Inaplicabilidad de los artículos 10°, inciso final; 23, inciso tercero; y 27, inciso quinto, de la Ley N° 18.593

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia

Rol N° 11.672-21 INA [5 de julio de 2022]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 10°, INCISO FINAL; 23, INCISO TERCERO; Y 27, INCISO QUINTO, DE LA LEY N° 18.593

nombre reservado

EN EL PROCESO ROL N° 5.185-2017, SEGUIDO ANTE EL PRIMER TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, con fecha 17 de agosto de 2021, doña nombre reservado

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 10° inciso final, 23 inciso tercero y 27 inciso quinto de la Ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, en el proceso Rol N° 5.185-2017, seguido ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

Los preceptos legales cuestionados disponen:

Artículo 10.- Corresponde a los Tribunales Electorales Regionales:

(…) La resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.

Artículo 23.- (…) Asimismo, [el Tribunal] podrá requerir directamente de cualquier autoridad, órgano público, persona, organización, movimiento, partido político, gremio o grupo intermedio, según corresponda, los antecedentes que estime indispensables referentes a materias pendientes de su resolución. Aquéllos estarán obligados a proporcionárselos, bajo los apercibimientos y apremios contemplados en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 27.- (…) Una vez ejecutoriado el fallo, el Tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo resuelto, pudiendo incluso requerir directamente el auxilio de la fuerza pública.

Antecedentes y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

En cuanto a la gestión judicial pendiente que sirve de antecedente al libelo de inaplicabilidad, la parte requirente explica que las disposiciones impugnadas se han aplicado con carácter decisivo para denegar la declaración de abandono del procedimiento, en un proceso sobre notable abandono de deberes seguido en su contra como Alcaldesa de la I. Municipalidad de Renca, ante el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, bajo el Rol 5185-2017 caratulado “nombre reservado con nombre reservado”. La preceptiva legal cuestionada determina en el caso concreto una vulneración a distintas garantías constitucionales de la parte requirente, particularmente a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria entre el trato que le corresponde respecto de los órganos del Estado (artículo 19 N° 2° de la Constitución), a las garantías de un debido proceso (artículo 19 N° 3° Constitución y artículo 8° del Pacto de San nombre reservado Rica) y a la seguridad de que los preceptos legales no afecten los derechos fundamentales en su esencia (artículo 19 N° 26°).

Explica la actora que, en la gestión seguida ante el Primer Tribunal Electoral, en su contra por notable abandono de deberes, el 2 de octubre de 2020, interpuso incidente de abandono del procedimiento. Alegó que consta en autos que la parte demandante (concejales a la época, señoras y señores nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado) no ha realizado gestión útil alguna en el juicio tendiente a dar curso progresivo a la causa, siendo la última realizada el 9 de Agosto de 2019, en la que solicitó curso progresivo, proveyendo el Tribunal: “Previo a resolver, dése cumplimiento a lo ordenado a fs. 249, dentro de quinto día”. Se alegó como fundamento de hecho, para mayor abundamiento de la solicitud de abandono de procedimiento impetrada, que la última resolución recaída en autos es la de fecha 27 de agosto de 2019, que resuelve la solicitud en que pidió la notificación del auto de prueba.

En cuanto al fallo del Tribunal Electoral, precisa la requirente que el 20 de octubre de 2020, sin mayor análisis ni razonamiento se rechazó el incidente de abandono del procedimiento, remitiéndose para ello meramente a resoluciones ya dictadas que obran en el proceso y fundando su decisión en lo resuelto anteriormente en fallo de 9 de octubre de 2018, donde se señala: “que este Tribunal Electoral está facultado para avanzar de oficio en la consecución de los fines del procedimiento hasta la dictación de la sentencia definitiva y su cumplimiento, como se advierte de lo dispuesto en el inciso final del artículo 10, inciso tercero del artículo 23 e inciso quinto del artículo 27, todos de la Ley N° 18.593, razón por la que el abandono alegado a fs. 220, fundado en la inactividad de la parte requirente, es improcedente”.

