plazo no

contemplado en la Carta Fundamental, no la vulnera ni se

atribuye facultades que no se le han otorgado, sino que

acota en el tiempo un estado de incerteza que, de ser

permanente, sí resulta contrario a la seguridad jurídica que

la Carta Fundamental valora y ampara en varios de sus 158

preceptos. Por lo demás, el disidente no aprecia qué valores

o principios pueden quedar lesionados, si el plazo que se

establece no resulta tan breve como para impedir que el

propio Tribunal o las personas alcancen a formarse

convicción de sus intereses y a accionar. A su juicio, al de

seis meses no parece posible atribuirle este carácter de

limitar arbitraria o irrazonablemente el ejercicio del

derecho a una acción que, si bien la Carta Fundamental no

limitó, tampoco consagra como temporalmente ilimitada.

VOTO PARTICULAR DEL MINISTRO SEÑOR ENRIQUE NAVARRO

BELTRAN EN RELACION A LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DEL

TRIBUNAL (ARTICULO 4), DISPOSICIONES RELATIVAS A

ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA (ARTICULOS 15 y

21), NUEVAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(ARTICULO 25 C) Y NORMAS INTERPRETATIVAS DE LA CONSTITUCION

(ARTICULO 47 B).

El Ministro señor Enrique Navarro Beltrán concurre al

fallo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Publicidad de los actos del Tribunal

Constitucional y reserva legal.

El artículo 4º, introducido por el proyecto de

ley, señala que si bien, como regla general, son públicos

todos los actos y resoluciones del Tribunal, así como sus

fundamentos y los procedimientos que utilice, el mismo

órgano, “por resolución fundada acordada por los dos tercios

de sus miembros, podrá decretar reservados o secretos

determinados documentos o actuaciones, incluidos los

documentos agregados a un proceso, con sujeción a lo

prescrito en el artículo 8º, inciso segundo, de la

Constitución”.

159 Sobre la materia cabe tener presente que el inciso

segundo del artículo 8º de la Constitución Política de la

República dispone que “son públicos los actos y resoluciones

de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los

procedimientos que utilicen”, agregando luego que sin

embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer

la reserva o secreto de los mismos “cuando la publicidad

afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos

órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la

Nación o el interés nacional”.

De este modo, debe ser la ley –de quórum

calificado- a la que corresponde señalar con precisión los

casos en que la publicidad de los actos afecte los bienes

jurídicos a que alude el artículo 8º de la Constitución

Política, esto es, el debido funcionamiento de los órganos,

los derechos de las personas y la seguridad e interés

nacionales, los que además deben ser interpretados

restrictivamente.

No corresponde, por tanto, que el legislador

delegue dicha atribución a la potestad normativa infralegal,

en este caso, del órgano jurisdiccional constitucional. Por

lo demás, tal como lo preceptúa el inciso final del artículo

92 de la Constitución, el mandato a la Ley Orgánica

Constitucional sólo está referido a “su organización,

funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen

de remuneraciones y estatuto del personal”.

Corrobora lo anterior la circunstancia de que la

Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, señale

de manera circunstanciada –en su artículo 21- las únicas

causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá 160

denegar total o parcialmente el acceso a la información,

disposición esta última a la que además puede atribuírsele

el carácter de interpretativa del artículo 8º

constitucional.

II. Materias que tienen el carácter de orgánicas

constitucionales, por referirse a la organización y

atribuciones de los tribunales, en las que no se ha oído

previamente a la Corte Suprema.

1. Alcance de las disposiciones referidas a

organización y atribuciones de los tribunales.

El artículo 77 de la Constitución Política de la

República dispone:

“Una ley orgánica constitucional determinará la

organización y atribuciones de los tribunales que fueren

necesarios para la pronta y cumplida administración de

justicia en todo el territorio de la República. La misma

ley señalará las calidades que respectivamente deban

tener los jueces y el número de años que deban haber

ejercido la profesión de abogado las personas que fueren

nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la

organización y atribuciones de los tribunales, sólo

podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte

Suprema de conformidad a lo establecido en la ley

orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del

plazo de treinta días contados desde la recepción del

oficio en que se solicita la opinión pertinente.

