Inaplicabilidad del artículo 54 N° 4 de la Ley N° 19.947, sobre matrimonio civil

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________ Sentencia

Rol N° 11.739-21-INA [16 de agosto de 2022]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 54 N° 4 DE LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL

nombre reservado, JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE FAMILIA DE SANTA CRUZ

EN EL PROCESO RIT C-64-2021, RUC 21-2-RUT reservado, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE FAMILIA DE SANTA CRUZ.

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, y 2 y siguientes, con fecha 27 de agosto de 2021, doña nombre reservado, Jueza titular del Juzgado de Familia de Santa Cruz, deduce mediante auto motivado requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 54 N° 4 de la Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, para que incida en el proceso RIT C-64- 2021, RUC 21-2-RUT reservado, seguido ante el Juzgado de Familia de Santa Cruz.

Precepto legal impugnado

El precepto cuestionado dispone (lo impugnado en negrita):

Artículo 54.- El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

4º.- Conducta homosexual;

Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

En su auto motivado, la Magistrado requirente expone que se sustancia ante el Juzgado de Familia de Santa Cruz, la causa RIT C-64-2021, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, sobre divorcio por culpa. Agrega que la demanda fue deducida por el marido, quien solicita que se declare el divorcio culpable, puesto que su cónyuge habría incurrido en la causal genérica del inciso primero del artículo 54 de la Ley 19.947 y en las causales específicas contenidas en los números 2° y 4° del mismo artículo, esto es, violación grave de deberes y obligaciones que impone el matrimonio que ha tornado intolerable la vida en común, infidelidad y expresando la demanda del marido que en diciembre de 2019, sin mayores explicaciones, su cónyuge tomó la decisión de marcharse de la casa que habitaban, haciendo abandono del hogar, y el día 20 de diciembre del mismo año, hizo pública su relación con otra persona del mismo sexo por medio de sus redes sociales (Facebook), dando a conocer que tenía una relación amorosa con otra mujer.

Luego, señala la Magistrado que, si estos hechos se prueban, la causal del N° 4 referida resultará aplicable y decisiva en la resolución del asunto, mientras que esa aplicación del precepto impugnado por la causal de divorcio “conducta homosexual”

resulta ser inconstitucional al tenor del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las personas: “La igualdad ante la ley”, y que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

En efecto -argumenta la Magistrado- una causal como la referida, no se condice con el reconocimiento de la igualdad de las personas, sancionando sólo a ciertos cónyuges al nivel de culpabilizarlos por algo que no es punible, como es la condición de homosexualidad, ya que no se entiende que dicha conducta exista sin dicha atribución de la identidad de género de la contraria, al tiempo que la ley tampoco describe a qué se refiere con conducta homosexual.

Añade que, si lo que el demandante busca, tal como fluye de su demanda, es que el divorcio se decrete por culpa de su cónyuge, alegando además su infidelidad (trasgresión del N° 2 del artículo 54), bastaba con aducir dicha causal y probarla, sin tener que recurrir a la causal del N° 4, toda vez que, en cuanto a la identidad de género, no es relevante con quién se cometa la infidelidad demandada. Consigna que “pareciera prístino que, si existe una relación extramarital, no cobra relevancia a la luz de las obligaciones que impone el estatus marital, que ésta sea hetero u homosexual o, lo que es lo mismo, el hecho de la infidelidad es lo relevante y no el sexo de la otra persona con quien haya yacido el hombre o la mujer casada”. Así, la causal punitiva del citado N° 4, es discriminatoria para esta causa en particular, dado que no es posible probar la llamada conducta homosexual, sin acreditar “el ser”

homosexual de la otra parte, reduciendo además la institución matrimonial a un mero asunto de sexualidad, ya que si aparece como causal de divorcio-sanción es porque la ley lo considera intolerable (construyendo de paso la discriminación) o bien porque se ha entendido que limitaría o impediría la prosecución del matrimonio, lo cual podría ser efectivo, pero no tiene por qué estar sancionado, con las consecuencias negativas que ello puede implicar para él o la cónyuge que resulte condenado, como por ejemplo, con pérdida o reducción de compensación económica que le podría corresponder, si eventualmente se hubiese demandado. (Artículo 62 inciso 2° de la Ley 19.947)”.

