Inaplicabilidad del artículo 4°, N° 2, de la ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Rol 11.421-2021 [6 de abril de 2022]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 4°, N° 2, DE LA LEY 20.720, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL nombre reservado

nombre reservado

EN EL PROCESO ROL C-710-2021, SOBRE LIQUIDACIÓN FORZOSA, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE CHILLÁN, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN, POR RECURSO HECHO BAJO EL ROL N° 189-2021 (CIVIL)

VISTOS:

Que, con fecha 15 de julio de 2021, nombre reservado, ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4°, N° 2, de la Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-710-2021, sobre liquidación forzosa, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Chillán, por recurso hecho, bajo el Rol N° 189-2021.

Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto del precepto impugnado dispone:

“Ley 20.720 (…)

Artículo 4º.- “Recursos. Las resoluciones judiciales que se pronuncien en los Procedimientos Concursales de Reorganización y de Liquidación establecidos en esta ley sólo serán susceptibles de los recursos que siguen:

[…]

2) Apelación: Procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de aquéllas.

Será concedida en el solo efecto devolutivo, salvo las excepciones que esta ley señale y, en ambos, casos gozará de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo.

En el caso de las resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales.

[…]”.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

A fojas 1, la requirente refiere que se sigue procedimiento concursal de liquidación forzosa de empresa deudora seguido en su contra ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán, iniciado por Comercial Soquimich S.A., por cuanto habría cesado en el pago de cinco facturas.

Señala la requirente que la demanda consignó como su domicilio una dirección inexistente, esto es, Jardín del Este, Parcela 12, Lote 13, de la comuna de Chillán. Agrega que luego de realizadas las búsquedas correspondientes por el ministro de fe, el tribunal ordenó que la notificación se practicare de conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Indica que dicho trámite se habría realizado el día 19 de mayo de 2021.

Agrega que el día 26 de mayo 2021 se realizó la audiencia prevista en el artículo 120 de la Ley N° 20.720, en rebeldía de su parte, dictándose la resolución de liquidación en la misma fecha. Indica que tomó conocimiento de este procedimiento seguido en su contra de manera indirecta, a través de una conversación telefónica con un tercero, el día 28 de mayo del 2021, por lo que interpuso un incidente de previo y especial pronunciamiento de ineficacia o nulidad procesal por falta de emplazamiento. En dicha oportunidad, señaló que el receptor judicial atestiguó en sus búsquedas la presencia de la actora en el lugar del juicio, en el domicilio ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Chillán, el cual afirma, es inexistente., y por ello se incumplieron los requisitos que la ley exige para que se produzca el emplazamiento.

A continuación, refiere que en la casa habitación ubicada en Jardín del Este, Parcela 12, Lote 3, de la comuna de Chillán, nunca se recibieron las copias de la demanda ni sus proveídos, según da cuenta un testigo y el video de las cámaras de vigilancia de la propiedad, en que se puede apreciar que el receptor no concurrió a dicha propiedad en la hora estampada.

Indica que el incidente acogido a tramitación, en cuaderno separado, confiriendo traslado a la contraria, recibido a prueba y finalmente rechazado con costas por el Tribunal, mediante fallo de fecha 24 de junio de 2021. Señala que la resolución dio por establecido que el domicilio de la actora se encontraba en Jardín del Este, parcela 12, Lote 3, comuna de Chillán, y que, pese a que concluyó que efectivamente el Lote 13 no existe, estableció que se estaba en presencia de un mismo y único domicilio, restando valor al video de las cámaras de vigilancia aportadas por su parte, por no contar con firma electrónica, de conformidad con la Ley N° 19.799.

Señala que dedujo un recurso de apelación en contra de esta resolución, impugnación que fue denegada el 2 de julio, en virtud de la disposición que cuestiona en este requerimiento de inaplicabilidad, por lo que presentó un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Chillán, el que constituye la gestión pendiente para estos autos constitucionales. En dicho recurso argumenta que la incidencia que planteó no está regulada en la Ley N° 20.720, y por lo tanto, la restricción del recurso de apelación establecida en el precepto legal en examen no resulta aplicable.

Como conflicto constitucional, la requirente indica que la aplicación a su entender errónea de la norma cuestionada, vulneró su derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 incisos quinto y sexto, artículo 5° inciso segundo, de la Carta Fundamental, en relación a los artículos 8.1 y 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señala que la norma cuestionada transgrede el derecho a la acción, la legalidad del juzgamiento y la tutela judicial efectiva, y el derecho al recurso.

Enfatiza la requirente que no pudo ejercer su derecho a defensa en la audiencia prevista por la ley, atendida la naturaleza compulsiva del procedimiento de liquidación forzosa, que otorga al deudor una única posibilidad de ejercer su derecho a defensa, lo que en su caso no pudo realizar por no haber sido debidamente emplazada.

Agrega que desde un punto de vista procesal, se ha vulnerado el debido proceso, en atención al régimen recursivo especial y restringido que establece la norma impugnada, y el régimen incidental especial regulado en el artículo 5° de la Ley N° 20.720, el cual sólo permite promover las incidencias en aquellas materias que dicha ley permite expresamente.

Por ello, enfatiza que se dio curso al incidente promovido en virtud del principio de inexcusabilidad, recurriendo a las reglas generales, y por ello debieron primar las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, y dar lugar al recurso de apelación.

Concluye que la norma en examen debe ser interpretada en forma restrictiva, pues no contempla la incidencia promovida y reitera que debe recurrirse a las normas generales en materia de recursos.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 30 de julio de 2021, a fojas 31, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Fue declarado admisible, luego de escuchar alegatos, por resolución de la misma sala el día 30 de agosto de 2021, a fojas 626.

Conferidos los traslados a todas las partes de la gestión pendientes, y a los órganos constitucionales interesados, a fojas 634, formula observaciones de fondo Soquimich Comercial S.A., solicitando el rechazo del requerimiento.