161 Sin embargo, si el Presidente de la República

hubiere hecho presente una urgencia al proyecto

consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta

dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de

los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la

organización y atribuciones de los tribunales, así como

las leyes procesales que regulen un sistema de

enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su

entrada en vigencia en las diversas regiones del

territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el

plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo

el país no podrá ser superior a cuatro años.”

Como lo ha resuelto esta Magistratura, la

exigencia establecida por la Constitución en su artículo 77,

inciso segundo, en el sentido de que la ley orgánica

constitucional relativa a la organización y atribuciones de

los tribunales sólo puede modificarse oyendo previamente a

la Corte Suprema, tiene su razón de ser en el hecho de que

resulta conveniente y necesario que el Tribunal Superior del

Poder Judicial, atendida su calificación y experiencia en la

materia, pueda dar a conocer a los órganos colegisladores su

parecer acerca de un proyecto de ley en el cual se contienen

reformas que se considera necesario introducir a dicho

cuerpo normativo, con el objeto de contribuir, así, a que

éstas sean las más adecuadas.

Se trata de un trámite esencial para la validez

constitucional de esta ley orgánica, para lo cual debe 162

tenerse presente que, al señalar la Constitución Política de

la República que la Corte Suprema debe ser oída previamente,

ello supone que se efectúe la consulta durante la discusión

de la ley en el Congreso Nacional si el mensaje o moción se

hubiere presentado sin su opinión y con anterioridad a la

aprobación de la misma (Rol Nº 1316).

En este mismo orden de ideas cabe destacar que, en

el oficio de fecha 28 de agosto de 1998, a través del cual

el Presidente de la República formuló sus observaciones al

proyecto de reforma constitucional modificatorio del actual

artículo 77 de la Carta Fundamental que dio origen al texto

vigente del inciso segundo de dicho precepto, se indica que

en cumplimiento del mandato constitucional la Corte Suprema

debe “emitir un informe que contenga una apreciación sobre

los criterios de legalidad, oportunidad, mérito o

conveniencia” de un proyecto de ley relativo a la

organización y atribuciones de los tribunales sometido a su

consideración, puesto que sus opiniones o sugerencias

resultan de interés al momento de aprobarlo en uno u otro

sentido (pág.3).

Dicho trámite esencial de validez de toda ley

orgánica de tribunales debe efectuarse tanto cuando se

otorga una nueva facultad a los tribunales de justicia como

cuando se abroga una determinada atribución. En otras

palabras, también se requiere de dicho trámite en el caso

que se elimine una competencia otorgada por la ley o, más

aún, por la propia Carta Fundamental.

2. Suplentes de Ministros del Tribunal

Constitucional.

163 El artículo 15 sustitutivo introducido por el

proyecto de ley establece la institución de los “suplentes

de Ministro”. Para efectos de su nombramiento, el Tribunal

Constitucional debe confeccionar una septena, de la cual el

Presidente de la República elegirá a dos, para su ulterior

ratificación por los dos tercios del Senado.

Como se dejó constancia en la historia fidedigna

del establecimiento del proyecto de ley que se revisa, los

denominados “suplentes llamados a integrar el Tribunal

forman parte de éste en plenitud de derechos y prerrogativas

y quedan sujetos a las mismas restricciones que los

ministros, con las salvedades que se hacen más adelante”

(Ministro Secretario General de la Presidencia, en Comisión

Mixta).

