Inaplicabilidad del artículo 131, inciso final, de la Ley N° 20.720

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia Rol 10.957-2021 [22 de junio de 2022]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 131, INCISO FINAL, DE LA LEY N° 20.720

nombre reservado

EN EL PROCESO ROL C-144-2020, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TOCOPILLA

VISTOS:

Que, con fecha 11 de mayo de 2021, nombre reservado ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 131, inciso final, de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en el proceso Rol C-144-2020, seguido ante el Juzgado de Letras de Tocopilla.

Precepto legal cuya aplicación se impugna:

El texto del precepto impugnado dispone:

Ley 20.720

Artículo 131.- Resolución de controversias entre partes. Todas las cuestiones que se susciten entre el Deudor, el Liquidador y cualquier otro interesado en relación a la administración de los bienes sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación serán resueltas por el tribunal en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que siguen:

a) El solicitante deberá exponer por escrito al tribunal tanto la petición que formula como los antecedentes que le sirven de sustento.

b) El tribunal analizará la petición y podrá desecharla de plano si considera que carece de fundamento plausible.

c) En caso contrario, citará a las partes a una audiencia verbal que se notificará por el Estado Diario, se publicará por el Liquidador en el Boletín Concursal y se celebrará en el menor tiempo posible.

d) El Liquidador podrá comparecer personalmente o a través de su apoderado judicial.

La audiencia se celebrará con las partes que asistan y la resolución que adopte el tribunal sólo será susceptible de reposición, la que deberá deducirse y resolverse en la misma audiencia.

Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

A fojas 1, el requirente solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 131, inciso final, y 276, inciso primero, de la Ley N° Ley 20.720, de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas.

Refiere que en 16 abril del año 2020, presentó solicitud de Liquidación Voluntaria de Persona Deudora, tramitándose dicho proceso ante el Juzgado de Letras de Tocopilla.

Indica que el 25 de mayo de 2020 se dictó la correspondiente resolución de liquidación voluntaria de persona deudora, siendo designada como liquidadora titular, doña nombre reservado.

Agrega que el día 24 de agosto de 2020, mediante videoconferencia, se llevó a cabo la diligencia de incautación, inventario de bienes y solicitud de información del deudor, en su domicilio ubicado en la ciudad de Tocopilla, en presencia del Ministro de Fe don David Salazar Bello, en la cual el requirente entregó todos sus bienes.

Señala que en la referida diligencia de incautación, la Liquidadora procedió a incautar las remuneraciones del requirente, por la suma de $7.671.442, respecto de los meses de junio y julio de 2020, como se señaló en el acta de incautación que fue publicada en el Boletín Comercial con fecha 26 de agosto de 2020.

Refiere que en la actuación, la Liquidadora determinó la suma de dinero a incautar, sin señalar las bases de cálculo, ni acompañar informe al respecto.

Manifiesta que en los meses de junio y julio de 2020 recibió excepcionalmente, un bono de reconocimiento de cierre de conflicto y un bono de permanencia, que fueron consecuencia directa del término de un conflicto sindical, ocasionando un aumento significativo excepcional, en las liquidaciones de sueldo en dichos meses.

Indica que con fecha 5 de noviembre de 2020 solicitó al tribunal una audiencia de resolución de controversias entre las partes, de conformidad con el artículo 131 de la Ley N° 20.720, a fin de resolver la disputa con la Liquidadora respecto de los montos indebidamente incautados a su juicio, correspondientes a los mencionados bonos, los que enfatiza, no constituyen remuneración. Indica que la audiencia se encuentra pendiente de realización.

En lo pertinente, como conflicto constitucional, la requirente alega que la norma cuestionada sólo permite el recurso de reposición respecto de la resolución que adopte el tribunal en la resolución de controversia planteada en el caso sub lite.

Argumenta, que ello resulta contraria a las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso, contenidas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Carta Fundamental, pues coarta el derecho del deudor a recurrir, ya se le priva de la posibilidad de que la decisión del tribunal pueda ser objeto de una segunda revisión, lo que señala, sí ocurre respecto de las resoluciones que afectan intereses de los acreedores.

Agrega que la Ley N° 20.720 contempla una variedad de mecanismos de impugnación, tales como el recurso de reposición y el de apelación, respecto a distintas cuestiones. Así, refiere que el artículo 4° de dicho cuerpo legal dispone que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que la ley señale expresamente, las que corresponden a la resolución que ordena la apertura del procedimiento concursal de liquidación; la resolución que se pronuncia sobre la impugnación de créditos; la resolución que declara terminado el procedimiento concursal de liquidación; y la sentencia definitiva que acoge la demanda revocatoria.

