Inaplicabilidad de Precepto Legal · Código de Comercio

1 Santiago, catorce de enero de dos mil nueve.

VISTOS:

Con fecha 2 de junio de 2008, la abogada María José Arancibia Obrador ha formulado una acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del

artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales.

La gestión pendiente se encuentra constituida por un

recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Señala la requirente al respecto

que en abril de 2008 se le notificó su designación para

atender el turno judicial de mayo de ese mismo año en

materia criminal ante la Corte Suprema, Corte Marcial,

Corte de Apelaciones y Juzgados del Crimen Nºs 4°, 10°,

14°, 22°, 32° y 34°. Precisa que, posteriormente, se le

designó como abogado de turno en la causa Rol N° 5505-

2004, ante el 14° Juzgado del Crimen; y luego, en la

causa 1336-2004, ante el 22° Juzgado del Crimen. Expone

que impugnó ambas designaciones mediante la interposición

de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones

de Santiago, alegando tanto la afectación de las

garantías contempladas en el artículo 19 N°s 2, 16 y 20,

de la Carta Fundamental como la ilegalidad de la

designación, pues, en su concepto, en materia criminal el

instituto del abogado de turno se encontraría derogado en

atención a la modificación del artículo 595 del Código

Orgánico de Tribunales y a la derogación del artículo 596

del mismo cuerpo legal que produjo la Ley N° 19.718, de

2001, que elimina las referencias a la expresión “causas

criminales”. Señala que la Corte declaró inadmisible el 2

recurso, por lo que interpuso un recurso de reposición

cuya resolución se encuentra pendiente.

Con fecha 3 de junio de 2008, la Segunda Sala de

esta Magistratura declaró su admisibilidad, suspendiendo

el procedimiento y pasando los antecedentes al Pleno para

su sustanciación.

Con fecha 7 de julio de 2008, el Juez Suplente del

Décimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, señor Raúl Baldomino Díaz, y la Jueza Suplente del Vigésimo Segundo

Juzgado del Crimen de Santiago, señora nombre reservado

nombre reservado, formularon sus observaciones al requerimiento.

Con fecha 9 de julio de 2008 presentó sus

observaciones la Relatora del Pleno de la Corte de Apelaciones, señora nombre reservado.

Con fecha 9 de octubre de 2008, el Ministro señor

Haroldo Brito Cruz formuló sus observaciones al

requerimiento.

I.- FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO.

1. PRESUPUESTO DEL TURNO. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA

INSTITUCIÓN.

Expone la peticionaria que el artículo 595, inciso

primero, del Código Orgánico de Tribunales –única

disposición a la cual se refiere fundadamente en su

presentación- preceptúa: “Corresponde a los jueces de

letras designar cada mes y por turno, entre los no

exentos, un abogado que defienda gratuitamente las

causas civiles y otro que defienda las causas del

trabajo de las personas que hubieren obtenido o debieran

gozar del mencionado privilegio. Con todo, cuando las

necesidades lo requieran, y el número de abogados en 3

ejercicio lo permita, la Corte de Apelaciones respectiva

podrá disponer que los jueces de letras designen dos o

más abogados en cada turno, estableciendo la forma en

que se deban distribuir las causas entre los abogados

designados”.

Indica a continuación que la institución del abogado

de turno sólo podría entenderse a la luz de los

siguientes fundamentos, a saber: primero, que el artículo

19, Nº 3, de la Constitución Política entrega a la ley la

determinación de los medios que permitan otorgar asesoría

y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselas por

sí mismos; por consiguiente, el turno no constituiría

sino la forma de cumplir legislativamente un imperativo

de carácter constitucional; segundo, que conforme a la

doctrina asentada por don nombre reservado, los

abogados son colaboradores de la justicia y desarrollan

una función pública, función en virtud de la cual el

Estado podría imponerles algunas obligaciones especiales,

como es el turno, y, tercero, finalmente, que al ser el

Estado de Chile el que otorga el título de “abogado”, se

crea para el destinatario del acto estatal una situación

jurídica constituida por una serie de derechos y

obligaciones que se compensan entre sí, en la que el

Estado, por ejemplo, otorga el derecho a litigar ante los

tribunales, pero, a su vez, impone deberes, como el de

cumplir con la obligación del turno.

Precisa que no obstante las precedentes

explicaciones, a su entender, ninguno de los supuestos

anteriores guarda conformidad con la Constitución

Política de 1980, por cuanto, en lo tocante al artículo 4

19 Nº 3 y, específicamente, a la asesoría y defensa

jurídica gratuitas, si bien se trata de un derecho de

configuración legal, el legislador se encuentra limitado

para efectuar dicha configuración, pues no puede afectar

la esencia de los derechos resguardada por el artículo

19, Nº 26, de la Constitución, y la institución del turno

infringe el núcleo de diferentes garantías

constitucionales. En relación a la naturaleza jurídica de

la profesión de abogado, ésta no sería una actividad

pública de colaboración con la administración de

justicia, sino una actividad económica privada a la que

debe aplicarse el estatuto general propio de toda

actividad económica, consagrado en el artículo 19, Nº 21,

de la Carta Fundamental y así, por lo demás, lo ha

afirmado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

en sentencia de 19 de febrero de 2002. Por último, en lo

que atañe al rol del título de abogado, indica que su

otorgamiento por el Estado no es más que una

certificación o el reconocimiento estatal de que cierta

persona está habilitada, por sus estudios, para ejercer

la profesión de abogado, y aun cuando se considerara que

el turno constituye una carga pública estatal legalmente

compensada con el otorgamiento del título de abogado, es

constitucionalmente inaceptable que se prive a los

abogados de la legítima contraprestación pecuniaria

correspondiente, amparada bajo la Carta de 1980, que

garantiza a toda persona o entidad el derecho a obtener

un lucro por las actividades económicas que desarrolla.

5 2. DERECHOS CONSTITUCIONALES INFRINGIDOS POR EL ARTÍCULO

595, INCISO PRIMERO, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES.

2.1. Infracción a la igualdad ante las cargas públicas

contemplada en el artículo 19, Nº 20, de la Constitución.

El precepto constitucionalmente reprochado

vulneraría el artículo 19, Nº 20, inciso primero, de la

Constitución, que asegura la igual repartición de las

cargas públicas. A su juicio, este derecho garantiza a

toda persona que cualquier gravamen impuesto por el

Estado -por medio de cargas tributarias, personales o

reales- será razonable y, por tanto, que cumplirá las

categorías propias del juicio discriminatorio no

arbitrario, de tal manera que no pueda imponérseles tan

sólo a algunos un gravamen en beneficio de toda la

comunidad sin percibir compensación a cambio.

Fundamenta el aludido reproche señalando que las

cargas públicas, al generar una obligación económicamente

avaluable para un particular, constituyen un tributo,

esto es, una exacción estatal coercitiva apreciable

pecuniariamente para el cumplimiento de los fines propios

del Estado. Por consiguiente, su verdadero estatuto es el

régimen constitucional tributario contenido en el

artículo 19, Nºs 20, 21 y 22, de la Constitución. Señala

que la consecuencia de ello es que la carga pública debe

ser analizada a partir del juicio discriminatorio no

arbitrario y, efectuado el correspondiente análisis, es

posible concluir que la carga impuesta por el artículo

595 del Código Orgánico de Tribunales es inconstitucional

desde la perspectiva del artículo 19, Nº 20, inciso

primero, de la Constitución.

6 Precisa la requirente que el primer elemento del

juicio discriminatorio no arbitrario, esto es, “que los

individuos a quienes afecte la carga pública se

encuentren relacionados por un vínculo esencial, de tal

forma que configuren una misma categoría de personas”, se

ve infringido, dado que si la intención del legislador es

agrupar a un conjunto de profesionales que ejerzan una

labor de bien social para obligarles a desarrollar una

actividad gratuitamente en favor de la comunidad, los

iguales entonces no serían sólo los abogados sino también

todos los demás profesionales que ejerzan actividades de

estas características, como los médicos o profesores, de

manera que al afectar la norma tan sólo a los abogados,

vulnera entonces el primer criterio de igualdad. En

cuanto al segundo elemento del juicio realizado, a saber,

“que el medio legislativo sea adecuado al fin que se

persigue”, también se vería infringido, pues el instituto

del abogado de turno ha demostrado ser insuficiente para

dar un cumplimiento real y eficaz a la obligación estatal

del artículo 19, Nº 3, inciso tercero, de la

Constitución, y tan insuficiente ha sido, que el

legislador ha debido crear otros mecanismos diversos al

turno para dar un correcto asesoramiento a los pobres.

Finalmente, en relación al tercer elemento, a saber,

“que la intensidad del gravamen impuesto sea

proporcional a la categorización efectuada”, también se

vería incumplido, pues la proporcionalidad obliga a que

mientras más intensa es la carga, más amplio sea el

número de afectados, en circunstancias que la carga de 7

trabajar gratis para el Estado sólo se reduce a los

abogados, un grupo específico de profesionales.