La situación jurídica de los suplentes de Ministro

es ciertamente diversa de la de los abogados integrantes,

quienes de manera ocasional pueden integrar un determinado

órgano jurisdiccional. Esta Magistratura ya tuvo oportunidad

de señalar (Rol Nº 481/2006) que se sujeta a la Carta

Fundamental la existencia de abogados integrantes en la

Corte Suprema. Diferente es la situación de los Ministros

suplentes de dicho máximo tribunal.

En tal sentido, el inciso final del artículo 78 de

la Constitución Política señala que “cuando se trate del

nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación

podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los

jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas

designaciones no podrán durar más de sesenta días y no serán

prorrogables. En caso de que los tribunales superiores

mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya 164

vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las

vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente”. Es

decir, ha sido la propia Constitución la que ha autorizado

su establecimiento.

Ahora bien, en materia de atribuciones de esta

Magistratura, no debe desatenderse la circunstancia de que,

tal como se señaló en el veto presidencia a la reforma

constitucional de 2005, “no existe ninguna posibilidad de

desconstitucionalizar competencias” por parte del Tribunal

Constitucional, de modo tal que sólo a través de una

disposición constitucional ha podido facultarse al Tribunal

para tener dicha atribución. Así lo señaló por lo demás el

diputado señor Walker durante la tramitación de la ley en el

Congreso.

En la historia fidedigna del establecimiento del

proyecto de ley que se revisa se indicó que “se descartó la

vinculación de la Corte Suprema con el proceso de

integración del Tribunal Constitucional, pues éste está

llamado a conocer cuestiones de constitucionalidad relativas

a autos acordados de aquélla” (Comisión Mixta).

Como puede apreciarse, en el presente caso, se

excluye a la Corte Suprema de la facultad para intervenir en

el proceso de nombramiento de los referidos suplentes de

Ministro, a pesar de que, como expresó durante la discusión

de la normativa el diputado señor Burgos, “lo lógico es que

sean designados de la misma forma que los titulares”. El

mecanismo establecido excluye, sin justificación razonable

alguna, la participación de la Corte Suprema, interviniendo

así sólo el Presidente de la República y el Congreso

Nacional.

165 De este modo, se ha omitido informe favorable del

máximo tribunal, tal como por lo demás se hizo al

modificarse el texto constitucional en 2005 y el proyecto lo

requiere, desde que se ha excluido la participación de la

Corte Suprema en la designación de los ministros suplentes

del Tribunal Constitucional.

3. Otras disposiciones referidas a organización y

atribuciones de los tribunales.

El artículo 21 de la ley en vigor (modificado

parcialmente por el número 20 del artículo único del

proyecto) otorga la atribución a la Corte de Apelaciones de

Santiago en pleno para declarar haber lugar a la formación

de causa respecto de los miembros del Tribunal

Constitucional.

Como se observa, se trata de una disposición que

tiene carácter de orgánica constitucional, puesto que, de

conformidad a lo preceptuado en el artículo 77 de la

Constitución Política de la República, se refiere a

“organización y atribuciones de los tribunales”, desde que

se le otorga competencia a la Corte de Apelaciones de

Santiago para autorizar el desafuero de los Ministros del

Tribunal Constitucional, no constando informe evacuado al

efecto por parte de la Corte Suprema.

III. Nuevas atribuciones del Tribunal Constitucional no

contempladas en la Carta Fundamental.

El artículo 25 c) introducido por el proyecto de

ley señala en su número 17º que corresponderá al Pleno del

Tribunal “ejercer las demás atribuciones que le confieran la

Constitución Política y la presente ley”. Por su parte, el 166

artículo 25 d), en su número 4, añade similar atribución en

relación a las Salas del Tribunal.

Al Tribunal Constitucional sólo le corresponden

las atribuciones que expresamente le han conferido las

disposiciones constitucionales, en la especie, el artículo

93 de la Carta Fundamental.

Tal como se consignó en el veto presidencial a la

Reforma Constitucional de 2005, “se trata de excluir la

expresión ‘atribuciones’ del proyecto de reforma

constitucional, puesto que todas ellas son materia de rango

constitucional y no existe ninguna posibilidad de

desconstitucionalizar competencias”.