Señala que el recurso de reposición es de general aplicación, como medio que tiene el agraviado para que los jueces modifiquen o revoquen providencias sencillas, como serían los autos o decretos que se dictan para dar curso progresivo a los autos.

Por ello, a su juicio este recurso resulta insuficiente para impugnar una resolución que zanja disputas en materia concursal referente a la administración de los bienes del deudor, que pueden tener una complejidad mayor, relativa a intereses contrapuestos y dada la vastedad de materias a resolver.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 26 de mayo de 2021, a fojas 84. Con fecha 10 de junio pasado, a fojas 795, se resolvió por la misma Sala, la admisibilidad parcial del requerimiento, únicamente en lo relativo al cuestionamiento del artículo 131, inciso final de la Ley N° 20.720

Conferidos los traslados a todas las partes de la gestión pendientes, y a los órganos constitucionales interesados, a fojas 773, formuló observaciones en sede de admisibilidad, la nombre reservado, nombre reservado.

Señala que efectivamente, el día 24 de agosto de 2020, se realizó la diligencia de incautación e inventario de bienes, por medio de videoconferencia, en la que estuvieron presentes el ministro de fe, el deudor, y su abogada, María Isabel Olivares González.

Refiere que en dicha oportunidad se incautó la suma ya indicada, correspondiente a remuneraciones del mes de julio de 2020, en todo lo que excedió de 56 UF, de conformidad con el artículo 276 de la Ley N° 20.720. Agrega que al comprobar que esa suma ya no estaba en poder del deudor, puesto que él mismo manifestó que utilizó dicho dinero para pagar una serie de deudas, a espaldas del procedimiento concursal, se llegó al acuerdo de pagarla en cinco cuotas iguales y sucesivas de $1.534.288, a contar del 1 de octubre de 2020.

Agrega que el 10 de octubre de 2020, y ante el incumplimiento del pago de la primera cuota por parte del deudor, solicitó al tribunal que se le apercibiera de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, y que el tribunal en definitiva no dio lugar al apercibimiento, pues estimó que artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable en esta clase de procedimiento.

Indica que el 5 de noviembre de 2020, el deudor solicitó la audiencia para resolver controversias de conformidad con el artículo 131 de la Ley N° 20.720, y que por ello, al día siguiente, 6 de noviembre de 2020 concurrió a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento consultando el mecanismo para obtener el cumplimiento de la integración de los fondos señalados a la masa concursal, a lo que por Oficio N° 21.831, le respondieron que procediera penalmente.

Luego, el libelo se refiere a la impugnación del artículo 276 de la Ley N° 20.720, y argumenta que todo el procedimiento de incautación de los referidos dineros se hizo conforme a la normativa vigente.

En cuanto a la gestión pendiente, refiere que la audiencia citada para resolver controversias fue suspendida a solicitud de la propia requirente en autos, por haber ejercido la acción de inaplicabilidad, por lo que entiende que no existe pendiente una resolución por parte del tribunal.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se solicita la inaplicabilidad del artículo 131 inciso final de la Ley N° 20.720, en la parte que establece que “(…) la resolución que adopte el tribunal sólo será susceptible de reposición, la que deberá deducirse y resolverse en la misma audiencia”, por cuanto impide a la requirente someter al Tribunal Superior la decisión que se adopte acerca de la controversia que ha planteado respecto de dineros que, a su juicio, han sido indebidamente incautados, lo que vulneraría lo dispuesto en el artículo 19 N° 2°, 3° inciso sexto y 24° de la Carta Fundamental;

SEGUNDO: Que, entonces, la cuestión constitucional que se nos pide resolver radica en dirimir si la disposición legislativa que impide recurrir al Tribunal Superior para que revise la decisión acerca de si determinados bienes debieron o no ser incautados, respeta o no el derecho a un procedimiento racional y justo;

I. PRECEDENTES SOBRE LIMITACIONES LEGISLATIVAS AL EJERCICIO DE DERECHOS PROCESALES

TERCERO: Que, regularmente, se someten a esta Magistratura cuestiones constitucionales que nos exigen examinar preceptos legales que limitan el ejercicio de derechos procesales. La jurisprudencia reciente, en general, se ha ido orientando por inaplicarlos cuando se afecta la igualdad entre las partes en el respectivo proceso o se lesiona el derecho a un procedimiento racional y justo como sucede con los preceptos que restringen la interposición de excepciones, impiden el ejercicio de recursos o prohíben alegar el abandono del procedimiento.

