Inaplicabilidad de la expresión "salvo en el caso de medidas judiciales.", contenida en el artículo 15°, inciso segundo, del D.f.l. N° 2, de 1998, del ministerio de educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.f.l. N° 2, de 1996, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron corporación educacional araucanía limitada

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Rol N° 12.784-22 INA [22 de noviembre de 2022]

____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DE LA EXPRESIÓN "SALVO EN EL CASO DE MEDIDAS JUDICIALES.", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15°, INCISO SEGUNDO, DEL D.F.L. N° 2, DE 1998, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL D.F.L. N° 2, DE 1996, SOBRE SUBVENCIÓN DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DE LAS NORMAS QUE LO MODIFICARON Y COMPLEMENTARON CORPORACIÓN EDUCACIONAL ARAUCANÍA LIMITADA

EN EL PROCESO ROL C-4882-2020, SUSTANCIADO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE TEMUCO

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, con fecha 14 de enero de 2022, Corporación Educacional Araucanía Limitada deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión "salvo en el caso de medidas judiciales", contenida en el artículo 15° inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron, en el proceso Rol C-4882-2020, caratulado “Constructora Carmar Limitada con Corporación Educacional Araucanía Limitada”, sustanciado ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco.

Precepto legal cuya aplicación se impugna

El precepto legal cuestionado dispone:

Artículo 15, inciso segundo:

“La subvención se pagará mensualmente por el Ministerio de Educación en la forma y condiciones que fije el reglamento.

La subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales, salvo en el caso de medidas judiciales”.

Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

En cuanto a la gestión judicial pendiente, que sirve de antecedente al libelo de inaplicabilidad, la parte requirente, Corporación Educacional Araucanía Limitada, explica que, ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, se sigue causa en su contra, demanda ejecutiva interpuesta por Sociedad Constructora Carmar Ltda. con fecha 19 de octubre de 2020, de la sentencia arbitral, firme o ejecutoriada, que condenó a pagar a una persona jurídica distinta a la requirente, la “Sociedad Educacional Araucanía Limitada”, la suma de $ 64.047.899, más $ 2.000.000 en costas, por un contrato de construcción, invocándose para ello una supuesta continuación legal en el deber de pago de dicha obligación entre dicha sociedad y la “Corporación Educacional Araucanía Limitada”, en virtud de lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley N° 20.845.

Se añade que la parte demandante solicitó, con fecha 30 de diciembre de 2020 y luego 7 de enero de 2021, la ampliación del embargo, pidiendo se hiciera extensivo a la subvención estatal que la demandada y requirente de inaplicabilidad percibe en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional denominado Escuela Araucanía RBD N° 5698-7, de Temuco, hasta por la suma total demandada.

Agrega la parte requirente que, luego de desestimado el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento opuesto por su parte, el Tribunal, por resolución de 6 de enero de 2022, accedió a la ampliación del embargo. Para arribar a dicho embargo, el juez precisamente aplicó el impugnado artículo 15 inciso segundo del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, norma cuestionada que permite el embargo sobre la subvención estatal, lo que a su vez autoriza a dicho acreedor - empresa privada- a pagarse su crédito con el importe de la subvención que está destinada a la prestación del servicio educacional a los alumnos.

Así, refiere la actora, el precepto legal cuestionado es decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada y dicha aplicación, en el caso concreto, infringe el artículo 19 N°s 2°, 10° y 24° de la Constitución.

Manifiesta la parte requirente que se vulnera gravemente el artículo 19° N° 10° constitucional, toda vez que, de aplicarse la norma legal impugnada, se embargarían los dineros que permiten la mantención y el funcionamiento del establecimiento, los que están destinados principalmente al pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los directivos, docentes y auxiliares, como asimismo al pago de los gastos de suministros básicos, materiales escolares, entre otros, gastos que en definitiva sería imposible solventar por el requirente, lo que le impediría seguir funcionando, por tratarse de un establecimiento educacional pequeño, con no más de 155 alumnos y con un monto de la subvención que no excede de los $ 22.000.000 mensuales y fracción, lo que implicaría al menos tres meses de retención de la subvención, con el consecuente cierre, en un muy breve plazo, de la Escuela Araucanía.