En primer lugar, sostiene la requerida que el fundamento de su incidente de nulidad por falta de emplazamiento resulta relevante, pues, al reclamar que dicho domicilio no existe, se contradice con muchas actuaciones efectuadas por los mandatarios judiciales de la deudora, quien en múltiples ocasiones fijaron como domicilio propio o de la deudora, el referido domicilio que alegan inexistente.

Luego, refiere que el incidente promovido fue recibido a prueba, para ser tramitado en una audiencia verbal, en la cual se rindió prueba documental y testimonial entre otras, la se efectuó bajo principios de eficacia, eficiencia e inmediatez, pudiendo la jueza apreciar directamente de los hechos.

En este sentido, estima que la real pretensión que contiene la acción interpuesta se encuentra dirigida a impugnar el sistema recursivo que establece la Ley 20.720 y no a reprochar la aplicación de un determinado precepto legal.

En cuanto al derecho al recurso como elemento integrante del debido proceso, que se alega como transgredido, sostiene que la Constitución Política exige un debido proceso, pero ello no significa que consagre el derecho a la doble instancia.

Enfatiza que la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del Tribunal que conoce del asunto.

Finalmente, la requerida alega que la presente acción tiene intenciones dilatorias, pues la requirente pretende usar la acción de inaplicabilidad como una forma de dilatar el procedimiento concursal, otorgándole incertidumbre en su tramitación, evadiendo con ello los plazos perentorios que establece la ley para el ejercicio de las acciones tendientes a resguardar el patrimonio del deudora declarado en liquidación, a fin de garantizar los valores jurídicos protegidos, como la seguridad del crédito y la igualdad jurídica de los acreedores.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 6 de enero de 2022 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos, por la parte requirente, de los abogados Remberto Valdés Hueche, por la parte requirente, y nombre reservado, por la parte de Soquimich Comercial S.A.

Se adoptó acuerdo en igual fecha, según certificación de la relatora de la causa.

Y CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES GENERALES

PRIMERO.- Que el presente requerimiento de inaplicabilidad es interpuesto por doña nombre reservado en el marco de un proceso judicial de liquidación forzosa que ha sido iniciado en su contra por Comercial Soquimich S.A. y que se tramita ante el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán. El fundamento para esta solicitud de liquidación forzosa se encontraría en la causal contenida en el N°1 del artículo 117 de la ley N°20.720, esto es, por cesar en el pago de una obligación que conste en título ejecutivo con el acreedor solicitante. Según se expone en la presentación la demanda de liquidación forzosa se fundaría en la falta de pago de un total de cinco facturas de la demandante.

SEGUNDO.- Que, en este contexto, la parte requirente manifiesta que la notificación de la referida demanda no se efectuó personalmente, y solo se practicó de conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, lo que se tradujo -en la práctica- en que el emplazamiento no se haya verificado al ser efectuada la entrega de las copias a que alude la norma del mencionado texto legal en una dirección que no correspondía al domicilio de la demandada, con la consecuente imposibilidad de tomar conocimiento oportuno de la acción intentada en su contra y de efectuar las defensas correspondientes.

TERCERO.- Que, como consecuencia de lo anterior, la requirente no pudo hacerse parte de la audiencia inicial a que se refiere el artículo 120 de la Ley Nº 20.720, la que de todos modos se desarrolló en su rebeldía -con fecha 26 de mayo de 2021- producto de lo cual, el tribunal procedió a dictar la respectiva resolución de liquidación forzosa solicitada por la demandante.

CUARTO.- Que señala la requirente que solo con posterioridad a la citada audiencia y resolución judicial, tomó conocimiento a través de un tercero de la acción judicial en su contra, motivo por el cual, ante la imposibilidad de poder intervenir debidamente en ella, interpuso incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento, el cual finalmente fue desestimado por el tribunal, ante lo cual el requirente dedujo recurso de apelación, el que fue denegado por el tribunal a quo, precisamente por aplicación de la norma impugnada, ante lo cual la requirente ha recurrido de hecho, gestión en la cual incide el pronunciamiento de esta Magistratura.

QUINTO.- Que, de este modo, esta Magistratura Constitucional ha sido llamada a pronunciarse -en el caso concreto-, sobre la eventual inconstitucionalidad derivada de la aplicación del precepto legal contenido en el artículo 4°, N°2, de la Ley N° 20.720, en la medida que al establecer en su numeral 2 las resoluciones susceptibles de ser recurridas de apelación, impide que un tribunal distinto de aquel que falló el incidente de nulidad, pueda pronunciarse respecto del mismo, afectando con ello sus garantías constitucionales, en particular lo referido a la garantía del debido proceso.

II. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.720 Y SU ARTÍCULO 4º, Nº 2, AL CASO CONCRETO

SEXTO.- Que la controversia de la especie se desarrolla en el marco de un proceso judicial seguido bajo la regulación procesal de la Ley Nº 20.720. Resulta pertinente tener en consideración que el mencionado cuerpo legal, se originó teniendo como objetivo, permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy. (Mensaje del Proyecto de Ley. Historia de la Ley Nº 20.720, p. 4)

SÉPTIMO.- Que, a su vez, la reseñada iniciativa legislativa consignaba en el mismo Mensaje, como uno de los puntos de insoslayable necesidad de corrección “El derecho a defensa del deudor cuya quiebra se reclama. En la actualidad, la opción del demandado de oponerse a la declaración de quiebra es posterior al pronunciamiento de la sentencia que la declara, lo que es cuestionable desde la perspectiva del debido proceso e incluso desde el sentido común general. No vale demasiado la pena defenderse de una calificación que ya ha tenido lugar y donde el efecto dañoso ya se ha configurado”.

OCTAVO.- Que, tal como se aprecia, la creación de la Ley Nº 20.720 tenía por finalidad, junto con adaptar la normativa vigente en materia de quiebras a las actuales necesidades del mercado, velar por una correcta, justa y conveniente resolución de los problemas económicos derivados de la insolvencia e inviabilidad que podían afectar a los emprendimientos comerciales, de manera de propender al eficiente resguardo de los intereses de las partes involucradas, tanto deudores como acreedores. Para lo anterior, el Mensaje indica expresamente que “[e]l propósito de esta nueva legislación, incluso desde el punto de vista estructural y de lectura, es hacer prevalecer el régimen de salvataje institucional por sobre el esquema liquidatorio predominante, cambiando el eje desde la extinción empresarial a la reorganización eficiente.” (Historia de la Ley Nº 20.720, p. 8).