Concluye la peticionaria, de todo lo anterior, que

la carga impuesta por el artículo 595 del Código Orgánico

de Tribunales es inconstitucional desde la perspectiva

del artículo 19, Nº 20, de la Constitución Política, por

cuanto no respeta el vínculo esencial entre iguales y es

desproporcionada, tanto en relación con su finalidad como

en la intensidad del gravamen impuesto.

2.2. Infracción a la igualdad ante la ley consagrada en

el artículo 19, Nº 2, de la Constitución.

La actora señala que las demás cargas, esto es, el

servicio militar y los vocales en los procesos

eleccionarios se encuentran actualmente remuneradas por

el Estado, en tanto los abogados de acuerdo al artículo

595 del Código Orgánico de Tribunales están forzados a

prestar sus servicios en forma gratuita, por lo que se

vulnera la igualdad ante la ley.

A mayor abundamiento, la requirente agrega un

segundo razonamiento por el cual se vería infringida la

igualdad ante la ley. Expone que en diversos

pronunciamientos referidos a cargas reales, y denominados

doctrinariamente como casos “Galletué” (1984); “Maullín”

(2004) y “Lolco” (2004), los Tribunales Superiores de

Justicia han aplicado una misma filosofía, a saber, “la

inconstitucionalidad de gravar intensamente a unos pocos

en beneficio de la comunidad sin una compensación o

contraprestación económica”. Precisa, al respecto, que la

aludida filosofía es plenamente aplicable a las cargas

personales, como lo es el instituto del abogado de turno, 8

ya que éstas sólo difieren de las cargas reales en su

objeto y no en su naturaleza, pues también imponen un

gravamen en beneficio de la comunidad toda. Como

conclusión de los razonamientos anteriores, indica que si

el gravamen del turno afecta a unos pocos, como los

abogados, entonces el Estado se encuentra

constitucionalmente obligado a indemnizar a los gravados,

de tal forma que el afectado resulte indemne. Dado que

los abogados son obligados por el Estado a prestar un

servicio a la comunidad sin obtener compensación alguna,

el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales impone

una carga discriminatoria, arbitraria y, por ende,

inconstitucional.

2.3. Infracción al derecho a desarrollar actividades

económicas, contemplado en el artículo 19, Nº 21, de la

Constitución.

Fundamentando la infracción al artículo 19, Nº 21,

de la Constitución, que garantiza el derecho a

desarrollar actividades económicas, reitera la actora que

la profesión de abogado no constituye una función pública

sino la realización de una actividad económica,

precisando que dicha calificación se produce desde el

momento en que los abogados ofrecen un servicio al

mercado, reciben una contraprestación por dicho servicio

y asumen personalmente el riesgo por las contingencias

del encargo.

Indica que, por este motivo, corresponde aplicar al

ejercicio de la profesión de abogado el estatuto

constitucional del artículo 19, Nº 21, de la Ley

Fundamental. Este se encuentra configurado tanto por la 9

plena libertad para desarrollar la actividad -en razón de

la cual nadie puede ser obligado compulsivamente a

prestar sus servicios sin una correspondiente

contraprestación- como por las causales taxativas que

establece la Constitución para prohibir una actividad y,

finalmente, por la obligación que impone al legislador el

artículo 19, Nº 26, de la Ley Fundamental, en el sentido

de no afectar mediante la regulación la esencia del

derecho.

Alega que la violación del derecho se produciría

puesto que el artículo 595 del Código Orgánico de

Tribunales vulnera uno de los elementos esenciales del

derecho a desarrollar actividades económicas, al obligar

– bajo sanción estatal – a los abogados, a prestar

servicios gratuitamente, privándoles del lucro o

beneficio pecuniario que es connatural a toda actividad

económica.

2.4. Infracción al derecho a desarrollar libremente un

trabajo, reconocido en el artículo 19, Nº 16, de la

Constitución.

La requirente expone que el trabajo constituye una

actividad económica desde el momento que importa la

prestación de un servicio físico o intelectual a cambio

de una remuneración, por lo que se ve subsumido en la

libertad para desarrollar actividades económicas

consagrada en el artículo 19, N° 21, de la Constitución

Política, que implica que nadie sea forzado a efectuarlas

sin su consentimiento expreso. Esto último se encontraría

recogido en el inciso segundo del artículo 19, Nº 16, de

la Carta Fundamental. Precisa que la norma impugnada 10

implica la práctica forzada de un trabajo o actividad

económica, sin retribución alguna por parte del

beneficiario, el Estado, por lo que vulnera conjuntamente

el artículo 19, Nºs 16 y 21, de la Constitución.

II.- OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO DE AUTOS.

Formulando sus observaciones, el Juez Suplente del

Decimocuarto Juzgado del Crimen de Santiago, precisa que

la requirente no presentó solicitud para no dar

cumplimiento a su designación como abogado de turno en la

causa Rol Nº 5505-2004.

En cuanto al fundamento de la institución del

abogado de turno, señala que éste se encuentra en que la

función de servir gratuitamente a los pobres puede ser

una verdadera contribución de servicios, lo que es

necesario para hacer efectiva la tuición que la ley

impone a los jueces en favor de los más desvalidos para

que sean defendidos igualmente por los abogados.

En lo que se refiere a los derechos fundamentales

supuestamente infringidos, expone lo siguiente: respecto

a la igualdad ante la ley, siguiendo el concepto de

igualdad plasmado en la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, quienes se encontrarían en una misma

situación no son todos los ciudadanos en todas las

situaciones de la vida, sino que son los abogados, por lo

que la norma impugnada no contraviene la Carta

Fundamental. Agrega que la designación de abogado para la

defensa de los pobres no afecta la igualdad ante la ley,

porque se trata del deber que se impone a los abogados,

constituyéndose en un honor o labor filantrópica para

quienes se les otorga el monopolio de la defensa judicial 11

en el contexto de una verdadera función pública de

colaboradores de la administración de justicia, con la

circunstancia adicional de que el título de abogado es

otorgado por la Corte Suprema.

Respecto a la igualdad ante las cargas públicas

señala que la designación de la requirente como abogado

de turno es una carga de tipo personal hecha mediante un

procedimiento público y transparente, cuestión que afecta

a todos los abogados, por lo que no se vulneraría el

derecho constitucional en comento. Agrega que el trabajo

de los abogados es el único medio para cumplir con el

objetivo constitucional de la igualdad ante la justicia y

el derecho a la defensa jurídica y que, por lo anterior,

el Constituyente establece que a través de una ley se

regularán los mecanismos para cumplir con el mandato y

hacer efectiva la garantía constitucional referida, de

modo de otorgar asesoramiento y defensa jurídica a

quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Concluye

que si bien es el Estado el receptor primario de la orden

constitucional, ello no es óbice para que quienes cumplan

efectivamente la función sean particulares, pues otro

tema muy distinto es el relativo a cuáles serán los

deberes, obligaciones y derechos que generará la relación

jurídica entre el Estado y aquellos a quienes se les ha

encomendado llevar a la práctica el mandato judicial. La

requirente confundiría la obligación de cumplir una carga

personal con el debido derecho a remuneración, derecho

que sin duda debe ser respetado por el Estado, tal como

lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Finalmente, en

cuanto a este capítulo de inaplicabilidad, señala el juez 12

que la modificación al sistema procesal penal que incluye

el establecimiento de la Defensoría Penal Pública, no

altera el mandato constitucional de otorgar asesoramiento

jurídico en las causas bajo el sistema antiguo.

En cuanto a la libertad para desarrollar toda clase

de actividades económicas, expone que, dado que la

inclusión de un abogado en la lista de turno demora años

en repetir un nombre, no se ve cómo podría ser afectado

el desarrollo de una actividad económica y que, por lo

demás, la interposición de todas las acciones en contra

de su designación le han significado a la requirente más

tiempo y trabajo que haber cumplido con su carga. Agrega

que los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de

Tribunales cumplen con el mandato constitucional que el

artículo 19, N° 21, de la Constitución impone al

legislador, a saber, de regular la forma en que la

intervención del Estado es necesaria, en este caso, por

motivos de orden público, pues el acceso a la defensa

jurídica lo es, ya que no se puede permitir que ningún

habitante de la República quede sin defensa jurídica.

Finalmente, en relación a la libertad económica y de

contratación, argumenta que la designación como abogado

de turno no afecta estas garantías, ya que la requirente

libremente eligió estudiar Derecho para desarrollar la

actividad económica de abogado, por lo que al recibir el

titulo profesional de la Corte Suprema juró desempeñar

fielmente la profesión y resulta que tal desempeño trae

aparejado el prestar servicios gratuitos de defensa

jurídica a los pobres. El título de abogado es otorgado 13

por la Corte Suprema porque tiene un sentido social de

compromiso con la justicia y con el orden público.

Por su parte, la Juez Suplente del Vigésimo Segundo

Juzgado del Crimen de Santiago señala en sus

observaciones que la requirente no cumplió con el trámite

de contestación a la acusación y adhesión, que implicaba

su designación como abogado de turno, motivo por el cual

se ordenó que los antecedentes del caso fueran remitidos

a la Corporación de Asistencia Judicial para que el

procesado no quedara en indefensión.