La actora apeló ante el Tribunal Calificador de Elecciones que, mediante sentencia de fecha 12 de julio de 2021, en autos sobre apelación Rol N° 1.096-2021, confirmó la resolución apelada de 20 de octubre de 2020, y exhortó al Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, conforme con sus facultades oficiosas, a dar curso progresivo a los autos e instar a su pronta conclusión.

Con fecha 16 de agosto de 2021, la requirente solicitó al Tribunal Electoral Metropolitano decretar el abandono del procedimiento, específicamente por lo señalado en el artículo 4º del nombre reservado Sobre Funcionamiento y Tramitación de las Causas y Asuntos que deben sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de 11 de mayo de 2021 y lo dispuesto por los artículos 152, 153, 154 y 156 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que a la fecha de la interposición del requerimiento de inaplicabilidad aún no había sido fallada.

Expresa la requirente que la fundamentación del rechazo de declarar el abandono del procedimiento, tanto por el Tribunal Electoral Regional Metropolitano como por el Tribunal Calificador de Elecciones se basa en la normativa de la Ley N° 18.593 que, al conceder facultades de oficio respecto del curso progresivo a los autos, no haría necesario decretar tal abandono. Por ende, se trata de tres normas que regulan las facultades de oficio del Tribunal Electoral Regional, que, según dicho Tribunal, le impiden declarar el abandono del procedimiento.

Luego y en cuanto al conflicto constitucional que se somete a resolución de esta Magistratura, afirma la actora que la aplicación de las normas impugnadas infringe grave y abiertamente el artículo 19 de la Constitución, en sus N°s 2°, 3° y 26°; y el artículo 8° del Pacto de San nombre reservado Rica.

Así, en primer término, se afecta la garantía constitucional del debido proceso, ya que las normas impugnadas impiden dar término a un litigio, obviando la obligación de tener una decisión jurisdiccional definitiva dentro de un plazo razonable.

Con lo resuelto, tanto por el Tribunal Electoral Metropolitano, como por el Tribunal Calificador de Elecciones, no sólo no se garantiza justicia en un plazo razonable, sino que se instituye un proceso jurisdiccional sin término.

En segundo lugar, se da por vulnerada la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al impedirse incidentar el abandono del procedimiento a doña nombre reservado. Además, el Tribunal Electoral puede y debe tomar las medidas necesarias para evitar la paralización del proceso y su prolongación indebida, lo que no se condice con la imposibilidad de oponer el incidente de abandono del procedimiento, máxime en el entendido de que el Tribunal Electoral está llevando el proceso de manera ágil y con la celeridad debida.

Finalmente, la requirente estima que la preceptiva cuestionada al impedir el abandono del procedimiento vulnera el artículo 19 N° 26° constitucional, toda vez que la restricción que hacen las normas impugnadas para conceder la declaración de abandono en un procedimiento es de aquellas normas que limitan el ejercicio de otras garantías constitucionales. En efecto, ante una nueva solicitud de su parte de abandono del procedimiento, el resultado será el mismo, esto es el rechazo, sin que haya manera en que se puedan hacer efectivos los derechos que concede la Constitución para dar término a un procedimiento, provocando una verdadera privación de las garantías fundamentales de la igualdad ante la ley y del debido proceso.

A fojas 16, se agrega que si bien es cierto ninguna de estas tres normas hace referencia expresa a la imposibilidad de que los Tribunales Electorales rechacen el abandono del procedimiento, sino que regulan las facultades de oficio del Tribunal Electoral Regional, también lo es que el efecto concreto para el caso específico es que las normas en comento son interpretadas por el Tribunal Electoral Regional y el Tribunal Calificador de Elecciones inconstitucionalmente, para producir el efecto de negarle a la parte requirente acceso a garantías fundamentales, tales como el debido proceso legalmente tramitado, igualdad ante la ley y a que se respete la garantía de la esencia de sus derechos, en particular la confianza legítima respecto de aquellos.

Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue acogido a tramitación y declarado admisible por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, conforme consta a fojas 30 y 425, decretándose además la suspensión del procedimiento en la gestión judicial invocada.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión invocada, no fueron formuladas observaciones dentro de plazo.