NOVENO.- Que, para alcanzar estos fines, este cuerpo normativo se construye sobre la base de un procedimiento fundado en el principio formativo de la celeridad procesal, estructurado -en lo relativo a la solicitud de liquidación forzosa- en una audiencia inicial, una audiencia de prueba y una audiencia de fallo.

DÉCIMO.- Que, en este contexto, la problemática que nos convoca y en la cual se aplica la norma requerida de inaplicabilidad dice relación precisamente con la audiencia inicial, oportunidad procesal de la cual la requirente no pudo hacerse parte interviniendo, precisamente como consecuencia del vicio que alegó por vía incidental, esto es, la falta de emplazamiento. En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista se evidencia que dicha audiencia se realizó “en rebeldía de la demandada” y trajo como resultado, la declaración de liquidación de la misma. En definitiva, la falta de participación activa de la requirente fue decisiva para la resolución de la cuestión controvertida en su contra, al no haberse tenido en ponderación por parte del juez los argumentos y oposiciones de esta antes de decidir la cuestión planteada en la demanda.

DECIMOPRIMERO.- Que lo anterior no resulta baladí, en especial al considerar que tal como consigna el mismo artículo 120 de la Ley Nº 20.720, en esta audiencia inicial “El tribunal informará al Deudor acerca de la demanda presentada en su contra y de los efectos de un eventual Procedimiento Concursal de Liquidación” y asimismo, “el Deudor podrá proponer por escrito o verbalmente [...] a) Consignar fondos suficientes para el pago del crédito demandado y las costas correspondientes; b) Allanarse por escrito o verbalmente a la demanda; c) Acogerse expresamente al Procedimiento Concursal de Reorganización; d) “Oponerse a la demanda de Liquidación Forzosa”. En definitiva, se trata de una etapa dentro del proceso respectivo en la cual la demandada tiene la única oportunidad de una participación activa ante la pretensión de la demandante y de defender su postura en juicio. De hecho, el mismo artículo en su numeral 3) es claro al indicar que “Si el Deudor no compareciere a esta audiencia” -como ocurrió en la especie- “el tribunal dictará la Resolución de Liquidación y nombrará a los Liquidadores titular y suplente que el acreedor peticionario hubiere designado en su demanda”.

DECIMOSEGUNDO.- Que, de este modo, podemos concordar en que la participación en la audiencia inicial se devela como una manifestación absoluta del principio contradictorio propio de un debido proceso y por ende la no intervención en el mismo produce resultados decisivos en el derrotero del juzgamiento. Es en atención a ello, que, ya concretada la indicada audiencia, la parte requirente interpuso un incidente de nulidad de todo lo obrado, fundado en la falta de emplazamiento.

Entre los argumentos expuestos por la requirente se encontraba el hecho de que la dirección consignada en la demanda no correspondería a la demandada y más aún, se planteaba que la numeración de la parcela sería inexistente. Junto a lo anterior, la requirente alegó el no haber recibido jamás copia de la demanda y su proveído, agregando un medio probatorio audiovisual, proveniente de las cámaras de seguridad del lugar que demostrarían que, a la hora de la certificación efectuada por el receptor, este no se habría apersonado en el lugar.

DECIMOTERCERO.- Que evidentemente la efectividad de las cuestiones planteadas por la requirente en su incidencia, no pueden ser objeto del análisis y ponderación de esta Magistratura, correspondiendo el mismo a la judicatura de la instancia. Sin perjuicio de ello, resulta importante tener presente tales alegaciones para dimensionar la gravedad de los hechos que se denuncian y los efectos decisivos que de la falta de emplazamiento derivaron. Dicho en otras palabras, en aras de un juzgamiento que observe debidamente la garantía del debido proceso, se hace necesario que el análisis de lo expuesto por la requirente no quede en la revisión del mismo tribunal que conoce de la controversia y se permita que un superior jerárquico, ajeno a la cuestión debatida pueda -por vía recursiva- analizar los argumentos y elementos planteados en el incidente y ratificar la decisión del tribunal a quo o bien revocarla, siempre teniendo como objetivo, favorecer un juzgamiento acorde a las garantías constitucionales de las partes, aspecto que no parece alcanzable cuando una de ellas arguye la indefensión en juicio a causa de una supuesta falta de emplazamiento y la decisión de ello se ve restringida en la posibilidad de ser analizada en sede de apelación.

DECIMOCUARTO.- Que por tanto, es en el contexto de la reseñada incidencia de nulidad de todo lo obrado, que tiene aplicación el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, toda vez que habiendo rechazado el tribunal de primera instancia los hechos que se imputaban como vicios procedimentales, el requirente interpuso recurso de apelación, impugnación que fue rechazada por parte del mismo tribunal en los siguientes términos: “Teniendo presente la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, lo dispuesto en el N°2 del artículo 4 de la Ley 20.720, y no otorgándole expresamente el carácter de apelable, se deniega el recurso de apelación deducido“.

DECIMOQUINTO.- Que la norma cuestionada establece que el recurso de apelación en el marco de los procedimientos seguidos bajo la Ley Nº 20.720, únicamente es procedente contra las resoluciones que esta ley señale expresamente.

En tal sentido, la resolución que rechaza un incidente de nulidad como el pretendido en la especie, al no estar contenida dentro de aquella declaración expresa que exige el precepto legal, queda al margen de la posibilidad de que un tribunal distinto, pueda pronunciarse al respecto.