Indica que si bien el artículo 595 del Código

Orgánico de Tribunales ya no alude a las “causas

criminales”, el instituto del abogado de turno se

encuentra vigente en relación a los tribunales del crimen

antiguos, pues se hace necesario contar con dicha

institución. Agrega que preceptos como el artículo 278

del Código de Procedimiento Penal, que no fueron

derogados por la Ley Nº 19.718, se remiten al Código

Orgánico de Tribunales para la designación del abogado de

turno y, si la gratuidad también es punto de debate, la

misma disposición se encarga de regular que deberá ser un

servicio remunerado, a menos que el patrocinado goce de

beneficio de pobreza. Añade que si bien puede existir una

desigualdad en la imposición de la carga de abogado de

turno para los profesionales de la abogacía,

específicamente por la gratuidad que lleva consigo, ello

resulta legítimo para aquellos que carecen de recursos,

para poder alcanzar uno de los derechos más apreciados en

nuestra sociedad y que es la igualdad en el acceso a la

justicia.

14 En respuesta al requerimiento, la Relatora del Pleno

de la Corte de Apelaciones señala que no obstante la

modificación sufrida por el artículo 595 del Código

Orgánico de Tribunales, se ha mantenido la designación

del abogado de turno en lo criminal por encontrarse

subsistentes numerosas causas del antiguo sistema, cuyos

usuarios deben ser atendidos justamente por mandato

legal, existiendo normas, como el artículo 278 del Código

de Procedimiento Penal, que no ha sido derogadas por la

Ley Nº 19.178 y que se remiten a disposiciones del Código

Orgánico de Tribunales para la designación de los

abogados de turno y la gratuidad correspondiente.

Evacuando sus observaciones al requerimiento, el ex

Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y

actual Ministro de la Corte Suprema, señor Haroldo Brito Cruz, precisa que la designación como abogado de turno de

la requirente de autos fue llevada a cabo a efectos de

proporcionar asistencia jurídica en juicio a personas que

no están en situación de acceder a ella a su costa.

En cuanto a las infracciones constitucionales

denunciadas por la actora, expone que el precepto

reprochado desarrolla el derecho a la defensa jurídica en

la forma que la ley señale, prevista en el numeral 3º,

inciso segundo, del artículo 19 de la Constitución

Política, esto es, como regla general con patrocinio de

abogado, y cumple el mandato del constituyente en el

sentido que la ley –que se cuestiona- “arbitrará los

medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a

quienes no puedan procurárselos por sí mismos”, cual ha

sido el fundamento de la designación de abogado de turno 15

de que se trata. Precisa que, además, ha de tenerse en

consideración que entre los presupuestos mínimos que se

entiende que comprende la garantía del debido proceso

legal se encuentra la del derecho de defensa.

Se ordenó traer los autos en relación y con fecha

11 de diciembre de 2008 se procedió a la vista de la

causa, oyéndose el alegato de la abogada María José Arancibia Obrador.

CONSIDERANDO:

I. LOS VICIOS DE INAPLICABILIDAD POR

INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS.

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6,

de la Constitución Política de la República dispone que

es atribución del Tribunal Constitucional “resolver, por

la mayoría de sus miembros en ejercicio, la

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario

o especial, resulte contraria a la Constitución”;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa

en su inciso decimoprimero que, en este caso, “la

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las

partes o por el juez que conoce del asunto” y agrega que

“corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal

declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la

cuestión siempre que verifique la existencia de una

gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial,

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda

resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los

demás requisitos que establezca la ley”;

16 TERCERO: Que, de este modo, para que prospere la

acción de inaplicabilidad es necesario que concurran los

siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia

de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o

especial; b) que la solicitud sea formulada por una de

las partes o por el juez que conoce del asunto; c) que la

aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar

decisiva en la resolución de un asunto y sea contraria a

la Constitución Política de la República; d) que la

impugnación esté fundada razonablemente, y e) que se

cumplan los demás requisitos legales;

CUARTO: Que, en relación al primer requisito, en el

caso de autos se solicita la inaplicabilidad de un

precepto legal en la gestión judicial constituida por el

recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago y dirigido en contra de las

resoluciones por las que se habría designado a la

requirente como abogado de turno, en autos caratulados

“nombre reservado, nombre reservado, con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Baldomino Díaz, Raúl, y

nombre reservado, nombre reservado”, Rol Nº 3038-2008,

declarado inadmisible y respecto del cual se solicitó

reposición, por lo que existe gestión pendiente que se

sigue ante un tribunal ordinario o especial;

QUINTO: Que la inaplicabilidad es formulada

precisamente por la misma recurrente de protección, que

ha accionado en contra de diversos decretos

administrativos dictados por tribunales de justicia, en

los que se le ha designado como abogado de turno en

ciertas causas de carácter criminal, por lo que la 17

requirente tiene la calidad de parte en la gestión

referida en el considerando anterior;

SEXTO: Que, en el caso de autos, se impugna

específicamente el inciso primero del artículo 595 del

Código Orgánico de Tribunales, por la eventual

contradicción que su aplicación produciría respecto del

artículo 19, números 2, 16, 20 y 21, de la Constitución

Política de la República, en la gestión pendiente

descrita en el considerando cuarto. Cabe hacer presente

que si bien la peticionaria alude en su presentación a la

impugnación de otros cinco preceptos legales, la

argumentación se encuentra circunscrita exclusivamente al

inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de

Tribunales, tal como se desprende del cuerpo del escrito

y de su petitorio;

SÉPTIMO: Que el precepto reprochado reza de la

manera que sigue:

“Corresponde a los jueces de letras designar cada

mes y por turno, entre los no exentos, un abogado que

defienda gratuitamente las causas civiles y otro que

defienda las causas del trabajo de las personas que

hubieren obtenido o debieran gozar del mencionado

privilegio. Con todo, cuando las necesidades lo

requieran, y el número de abogados en ejercicio lo

permita, la Corte de Apelaciones respectiva podrá

disponer que los jueces de letras designen dos o más

abogados en cada turno, estableciendo la forma en que se

deban distribuir las causas entre los abogados

designados.”;

18 OCTAVO: Que, así las cosas, la impugnación se dirige

a sostener la contravención que implicaría la aplicación

del precepto legal impugnado, en el caso concreto, en

relación a diversos derechos fundamentales que resguarda

la Carta Política, esencialmente la igualdad ante la ley,

la igualdad ante las cargas públicas y la libertad de

trabajo;

NOVENO: Que dicho precepto legal resulta fundamental

en la resolución del asunto judicial que se encuentra

pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo

anterior, habida consideración de que precisamente lo que

se cuestiona como contrario a la Constitución Política de

la República es la circunstancia de haber sido designada

la recurrente de estos autos como abogado de turno

gratuito, designación que se fundamenta en la disposición

legal que se impugna;

DÉCIMO: Que, tal como lo ha señalado este Tribunal

en diversas resoluciones, la circunstancia de que la

disposición legal que se objeta sea anterior a la entrada

en vigencia de la Carta Fundamental no es óbice para el

conocimiento y resolución de la acción de inaplicabilidad

(Rol Nº 472);

DECIMOPRIMERO: Que de lo dicho se desprende que en

la especie han concurrido todas las exigencias y

requisitos constitucionales y legales para que este

Tribunal se pronuncie sobre el problema de fondo

planteado por la requirente. La impugnación está fundada

razonablemente, en términos idénticos por lo demás a la

presentación que motivó la sentencia Rol Nº 755/2008, lo

que se constata de su simple lectura –párrafo por 19

párrafo- y de la circunstancia que no se hace referencia

alguna al fallo aludido. Así, corresponde analizar, en

esta fase, los razonamientos jurídicos de las partes y la

veracidad de las infracciones constitucionales

denunciadas respecto del precepto legal aplicable a la

referida gestión judicial;

II. ANTECEDENTES DEL ABOGADO DE TURNO, INSTITUTO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 595 DEL CÓDIGO ORGÁNICO

DE TRIBUNALES.