Agrega que los dineros fiscales destinados al pago de las subvenciones escolares no son de libre disposición para el sostenedor del establecimiento educacional, sino que están afectos a un fin determinado, que es contribuir a la prestación del servicio educacional, estando incluso dicho sostenedor obligado legalmente a rendir cuenta del uso de dichos fondos al Ministerio, por lo que puede decirse que sólo son poseídos por él de manera fiduciaria, y no en propiedad plena o común, lo que además los hace inembargables de acuerdo con lo dispuesto en el número 14 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, máxime -indica- teniendo en cuenta que la Corporación cuenta con otros bienes que se pueden embargar, sin paralizar su funcionamiento, como son el mobiliario del establecimiento, los inmuebles en que funciona y los equipos computacionales.

Agrega el requirente que el precepto impugnado vulnera, asimismo, la igualdad ante la ley consagrada en el N° 2° del artículo 19 constitucional, porque al lesionarse el derecho a la educación de los estudiantes, se va a afectar la igualdad en orden a contar con este derecho social, entre los alumnos del centro educacional que sostiene la requirente y los alumnos de otros centros educacionales que van a recibir la subvención educacional completa.

Y, se afectaría en el caso concreto el artículo 19° N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que al aplicar el artículo 15 del D.F.L. N° 2 al caso concreto, permitiendo embargar la subvención, se provocará un impacto tal que no sólo afectará a los alumnos, sino que también a toda la planta de docentes, directivos y auxiliares, pues no contará con los recursos para pagar sus remuneraciones, así como los demás gastos inherentes al mantenimiento y funcionamiento del colegio, por lo que la aplicación de este precepto legal utilizado por el juez vulnera con claridad el derecho de propiedad garantizado por la Carta Fundamental.

Cita finalmente el requirente como vulnerado, en relación con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución, lo dispuesto en los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1° de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 19 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño; y 7 y 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008; que, igualmente, consagran, aseguran y garantizan el derecho a la educación, la igualdad, la inclusión y la no discriminación entre niños y niñas, dentro del derecho internacional de los derechos humanos.

Invoca también el requerimiento diversas sentencias en que este Tribunal Constitucional que se han pronunciado respecto del mismo precepto legal cuestionado en autos (STC Roles 4.878, 9.618, 410, 1.295, 2.787 y 3.132), rechazando los respectivos requerimientos, pero también con votos disidentes. En este sentido insta porque el presente requerimiento sea acogido sobre las argumentaciones contenidas en estos últimos.

Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, que ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada, conforme consta en resoluciones que rolan a fojas 80 y 286.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión invocada, fueron formuladas observaciones dentro de plazo por la sociedad Constructora Carmar Ltda.

En su presentación de fojas 292 y 293, la demandante solicita que esta Magistratura rechace el requerimiento de fojas 1 en todas sus partes.

Expresa al efecto que la acción de inaplicabilidad impetrada no cumple con los estándares señalados por este Tribunal, al tiempo que su interposición sólo obedece a un afán dilatorio del demandado en el pago del crédito adeudado que ahora se viene ejecutando.

Cita en el mismo sentido, la STC Rol N° 4.878-2018, en que se desestimó un requerimiento de inaplicabilidad enderezado en contra del mismo artículo 15, inciso segundo, del D.F.L. N° 2 y por las mismas argumentaciones, solicitando a esta Magistratura Constitucional que, en este caso concreto, se aplique el mismo criterio precedente, rechazando así en todas sus partes el requerimiento intentado a fojas 1.

Vista de la causa y acuerdo

A fojas 309 se ordenó traer los autos en relación y, en audiencia de Pleno del día 7 de septiembre de 2022, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha (fojas 313).