Vista de la causa y acuerdo

A fojas 433, fueron traídos los autos en relación y, en audiencia de Pleno del día 24 de mayo de 2022, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la requirente pide la inaplicabilidad de los artículos 10 inciso final, 23 inciso tercero y 27 inciso quinto de la Ley N° 18.593, en virtud de los cuales se dispone que la resolución de las calificaciones y reclamaciones que compete a los Tribunales Electorales Regionales comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pueda influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate;

que dicho Tribunal podrá requerir directamente de cualquier autoridad, órgano público, persona, organización, movimiento, partido político, gremio o grupo intermedio, según corresponda, los antecedentes que estime indispensables referentes a materias pendientes de su resolución; y que, una vez ejecutoriado el fallo, tiene la facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo resuelto, pudiendo incluso requerir directamente el auxilio de la fuerza pública;

SEGUNDO: Que, el fundamento para solicitar la inaplicabilidad de los tres preceptos legales referidos radica en que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana consideró que la solicitud de abandono del procedimiento planteada por la requirente, en la gestión pendiente, resultaba improcedente, atendido que “(…)

está facultado para avanzar de oficio en la consecución de los fines del procedimiento hasta la dictación de la sentencia definitiva y su cumplimiento, como se advierte de lo dispuesto en el inciso final del artículo 10, inciso tercero del artículo 23 e inciso quinto del artículo 27, todos de la Ley N° 18.593 (…)” (fs. 25);

TERCERO: Que, aquella aplicación de los preceptos legales impugnados, a juicio de la accionante ante esta Magistratura Constitucional, vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, en cuanto “[d]entro de los elementos que configuran el debido proceso, se debe obviamente destacar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, la exigencia de que el procedimiento tenga una duración que no se extienda en forma irrazonable, ya sea por razones de justicia o de certeza jurídica (…)” (fs. 7-8);

I. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

CUARTO: Que, la Justicia Electoral en nuestro país encuentra, entre sus primeros antecedentes, el artículo 104 de la Lei de Elecciones de 12 de noviembre de 1874, en virtud del cual “[l]os delitos comunes cometidos con motivo de actos electorales i el delito privado de que habla el art. 15, son de la competencia de la justicia ordinaria”.

Posteriormente, el artículo 79 de la Constitución de 1925 creó un tribunal especial, denominado Calificador de Elecciones, cuyo inciso final señalaba que “[l]a lei regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador”;

QUINTO: Que, en su texto original, el artículo 85 inciso primero de la actual Constitución dispuso que “[h]abrá tribunales electores regionales encargados de conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que determine la ley”.

Sin embargo, en virtud de la reforma introducida en 1991, mediante Ley N° 19.097 que modificó la Carta Fundamental en materia de Gobiernos Regionales y Administración Comunal, aquel inciso se reemplazó por el que aparece, actualmente, en su artículo 96, al tenor del cual “[h]abrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos.

Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale”.

La misma disposición constitucional, en su inciso final, agrega que “[l]a ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento”;

SEXTO: Que, precisamente, el artículo 60 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contempla las causales en virtud de las cuales el Alcalde cesa en su cargo, incluyendo, en su inciso primero literal c), el notable abandono de deberes, a propósito de lo cual el inciso cuarto señala que dicha causal “(…) será declarada por el tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado”;

SEPTIMO: Que, el procedimiento aludido, previsto en la Ley N° 18.593, contempla, entre otras regulaciones, que la reclamación debe ser escrita y contener lo que indica su artículo 17; que el plazo para contestar es de diez días desde su notificación (artículo 19); que, con la contestación o sin ella, el Tribunal examinará en cuenta si existen hechos sustanciales y controvertidos y, en este caso, recibirá la causa a prueba (artículo 20); que el Presidente, asistido por el Secretario-Relator, formará cada semana una tabla con los asuntos que verá el Tribunal en la semana siguiente (artículo 21); que, oída la relación de los alegatos, cuando corresponda, el Tribunal resolverá de inmediato la reclamación o la dejará en acuerdo, sin perjuicio de estar autorizado para disponer medidas para mejor resolver (artículo 23); que, si la causa queda en acuerdo o una vez cumplida la medida, el Tribunal dictará el fallo en el término de quince días, procediendo como jurado en la apreciación de los hechos, sentenciando con arreglo a derecho y pudiendo condenar en costas, si lo estima procedente (artículo 24); que el fallo debe ser fundado e indicar con precisión el estado en que queda el proceso eleccionario o la situación de la materia a que se haya referido el reclamo (artículo 25); y que proceden los recursos de reposición y apelación (artículo 26).