DECIMOSEXTO.- Que en relación a la posibilidad de impugnar una resolución judicial debemos tener presente que tal como ha indicado nuestra doctrina, detrás de los medios de impugnación aparecen como fundamentos dos aspectos esenciales:

“Por un lado, servir como control a la actividad del juez. El órgano puede incurrir en un error en el desempeño de su actividad, de modo que el nuevo examen, especialmente cuando es realizado por un Tribunal Superior, garantiza en cierta medida el acierto de la resolución;

Y por otro, asegurar el derecho de defensa del perjudicado por la resolución, de modo que entra en juego el término gravamen, justificándose la impugnación por ser la resolución objeto de la misma gravosa para la parte.” (nombre reservado nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado. “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 19).

DECIMOSÉPTIMO.- Que dentro de las finalidades descritas, podemos evidentemente enmarcar al recurso de apelación, el cual la misma doctrina antes indicada ha definido como “el acto jurídico procesal de la parte agraviada, o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución judicial, por medio del cual solicita al Tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al Tribunal superior jerárquico, con el objeto de que este la enmiende con arreglo a derecho”. (Ibid. p.120)

DECIMOCTAVO. Que en definitiva, el recurso de apelación constituye un mecanismo de impugnación de carácter general, cuyo fundamento es el agravio sufrido por la parte recurrente y cuyo objetivo es permitir que sea el tribunal superior, el que revise la resolución cuestionada y pueda restablecer la observancia del ordenamiento jurídico, mediante una decisión que se pronuncie derechamente respecto del cuestionamiento planteado por la parte agraviada, desde una posición de imparcialidad y consideración a las pretensiones y argumentos de ambas partes involucradas. En definitiva, mediante este recurso se busca salvaguardar los intereses de ambas partes en juicio junto con garantizar -en lo que nos interesa- el respeto a las garantías de un justo y racional juzgamiento.

DECIMONOVENO.- Que, de este modo, cuando se limita la posibilidad de apelar respecto de una resolución judicial que resuelve un incidente de tanta trascendencia como es la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, tal limitación termina colisionando con las garantías constitucionales de la parte afectada por tal restricción, siendo pertinente analizar a continuación si esa limitación se expresa, atendidas las circunstancias del caso concreto, como una vulneración a las garantías. Constitucionales de la parte requirente.

III. DE LA AFECTACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA REQUIRENTE

VIGÉSIMO.- Que la parte requirente expone en su presentación que la imposibilidad de recurrir de apelación, por aplicación al caso concreto del artículo 4º Nº 2 de la citada Ley Nº 20.720, pugna con sus garantías constitucionales, particularmente con la garantía de un debido proceso en los términos que consigna el numeral 3º del artículo 19 constitucional, al impedirle impugnar una decisión para que esta se analizada y resuelta por el superior jerárquico del tribunal que dicto dicha resolución.

VIGESIMOPRIMERO.- Que, en relación a la garantía de un justo y racional juzgamiento, esta Magistratura a través de su jurisprudencia ha sostenido que [e]l legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda;

excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad. (STC 1411 c. 7).

VIGESIMOSEGUNDO.- Que esa exigencia para el legislador de asegurar medios apropiados para que las partes de una controversia judicial puedan exponer de manera pertinente en juicio sus argumentos y defender debidamente sus intereses no se verifica, cuando por aplicación de un precepto legal, como es el contenido en el artículo 4 Nº 2 de la Ley Nº 20.720, en el caso concreto se le impide al deudor poder recurrir ante el superior jerárquico del tribunal que conoce de la cuestión, un pronunciamiento que establezca la efectividad de los cuestionamientos procedimentales planteados y de este modo se asegure una decisión ajustada a derecho que posteriormente se refleje en una definición del asunto carente de todo cuestionamiento que permita, en definitiva, cumplir con el estándar de justicia y racionalidad que exige nuestro ordenamiento constitucional.

VIGESIMOTERCERO.- Que sobre este particular estándar que debe ser exigido en todo juzgamiento, cabe recordar que [u]n procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho. (STC 1838 c. 10).

VIGESIMOCUARTO.- Que para que estas premisas se verifiquen en la especie, resulta imperativo que el proceso se desarrolle con observancia plena a las garantías de un debido proceso y en tal sentido resulta imperioso que se resuelva a través de la doble instancia, la efectividad de los hechos planteados por la requirente y se determine la efectividad o no de la notificación de la demanda y su proveído. Y para dar cumplimiento a esta premisa y mandato, resulta imperioso permitir que la decisión del tribunal a quo, sea revisada por el tribunal ad quem, lo que no resulta compatible con el tenor de la restricción contenida en el artículo 4º Nº 2 de la Ley Nº 20.720, por lo que corresponde declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad para el caso concreto.

VIGESIMOQUINTO.- Que en virtud de las argumentaciones expuestas precedentemente, cuando en el marco de un procedimiento judicial, de eventuales gravosas consecuencias para la parte demandada, como ocurre con el procedimiento de liquidación forzosa promovido en la especie, ésta se ve impedida de solicitar un pronunciamiento al tribunal superior jerárquico, respecto a eventuales vicios procedimentales que tendrán incidencia directa en el resultado de la gestión judicial, y la decisión de tales eventuales infracciones queda entregada exclusivamente al mismo tribunal que conoce de la demanda, entonces la aplicación del precepto legal que favorece tal vulneración, no resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento, de modo tal que en su aplicación al caso concreto, provoca una infracción constitucional que merece ser subsanada mediante la declaración de inaplicabilidad de dicha norma, siendo esta decisión la que representa -en opinión de estos Ministros- el pleno y absoluto respeto a la Carta Fundamental y sus garantías.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE FOJAS 1, DECLARÁNDOSE LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4°, N° 2, DE LA LEY 20.720, QUE SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL nombre reservado, EN EL PROCESO ROL C-710- 2021, SOBRE LIQUIDACIÓN FORZOSA, SEGUIDO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE CHILLÁN, EN CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN, POR RECURSO HECHO, BAJO EL ROL N° 189-2021 (CIVIL). OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.