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la requirente pide la inaplicabilidad del artículo 15 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, sobre Subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales, en virtud del cual “[l]a subvención sólo podrá ser pagada a los sostenedores o sus representantes legales, salvo en el caso de medidas judiciales”, alegando que esta atribución judicial vulneraría lo asegurado en el artículo 19 N° 2°, 3° y 24° de la Constitución;

SEGUNDO: Que, en reiteradas sentencias hemos desestimado acciones como la intentada en esto autos, sin que los planteamientos que sostiene la requirente nos lleven a variar esa decisión, en esta oportunidad;

I. SUBVENCIONES EDUCACIONALES. NATURALEZA Y DESTINO TERCERO: Que, el artículo 19 N° 10° inciso tercero de la Constitución garantiza el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, imponiéndole al Estado la obligación de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, en tanto que el artículo 19 N° 11° inciso cuarto dispone que “[l]os padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”;

CUARTO: Que, como lo expusimos en el Rol N° 410, “(…) Fluye categóricamente del precepto transcrito que otorgar la subvención no es una decisión de cumplimiento discrecional ni entregada a la magnanimidad del Estado.

Por el contrario, trátase de una obligación ineludible, cuya justificación radica en la importancia excepcional que tienen la educación y la enseñanza en el desarrollo libre de la personalidad y de la sociedad en general. Colígese de lo expuesto que pagar la subvención no es únicamente satisfacer una obligación primordial, sino que, ante la imposibilidad del Estado de cumplirla por sí solo, requiere compartirla con los establecimientos de enseñanza privados que acceden al beneficio referido” (c. 19°);

QUINTO: Que, en el orden legislativo, el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, cuyo artículo 1° dispone que “La subvención que la educación gratuita y sin fines de lucro recibirá del Estado, en virtud de las normas constitucionales vigentes, se regirá por las disposiciones de la presente ley y por las de la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en especial, las contempladas en el Párrafo 5º de su Título III.

El financiamiento estatal a través de la subvención que regula la presente ley, tiene por finalidad asegurar a todas las personas el ejercicio del derecho a una educación de calidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños”;

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 3° de dicho cuerpo legal prescribe, en su inciso primero, que “[e]l sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines” y señala, en su inciso segundo, los fines educativos, entre los cuales se incluyen los gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales anteriores de esa disposición;

SEPTIMO: Que, en relación a las subvenciones, esta Magistratura, en línea con la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de lo decidido también por la Contraloría General de la República en la materia, ha señalado reiteradamente (por ejemplo, en los Roles N° 410, 2.787, 3.132, 4.878, 9.618 y 10.999) que "la subvención es una manifestación de la potestad administrativa de fomento del Estado, que consiste en la transferencia en dominio a fondo perdido (vale decir, sin obligación de restituir o devolver) de determinados valores dinerarios hacia entidades privadas, con el objeto de que sean destinados por éstas a la consecución de un fin público (es decir, no son de libre disponibilidad). (c. 90 ° en STC Roles N° 1.295 y 2.787).

Ha complementado apuntando que "[E]stas transferencias no son un regalo, sino una donación modal o condicionada al cumplimiento de determinados fines para recibirlos y al logro de ciertos resultados que se estiman valiosos. Ello implica, en ciertos casos, restricciones de derechos" (mismo considerando en sentencias citadas supra) (énfasis nuestro)” (c. 5°, Rol N° 4.878);

OCTAVO: Que, por lo expuesto, estos recursos ingresan al patrimonio de los sostenedores, sin perjuicio de que el Estado debe tutelar su buen uso, hallándose afectados al cumplimiento de fines educativos que el legislador se encarga de pormenorizar (c. 7°, Rol N° 4.878), por lo que se encuentran vinculados a los fines contemplados en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, para que se hagan efectivos los derechos que la Constitución asegura a los padres, tanto de educar a sus hijos como de escoger el establecimiento de enseñanza para ellos, las cuales, entonces, se incorporan al patrimonio de las entidades sostenedoras;