Ahora, tal como ha tenido oportunidad de señalarlo

con anterioridad, ha sido posición de esta Magistratura

ejercer en plenitud las atribuciones que la Carta

Fundamental le confiere, como asimismo permitir que los

órganos legitimados puedan recurrir en forma expedita a este

Tribunal, a fin de que éste vele por el principio de la

supremacía constitucional, consagrado como una de las bases

esenciales de la institucionalidad en el artículo 6º de la

Constitución. Sin embargo, esta irrevocable posición no

puede llevar a esta Magistratura a ir más allá de lo que

razonablemente la autoriza la Carta Fundamental, pues de lo

contrario, lejos de custodiar la aplicación estricta de la

Constitución, la vulneraría en su esencia (sentencia dictada

con fecha 18 de marzo de 1998, Rol N° 272). Debe recordarse,

en este orden de ideas, que el artículo 7°, inciso segundo,

de la Ley Suprema consagra un principio esencial del

constitucionalismo, que este Tribunal está en la obligación

de cautelar, al señalar que: “Ninguna magistratura, ninguna 167

persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a

pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en

virtud de la Constitución o las leyes.” (Rol 1216/2008).

En suma, no está autorizada la ley orgánica para

otorgar atribuciones adicionales al Tribunal Constitucional,

todas las cuales se encuentran singularizadas de manera

precisa y taxativa en el artículo 93 de la Carta

Fundamental.

IV. Disposición de carácter interpretativo, en materia

de tratados internacionales, en relación a la acción de

inaplicabilidad.

Sin perjuicio de concurrir a lo declarado en el

resuelvo tercero y a lo razonado sobre el particular en la

sentencia, este Ministro es de opinión que, a mayor

abundamiento, la norma contenida en el artículo 47 B) es

inconstitucional además por tratarse de una disposición de

carácter interpretativo, que no cumple con las exigencias

establecidas por la Constitución Política para la validez de

las mismas.

El artículo 47 b) añadido por el proyecto dispone

que “de conformidad con el número 1) del artículo 54 de la

Constitución Política de la República, no procederá la

inaplicabilidad respecto de tratados internacionales

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

El inciso primero del artículo 66 de la

Constitución Política de la República expresa que “las

normas legales que interpreten preceptos constitucionales

necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, 168

de las tres quintas partes de los diputados y senadores en

ejercicio”.

Como se sabe, en materia de ley común existen

fallos que señalan que la calificación de ley interpretativa

debe ser efectuada expresamente por el legislador (Corte

Suprema, 12 de enero de 1966, Fallos del Mes 86, p. 335),

aunque también se ha sentenciado que ello puede efectuarse

de manera tácita (Corte Suprema, RDJ 61, sec. 1ª, p. 429).

En el ámbito de las leyes interpretativas

constitucionales, la doctrina ha señalado que sólo es

admisible en cuanto “tenga como objeto específico establecer

el recto sentido de determinados preceptos de la misma

Carta, ya que tal es la tipicidad de esta especial forma

legislativa, el motivo del alto quórum para ello exigido y

el marco específico de la jurisdicción obligatoria confiada

al Tribunal Constitucional” (Alejandro Silva Bascuñán,

Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VII, p. 51). Por lo

mismo, no podría una ley interpretativa “incorporar

preceptos que tengan sustancia, rango u objetivos diferentes

de los que son propios de su especialidad” (ibid.).

Ahora bien, el carácter de una ley interpretativa

o de un determinado precepto estará dado “por la naturaleza

de la ley o del precepto, independiente de la voluntad

expresa o tácita del legislador”. De forma tal que “no es el

legislador quien determina el carácter interpretativo de

determinado precepto, sino es la naturaleza del mismo la que

da ese carácter” (Sergio Espinoza Marty, Los preceptos

legales interpretativos de la Constitución y el control de

la constitucionalidad de los mismos por el Tribunal

Constitucional”, Gaceta Jurídica 172, 1994, p. 17 y 19).