DECIMOSEGUNDO: Que, conforme a lo consignado

latamente en sentencia Rol Nº 755, de 31 de marzo de

2008, respecto a la historia del turno gratuito de los

abogados, es posible apreciar que aquella carga tiene

antecedentes históricos en el derecho español medieval -e

incluso romano- y de allí se consagró en normas internas

en la República -a partir de 1837- y, especialmente, en

la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales

de 1875, trasladándose luego, en términos similares, al

Código Orgánico de Tribunales de 1943, habiendo a la

fecha sufrido sólo modificaciones de carácter formal. Se

trata del deber que se impone a los abogados de atender

gratuitamente a los pobres, lo que constituye un honor o

labor filantrópica de los abogados, a quienes se les

otorga el monopolio de la defensa judicial en el contexto

de una verdadera función de colaboradores de la

administración de justicia y que, además, se enmarca en

la particular circunstancia de que el título de abogado

es otorgado por la Corte Suprema;

DECIMOTERCERO: Que, aunque es una cuestión de

mérito, ciertamente no es posible soslayar que se trata 20

de una institución sometida a críticas por diversos

especialistas en el siglo XX. En la década de los

noventa, el procesalista nombre reservado, con motivo del

proyecto de ley que creaba el Servicio Nacional de

Asistencia Jurídica, lamentaba que la iniciativa no

considerara todas las formas de asistencia jurídica

existentes en el país y, especialmente, el turno,

haciendo presente que la referida institución “está

actualmente mal concebida, pues, a su juicio, el turno

no debería hacerse al comienzo de la carrera, sino

posteriormente, cuando los abogados se encuentren en una

etapa de su carrera profesional en que dispongan de

experiencia y otros recursos, lo que les permitiría

contribuir más eficazmente a la defensa jurídica de los

pobres” (Boletín Nº 861-07). En todo caso, como se

analizará más adelante, el turno gratuito de los abogados

constituye una institución excepcional y supletoria,

desde que sólo resulta procedente frente a la

imposibilidad efectiva de que la asistencia y defensa

jurídica gratuita que le corresponde al Estado –a través

de las modalidades que el legislador establezca- sea

prestada adecuadamente por instituciones públicas o

privadas organizadas al efecto;

III. EL TURNO GRATUITO DE LOS ABOGADOS Y SU EVENTUAL

INFRACCIÓN A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE LAS

CARGAS PÚBLICAS.

DECIMOCUARTO: Que, en primer lugar, se afirma por la

actora que el precepto legal contenido en el artículo 595

del Código Orgánico de Tribunales infringiría el artículo

19, Nºs 2 y 20, de la Constitución Política de la 21

República, que reconoce y resguarda la igualdad ante la

ley y ante las cargas públicas, respectivamente;

DECIMOQUINTO: Que la igualdad ante la ley se vería

afectada, en opinión de la peticionaria, habida

consideración de la situación de desigualdad en que se

encontrarían los abogados de turno respecto de otras

cargas públicas, como lo son el servicio militar y el

actuar como vocal de mesa en un proceso electoral, las

que incluso se remuneran actualmente por el Fisco. Agrega

la requirente, para confirmar lo anterior, la cita de

diversas decisiones jurisprudenciales que han establecido

el derecho a ser indemnizado frente a situaciones de

cargas o limitaciones de derechos fundamentales. A su

vez, la eventual infracción a la igualdad ante las cargas

públicas se produciría como consecuencia de que los

gravámenes impuestos por el Estado deben ser razonables,

aplicándoseles las categorías propias del juicio

discriminatorio no arbitrario. Así, en primer lugar, debe

tratarse de una misma categoría de personas, lo que no se

percibe respecto del precepto legal impugnado, dado que

los iguales deberían ser los profesionales en general. En

segundo lugar, se afirma por la peticionaria que el medio

previsto por la ley no sería adecuado al fin que se

persigue, dado que la institución habría demostrado ser

insuficiente para satisfacer la obligación estatal a que

alude el artículo 19, Nº 3, de la Carta Fundamental,

cuestión que quedaría demostrada con la creación de la

Defensoría Penal Pública. Por último, se alega que

también infringiría el criterio de proporcionalidad, 22

puesto que la carga sólo se reduce a un grupo específico

de profesionales, como son los abogados;

DECIMOSEXTO: Que, por su parte, tal como se ha

señalado en la parte expositiva de esta sentencia, en las

observaciones al requerimiento se sostiene que la

disposición impugnada no atenta contra el derecho a la

igualdad ante la ley, pues quienes se encuentran en una

misma situación son todos los abogados y porque la

designación como abogado de turno constituye un deber

para quienes tienen el monopolio de la defensa judicial,

en el contexto de una verdadera función pública de

colaboradores de la administración de justicia. A su vez,

se argumenta que no existe infracción al derecho a la

igual repartición de las cargas públicas, atendido que la

designación como abogado de turno se realiza mediante un

procedimiento transparente y público que afecta a todos

los abogados, cuyo trabajo es el único medio para cumplir

con el objetivo constitucional de igualdad ante la

justicia y con el derecho a la defensa jurídica. A mayor

abundamiento, se precisa que si bien el Estado es el

receptor primario de la orden constitucional establecida

en el artículo 19, Nº 3, inciso tercero, de la

Constitución Política, ello no es óbice para que quienes

cumplan efectivamente la función sean particulares, pues

constituye otro tema el conjunto de derechos y deberes

que genera la obligación jurídica entre el Estado y el

abogado de turno, el que, si bien debe cumplir una carga

personal, tiene derecho a una remuneración;

DECIMOSÉPTIMO: Que, para resolver la controversia

planteada ante esta Magistratura, es menester, en primer 23

lugar, analizar la configuración jurídica constitucional

del derecho a la igualdad ante la ley;

DECIMOCTAVO: Que la igualdad ante la ley se

encuentra asegurada en el artículo 19, Nº 2º, de la

Constitución Política de la República, conforme al cual

se asegura a todas las personas:

“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona

ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el

que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres

son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer

diferencias arbitrarias”;

DECIMONOVENO: Que este Tribunal, en diversos

pronunciamientos, entendió que la igualdad ante la ley

“consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales

para todas las personas que se encuentren en las mismas

circunstancias y, consecuencialmente, diversas para

aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No

se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta

sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a

las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad

supone, por lo tanto, la distinción razonable entre

quienes no se encuentren en la misma condición”. Así, se

ha concluido que “la razonabilidad es el cartabón o

standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la

medida de igualdad o la desigualdad”. (Sentencias roles

Nºs 28, 53 y 219). Un análisis de la disposición legal

que se impugna a la luz de dicha primitiva concepción de

la igualdad, podría suponer que no contravendría la Carta

Fundamental, desde el momento en que quienes se 24

encuentran en la misma situación serían todos los

abogados a quienes se les puede imponer –eventualmente y

bajo ciertos supuestos- la carga personal de defender

gratuitamente a los pobres. No obstante y por el

contrario, un estudio comparativo con las demás

profesiones liberales haría merecedora de reproche a la

norma, habida cuenta de que el turno gratuito sólo se

exige respecto de los abogados y no así en relación a

otras profesiones que cumplen una función social como la

medicina, arquitectura o pedagogía, vinculadas a bienes

jurídicos tan o más relevantes como son la vida, la

salud, la vivienda y la educación, respectivamente. Esto

último ha llevado a un autor a sostener que “si todas

las profesiones tuvieran la carga pública de ejercer la

profesión a favor de los sectores de escasos recursos

por cierto plazo y en forma gratuita, dicha carga

estaría igualmente repartida y no podría alegarse que es

arbitraria e ilegal, no podría objetarse su

constitucionalidad” (nombre reservado,

Corporaciones de Asistencia Judicial y Abogados de Turno:

¿incumplimiento de una garantía constitucional?, Revista

Chilena de Derecho 27, 2000, p. 730);

VIGÉSIMO: Que, como lo ha precisado esta

Magistratura, “la garantía jurídica de la igualdad

supone, entonces, la diferenciación razonable entre

quienes no se encuentren en la misma condición; pues no

se impide que la legislación contemple en forma distinta

situaciones diferentes, siempre que la discriminación no

sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad

contra determinada persona o grupo de personas, o 25

importe indebido favor o privilegio personal o de grupo,

debiendo quedar suficientemente claro que el legislador,

en ejercicio de sus potestades, puede establecer

regímenes especiales, diferenciados y desiguales,

siempre que ello no revista el carácter de arbitrario”

(Rol Nº 986/2008). En palabras del Tribunal

Constitucional español, “no toda desigualdad de trato

resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella

que se funda en una diferencia de supuestos de hecho

injustificados de acuerdo con criterios o juicios de

valor generalmente aceptados” (STC 128/1987). De esta

forma, un primer test para determinar si un enunciado

normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su

fundamentación o razonabilidad y la circunstancia de que

se aplique a todas las personas que se encuentran en la

misma situación prevista por el legislador;

VIGESIMOPRIMERO: Que, además, no puede desatenderse

el hecho de que el título de abogado es el único que no

es otorgado por las propias universidades sino por la

Corte Suprema, en atención a la calidad que aquellos

ostentan de colaboradores de la administración de

justicia, lo que le otorga una particularidad a esta

profesión. En efecto, el artículo 521 del Código Orgánico

de Tribunales indica que el título de abogado es otorgado

“en audiencia pública por la Corte Suprema reunida en

tribunal pleno”, previa comprobación y declaración de que

el candidato reúne los requisitos establecidos en la ley.