II. CONFLICTO CONSTITUCIONAL Y DECISIÓN NOVENO: Que, en el marco constitucional y legal resumido, conforme a la naturaleza y destino de las subvenciones, procede examinar el requerimiento que da inicio a esta causa, a objeto de dirimir si resulta contrario a la Constitución que se disponga el embargo de dichos recursos en el marco de un juicio ejecutivo que busca cumplir una sentencia definitiva que acogió la demanda en contra de la requirente por un saldo de precio impago con motivo de la ampliación y readecuaciones en el establecimiento educacional del que ella es sostenedora, como lo confirmó en estrados;

DECIMO: Que, la primera alegación formulada por la requirente consiste en que, por aplicación del precepto legal impugnado, se estaría vulnerando el derecho a la educación, pues los dineros embargados se encuentran destinados a la mantención y financiamiento del establecimiento educacional, incluyendo el pago de remuneraciones y cotizaciones de sus trabajadores, así como el de suministros básicos, impidiéndole seguir funcionando, lo que, de paso, invoca como causal de lesión del derecho de propiedad (fs. 15). (fs. 7 y 8 de estos autos constitucionales). Asimismo, ante el cambio de destino de esos recursos, se afectaría la igualdad de los estudiantes para acceder a ese derecho social (fs. 14);

DECIMOPRIMERO: Que, como ya lo expusimos en el Rol N° 4.878 (c. 13°), el embargo trabado sobre fondos de la subvención escolar no es sino concreción del derecho de prenda general de los acreedores, ejercido sobre un bien que no tiene carácter inembargable. Tal es así que, en esta materia, cuando el legislador ha dispuesto la inembargabilidad lo ha señalado expresamente, como sucede con lo previsto en el artículo 33 bis inciso segundo de la Ley N° 20.248, a propósito de la subvención escolar preferencial.

Al revés de lo postulado por la requirente, entonces, el apremio decretado en la gestión pendiente, se inserta en la filosofía propia de los juicios ejecutivos, de cualquier naturaleza, que autorizan el embargo de bienes suficientes, de lo que se desprende que la creación de una inembargabilidad especial para los fondos constitutivos de la subvención escolar, dejaría al ejecutante, que es titular de un derecho de crédito emanado de la sentencia que lo favorece, en situación de desprotección frente al deudor. Y tal circunstancia sí que comprometería la garantía constitucional del derecho de propiedad, pero en perjuicio del demandante en la gestión pendiente, cuyo derecho incorporal quedaría marginado de la acción emanada del derecho de prenda general, sin una razón jurídica suficiente que lo justifique;

DECIMOSEGUNDO: Que, así las cosas, no se divisa cómo la aplicación del artículo 15 inciso segundo de la Ley sobre Subvenciones Educacionales, al posibilitar el embargo de la subvención para el pago de una deuda asentada en un juicio arbitral, relacionado con la reparación y mantención del inmueble donde funciona el establecimiento de enseñanza, contravendría, excedería o no se encuadraría dentro de los fines educativos legalmente prescritos, conforme a la normativa constitucional que justifica dichas transferencias estatales a los sostenedores, especialmente considerando que entre esos fines se han contemplado expresamente (como lo indica, por lo demás, la requirente a fs. 12) los gastos asociados al bien raíz que se utiliza para impartir la enseñanza, de acuerdo al artículo 3° inciso segundo vii) del D.F.L. N° 2;

DECIMOTERCERO: Que, desde esta perspectiva, por ende, tampoco se advierte cómo el embargo, por aplicación del precepto legal impugnado, lesionaría el derecho de propiedad, en relación con los demás trabajadores del establecimiento de enseñanza, en circunstancias que de lo que se trata es de dar cumplimiento a una sentencia por un saldo de precio vinculado al establecimiento donde desarrollan sus actividades laborales;