DISIDENCIA

Los Ministros señores JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN (Presidente), GONZALO GARCÍA PINO, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señor RODRIGO PICA FLORES, estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

I. CONFLICTO SOMETIDO A LA DECISIÓN DE ESTA MAGISTRATURA

1°. La requirente nombre reservado ha deducido requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 4°, N°2, de la Ley N° 20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, con el objeto de que sea declaradp inaplicable en la gestión pendiente, la cual recae en un recurso de hecho seguido ante la Corte de Apelaciones de Chillán, bajo el Rol N° 189-2021, como consecuencia de que el tribunal de primera instancia, aplicando el precepto legal impugnado, ha denegado la apelación deducida por esta parte, en el procedimiento concursal de liquidación forzosa seguida en su contra.

De acuerdo con lo expuesto en el libelo de fojas 1, el conflicto de constitucionalidad planteado recae en que la aplicación del precepto impugnado, en el caso concreto, afectaría el debido proceso y, en concreto, el derecho al recurso, vulnerando las garantías establecidas en los artículos 19, N° 3 y 5°, inciso segundo, de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 y 8.2.h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En concreto, la actora sostiene que la disposición impugnada, al conceder el recurso de apelación solo en contra de las resoluciones que la ley N° 20.720 señale expresamente, vulnera el derecho al recurso dejándola en indefensión por no existir más acciones o recursos procesales para hacer valer sus derechos.

II. PRESUPUESTOS FÁCTICOS

2°. La gestión judicial que da origen a la acción de inaplicabilidad sometida a la decisión de esta Magistratura constitucional se inició mediante una solicitud de liquidación forzosa de empresa deudora deducida por Soquimich Comercial S.A. en contra de nombre reservado presentada ante el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Chillán.

Expone la requirente que el tribunal, luego de las respectivas búsquedas efectuadas por el ministro de fe, concedió que la notificación se realizare de conformidad con el artículo 44° del Código de Procedimiento Civil, lo que se habría realizado el día 19 de mayo de 2021. Luego, con fecha 26 de mayo de ese año se realizó la audiencia inicial en rebeldía de la requirente, de modo que el tribunal procedió a dictar la resolución de liquidación forzosa, atendido lo dispuesto en el artículo 120, N° 3, de la Ley N° 20.720.

Sin embargo, según refiere la actora constitucional, ella tomó conocimiento del procedimiento concursal en su contra recién el día 28 de mayo de 2021, por lo que interpuso incidente de previo y especial pronunciamiento de ineficacia o nulidad procesal alegando, en resumen, que el domicilio consignado en la demanda corresponde a una dirección inexistente y que, por lo tanto, el receptor judicial la acreditó como verdadera aun cuando esta es irreal.

Dicho incidente fue rechazado por el tribunal el día 24 de junio de 2021, por lo que la requirente interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución argumentando, por una parte, que la sentencia reconoce que la dirección que se le imputaba a la demandada no existe y, por otra parte, que la misma sentencia tuvo como hecho constitutivo de un acto propio por la demandada el hecho de haberse practicado diligencias judiciales en la misma dirección inexistente y que un apoderado de la requirente hubiere comparecido oportunamente formulando defensas, sin embargo, aquello sería un error porque el elemento perjuicio en la ausencia de un correcto emplazamiento no se dio en los otros procedimientos, lo que sí se había dado en esta gestión. Finalmente, alegó que la sentencia yerra al restarle valor probatorio a los medios de prueba acompañados.

Con fecha 2 de julio de 2021 el tribunal de primera instancia denegó la apelación interpuesta al señalar: “Teniendo presente la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, lo dispuesto en el N°2 del artículo 4 de la Ley 20.720, y no otorgándole expresamente el carácter de apelable, se deniega el recurso de apelación deducido.”

En contra de dicha resolución, la requirente interpuso un recurso de hecho argumentando, por una parte, que al ser la incidencia interpuesta por su parte distinta a las reguladas en la Ley N° 20.720 no resulta adecuado aplicarle la restricción del artículo 4°, N° 2, de la mencionada ley y, por otra, que la denegación del recurso de apelación vulnera el derecho al recurso, gestión judicial que se encuentra pendiente de resolución.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

3°. Antes de analizar la constitucionalidad de la norma reprochada en el caso concreto, debe tenerse en cuenta que el requerimiento se dirige en contra de una regla integrante del procedimiento concursal de liquidación forzosa por incumplimiento de obligaciones impagas, por lo que resulta pertinente, primeramente, exponer acerca de la naturaleza jurídica de tal procedimiento, siguiendo al efecto la doctrina emanada de la sentencia Rol N° 8305, que rechazó un requerimiento de inaplicabilidad respecto del mismo precepto legal impugnado.

4°. El régimen de este procedimiento se rige actualmente por las normas de la citada ley N° 20.720, de 10 de noviembre de 2014, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas -que en el número 20 de su art. 347 derogó el Libro IV del Código de Comercio sobre Quiebras, que contemplaba el sistema concursal hasta entonces vigente-, y también por las normas del Código de Procedimiento Civil, al constituir dicho procedimiento un instituto procesal de derecho común, por lo que le es aplicable el artículo 1° del comentado Código, que establece que “las disposiciones de este Código rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de justicia”.

5°. El nuevo sistema concursal que, como ya se ha expresado, vino a sustituir el contemplado en el Libro IV sobre Quiebras del Código de Comercio que había recibido numerosas críticas, incluso por organismos internacionales, como las de la OCDE, del cual Chile forma parte.

Así en informe de 2011, titulado “Mejores Políticas para el desarrollo:

Perspectivas OCDE sobre Chile” señalaba al respecto: “De acuerdo con la edición de 2011 de Doing Business, indicadores del Banco Mundial, el procedimiento de quiebra en Chile es más extenso y costoso que en la mayoría de los demás países de la OCDE. Se tarda 4.5 años y cuesta 15% de la propiedad cerrar un negocio, en comparación con 1.7 años y 9.1% del promedio nacional de los países de la OCDE. Los procedimientos prolongados y los altos costos de quiebra disuaden a los empresarios de correr riesgos al aumentar el costo de los fracasos (White, 2005)”.