169 Esta Magistratura ha señalado en relación al

alcance de las leyes interpretativas que: “no corresponde,

por medio de una ley interpretativa de una norma

constitucional agregar nuevos elementos a lo que ésta indica

e introducir conceptos que no han sido siquiera insinuados

por la Carta Fundamental. Ello implicaría una modificación

de la disposición constitucional, la que se regiría por las

normas aplicables para ello. Por medio de una ley

interpretativa sólo cabe proporcionar claridad o precisión a

la redacción de una norma constitucional, cuando su propio

texto sea susceptible de originar confusión o

desentendimiento, para asegurar con esa interpretación su

correcta, uniforme, armónica y general aplicación”. Por lo

mismo, “tanto la doctrina nacional como fallos reiterados de

la Corte Suprema han sido contestes en rechazar como normas

interpretativas aquellas disposiciones legales que contienen

elementos o requisitos nuevos no contemplados en la norma

legal interpretada como también cuando el texto de la ley

que se pretende interpretar no contiene nada ininteligible u

oscuro que amerite su interpretación por una ley posterior”

(Rol 158/1992).

En el caso del artículo 47 b), introducido por el

proyecto de ley, en opinión del Ministro que suscribe este

voto, la disposición tendría el carácter de interpretativa

desde que precisa lo dispuesto en el artículo 54 Nº 1 de la

Constitución Política de la República, en lo relativo a que

un tratado sólo puede ser derogado, modificado o suspendido

en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a

las normas generales del derecho internacional, entendiendo

que la inaplicabilidad produciría dichos efectos.

Adicionalmente, la norma en cuestión está tácitamente 170

precisando –aunque en un sentido negativo- el sentido y

alcance del término “precepto legal” a que alude el artículo

93 Nº 6 en relación a la procedencia de la acción de

inaplicabilidad, al excluir un determinado cuerpo jurídico

normativo, lo que se confirma del tenor del texto contenido

en el artículo 47, letra g), número cuarto. Obviamente el

constituyente puede excluir a los tratados internacionales

de la acción de inaplicabilidad por medio de una reforma,

mecanismo que fuera empleado en relación a la Corte Penal

Internacional (Rol Nº 1415). Todo lo señalado es sin

perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo

5º de la Constitución Política de la República, en relación

al deber fundamental de los órganos del Estado de respetar y

promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza

humana garantizados por la Constitución y por los tratados

ratificados y vigentes en Chile.

VOTO DISIDENTE DEL MINISTRO SEÑOR FRANCISCO FERNANDEZ FREDES.

Se hace constar que el Ministro señor Francisco Fernández Fredes concurre a suscribir esta sentencia, pero disiente de lo decidido en sus puntos resolutivos 1, 3 y 5, y no comparte el entendido que se contiene en el punto 10, por las siguientes consideraciones:

a) Que en su opinión no resulta contrario a la

Constitución y es, en cambio, de toda lógica

que el legislador orgánico constitucional

complemente lo dispuesto en la Carta

Fundamental en cuanto a la regulación de los

requisitos de admisibilidad de los ocursos o

requerimientos que se le presenten al Tribunal

Constitucional con motivo del ejercicio de sus 171

diversas atribuciones. A diferencia de lo que

se sostiene en el razonamiento vigesimosexto

de la sentencia de que se difiere, no se

compadece con el carácter naturalmente general

y sucinto de la normativa constitucional

entrar a pormenorizar los requisitos de

admisibilidad de las diferentes acciones que

pueden someterse a esta Magistratura, materia

que por ser típicamente de detalle, resulta

natural que el constituyente la haya dejado en

manos de la prudencia del legislador orgánico

constitucional.