DECIMOCUARTO: Que, por último y dado el carácter concreto con que cabe examinar el requerimiento de inaplicabilidad, no es posible desatender que, en esta causa, no constan antecedentes que, con motivo o a raíz del embargo, la requirente haya debido cesar en su funcionamiento o haya tenido que incumplir sus obligaciones, especialmente, la de continuar prestando el servicio educacional, máxime si ha sostenido (tanto en el requerimiento a fs. 10, como en la vista de la causa) que cuenta con “otros bienes que se pueden embargar”, sin que se haya acreditado que solicitó sustitución del bien embargado o que, con ellos, haya dado cumplimiento a la sentencia que se está ejecutando en la gestión pendiente.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

El Ministro señor José Ignacio Vásquez Márquez estuvo por acoger el presente requerimiento, por las siguientes razones:

1.- Que el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es interpuesto en representación de la Corporación Educacional Araucanía Limitada, demandada ejecutivamente ante el 2° Juzgado Civil de Temuco por parte de la Sociedad Constructora Carmar Limitada, fundando dicha acción en un título ejecutivo consistente en una sentencia arbitral derivada de obligaciones adeudadas, originadas con oportunidad del contrato de construcción celebrado entre las partes, en los términos que se indican en la parte expositiva de la presente sentencia.

2.- Que en este contexto, la requirente cuestiona la aplicación al caso concreto de la expresión "salvo en el caso de medidas judiciales", contenida en el artículo 15°, inciso segundo, del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron. Al respecto, la requirente sostiene que es la aplicación del reseñado precepto legal el que permite que en la especie se puedan embargar dineros provenientes de la subvención escolar para hacer frente a obligaciones que no tienen una naturaleza educacional, con lo cual se produciría una vulneración de garantías constitucionales, expresadas en una transgresión del derecho a la educación, contenida en el artículo 19 numeral 10, así como la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2 del mismo artículo. De este modo y para la controversia descrita se solicita el pronunciamiento de esta Magistratura.

3.- Que la controversia descrita ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de esta Magistratura, configurando una importante jurisprudencia, la que por su pertinencia y desarrollo argumentativo, debe ser considerada para la resolución de la cuestión debatida en la especie.

4.- Que sobre el particular, este disidente hace presente -siguiendo lo expresado en anteriores pronunciamientos- que la inembargabilidad resulta tolerable cuando busca evitar la redestinación por vía judicial de ciertos recursos públicos escasos, que han sido adscritos a un destino único e insustituible, para servir a personas concretas y predeterminadas (STC Roles 3132-16, c.2, 4878-18 voto disidencia). Pues es precisamente esta característica la que subyace a los fondos públicos entregados por el Estado para subvención educacional.

5.- Que al respecto, el artículo 1° inciso segundo del reseñado DFL N° 2 señala expresamente el objetivo de los fondos destinados por vía de asignación educacional, al manifestar que este “financiamiento estatal a través de la subvención […], tiene por finalidad asegurar a todas las personas el ejercicio del derecho a una educación de calidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños”.

A continuación, el artículo 2° en su inciso primero complementa esta declaración precisando “El régimen de subvenciones propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya estructura, personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquélla proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural”

6.- Que en el mismo sentido, el artículo 3° del mismo cuerpo normativo se refiere a la destinación específica de estos recursos y al rol que le compete al sostenedor, al señalar que “El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto educativo. Estos recursos estarán afectos al cumplimiento de los fines educativos y sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el cumplimiento de dichos fines”. Luego, el mismo artículo enuncia una serie de casos en los que se entenderá que la destinación de esos recursos está precisamente vinculada a satisfacer esos fines educativos.

7.- Que del análisis de los numerales que aluden a dichos casos, es posible apreciar que tanto los apartados i) y ii) se refieren al pago de remuneraciones del personal que desarrolle funciones administrativas de carácter superior para gestionar la entidad sostenedora (i) como al personal docente y asistente de la educación (ii), y en ambos casos se alude a aquel personal que desarrolle funciones efectivas en los establecimientos educacionales respectivos, lo cual guarda plena armonía con la finalidad de estos recursos, que precisamente se relaciona con la creación, mantención y ampliación de estos centros educacionales, de modo de propender -en términos generales- a una mejora de las condiciones educacionales que se entregan a los alumnos.