6°. En relación a la historia del establecimiento de la ley N° 20.720, resulta útil recordar que el Mensaje, de 15 de mayo de 2012, que acompañó al articulado propuesto por el Presidente de la República, expresa que “uno de los aspectos de mayor trascendencia que informa nuestra economía es la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas con pleno respeto a las normas que las regulan, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República. (...) Que el Gobierno no sólo respeta la libertad económica, sino que quiere fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, y como un aporte a la mayor realización de las personas, para lo cual debe hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, (...) permitiendo a los acreedores recuperar todo o parte de sus acreencias. (...) En suma, los motores que impulsan la reforma concursal que se somete a vuestro conocimiento son permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes”.

7°. El procedimiento concursal de liquidación contemplado en la ley actual es un proceso judicial o jurisdiccional, por lo que “[q]ueda entregado a la Administración de Justicia Ordinaria o Poder Judicial y en tal sentido se rige supletoriamente por las normas que ordenan y organizan el actuar de los tribunales ordinarios de justicia. Es un proceso contencioso porque en él se ventilan conflictos jurídicos concretos o hipotéticos entre dos o más sujetos. La controversia en el juicio de quiebra se plantea entre el deudor y la “masa de acreedores”, por un lado y, por el otro, entre los acreedores mismos, que disputarán por empequeñecer el pasivo del fallido en vistas a mejorar sus posibilidades de cobro en el activo falencial” (nombre reservado, “Derecho Concursal del Procedimiento Concursal de Liquidación Ley N° 20.720”, cuarta edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, pp. 196-197). Asimismo, se trata de un proceso ejecutivo “[q]ue se planifica en cumplimiento material del derecho y, en el caso particular de las ejecuciones patrimoniales, en el cumplimiento forzado o compulsivo de una obligación impaga; en estos procesos se busca la realización concreta de la manifestación de voluntad legal” (nombre reservado, ob. cit., p. 199).

Según lo que dispone tanto el artículo 2° de la ley N° 20.720, en su numeral 17°, como la doctrina, el procedimiento concursal de liquidación forzosa nace con la demanda deducida por cualquier acreedor en contra del deudor, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 1 del Título 1 del Capítulo IV de la mencionada ley, pues “[n]o basta con que exista el estado patrimonial crítico que configura la causa del procedimiento concursal de liquidación forzosa, sino que es necesario que este estado jurídico sea declarado por una resolución de los tribunales de justicia, a petición de cualquier acreedor, que invoque y justifique la existencia de alguna de las causales o hechos reveladores de cesación de pagos previstos en la materia. Es a partir de la resolución de liquidación que se originan los efectos jurídicos que el procedimiento trae aparejados” (nombre reservado, “Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Derecho Concursal”, séptima edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, p. 157).

8°. Es posible entonces afirmar que el régimen de procedimiento concursal de liquidación, y especialmente el de liquidación forzosa, forma parte de un instituto procesal amparado por la Constitución en el numeral 21 de su artículo 19, que asegura a todas las personas el derecho al desarrollo de cualquier actividad económica y cuya regulación está encomendada al legislador.

La principal dificultad normativa de tal procedimiento consiste en otorgar garantías efectivas que permitan materializar el contenido constitucional de ese derecho fundamental, lo cual supone que la ley concursal debe orientarse a solucionar los problemas de insolvencia de las empresas que no gocen de viabilidad económica, estableciendo para ello un procedimiento expedito y eficaz que salvaguarde tanto los derechos de los acreedores como los del deudor.

IV. DERECHO AL RECURSO Y DEBIDO PROCESO

9°. Cabe anotar que el conflicto de constitucionalidad se centra especialmente en dilucidar si la aplicación del precepto impugnado, en la resolución de la gestión pendiente, importa una vulneración al derecho al recurso y con ello al derecho a un procedimiento racional y justo consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Carta Fundamental, al verse la requirente impedida de interponer un recurso ordinario ante un tribunal superior para reclamar en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento.

10°. En cuanto al derecho al recurso como elemento integrante del debido proceso, este Tribunal ha sostenido que “ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se trate.” (STC Rol N° 2723, c. 7°).

Con todo ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.” (STC Roles N°s 478, c. 14°; 576 cc. 41° a 43°; 1307, cc. 20° a 22°; 2111, c. 22°; 2133, c. 17° y 2657, c. 11°, entre otras).

11°. Esta Magistratura también ha puntualizado que el reconocimiento del “derecho al recurso”, como requisito del debido proceso, admite una serie de matices y precisiones. Así, de los antecedentes de la historia fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se reconoce la facultad para interponer recursos, lo que de suyo implica la evidente constitucionalidad de algunas hipótesis en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC Rol N° 2723, c. 10°).

En tal sentido, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto señalado, menos existirá una exigencia constitucional respecto al tipo de recurso. Por lo mismo, “la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se.” (STC Rol N° 2723, c. 11°).

Lo anterior ocurre especialmente cuando lo que se trata de impugnar no son sentencias definitivas o resoluciones que no ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, sino las restantes resoluciones que se dictan a lo largo del procedimiento.

12°. Lo trascendente es que, para ajustarse a las exigencias constitucionales, el legislador debe asegurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías efectivas de un procedimiento racional y justo, a fin de que no se encuentren en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que pueda incurrir el juez.

V. SOBRE LA EVENTUAL INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO POR APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO

13°. Pues bien, la requirente alega que el artículo 4° N° 2 de la ley, al disponer que las resoluciones judiciales que se pronuncien en el procedimiento concursal sólo serán susceptibles de apelación en los casos que la ley señale expresamente, “vulnera el derecho el debido proceso, y en concreto, el derecho a impugnar lo resuelto por el tribunal de primera instancia, a fin de que sea conocido por el superior jerárquico, es decir, ha vulnerado del derecho al recurso que, tal como se ha venido señalando, se encuentra no solo reconocido en nuestra Constitución, sino también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.”

(fs. 20) agregando que “su aplicación deja en indefensión a esta parte, no existiendo más acciones o recursos procesales para hacer valer sus derechos” (fs. 20).