b) Que tampoco vulnera el espíritu ni la letra de

la Carta Fundamental el que entre los

requisitos de admisibilidad el legislador haya

contemplado el de que el ocurso se encuentre

revestido de fundamento plausible, toda vez

que, como se deja por demás sentado en el

entendido que incluye el punto resolutivo 12,

ello no es más que la extrapolación, a otras

acciones, del requisito de estar

razonablemente fundado que la Constitución

estableció en el inciso undécimo de su

artículo 93 respecto de los requerimientos de

inaplicabilidad. A mayor abundamiento, esta

exigencia resulta enteramente explicable, por

cuanto la carencia de plausibilidad en la

pretensión que se deduce ante el Tribunal es

un elemento que le resta viabilidad a su

destino y distrae innecesariamente la atención

de este órgano del Estado.

172 c) Que tampoco riñe con la preceptiva

constitucional la causal de inadmisibilidad

contemplada en el numeral 3º del artículo 41

bis introducido por el proyecto bajo examen,

toda vez que la exigencia de que el

requerimiento de inconstitucionalidad de una

norma legal o constitucional en trámite

legislativo sea precedido de una formulación

expresa de cuestión de constitucionalidad a su

respecto en el debate camaral, se vincula con

la naturaleza misma de este último, en el que

la discusión abarca no sólo el mérito sino

también las eventuales implicancias

inconstitucionales de que la iniciativa

pudiera adolecer. Por ello han sido

legitimados para el ejercicio de esta acción

constitucional precisamente los sujetos

concernidos en el proceso de formación de las

leyes (los órganos colegisladores o una parte

determinada de su membresía), a quienes

corresponde detectar oportunamente los

eventuales vicios de inconstitucionalidad del

proyecto respectivo, planteándolo en el propio

debate parlamentario. Se pretende así evitar

que tal tipo de cuestionamientos pueda hacerse

de manera intempestiva o sorpresiva ante el

Tribunal Constitucional, sin previa

advertencia y fundamentación de la cuestión

ante los propios actores directos de la

elaboración legislativa. Por lo demás, la idea

de esta exigencia de cuestionamiento previo y 173

oportuno está envuelta en la norma del inciso

segundo del artículo 39 de la ley en actual

vigor, sin que se hubiese planteado nunca,

hasta ahora, objeción de constitucionalidad a

su respecto.

d) No comparte tampoco este disidente la

inconstitucionalidad que se declara respecto

de la causal de inadmisibilidad contemplada en

el numeral 3º del artículo 46 B adicionado por

el proyecto, ya que el oficio por el que el

Contralor General de la República represente

un decreto con fuerza de ley puede,

efectivamente, sustentarse en motivos

distintos de su objeción de

constitucionalidad, extremo en el cual

obviamente no correspondería a esta

Magistratura entrar a conocer de la cuestión.

e) Con todo, el mayor motivo de discrepancia de

este disidente radica en el punto resolutivo

número 3 del presente fallo, en cuanto declara

inconstitucionales el artículo 47 B y la frase

“o respecto de las disposiciones de un tratado

internacional vigente”, contenida en el inciso

primero del artículo 47 G. Ello por cuanto

resulta meridianamente claro que el artículo

54 Nº 1 de nuestra Carta Fundamental,

reformado en el año 2005, impide

absolutamente, en su inciso quinto,

“suspender” las disposiciones de un tratado

vigente si no es en la forma prevista por el 174

propio tratado o de acuerdo a las normas

generales del Derecho Internacional. Y sería

precisamente ello lo que ocurriría si un

precepto de un tratado pudiera dejar de

aplicarse a un caso concreto sub lite por

medio de la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad. En consecuencia, según

la clara voluntad del constituyente, desde la

reforma de 2005, las normas de un tratado

internacional no son susceptibles de control

represivo de constitucionalidad, sino sólo de

control preventivo, tanto facultativo

(artículo 93 Nº 3º de la Ley Suprema) como en

sede de control obligatorio (artículo 93 Nº

1º) si el tratado incluye normas propias de

una ley orgánica constitucional.