En la aludida audiencia, el postulante debe prestar

juramento de “desempeñar leal y honradamente la

profesión”, luego de lo cual el presidente del tribunal 26

lo declarará “legalmente investido del título de

abogado”, entregándosele al efecto el diploma que

acredita su calidad de tal, conforme a lo dispuesto en el

artículo 522 del mismo Código Orgánico de Tribunales;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, del mismo modo, además de la

atención de las necesidades sociales o la satisfacción de

los requerimientos básicos de la población,

característica común a varias profesiones, en la especie,

el trabajo de los abogados es el único medio para cumplir

el objetivo constitucional de la igualdad ante la

justicia y el derecho a la defensa jurídica, bien

jurídico tutelado por la Carta Fundamental;

VIGESIMOTERCERO: Que, en efecto, es del caso tener

presente que el artículo 19, Nº 3º, de la Carta

Fundamental asegura a todas las personas “la igual

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”,

agregándose que “toda persona tiene derecho a defensa

jurídica en la forma que la ley señale y ninguna

autoridad o individuo podrá impedir, restringir o

perturbar la debida intervención del letrado si hubiere

sido requerida”. A su vez, el inciso tercero establece

que “la ley arbitrará los medios para otorgar

asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan

procurárselos por sí mismos”;

VIGESIMOCUARTO: Que al encomendar a la ley el

arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa

jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos,

el constituyente tuvo en consideración el que una materia

tan relevante no fuera alterada por vía administrativa u

otro mecanismo (sesión Nº 100 de la Comisión de Estudio 27

de la Nueva Constitución, página 5). De este modo, “la

norma en análisis pretende asegurar que, en el hecho,

las personas que lo requieran, puedan siempre ejercer el

derecho al asesoramiento y a la defensa jurídica, para

lo cual el constituyente encarga al legislador el

suministro de los medios necesarios para que quienes,

por cualquier motivo, no pueden acceder a dicha

asistencia, ésta, no obstante, les sea otorgada”

(nombre reservado, Tratado de Derecho

Constitucional, Tomo XI, p. 152);

VIGESIMOQUINTO: Que, como puede apreciarse, así como

se consagra el derecho a la asistencia jurídica, le

corresponde al Estado –a través del legislador-

establecer medios efectivos que permitan una adecuada

defensa de aquellas personas que carezcan de bienes

suficientes para litigar. En tal sentido, la Ley Nº

19.718, de 10 de marzo de 2001, estableció en materia

criminal la Defensoría Penal Pública, de modo tal que

esta defensa se efectúa a través de una institución

estatal, por sí misma o vía licitación a privados a

quienes, obviamente, se remunera por sus servicios

profesionales en conformidad a las bases respectivas. Por

su lado, décadas antes, en el ámbito civil –bajo la

estructura de la Corporación de Asistencia Judicial- la

legislación estableció una práctica profesional, en

virtud de la cual se obliga a todo egresado de Derecho a

atender gratuitamente a aquellas personas que sean

beneficiarias del denominado privilegio de pobreza. Dicha

entidad también tiene a su cargo la defensa de asuntos de 28

familia y laborales, proceso este último recientemente

modificado;

VIGESIMOSEXTO: Que, así las cosas, la institución

del abogado de turno sólo subsiste en la actualidad,

subsidiariamente, frente a la inexistencia de otra forma

de asesoría institucional, pública o privada, lo que da

cuenta de su carácter excepcionalísimo;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que lo anterior, por lo demás, se

enmarca en los principios de servicialidad y

subsidiariedad del Estado que reconoce el artículo 1º de

nuestra Carta Fundamental, al precisar que el Estado se

encuentra al servicio de la persona humana y su finalidad

es promover el bien común, y que debe reconocer y amparar

a los grupos intermedios a través de los cuales se

organiza y estructura la sociedad;

VIGESIMOCTAVO: Que, por otro lado, como lo señaló

recientemente esta Magistratura en los autos Rol Nº 790-

2007, el examen de la jurisprudencia de diversos

Tribunales Constitucionales, como el español y el alemán,

da cuenta de que no basta con que la justificación de las

diferencias sea razonable sino que además debe ser

objetiva. De este modo, si bien el legislador puede

establecer criterios que permitan situaciones fácticas

que requieran de un tratamiento diverso, ello siempre

debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos

que lo justifiquen, sin que, por tanto, quede

completamente entregado el establecimiento al libre

arbitrio del legislador;

VIGESIMONOVENO: Que, en el caso de autos, el fin que

justifica la norma es la satisfacción adecuada del 29

derecho de acceso a la justicia que toda persona tiene,

la que debe ser atendida por el legislador, quien debe

prever los mecanismos que den cumplimiento efectivo a

dicho derecho esencial, incluido excepcionalmente el

turno de los abogados, lo que, por lo demás, se ve

confirmado por la circunstancia de que el título de

abogado sigue siendo otorgado a la fecha por la Corte Suprema de Justicia;

TRIGÉSIMO: Que para poder determinar si se infringe

la igualdad ante la ley, es necesario atender además a la

finalidad perseguida por el legislador para intervenir el

derecho fundamental de que se trata, la que debe ser

adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de

la misma, como lo ha puntualizado la doctrina autorizada

(nombre reservado. De la arbitrariedad del

legislador. Una crítica de la jurisprudencia

constitucional. Editorial Civitas, Madrid, 1988, pp. 34 y

42);

TRIGESIMOPRIMERO: Que, precisamente en este sentido,

el Tribunal Constitucional de España ha señalado,

específicamente, que “para que la diferenciación resulte

constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin

que con ella se persigue, sino que es indispensable

además que las consecuencias jurídicas que resultan de

tal distorsión sean adecuadas y proporcionadas a dicho

fin, de manera que la relación entre la medida adoptada,

el resultado que produce y el fin pretendido por el

legislador supere un juicio de proporcionalidad en sede

constitucional, evitando resultados especialmente

gravosos o desmedidos”. (Sentencias 76/1990 y 253/2004).

30 En otras palabras, como también lo ha señalado esta

Magistratura (Rol Nº 790), la igualdad ante la ley supone

analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines

objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo,

resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de

la distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la

proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones

fácticas, la finalidad de la ley y los derechos

afectados;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que la imposición de la obligación

de defender a determinadas personas de escasos recursos

constituye un fin razonable, pero el medio utilizado por

el legislador –la gratuidad- puede transformarse en

gravoso si se piensa que el abogado deberá dedicarse sin

contraprestación pecuniaria alguna a atender asuntos en

desmedro de aquellos que ha asumido libremente, lo que

puede tornarse en una situación imposible de sostener, y

aun de ejecutar satisfactoriamente, más todavía si se

piensa que la obligación se mantendrá hasta el término

efectivo del juicio, lo que puede importar un largo

período de tramitación. Como se aprecia, para cumplir con

el mandato constitucional de dar asistencia legal a

quienes no puedan procurársela por sí mismos, el

legislador puede emplear el medio –por cierto excepcional

y supletorio- de obligar a los abogados a desempeñar esta

tarea, pero ello no autoriza la circunstancia de que no

se remunere dicha labor profesional. Así, tal carga de

gratuidad no aparece como un medio necesario ni se

justifica para alcanzar el fin constitucional perseguido;

31 TRIGESIMOTERCERO: Que, para apreciar lo anterior,

parece también relevante efectuar una breve referencia a

la situación existente en el derecho comparado,

particularmente en el derecho español, si se tienen en

consideración los antecedentes históricos de esta

institución, de los que se da cuenta en el capítulo II

del presente fallo y más latamente en los autos Rol Nº

755 de 2008;

TRIGESIMOCUARTO: Que sobre el punto cabe tener

presente que en Europa, en países tales como España,

Italia o Francia, se dejó en poder de los abogados la

representación y defensa en juicio de los litigantes de

escasos recursos, bajo el supuesto de que se trataba de

una “obligación honorífica”. Sin embargo, el

reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la

asistencia jurídica gratuita ha supuesto un cambio en la

concepción del sistema, dado que “a partir de ese

momento es el Estado el que debe asumir la

responsabilidad de garantizar las condiciones objetivas

para que sea efectivo ese reconocimiento, sin que sea

suficiente confiar en la solidaridad o caridad de los

miembros de la abogacía para que asuman de forma

gratuita la defensa de las personas de menos recursos”

(nombre reservado y Virgine Loiseau, La asistencia

jurídica gratuita en la legislación de Chile, Alemania,

España, Francia, Italia y Suecia, Biblioteca del Congreso

Nacional de Chile, 2004, página 36). Un claro ejemplo de

ello lo constituye el estado de la cuestión en España,

país en que el acceso gratuito a la justicia se encuentra

consagrado en el artículo 119 de la Carta Fundamental, de 32

forma tal que la defensa gratuita de las personas de

escasos recursos deja de conceptualizarse como una labor

altruista u honorífica de los abogados y pasa a ser un

derecho de carácter social, que impone una obligación al

Estado para su adecuado aseguramiento. Por lo demás, y

confirmando lo anterior, ya en 1974 se comenzó a

remunerar a los abogados de turno y en 1996 se dictó una

ley que regula especialmente la materia. Por su parte,

debe recordarse que un sistema similar se aprecia en

otros países de Europa continental. Así, en Alemania, en

1919 se reconoció el derecho de los abogados de solicitar

al Estado el debido reembolso de los gastos ocasionados

como consecuencia de la asistencia jurídica gratuita y en

1923 se les autorizó para demandar una remuneración. En

Italia también existe un sistema de asistencia estatal

para la defensa del ciudadano sin recursos económicos

suficientes, siendo de cargo del Estado los honorarios

profesionales de los abogados y sus gastos. A mayor

abundamiento, debe tenerse presente que el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 23 de

noviembre de 1983, en el denominado caso Van der Mussele,

estableció como un deber del Estado, a través de la

hacienda pública, indemnizar a los abogados designados

para asistir en los casos de justicia gratuita;