En fin, el artículo 34 preceptúa que “[c]ada Tribunal Electoral Regional podrá, mediante autos acordados, adoptados en sesiones extraordinarias, reglamentar las normas de funcionamiento y de procedimiento a que se refiere esta ley”;

OCTAVO: Que, en este ámbito, resulta útil recordar que el artículo 9° de la Ley N° 18.460, Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones contempla, entre sus atribuciones, la de “[r]eglamentar los procedimientos comunes que deban aplicar los Tribunales Electorales Regionales, en la forma señalada en el artículo 12 y consultando previamente la opinión de éstos”, conforme a lo cual, el 7 de junio de 2012, se dictó el auto acordado que regula la tramitación y los procedimientos que deben aplicar los Tribunales Electorales Regionales.

En fin, cabe tener presente también el auto acordado sobre tramitación ante el propio Tribunal Calificador de Elecciones, publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2021, cuyo artículo 4° establece que “[e]n lo no reglado, el procedimiento siempre se ajustará a las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil";

NOVENO: Que, en definitiva, desde 1925, la regulación del funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, creado en esa oportunidad, así como de los Tribunales Electorales Regionales, incorporados por la actual Constitución, ha sido encomendada a la ley, contemplándose un procedimiento común y diversos procedimientos especiales, siendo aquel de carácter supletorio “(…) en los especiales cuando no contienen disposiciones sobre alguna materia procesal; sin perjuicio de tener que aplicar las normas comunes contenidas en el Código de Procedimiento Civil, cuando fuere procedente” (Lamberto A. nombre reservado: Procesos Electorales y Justicia Electoral en Chile. Manual Explicativo, Santiago, Tirant lo Blanche, 2021, p. 179);

DECIMO: Que, asimismo, en las sucesivas regulaciones constitucionales y legislativas no se han contemplado normas que admitan o prohíban, explícitamente, el abandono del procedimiento, aun cuando, en la gestión pendiente, se ha resuelto su improcedencia, invocando las atribuciones que -para distintos efectos-, en los preceptos legales impugnados, se confieren de oficio a la Judicatura Electoral Regional, de lo que surge con claridad que, antes que una aplicación de esas disposiciones, lo que ha realizado el Juez del Fondo es una interpretación sistemática de la legislación que rige en la materia, con la que podrá o no concordarse;

DECIMOPRIMERO: Que, en efecto, en ninguna de esas disposiciones se contiene regulación explícita del abandono del procedimiento ni se vinculan, directamente, con la materia a que refiere la gestión pendiente, relativa a una denuncia por notable abandono de deberes, ya que la primera de ellas dice relación con vicios que puedan afectar la constitución del cuerpo electoral o influir en el resultado general de la elección o designación, la segunda contempla la atribución que esa Judicatura tiene para requerir antecedentes y la tercera sólo procede cuando el fallo se encuentra ejecutoriado, lo que en este caso aun no sucede;

DECIMOSEGUNDO: Que, como se ha indicado, no hay mención al abandono en la Ley N° 18.593 y, como expuso en estrados la requirente, el nombre reservado sobre Funcionamiento y Tramitación de las Causas y Asuntos que deben sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, de mayo de 2021, ha venido a disponer, en su artículo 4° inciso segundo, que “[e]n lo no reglado, el procedimiento siempre se ajustará a las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil”;