14°. Sucede que el diseño de un régimen recursivo es parte del ámbito de la autonomía del legislador, el que puede establecer los recursos con libertad siempre que no transgreda las garantías constitucionales.

Así existe un marco de autonomía que cabe reconocer al legislador en cuanto a la estructura, forma y límites del sistema de recursos que establezca, fundado en ciertos y determinados principios sobre los que descansa una ley de acuerdo a la naturaleza de la controversia de que se trate para dar protección a determinados bienes jurídicos.

15°. Como reconoce la propia requirente (fs. 14), uno de tales principios fundamentales sobre los que descansa la ley N° 20.720 es el de celeridad.

Al revisar la historia de la ley en esa materia, se explica tal celeridad en la necesidad de disminuir la duración de los procedimientos, constatándose que el mensaje presidencial hace mención al problema de demora excesiva que tenían los procesos en el sistema concursal entonces vigente: “En comparación a países de la región, Chile presenta un panorama desolador. Así,́ respecto de la duración del procedimiento, Colombia muestra un promedio de 1,3 años, mientras que Uruguay entrega 2,1 años y Bolivia, 1,8 años. Nosotros, en cambio, mostramos un triste promedio de 4,5 años. Si ampliamos la comparación a países que, al igual que Chile pertenecen a la OCDE, las diferencias se acentúan dramáticamente: Japón, Canadá́ y Dinamarca presentan procedimientos con duraciones que van de los 6 a 9 meses, mientras que otros como Hungría, Estonia y Polonia exhiben procesos que duran entre 2 a 3 años, tiempos que aún siguen siendo más reducidos que los existentes en Chile.”

Profundizando luego en ese tema, en sesión de la Comisión de Economía del Senado el ministro de Economía recalcó la necesidad de establecer límites de tiempo a los procedimientos, explicando al efecto que, en la elaboración del proyecto de ley, “se hicieron una serie de simulaciones, acortando los distintos plazos. Es fundamental ser riguroso y respetar los tiempos, porque el sentido de la oportunidad es fundamental, toda vez que nos vemos enfrentados a una emergencia empresarial, y lo que se busca es priorizar la reorganización de la empresa. Adelantó que el proyecto plantea en esta, así como en otras materias, cambios radicales, que permitirán rebajar el promedio de 4,5 años hasta estándares internacionales”.

Cabe tener en cuenta además en este punto que, al informar sobre el proyecto, la Corte Suprema, refiriéndose específicamente al tratamiento del recurso de apelación, señaló: “Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal” (oficio N° 59- 2012).

También resulta pertinente revisar el Informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el cual se deja constancia que don nombre reservado

nombre reservado expresó que “el nuevo sistema se ofrece como un mecanismo en que prima el principio formativo de la celeridad procesal, pues si se debe optar por la desaparición de la actividad de la empresa, ha de privilegiarse que ello ocurra en el menor tiempo posible, advirtiendo que las dilaciones, como por ejemplo, los incidentes o recursos dilatorios, y las obstrucciones de los acreedores silentes, deterioran aún más el valor del activo y, en consecuencia, la factibilidad del pago del pasivo. Para estos efectos, si bien se hace girar las decisiones de la forma de liquidación en la votación de los acreedores, ella es auxiliada por las propuestas efectuadas por el liquidador, tomando especialmente en cuenta los plazos taxativamente designados por la legislación para redistribuir los bienes a usos de mayor valor.” (p. 1151).

16°. Aludiendo asimismo al principio de celeridad, nombre reservado y nombre reservado citan a nombre reservado (Varios autores (2009): “Leyes desde 1992. Vigencia expresa y Sentencias de Constitucionalidad, Bogotá, Casa Editorial), quien indica que tal postulado [“]se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadora a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia”. A tal principio se une el de la economía procesal, que también permea el procedimiento de liquidación forzosa como puntualizan nombre reservado, quienes, tomando asimismo la obra de Bermúdez, transcriben la definición que ésta da acerca de tal postulado, señalando que se orienta a “[c]onseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal” (Procedimientos concursales. Ley de insolvencia y reemprendimiento. Ley No 20.720, Thomson Reuters, 2015, p. 45).

Tales principios los tuvo también presente la Corte Suprema en sentencia 31.591-2018, al explicar que “dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho”(c. 7°); “Que con la finalidad recién expresada corresponde señalar, en primer lugar, que la Ley N° 20.720 es una ley especial y contiene una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales en materia de derecho procesal civil, las que deben ser analizadas conforme a sus antecedentes lógicos y sistemáticos, debiendo considerarse, en lo que por ahora incumbe analizar, que la particular naturaleza y finalidad de los distintos procedimientos concursales que la ley somete al conocimiento del órgano jurisdiccional requieren una tramitación rápida y eficaz.

Ahora bien, dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho” (c. 8°).

17°. En base a los mismos principios de celeridad y de economía procesal, la regulación del recurso de apelación en la ley N° 20.720 permite que éste goce de preferencia tanto para su inclusión en la tabla como para su vista y fallo, según dispone el propio artículo 4° numeral 2° impugnado.

La celeridad se manifiesta asimismo en una serie de otros preceptos contenidos en el mismo cuerpo legal, como es el referido a los incidentes, ya que, como establece su artículo 5°, estos solo pueden promoverse respecto de aquellas materias en que se admiten expresamente y no suspenderán el procedimiento concursal, salvo que la misma ley establezca lo contrario; también en ella se funda el artículo 129 inciso final, en cuanto indica que contra la resolución de liquidación procede únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de su preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla y para su vista y fallo, estableciendo además que contra la sentencia de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario; el artículo 7°, relacionado con la fatalidad de los plazos establecidos por la ley; las reglas que se relacionadas con la celebración de audiencias verbales, como son la inicial, la de prueba y la de fallo, etc.