TRIGESIMOQUINTO: Que, de este modo, la asistencia

jurídica gratuita se ha transformado en un derecho

fundamental para los justiciables, debiendo el Estado

satisfacer sus requerimientos a través de diversos

mecanismos legales, entre los cuales puede incluirse la

carga del turno que se impone a los abogados, de manera 33

subsidiaria y excepcional, la que ciertamente debe ser

remunerada, como se analizará;

TRIGESIMOSEXTO: Que, como puede apreciarse, el fin

perseguido por el legislador de dar asistencia jurídica

gratuita no sólo resulta constitucionalmente lícito sino

también debido. Por su parte, el instrumento, consistente

en imponer una carga, es idóneo para cumplir dichos

fines. Sin embargo, si se impone gratuitamente, se

transforma en medio desproporcionadamente gravoso, desde

el momento que el fin perseguido no exige ni impone que

el abogado deba desempeñarse sin retribución alguna. Y

ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en

los abogados. El Estado, entonces, puede satisfacerla

transfiriéndola a los abogados (bajo el sistema de

defensorías e incluso del turno, como en la especie),

pero no es necesario ni lícito desde un punto de vista

constitucional que se les imponga sin retribución, tal

como lo señala el inciso primero del artículo 595 del

Código Orgánico de Tribunales;

TRIGESIMOSÉPTIMO: Que, como se ha consignado en el

considerando decimocuarto de esta sentencia, la

requirente señala que la aplicación del precepto

impugnado también vulneraría el artículo 19, Nº 20º, de

la Constitución Política de la República, que resguarda

“la igual repartición de las demás cargas públicas”;

TRIGESIMOCTAVO: Que las “cargas públicas” han sido

entendidas como “todas las prestaciones de carácter

personal y todas las obligaciones de carácter

patrimonial que no sean jurídicamente tributos, que la

ley impone a la generalidad de las personas para el 34

cumplimiento de determinados fines, ética y

jurídicamente lícitos, queridos por el legislador”.

(nombre reservado. Los Derechos

Constitucionales, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile,

Santiago, 1999, p. 285). Éstas pueden ser personales o

patrimoniales y, en ambos casos, la Constitución asegura

la igualdad en su repartición entre todos los llamados a

soportarlas sin que se incurra en discriminaciones

arbitrarias, por lo que la igualdad ante las cargas

públicas que estatuye la Ley Suprema, constituye una

aplicación del principio general de isonomía o de

igualdad ante la ley;

TRIGESIMONOVENO: Que, por su lado, de acuerdo a la

doctrina administrativa, los servicios o cargas

personales deben tener como características

fundamentales: a) el ser impuestas y reglamentadas por

una ley; b) su carácter temporal; c) su igual aplicación

a las personas; d) irredimibles por dinero; e)

intransferibles; y, por último, f) debe tratarse de un

servicio cierto y determinado (Miguel Marienhoff, Tratado

de Derecho Administrativo, Tomo III, páginas 177 y

siguientes). En el caso del turno gratuito, su

establecimiento se ha efectuado a través de una

disposición legal, contenida en los artículos 595 y 598

del Código Orgánico de Tribunales. También presenta

carácter temporal, sin perjuicio de que debe destacarse

la circunstancia de que los aludidos preceptos legales

establecen la obligación de atender el asunto hasta el

término del proceso judicial. Se aplica subsidiariamente

a todos los abogados, en atención a su condición de 35

colaboradores de la administración de justicia, cuyo

título es otorgado por la Corte Suprema. No cabe

sustituirla por una prestación pecuniaria. Es

personalísima, por lo que no puede transferirse a

terceros, y tampoco es transmisible. Su alcance, en

cuanto a atender gratuitamente las causas de pobres, como

se ha señalado, está determinado en la normativa legal

que lo establece;

CUADRAGÉSIMO: Que el artículo 22, inciso tercero, de

la Constitución Política de la República preceptúa que

“las demás cargas personales que imponga la ley son

obligatorias en los términos y formas que ésta

determine”. Como se ha señalado, la forma en que debe

efectuarse el turno se encuentra regulada en los

artículos 595 y siguientes del Código Orgánico de

Tribunales, siendo aplicable ante la falta de abogados

que formen parte de la Corporación de Asistencia Judicial

o de alguna de las entidades públicas o privadas

destinadas a prestar asistencia judicial gratuita. El

carácter de carga de la institución se ve confirmado por

la circunstancia de que el artículo 599 del Código

Orgánico de Tribunales exceptúa de la obligación a los

abogados “que se hallaren en actual ejercicio de algún

cargo concejil”;

CUADRAGESIMOPRIMERO: Que si bien tradicionalmente se

ha entendido que este tipo de cargas personales, en

principio, deben ser gratuitas, no es menos cierto que

“ocasionalmente la ley puede establecer algún viático o

remuneración” (nombre reservado, Elementos de Derecho

Constitucional, p. 913). En muchos casos también existe 36

compensación por los gastos de cargo del Estado. De

manera que si bien la carga pública es gratuita, esta

característica “no es óbice para que el Estado indemnice

(presuntivamente) mediante un pequeño emolumento al que

cumple la carga” (Rafael Bielsa, Derecho Administrativo,

Tomo III, p. 7). En nuestro país, nombre reservado ha señalado

que tratándose de deberes personales, “jurídicamente, en

principio, el derecho a la remuneración no puede

discutirse y ha sido reconocido en términos más teóricos

que reales, pero respetando el principio del derecho

administrativo de que toda función pública da origen a

una remuneración" (Derecho Administrativo chileno y

comparado, p. 131);

CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que la imposición del deber de

atender gratuitamente en los términos que establece el

artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, puede

transformarse en una carga contraria a la Constitución,

en consideración a los criterios que se han sostenido

respecto de la igualdad ante la ley, aplicables en la

especie;

CUADRAGESIMOTERCERO: Que, en efecto, la licitud de

los fines perseguidos por el legislador no puede permitir

el empleo de medios gravosos y desproporcionados, que

impongan una afectación al patrimonio de los abogados

convocados al turno, todos los cuales tienen ciertamente

el derecho a una justa retribución por su servicio

profesional;

CUADRAGESIMOCUARTO: Que no escapa a esta

Magistratura la circunstancia de que incluso en deberes

de carácter cívico, como son el servicio militar y la 37

integración de vocales de mesas electorales, el

legislador (Leyes Nº 20.045 y 20.092, ambas de 2005) ha

establecido mecanismos de compensación pecuniaria –bajo

la forma de asignación o bono- que permitan, en parte,

hacerse cargo de los gastos en que se debe incurrir para

poder ejecutar los mismos de manera eficiente;

CUADRAGESIMOQUINTO: Que, de este modo, la carga del

turno que se impone excepcionalmente a los abogados debe

ser debidamente retribuida, derecho fundamental que

nuestra Carta Suprema prevé incluso en estados de

excepción constitucional, al reconocer el derecho a ser

indemnizado respecto de las limitaciones que se impongan

al derecho de propiedad (artículo 45). El Estado puede

cumplir sus obligaciones a través de los particulares, en

conformidad al principio de subsidiariedad o

supletoriedad, pero sin que ello importe un detrimento

patrimonial;

IV. EL TURNO GRATUITO DE LOS ABOGADOS Y SU EVENTUAL

INFRACCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y A LA LIBERTAD

DE EMPRESA.

CUADRAGESIMOSEXTO: Que también se señala por la

requirente que la disposición legal contenida en el

artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales vulneraría

la libertad de trabajo y la libertad de empresa,

consagradas en el artículo 19, Nºs 16 y 21,

respectivamente;

CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que la eventual infracción al

derecho a desarrollar actividades económicas se

produciría como consecuencia de que se obligaría a los

abogados –bajo sanción estatal- a desarrollar una 38

determinada actividad económica, la que, además, se

efectuaría sin el derecho a una contraprestación

pecuniaria. Por su parte, respecto de la libertad de

trabajo –que entiende la requirente se integra con el

anterior derecho-, ella se vulneraría desde que el turno

importaría una práctica forzada de un trabajo o

actividad, sin derecho a retribución alguna por parte del

Estado, que sería el beneficiario;

CUADRAGESIMOCTAVO: Que, sobre la infracción

constitucional descrita en el considerando anterior, se

ha sostenido en las observaciones formuladas al

requerimiento que la libertad para desarrollar toda clase

de actividades económicas no se vería afectada por el

precepto reprochado, ya que la inclusión de un abogado en

la lista de turno se demora años en repetir su nombre y

porque los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico

de Tribunales cumplen con el mandato del artículo 19, Nº

21, de la Constitución, en cuanto regulan la necesaria

intervención del Estado por un motivo de orden público,

cual es el acceso a la defensa jurídica. En relación a la

libertad de trabajo, se observa que ésta no sería

conculcada por el precepto impugnado, ya que la

requirente libremente eligió estudiar Derecho y, al jurar

desempeñar fielmente la profesión, asumió que tal

desempeño trae aparejado el prestar servicios gratuitos

de defensa jurídica a los pobres, siendo justamente el

sentido social de compromiso con la justicia y con el

orden público lo que explica que la Corte Suprema sea la

institución que entrega el título de abogado;

39 CUADRAGESIMONOVENO: Que en el caso de autos, como se

ha señalado, se impone a los abogados una carga que

consiste en el ejercicio gratuito de un determinado

trabajo excepcional, lo que se relacionaría -en opinión

de la requirente- con el artículo 19, Nº 16, de la

Constitución Política de la República, que asegura “la

libertad de trabajo y su protección”, precisando que

“toda persona tiene derecho a la libre contratación y a

la libre elección del trabajo con una justa retribución”.