Se agrega que “a estas alturas, debiere ser fácil comprender que la homosexualidad no altera el género femenino o masculino de la persona, si él o ella no lo desean ni plantean de esa forma y, por ese motivo, resulta altamente arbitraria la distinción que, fundada en aquella “conducta” y que emanaría del género, orientación o identidad sexual de una persona, aún pervive en la norma legal” reprochada, al tiempo que nuestra legislación ha ido avanzando en temas relacionados, como se demuestra con la dictación de las Leyes N° 20.609, sobre No Discriminación y N° 21.120, sobre Identidad de Género.

Concluye la Magistrado requirente que poner el acento, como hace el 54 N° 4 impugnado, en una “conducta homosexual”, manteniendo vigente y potencialmente aplicable a este caso concreto, una norma discriminatoria que no se puede entender sin la atribución de homosexualidad de la parte demandada, haciéndola, vía divorcio, enjuiciable, civilmente punible, es lo que precisamente se denuncia como discriminación arbitraria y contraria al artículo 19 N° 2° de la Constitución.

Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, conforme consta a fojas 42 y 60, decretándose la suspensión del procedimiento en la gestión judicial invocada.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión judicial invocada, no fueron formuladas observaciones de fondo al requerimiento.

No obstante, a fojas 50, se hizo parte y evacuó traslado en etapa de admisibilidad el demandante de divorcio, señor nombre reservado; quien, además, por presentación de 5 de noviembre de 2021, que rola a fojas 66, solicita se tenga presente por este Tribunal que habiendo entrado en vigencia el 21 de Agosto de 2021 la Ley N° 21367 que dispone: “Artículo único.- Suprímase el número 4° del Artículo 54 de la Ley N°19.947, que establece nueva ley de Matrimonio Civil”; esta parte se allana, solicitando se tenga presente y se dé curso progresivo a los autos.

Vista de la causa y acuerdo

A fojas 67, con fecha 15 de noviembre de 2021, fueron traídos los autos en relación y, en audiencia de Pleno del día 14 de abril de 2022, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y sin que se anunciaran abogados, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha, conforme certificó el señor nombre reservado.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 93 Nº 6 de la Carta Fundamental atribuye a esta Magistratura la competencia para conocer de la cuestiones de inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. El ejercicio de esta competencia tiene como presupuesto el que exista un precepto legal que pueda resultar decisivo para la resolución de una gestión judicial pendiente.

SEGUNDO: Con relación al precepto que es objeto de la inaplicabilidad, éste ha sido entendido desde el punto de vista sustantivo como una suerte de “unidad de lenguaje” (STC Rol Nº 626, c. 1º) que contiene una norma de conducta que puede incidir en la resolución de la gestión. Como lo ha señalado tempranamente la jurisprudencia de esta Magistratura, para determinar esta capacidad de influir en la decisión de la gestión pendiente no es relevante naturaleza decisoria u ordenatoria litis del precepto. En efecto, este Tribunal ha resuelto que “según puede observarse de la lectura del precepto transcrito, la Carta Fundamental no ha establecido diferencias en relación con el tipo o naturaleza del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, sino que ha aludido genéricamente a las normas con rango o valor de ley exigiendo solamente que ‘pueda resultar decisiva en la resolución del asunto’ ” (STC 472-2006, c. 10º). Es precisamente esa capacidad del precepto impugnado para dirigir la decisión de la gestión la que desaparece cuando el dispositivo procesal de la inaplicabilidad es acogido, produciéndose el llamado efecto inhibitorio que causa la exclusión o el retiro del precepto legal del universo de normas susceptibles de ser aplicadas por el tribunal de la gestión pendiente (STC 6.029-19, c. 21º).

TERCERO: La lógica de la inaplicabilidad supone, entonces, que el precepto legal se encuentre vigente y, por tanto, que exista dentro del “abanico” o del universo de reglas legales que puede aplicar el tribunal de la gestión. De aquí se sigue que, cuando el precepto legal impugnado no se encuentra vigente por haber sido derogado, la inaplicabilidad pierda su objeto y deba ser desestimada.