18°. Por otra parte, debe tenerse presente que las razones que tuvo el legislador para apartarse de las normas comunes a que se sujeta el deudor en los juicios ejecutivos que regula el Código de Procedimiento Civil recaen en que, mientras en las ejecuciones individuales se busca proteger exclusivamente los intereses del acreedor -lo cual se traduce en el hecho de que puede embargar tal o cual bien y tramitar el procedimiento de apremio de forma más o menos rápida, según sus intereses personales-, en el procedimiento concursal está comprometido el interés del deudor, el de los acreedores -que tienen por objeto lograr un acuerdo patrimonial o liquidar en forma ordenada, respetando la prelación de créditos- y el del Estado, a quien le interesa el adecuado uso del crédito en la actividad económica.

Dada esta fundamental diferencia, ante la insolvencia de un sujeto “[d]ebe emplearse una defensa colectiva, porque ese estado patrimonial atenta contra los intereses de la masa, de los acreedores y de la sociedad toda” y, por ello, “siendo diversos los bienes jurídicamente comprometidos en uno y otro caso, son también diferentes las defensas que el derecho ofrece para cada evento” (Sandoval, ob. cit., p. 24).

A lo anterior ha de agregarse, como explica el profesor nombre reservado, que el derecho concursal tiene por finalidad abordar la insolvencia de los deudores, esto es una “[i]liquidez crónica e irremontable descrita como una asincronía entre las fechas de vencimiento de las obligaciones y el activo circulante del deudor”. De ahí surge la protección al principio par condictio creditorum, que busca resguardar las normas de prelación de créditos siendo así “la única forma posible de resguardar las normas de la prelación de créditos ilusoria entregada a múltiples ejecuciones individuales” (ob. cit., p. 56).

19°. Explicados ya los fundamentos de bien colectivo que tuvo en vista el legislador al momento de regular el sistema concursal como consecuencia de la naturaleza que éste reviste, resultando, por lo tanto, razonable que el legislador haya establecido reglas que propendan a que el procedimiento judicial de liquidación forzosa sea ágil, oportuno y eficiente, cabe desechar la impugnación que la requirente formula en contra del numeral 2 del artículo 4° de la ley N° 20.720 por vulnerar el derecho a ser juzgado de acuerdo a un racional y justo procedimiento reconocido en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución.

En efecto, no merece reproche alguno de constitucionalidad que la regla establezca que las resoluciones judiciales que se pronuncien en el procedimiento concursal de liquidación establecido en la ley sólo serán susceptibles de, entre otros recursos, el de apelación, el cual “procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente y deberá interponerse dentro del plazo de cinco días contado desde la notificación de aquélla”, y señale además que “en el caso de resoluciones susceptibles de recurrirse de reposición y de apelación, la segunda deberá interponerse en subsidio de la primera, de acuerdo a las reglas generales”.

El precepto reconoce el derecho al recurso, ajustándose así a las bases de un debido proceso legal, y sólo lo limita respecto de determinadas resoluciones en la medida que a través de esa vía se dilate en forma innecesaria y perjudicial un procedimiento para dar una adecuada y oportuna solución a la controversia judicial.

20°. No existe, por lo demás, un derecho a obtener la revisión judicial por un tribunal superior de todas y cada una de las resoluciones que se dicten en un procedimiento judicial, por lo que los reproches que se formulan en contra del precepto están dirigidos en contra del mérito de la obra del legislador.

21°. Tampoco existe afectación al debido proceso en el caso en particular ya que incluso respecto del incidente planteado por la requirente el tribunal le permitió rendir prueba dentro de una audiencia especial fijada al efecto. No hubo indefensión de la parte, quien pudo alegar en todo el proceso, sin que se haya controvertido la deuda que es el aspecto principal en este procedimiento concursal 22°. Por último, el requerimiento adolece de defectos formales que también conducen a su rechazo porque en él se plantean cuestiones de mera legalidad que son competencia del juez del fondo decidir, en cuanto se relacionan con el ordenamiento legal que ha de aplicarse para resolver los recursos procedentes en contra de la resolución que decidió el incidente de nulidad.

En tal sentido, la requirente señala que “teniendo en especial consideración que la incidencia que ha resuelto el fallo de 24 de junio de 2021, no es de aquellas permitidas por el Legislador Concursal y, por ende, al haber sido substanciada en conformidad a las normas genéricas del Código de Procedimiento Civil, debe aplicarse el sistema recursivo contenido en dicho cuerpo legal” (fs. 15); que “El incidente presentado por esta parte se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal que contempla la doble instancia, como una manifestación del derecho al debido proceso, y en consecuencia, al haberse substanciado en virtud de las normas generales el incidente, corresponde otorgar la posibilidad de que dichos actos sean revisados por el Tribunal de Alzada” (fs. 15°); y, “Que habiéndose aplicado para substanciación del procedimiento incidental las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y no el artículo 5º de la Ley 20.720, corresponde aplicarle el mismo régimen recursivo. Sin embargo, el tribunal de primera instancia ha denegado la apelación deducida por esta parte, en virtud del citado artículo 4 N°2 de la ley concursal” (fs. 21)

agregando que “De esta forma, se entremezclan los procedimientos con el único fin de dejar en indefensión a mi representada, siendo ilegal, infundado, desproporcionado y ha vulnerado así sus derechos al debido proceso y al recurso, consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República” (fs. 21)

Como puede apreciarse, los reproches recién extractados son temas de interpretación legal sin que le quepa a esta Judicatura Constitucional examinarlos ni pronunciarse sobre ellos, por cuanto le corresponde al juez del fondo determinar si deben ser aplicadas las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil o las de la Ley N° 20.720.

23°. Por todo lo anteriormente expuesto, a juicio de estos ministros debió desestimarse el requerimiento de autos.

PREVENCIÓN

El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES concurre a la disidencia sin compartir lo razonado en sus considerandos 20°, 21° y 22°.

Redactó la sentencia el Ministro señor JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, y la disidencia, la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO. La prevención fue redactada por el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 11.421-21-INA

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y por sus Ministros señor IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, señores GONZALO GARCÍA PINO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Los Ministros señores JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN e IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, la Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y el Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO concurren al acuerdo, pero no firman por haber cesado en sus respectivas funciones.

Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

nombre reservado María Angélica Barriga Meza Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fecha: 07-04-2022 Fecha: 07-04-2022