Este derecho fundamental, como lo ha señalado la

doctrina, debe entenderse en un sentido amplio, al

proteger “no sólo el trabajo del asalariado o trabajador

dependiente, sino que quedarían comprendidos también los

trabajadores independientes” (Luz Bulnes Aldunate, La

libertad de trabajo y su protección en la Constitución de

1980, Revista de Derecho Público, 28, 1980, página 129).

Por lo mismo, “la justa retribución debe entenderse

referida como un concepto amplio, el que comprende tanto

al trabajador independiente como al subordinado” (Héctor

Humeres, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,

Tomo I, p. 31);

QUINCUAGÉSIMO: Que la profesión de abogado tiene

determinadas particularidades, habida consideración de la

función que se realiza a través de ella. Los abogados,

tal como lo indica el artículo 520 del Código Orgánico de

Tribunales, son “personas revestidas por la autoridad

competente de la facultad de defender ante los

Tribunales de Justicia los derechos de las partes

litigantes”. Si bien no son auxiliares de la

administración de justicia, cooperan con el servicio 40

judicial, desempeñando ante los tribunales de justicia

relevantes funciones. En efecto, como lo ha consignado la

doctrina procesal, se trata de personas que “desempeñan

una función pública y deben colaborar al servicio

judicial desempeñando sus funciones con altura de miras

y sin olvidar nunca el interés general que están

llamados a cautelar” (nombre reservado., Apuntes de

Derecho Procesal, p. 418). En otras palabras, el abogado

es conceptuado como un “verdadero colaborador de la

administración de justicia y, en este sentido, se le

imponen deberes superiores a los meramente privados”

(nombre reservado, Derecho Procesal Civil, p. 194). Se trata

entonces de una actividad profesional que se relaciona

tanto con aspectos de interés particular como público,

desde que colabora con la administración de justicia.

Como lo afirmara nombre reservado, “el C.O.T., como hemos

dicho, les dedica un Título especial a los abogados,

aunque la función de estos profesionales no implica

ciertamente el ejercicio de un cargo público, pero

considera la enorme trascendencia que tienen en una

correcta administración de justicia, de dar a cada uno

lo que le corresponde, porque colaboran con los

magistrados en la investigación de las legítimas

pretensiones de los ciudadanos” (Manual de Organización y

Atribuciones de los Tribunales, p. 383). Como ha quedado

explicitado, su carácter especial se constata en la

circunstancia de que se trata de la única profesión

universitaria cuyo título no es otorgado por las mismas

universidades sino que por la Corte Suprema de Justicia,

según expresa el artículo 521 del Código Orgánico de 41

Tribunales, precisamente, porque son colaboradores de la

administración de justicia. En todo caso, debe tenerse

presente que los abogados no forman parte de la

estructura del Poder Judicial, debiendo procurarse su

manutención sólo con los honorarios que se devengan en su

beneficio por la debida defensa que efectúen de sus

clientes;

QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que la Carta Fundamental

reconoce y ampara el derecho a una justa retribución por

todo trabajo, aunque se imponga bajo la forma excepcional

de una carga, lo que, por lo demás, se vincula ni más ni

menos que con la dignidad de la persona humana a que

alude el artículo 1º de la Constitución Política. Como lo

recuerda Couture: “de asuntos de dinero, el abogado debe

hablar con su cliente sólo una vez: concluido el

litigio, para ajustar en muy pocas palabras, las menos

posibles, la recompensa del trabajo legítimo” (El Arte

del Derecho y otras meditaciones, México, 2002, página

172);

QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que en tal sentido parece

ilustrativo también analizar ciertos pronunciamientos

judiciales efectuados en Hispanoamérica sobre esta

institución. Así, aunque en algunos países –como en

Colombia- se ha aceptado el turno gratuito, de manera

“justificada y excepcional” (C-071/95), es del caso tener

presente que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha precisado que si bien

resulta ajustada la circunstancia de que se designe un

defensor de oficio, “lo que sí estima esta Sala

contrario a la Constitución Política es la 42

obligatoriedad que impone el artículo 159 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de asumir esas defensas de

oficio gratuitamente, pues si ese mismo órgano estatal

cuenta con un cuerpo de defensores públicos pagados a

cargo de su presupuesto, resulta contrario a los

artículos 33 y 57 constitucionales que los defensores de

oficio tengan que colaborar con el Estado en el

cumplimiento de una de sus obligaciones para con los

habitantes del país, sin tener a cambio remuneración

alguna, mientras que otros profesionales que cumplen

igual función sí reciben la respectiva paga por iguales

servicios”(Res. 06420-98). De esta manera se ha aceptado

el turno de los abogados, con carácter excepcional y

ciertamente subsidiario, teniendo siempre derecho a una

justa remuneración por el trabajo realizado;

QUINCUAGESIMOTERCERO: Que, en nuestro país, el

instituto del abogado de turno ha adquirido especialmente

en las últimas décadas un carácter excepcional y

subsidiario, cuestión que queda demostrada si se tiene en

consideración la cantidad de veces que un letrado puede

ser designado para el turno, lo que, entre otros

factores, va a depender de la relación proporcional

existente entre el número de abogados y de habitantes en

el país. En el decenio de 1870 se titulaban algo menos de

una cincuentena de abogados para una población de cerca

de dos millones de habitantes. A la fecha de dictación

del Código Orgánico de Tribunales (1943) se recibían al

año alrededor de cien abogados, habiéndose más que

duplicado la población. A principios de los años ochenta

juraban más de trescientos abogados anualmente y el año 43

2007 la Corte Suprema otorgó el título de abogado a 2.013

postulantes, en circunstancias de que la población actual

supera los 15 millones;

QUINCUAGESIMOCUARTO: Que, además, como lo ha

señalado recientemente esta Magistratura (Rol Nº 804),

poder ejercer libremente una profesión implica, en los

hechos, desplegar o practicar los conocimientos de la

respectiva carrera, ciencia o arte y ofrecérselos a

terceros, sin más limitaciones que las establecidas en la

propia Carta Fundamental, debiendo el legislador regular

su ejercicio –como en este caso con la carga excepcional

del turno gratuito- sin afectar los derechos en su

esencia, en los términos que señala el artículo 19, Nº

26, de la misma. La doctrina ha precisado que la libertad

de trabajo y su protección “es un derecho constitucional

que habilita a toda persona a buscar, obtener,

practicar, ejercer o desempeñar cualquier actividad

remunerativa, profesión u oficio lícitos, vale decir, no

prohibidos por la ley” (nombre reservado,

Derechos Constitucionales, Tomo III, p. 10). Ya decía

Carnelutti que “un hombre obligado es un hombre ligado y

un hombre ligado no tiene libertad” (Arte del Derecho,

México, 2002, página 5). En este caso, el trabajo se

produce como consecuencia de la imposición de una carga

legal, la que sin embargo no resulta compatible con

nuestro sistema constitucional si no va acompañada de una

justa retribución pecuniaria;

QUINCUAGESIMOQUINTO: Que, por otra parte, como lo ha

venido sosteniendo este Tribunal en diversos

pronunciamientos, la acción de inaplicabilidad dice 44

relación con el examen concreto de si un determinado

precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente

y correctamente interpretado producirá efectos o

resultados contrarios a la Constitución; lo que

ciertamente marca una diferencia sustancial con el

régimen vigente en Chile entre los años 1925 y 2005, en

que la competencia en esta materia estaba reservada de

manera privativa y exclusiva a la Corte Suprema de Justicia, la que efectuaba un análisis abstracto de

constitucionalidad del precepto legal impugnado;

QUINCUAGESIMOSEXTO: Que, de este modo, la

declaración de inaplicabilidad no significa que siempre y

bajo cualquier supuesto la norma impugnada sea per se

inconstitucional, sino que únicamente en el caso concreto

dentro del cual se formula el respectivo requerimiento

(Rol Nº 596). En otras palabras, “en sede de

inaplicabilidad, el Tribunal está llamado a determinar

si la aplicación del precepto en la gestión específica

resulta contraria a la Constitución”. (Rol Nº 480/2006).