DECIMOTERCERO: Que, sobre esa base, rechazaremos la acción de inaplicabilidad intentada en estos autos, pues, no obstante la enunciación de los tres preceptos legales cuestionados que realiza la resolución en la que se rechazó la solicitud de abandono del procedimiento, no gozan del carácter decisivo que exigen la Constitución y nuestra Ley Orgánica para estimar la solicitud del requirente;

II. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

DECIMOCUARTO: Que, efectivamente como recuerda la requirente, en causa Rol N° 8.995 sostuvimos que “(…) la resolución de conflictos dentro de un plazo razonable constituye una expresión prístina de este debido proceso que busca resolver los conflictos de interés de relevancia jurídica, pues una controversia cuya resolución se dilata en el tiempo, lejos de alcanzar el objetivo pretendido, extiende artificialmente la discordia entre las partes, hace persistir la vulneración del ordenamiento jurídico y en definitiva priva a las partes del conflicto de una solución acorde a derecho que asegure la plena observancia de sus garantías y la eficacia del Estado de Derecho. Y es precisamente esta extensión de una controversia judicial en el tiempo, sin certeza alguna del momento en que ello tendrá un punto cúlmine que restablezca el derecho de las partes unido a la imposibilidad de alegar el abandono de la actividad procesal, lo que configura un resultado atentatorio al debido proceso para el caso concreto de que se trata” (c. 12°);

DECIMOQUINTO: Que, nos parece que aquella garantía se aplica también en sede de la Justicia Electoral como, por lo demás, en la gestión pendiente, lo pone de relieve el Tribunal Calificador de Elecciones, en su resolución de 12 de julio de 2021 (fs. 37), donde señala que “[s]in perjuicio de lo resuelto precedentemente el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de Santiago, conforme con sus facultades oficiosas dará curso progresivo a los autos e instará a su pronta conclusión”;

DECIMOSEXTO: Que, el cumplimiento del plazo razonable adquiere todavía mayor relevancia atendida la naturaleza de la gestión pendiente donde, hace más de un lustro, el 5 de junio de 2017, cinco concejales -ninguno de los cuales permanece en ese cargo, en la actualidad- de la I. Municipalidad de Renca pidieron que se declarara que la requirente había incurrido en notable abandono de deberes en su condición, ya en ese entonces, de ex alcaldesa;

DECIMOSEPTIMO: Que, sin perjuicio de ello, como lo expuso la Segunda Sala de esta Magistratura, en el Rol N° 2.434, “(…) del tenor literal del considerando antes transcrito es posible colegir que la referencia al artículo 172 del Código Sanitario no tiene un carácter decisorio de la cuestión sometida al conocimiento del tribunal, sino que se indica únicamente a modo ejemplar o a mayor abundamiento (…)” (c. 16°);

DECIMOCTAVO: Que, como ya planteamos, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ha efectuado una interpretación de diversas atribuciones que le confiere la ley, mencionando los tres artículos impugnados, coligiendo que, conforme a su comprensión del estatuto legal que lo rige, resulta improcedente el abandono del procedimiento en gestiones como la pendiente, pero sin que esas disposiciones determinen aquella interpretación, careciendo de la decisividad que requiere la Constitución, en su artículo 93 incisos primero N° 6° y undécimo;

DECIMONOVENO: Que, tal es así que, como se expuso precedentemente, la primera de las normas invocadas se refiere a atribuciones del Juez del Fondo en asuntos que no se vinculan con la materia que se discute en la gestión pendiente, pues no dicen relación con el notable abandono de deberes, cuya competencia le ha sido asignada por la Ley N° 18.695, sino respecto de la constitución del cuerpo electoral o el resultado general de la elección o designación. El segundo, a su turno, lo autoriza para requerir antecedentes y, el tercero, se aplica una vez ejecutoriado el fallo, el que no se ha dictado en la gestión que sostiene la acción de inaplicabilidad de fs. 1;

VIGESIMO: Que, en este contexto, cabe recordar que esta Magistratura no se encuentra atribuida por la actual Carta Fundamental para pronunciarse acerca de la interpretación que el Juez del Fondo hace de la preceptiva legal en la que se subsume o por la que se rige la gestión pendiente, lo que corresponde que sea revisado en la sede correspondiente, tal y como lo ha hecho el Tribunal Calificador de Elecciones en este caso;

VIGESIMOPRIMERO: Que, en este sentido, “[p]ocos problemas de teoría jurídica más relevantes para las tareas del Tribunal Constitucional que marcar la difícil frontera entre el plano de la legalidad y el de la constitucionalidad. Cuando llega a olvidarse, se distorsiona el papel del Tribunal, convertido inadecuadamente en un presunto superpoder del Estado.