8.- Que en opinión de este disidente, es la finalidad descrita la que no se entiende satisfecha por el pago de obligaciones vinculadas a un contrato de construcción celebrado con una empresa privada, pues aquella destinación de fondos ya no se estaría vinculando a la prestación de servicios efectivos en la entidad educacional. Y lo anterior no resulta baladí, al considerar que esos montos no constituyen fondos de libre disposición, ni medios económicos que los sostenedores puedan disponer discrecionalmente. Tal como se indicó, se trata de dineros que tienen un propósito específico, delimitado legalmente, con un destinatario natural que es el mejoramiento de la actividad educativa que reciben los alumnos.

9.- Que en tal sentido, no debemos perder de vista que -como ha expresado esta Magistratura-, los titulares del derecho a la educación son los alumnos, quienes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral (STC 1361 c. 56) y no los docentes, sin perjuicio de que participan del proceso de instrucción y son parte de la comunidad educativa.

10.- Que, por lo anterior, aceptar la aplicación de la norma requerida de inaplicabilidad al caso concreto, permitiendo el embargo de los dineros correspondientes a la subvención educacional, para el pago de obligaciones diversas de aquellas que se han tenido en vista legalmente como propósito para su otorgamiento, equivale a atentar directamente respecto de derecho a la educación reconocido en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución.

11.- Que por lo demás, oponerse a la embargabilidad de los fondos provenientes de la subvención escolar, no equivale a restar eficacia a la atribución inherente a la actividad jurisdiccional, consistente en “hacer ejecutar lo juzgado”, en este caso, en dar cumplimiento a la sentencia arbitral que sirve de fundamento a la gestión judicial pendiente. Lo que este juez pretende plantear por medio de esta disidencia es el pleno respeto y observancia a las garantías constitucionales involucradas, en este caso, el del demandante en la gestión judicial de autos y también el derecho a la educación de los destinatarios de los fondos provenientes de la subvención escolar.

12.- Que por tanto, en concepto de este disidente corresponde que se respete la destinación de los dineros correspondientes a la subvención educacional y, por tanto, no sean embargados para una finalidad diversa, correspondiendo que se considere para los efectos del embargo, la realización de otros bienes de propiedad de la parte condenada, para así satisfacer el legítimo derecho del demandante de autos a que se dé cumplimiento a la sentencia dictada a su favor.

13.- Que en consideración de los argumentos antes descritos, por producirse una afectación a la garantía del numeral 10 del artículo 19 constitucional como consecuencia de la aplicación del artículo 15 inciso segundo del DFL N° 2 del Ministerio de Educación, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, este disidente no comparten la sentencia de mayoría y se manifiesta en favor de la inaplicabilidad del precepto requerido, sin estimar necesario entrar a pronunciarse en particular sobre otras posibles afectaciones a garantías constitucionales, por entender que la afectación a la protección constitucional antedicha, configura un fundamento suficiente para sostener la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso concreto.

PREVENCIÓN

El Ministro señor Rodrigo Pica Flores previene que concurre a lo resuelto sin compartir lo razonado en su consideración cuarta.

Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y la disidencia y la prevención, los señores Ministros que respectivamente las suscriben.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 12.784-22 INA

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Fecha: 22/11/2022

Cristián Letelier Aguilar Nelson Pozo Silva Fecha: 22/11/2022 Fecha: 22/11/2022

José Ignacio Vásquez Márquez nombre reservado

Fecha: 23/11/2022 Fecha: 23/11/2022

Rodrigo Pica Flores Daniela Beatriz Marzi Muñoz Fecha: 23/11/2022 Fecha: 23/11/2022

nombre reservado

Fecha: 23/11/2022

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Rodrigo Patricio Pica Flores, señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz y Suplente de Ministro señor Manuel Antonio Nuñez Poblete.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.

nombre reservado

Fecha: 23/11/2022