En resoluciones anteriores, como las contenidas en los

roles Nº 478, 546, Capítulo I, 473, 517 y 535, este

Tribunal ha precisado y se ha extendido en sus

consideraciones acerca de la naturaleza de la actual

acción de inaplicabilidad y sus evidentes diferencias con

la similar prevista en la Carta Fundamental con

anterioridad a la reforma del año 2005, destacando

especialmente la constatación de que de la simple

comparación del texto del actual artículo 93, inciso

primero, Nº 6, con el antiguo artículo 80 de la Carta

Fundamental, que entregaba esta facultad a la Corte 45

Suprema, se desprende que mientras antes se trataba de

una confrontación directa -y más bien abstracta- entre la

norma legal y la disposición constitucional, ahora, en

cambio, se está en presencia de una situación

completamente diferente, por cuanto lo que podrá ser

declarado inconstitucional, por motivos de forma o de

fondo, es la aplicación del precepto legal impugnado a un

caso concreto, todo lo cual, ciertamente, como se ha

indicado, relativiza el examen abstracto de

constitucionalidad, marcando así una clara diferencia con

la regulación prevista por el texto constitucional

anterior;

QUINCUAGESIMOSÉPTIMO: Que lo expresado, entonces,

deja de manifiesto que las características y

circunstancias particulares y precisas del caso concreto

de que se trate han adquirido, en el actual texto

constitucional, una relevancia sustancialmente mayor a la

que debía atribuírseles antes de 2005 pues, ahora, la

decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer

en la conformidad o contrariedad con la Constitución que

la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada

caso concreto sub lite, lo que no implica,

necesariamente, una contradicción abstracta y universal

con la preceptiva constitucional. Como ha señalado la

doctrina, “la inaplicabilidad cumple la función de

impedir que la parte que la invoca en el caso concreto

del que conoce un tribunal, se vea afectada por un

precepto legal cuya aplicación a ese caso particular

resulte evidentemente contraria a la Constitución y,

especialmente, a los fines perseguidos por ésta. De allí 46

que en este instituto procesal –además del juez y de las

partes- comparecen tres elementos de cotejo necesarios

para su decisión, a saber: la norma constitucional, el

precepto legal cuya inaplicación se solicita y -lo más

específicamente decisivo- el examen particular acerca de

si, en ese caso, la aplicación del precepto cuestionado

pudiera generar efectos opuestos a la finalidad

implícita de aquella” (nombre reservado,

Trascendencia de la reforma constitucional en la

fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional,

Revista Estudios Constitucionales, Nº 1, 2005, p. 77). De

este modo, el examen que se efectúa en la acción de

inaplicabilidad es “entre el contenido de la

Constitución y el precepto legal, a la luz de los

antecedentes que derivan de la situación de hecho

concreta de que se trata. No le corresponde aquí, por lo

tanto, efectuar un análisis doctrinario y abstracto, de

mera confrontación entre la Carta y el precepto, porque

llevado lo abstracto de la norma a lo concreto de su

aplicación, ella puede ser constitucional o

inconstitucional según las características de los

problemas específicos que se presenten” (nombre reservado, Las nuevas atribuciones del Tribunal

Constitucional, en Revista de Derecho Público Nº 69, Tomo

I, 2007, p. 370). Así las cosas, lo que el Tribunal debe

efectuar –en este caso- es un examen concreto de si la

norma aplicada a la gestión pendiente produce efectos o

resultados contrarios a la Constitución Política;

QUINCUAGESIMOCTAVO: Que, en tal sentido, consta de

autos que la requirente ha sido designada como abogado de 47

turno. Si bien no se acreditan los parámetros que se

tuvieron en consideración para la designación y si se dio

cumplimiento a las normas de precedencia que hacen

excepcional y supletorio el turno, ni tampoco las

obligaciones que debieron desatenderse para cumplir con

la carga del turno, con los consiguientes perjuicios

patrimoniales, no aparece que la requirente se haya visto

privada de su libertad de trabajo ni de su capacidad de

ejercer privadamente su profesión con la designación

acreditada. Incluso, según informa la Juez Suplente del

Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en

Oficio Nº 7724-2008, si bien en los autos Rol Nº 1336-

2004, seguidos por delito de infracción a la Ley de

Propiedad Industrial, se la designó como abogado de

turno, a fin de evitar que el procesado quedara en la

indefensión se remitieron los autos a la Corporación de

Asistencia Judicial, para que dicha institución evacuara

en definitiva el trámite de contestación a la acusación.

Con todo, resulta igualmente evidente que una eventual

ejecución de dichas labores podría producirle un

menoscabo y un detrimento que debe ser debidamente

compensado por el Estado, en su caso;

QUINCUAGESIMONOVENO: Que, así las cosas, la

exigencia del turno gratuito que se impone a la abogada

requirente, como consecuencia de la aplicación del

artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales en la

gestión que se sigue ante la Corte de Apelaciones de

Santiago, resulta contraria a la Constitución Política de

la República y, particularmente, a su artículo 19,

números 2, 20 y 16, y así se declarará;

48 V. CUESTIONES SOBRE LAS QUE ESTE TRIBUNAL NO SE

PRONUNCIARÁ, POR ESCAPAR DEL ÁMBITO DE SU

COMPETENCIA.

SEXAGÉSIMO: Que, tal como se consigna en la parte

expositiva de esta sentencia, se ha señalado en las

observaciones al requerimiento de autos que la

institución del abogado de turno se encontraría vigente

en relación a los antiguos juzgados del crimen, no

obstante que la Ley Nº 19.718 haya eliminado en los

artículos del Código Orgánico de Tribunales la referencia

a la expresión “causas criminales”. Se funda este

planteamiento en la existencia de diversos preceptos del

Código de Procedimiento Penal que no fueron derogados por

la aludida ley y que se remiten al Código Orgánico de

Tribunales para la designación de los abogados de turno y

la gratuidad correspondiente;

SEXAGESIMOPRIMERO: Que, es menester señalar que,

según el criterio sostenido por la jurisprudencia de esta

Magistratura, las argumentaciones reseñadas en el

considerando precedente no pueden ser abordadas ni

resueltas por este órgano jurisdiccional, atendido que,

por decir relación con cuestiones de mera legalidad y de

interpretación de una norma legal, no son propias del

examen de constitucionalidad que procede efectuar en sede

de inaplicabilidad, sino más bien deben ser resueltas por

los jueces de la instancia.

Y VISTO lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19,

Nºs. 2, 16, 20 y 21, 93 y demás citados de la

Constitución Política y en las disposiciones pertinentes 49

de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional,

SE RESUELVE: QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE

INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, sólo en cuanto se

declara inaplicable, en la causa sobre acción de

protección, que se sigue actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 3038-2008, la expresión

“gratuitamente” a que alude el inciso primero del

artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales.

Déjese sin efecto la orden de suspensión decretada.

Se previene que el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake concurre al fallo, pero opina que la inaplicación

debe extenderse a la integridad del precepto legal que se

impugna. Tiene presente, al efecto, las siguientes

consideraciones:

1.- Que la disposición objetada, anterior a la

Constitución vigente, pugna con el mandato que emana del

Nº 3 del artículo 19, que atribuye a toda persona el

derecho a defensa jurídica y confía a la ley su

satisfacción. Por la naturaleza del servicio personal que

se impugna y en aplicación del principio institucional

consagrado en el artículo 1º, inciso quinto, es el Estado

–y no los particulares- quien debe radicar su deber de

proteger a la población y asegurar el derecho de las

personas a participar con igualdad de oportunidades,

garantizando el asesoramiento y defensa jurídica a

quienes no pueden procurárselos por sí mismos. Así, por

lo demás, viene ocurriendo progresivamente en áreas

particulares de la defensa judicial.

50 2.- Que el único sustento aparente de la institución

del “abogado de turno” se hace descansar en su eventual

carácter de carga personal, derivada del artículo 22,

inciso tercero, de la Ley Fundamental. Sin embargo, los

deberes constitucionales que impone dicha norma recaen,

según el caso, en todo habitante de la República o todos

los chilenos, destacando la generalidad o universalidad

de los mismos, atributos contradichos por el carácter

especial y reducido a un grupo de la población que

reviste la imposición comentada. Esta no es, pues, una

carga personal autorizada por la Constitución.

3.- Que, en todo caso, la legitimidad de una carga

está condicionada por la estricta observancia del Nº 26

del artículo 19, en cuanto los preceptos legales que por

mandato de la Constitución regulen, complementen o

limiten las garantías que ésta establece, no podrán

afectar los derechos en su esencia, ni imponer

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre

ejercicio.

4.- Que resulta evidente que la defensa obligatoria

que se impone a un abogado, es absolutamente contraria a

la garantía de la libertad de trabajo consagrada en el Nº

16 del artículo 19, tanto en su manifestación de libre

elección como en la de libre contratación, en cuanto se

trata de un servicio forzado, cuya elusión apareja

severas sanciones.

Redactó la sentencia el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán y la prevención el Ministro señor Hernán Vodanovic Schnake.

51 Notifíquese, regístrese y archívese.

ROL Nº 1.140-08-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, señor nombre reservado, y los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes, y los Abogados Integrantes señores Francisco Zúñiga Urbina y Cristián Maturana Miquel. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.