CUARTO: Con todo, y de manera excepcional, ha sido posible sostener requerimientos de inaplicabilidad cuando se discuten, con fundamento plausible, los efectos de la declaración judicial de inconstitucionalidad de un precepto legal en gestiones iniciadas cuando el precepto se encontraba vigente (véanse por ejemplo las STC roles Nº 8.424, 8.092, 7.498, 7.542 y 7.229); cuando se debate el régimen legal de una situación jurídica suscitada cuando el precepto reprochado en inaplicabilidad estaba en vigor (STC roles Nº 1.399-09 y 1.469-09); o también cuando se cuestiona la posible ultraactividad de un precepto legal, carente de vigencia formal, merced a nuestra centenaria Ley sobre efecto retroactivo de las leyes (véase por ejemplo las STC roles Nº 1.552-09, 1.677-10 y otras sobre el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933). En estos casos, el efecto ablativo o inhibidor de la inaplicabilidad se justifica para intervenir los efectos que, como un espectro, puede manifestar la legislación después de haber fenecido por un acto de autoridad legislativa o, tras la reforma de la Ley Nº 20.050, por una decisión jurisdiccional como la que adopta este Tribunal cuando ejerce la competencia del artículo 93 Nº 7 de la Constitución.

QUINTO: Que el precepto legal que ha sido objeto del requerimiento de fojas 2 y siguientes, esto es, el artículo 54 Nº 4 de la Ley Nº 19.947 —nueva Ley de Matrimonio Civil— ha sido derogado por la Ley Nº 21.367, intitulada “Suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa” y publicada en el Diario Oficial de 16 de agosto de 2021. La mentada Ley Nº 21.367 dispuso en su artículo único: “Suprímese el número 4° del artículo 54 de la ley N° 19.947, que establece nueva Ley de Matrimonio Civil.", sin añadir ninguna regla adicional sobre su vigencia o sobre la ultractividad del precepto derogado.

SEXTO: Mientras estuvo vigente el precepto legal impugnado fue objeto de diversos procesos de inaplicabilidad resueltos por este Tribunal (STC roles 2.435, 2.681 y Nº 8.851-20), uno de los cuales fue acogido (STC Rol Nº 8.851) dando pie a que posteriormente se presentara, unos pocos días después de la publicación de la Ley Nº 21.367, una acción de inconstitucionalidad que fue desestimada por haber perdido la acción su objeto:

“[E]l requerimiento de inconstitucionalidad deducido ha perdido uno de sus presupuestos constitucionales básicos, como lo es que exista un “precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”, para que esta Magistratura pudiera “resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad” de ese precepto legal (artículo 93 N° 7 constitucional).

Así, el requerimiento de fojas 1, que fue deducido el 11 de mayo de 2021, no puede prosperar en su tramitación con motivo de la derogación del mismo precepto cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita por ley posterior (N° 21.367), de 16 de agosto de 2021. En consecuencia, no existe actualmente precepto legal sobre el cual esta Magistratura pueda ejercer la atribución constitucional que se le solicita” (STC rol 10.946-21).

SÉPTIMO: Que el requerimiento de fojas 2 y siguientes reproduce, en lo medular, el reproche de otros requerimientos de inaplicabilidad que se intentaron en el pasado contra el precepto impugnado, ello sin presentar con fundamento plausible un posible conflicto de constitucionalidad derivado de alguna de las situaciones excepcionales que habilitan a este Tribunal para conocer de inaplicabilidades contra preceptos legales que ya fueron retirados del ordenamiento jurídico por decisión del Legislador.

En estas condiciones, y tratándose de un requerimiento que fue ingresado el día 27 de agosto de 2021, esto es, con posterioridad a la publicación de la Ley Nº 21.367, el requerimiento de inaplicabilidad deducido a fojas 1 ha perdido uno de sus presupuestos constitucionales básicos, como lo es que exista un “precepto legal”, y por lo tanto debe ser rechazado. De lo anterior se sigue que es la Magistrada requirente quien, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 76 de la Constitución, debe resolver la litis trabada en el Juzgado de Familia de Santa Cruz tomando en cuenta la derogación no diferida, desde la publicación de la Ley Nº 21.367, del precepto legal aquí impugnado.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

Redactó la sentencia el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 11.739-21-INA

Cristián Letelier Aguilar Fecha: 18/08/2022

Nelson Pozo Silva José Ignacio Vásquez Márquez Fecha: 18/08/2022 Fecha: 18/08/2022

María Pía Silva Gallinato nombre reservado

Fecha: 18/08/2022 Fecha: 18/08/2022

Rodrigo Pica Flores nombre reservado

Fecha: 19/08/2022 Fecha: 18/08/2022

nombre reservado Chiu Fecha: 18/08/2022

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente Subrogante, Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, y por sus Ministros señor Nelson Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Rodrigo Pica Flores, Suplente de Ministro señor Manuel Nuñez Poblete y la Suplente de Ministro señora Natalia Muñoz Chiu.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

María Angélica Barriga Meza Fecha: 19/08/2022