f) A juicio de este disidente, ésa es la

única interpretación que se compadece con la

letra y el espíritu de nuestra Constitución y

que mantiene coherencia con el ordenamiento

jurídico en su conjunto, toda vez que lo

resuelto en este aspecto por el voto de

mayoría vulnera frontalmente el compromiso

internacional suscrito por el Estado de Chile

al suscribir y ratificar la Convención de

Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969,

cuyo artículo 27 impide a los Estados Partes

invocar las disposiciones de su derecho

interno como justificación del incumplimiento

de un tratado.

175 g) Es más, en opinión de este discrepante lo

resuelto en este aspecto por el voto de

mayoría ignora que a este Tribunal

Constitucional, como órgano del Estado que es,

le empecen por completo los enfáticos

mandamientos de los artículos 6º y 7º de

nuestra Carta Fundamental, en el sentido de

sujetarse estrictamente a la Constitución y a

las normas dictadas conforme a ella (lo que

incluye, por cierto, a los tratados vigentes)

y de no arrogarse atribuciones que no le hayan

sido expresamente conferidas, por todo lo cual

se considera que un eventual fallo de esta

Magistratura que acoja un requerimiento de

inaplicabilidad contra una norma de un tratado

vigente sería susceptible de impugnarse por

una acción de nulidad de derecho público.

h) Que la Constitución Política ha establecido

mecanismos y oportunidades diferentes, así

como sujetos legitimados distintos, para

impugnar la constitucionalidad de leyes y

decretos supremos, por lo cual no es de

extrañar que una causal de inadmisibilidad de

un requerimiento dirigido en contra de un

decreto supremo sea el que el vicio invocado

afecte a un precepto legal vigente y no al

decreto mismo como tal. Ello guarda perfecta

armonía con ese tratamiento diferenciado que

el constituyente atribuyó a uno y otro tipo de

pretensiones de inconstitucionalidad. Por

dicha razón este Ministro discrepa también de 176

la inconstitucionalidad declarada en el punto

resolutivo 5 del fallo.

i) Por último, debe dejarse

constancia de la disidencia de este Ministro

respecto del entendido que se contiene en el

punto resolutivo 10 de la sentencia, toda vez

que él siempre ha sostenido en el seno de esta

Magistratura que lo que el constituyente ha

pretendido con la acción de inaplicabilidad es

evitar que pueda fallarse un asunto sub lite

sobre la base de la aplicación de un precepto

legal reprochado de inconstitucionalidad que

resulte norma decisoria litis en la resolución

del asunto pendiente. En cambio, para impugnar

la constitucionalidad de otro tipo de normas

envueltas en la tramitación de ese asunto,

existen en el ordenamiento jurídico nacional

otros mecanismos procedimentales que no es del

caso reseñar aquí.

Acordada la constitucionalidad de los artículos 37,

inciso segundo, y 47 G, inciso primero, Nº 2º, incorporados

a la Ley Nº 17.997 por el artículo único, Nºs 39 y 57 del

proyecto remitido, que se encuentra comprendida en la

declaración decimoséptima de esta sentencia, en empate de

votos, contando dicha decisión con el voto conforme del

Presidente del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en la

letra f) del artículo 8º del cuerpo legal antes indicado.

Votaron por la inconstitucionalidad de dichas disposiciones

los Ministros señores José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen 177

Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza y

Marcelo Venegas Palacios.

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y

los votos particulares, sus autores.

Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados,

rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del

Tribunal, oficiándose.

Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese.

Rol Nº 1.288-2008.

Se certifica que el Ministro señor Jorge Correa Sutil concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo pero no firma por haber cesado en el cargo.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Juan Colombo Campbell y los Ministros señores, José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larrain Cruz.