(…) Ciertamente “no hay problema jurídico medianamente serio que no encuentre alguna orientación de sentido en la preceptiva constitucional, y con frecuencia más de una.

Más técnicamente, esto suele llamarse el efecto impregnación o irradiación: los valores, principios y derechos fundamentales desbordan el marco constitucional e inundan, invaden o saturan el sistema jurídico en su conjunto, de manera que en puridad desaparecen las rígidas fronteras entre cuestiones constitucionales y cuestiones legales”. El cuadro falsea sin embargo la realidad si a dicha circunstancia no se añade otra: el continuo esfuerzo de autocontención que caracteriza la relación del Tribunal con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial” (nombre reservado; “Legalidad y Constitucionalidad”, Anuario de Filosofía del Derecho, XXXIV, Madrid, Boletín Oficial del Estado y Ministerio de Justicia, 2018, pp. 96-97).

A lo que cabe añadir, en el caso de nuestro régimen constitucional, que la reforma de 2005 no instauró un modelo donde esta Magistratura se sitúe, orgánica o funcionalmente, como entidad de control de la Justicia Electoral o de sus decisiones, sino que de los preceptos legales cuya aplicación pueda resultar decisiva en la gestión pendiente que los jueces conocen y deben resolver;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, por ende, “[l]a separación entre un conflicto de legalidad y un conflicto de constitucionalidad resulta necesaria para asegurar el principio de separación de funciones y el principio de supremacía constitucional -consagrados en los artículos 7° y 6° de la Constitución, respectivamente–, y en esa línea opera como una garantía institucional de la jurisdicción constitucional y de la jurisdicción ordinaria, esto es, como garantía de la competencia de decisión que una y otra tiene. (…) (nombre reservado:

“Los Conflictos de Legalidad y los Conflictos de Constitucionalidad como Garantía Institucional de la Jurisdicción Constitucional”, Revista de Derecho, Vol. XXXI N° 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, 2018, p.

137);

VIGESIMOTERCERO: Que, en consecuencia y como lo sostuvimos en el Rol N° 6.029 (c. 8° a 10°), la determinación, en sede de inaplicabilidad, de las respectivas competencias contribuye a la realización del Estado de Derecho, aún cuando no siempre resulta fácil establecerla, lo cual exige esfuerzo y rigurosidad por parte de ambas Magistraturas;

VIGESIMOCUARTO: Que, por lo expuesto, rechazamos la acción de inaplicabilidad intentada en contra de los artículos artículos 10 inciso final, 23 inciso tercero y 27 inciso quinto de la Ley N° 18.593, por cuanto no radica en su aplicación la cuestión planteada, sino en someter a examen la interpretación que, invocando esos preceptos, ha realizado el Juez del Fondo de la normativa legal por la que se rige la gestión pendiente.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA. OFÍCIESE AL EFECTO.

3) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

PREVENCIÓN

El Ministro señor Rodrigo Pica Flores previene que concurre a lo resuelto compartiendo únicamente lo razonado en los considerandos 10° a 13° y 18° a 20° de la sentencia.

Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, y la prevención, el señor ministro que la suscribe.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 11.672-21 INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su nombre reservado, Ministro señor NELSON POZO SILVA, por sus Ministros señores JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RODRIGO PICA FLORES y señoras DANIELA MARZI MUÑOZ y NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, y por la Suplente de Ministro señora NATALIA MUÑOZ CHIU.

Firma el señor nombre reservado del Tribunal, y se certifica que los demás señoras y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el País.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

nombre reservado María Angélica Barriga Meza Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fecha: 06-07-2022 Fecha: 06-07-2022