Así lo hemos decidido, por ejemplo, en relación con el artículo 470 del Código del Trabajo (Roles N° 3.222, 7.352, 7.370 y 7.750) o respecto de la improcedencia del recurso de casación en la forma por ciertas causales, conforme a lo dispuesto en el artículo 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil (Roles N° 4.989, 5.257, 5.849 y 6.715), o, en fin, en nexo con el abandono aludido, a raíz del artículo 429 del mismo Código del Trabajo (Roles N° 5.151, 5.152, 6.469 y 7.400). Particularmente, en relación con limitaciones al recurso de apelación, hemos declarado inaplicable el artículo 472 del Código del Trabajo (Roles N° 6.411 y 6.962) y que sólo se conceda al Ministerio Público en el artículo 277 del Código Procesal Penal (Roles N° 3.197 y 5.666).

CUARTO: Que, resumidamente, respecto de la restricción a la interposición de excepciones, hemos sostenido que vulnera la igualdad ante la ley entre el ejecutado en el procedimiento laboral y quien tiene la misma situación en un procedimiento ejecutivo civil, ya que al primero de ellos “(…) se le impide, eventualmente, controvertir el mérito ejecutivo del título que sirve de base a la demanda ejecutiva, en relación con la obligación de hacer que se le imputa, por el sólo proceder de estar en competencia laboral. En cambio, al ejecutado perseguido en sede civil se le permite, sin límites, más que no sea las excepciones establecidas en la ley procesal, discutir el título por inexistencia de la obligación, entre otras defensas” (c. 21°, Rol N° 7.750), lo que restringe la defensa de la parte ejecutada, “(…) con lo cual se infringe el principio de igualdad ante la ley, en términos que cualquier otro ejecutado puede oponer, en las obligaciones de hacer, todas aquellas excepciones que contempla el Código de Procedimiento Civil” (c. 22°).

Adicionalmente, también se ha razonado a partir del derecho a un procedimiento racional y justo, que “(…) requiere que el sujeto pasivo del juicio respectivo, pueda hacer valer todas las excepciones, defensas y alegaciones posible que le permitan controvertir la acción del demandante. Si el proceso así lo permitiere, se puede señalar que cabalmente se está ante un enjuiciamiento racional y justo” (c. 25°), puesto que, como lo ha expresado el Tribunal Constitucional Español, “(…) la tutela judicial abarca el derecho a no sufrir jamás indefensión, la que consiste, según jurisprudencia constitucional constante, en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso; y, por ello mismo, hay indefensión cuando falta una plena posibilidad de contradicción (…)” (c. 27°);

QUINTO: Que, por su parte, en cuanto a reglas que impiden alegar el abandono del procedimiento, esta Magistratura ha sostenido que, si bien es dable reconocer que, en abstracto, el legislador puede tener buenas razones para impedir que sea alegado en determinadas causas, ha declarado inaplicable los preceptos que lo consagran, en ciertos casos, por cuanto “(…) ocasiona distorsiones que afectan derechos fundamentales a una de las partes (…)” (c. 25°, Rol 7.400), por ejemplo, porque “(…) puede ser en algunos casos perjudicial y verse afectado por un procedimiento ausente de lógica y así verter a una arbitrariedad que el texto constitucional no admite (…)” (c. 26°);

SEXTO: Que, en lo relativo a preceptos legales que impiden el ejercicio de recursos, particularmente el de casación en la forma en ciertos casos, se ha resuelto que aplicar “(…) la excepción del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en la gestión pendiente no se condice con el imperativo que le asiste al legislador, por mandato de la Constitución (artículo 19, N° 3°), de allanar el acceso a un recurso útil, o sea, idóneo y eficaz, en las circunstancias anotadas (…). Teniendo además en cuenta el criterio sostenido en diversas ocasiones por este Tribunal, en orden a que los preceptos de excepción contenidos en una ley, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas, produciéndoles menoscabo y sin fundamento o justificación, importa incurrir en diferencias arbitrarias y son, por ende, contrarios a la Constitución (artículo 19, N° 2°, inciso segundo) (…)” (c. 16°, Rol N° 6.715);

SEPTIMO: Que, por último, en relación con requerimientos que han objetado preceptos legales que limitan el recurso de apelación, en el Rol N° 6.962 se expresaron los siguientes razonamientos:

- Que, el artículo 19 N° 3° inciso sexto obliga al legislador establecer un procedimiento racional y justo, lo cual debe entenderse como la existencia de un debido proceso;

- Que, el derecho al recurso forma parte de la garantía del debido proceso legal consagrada en el inciso sexto de la norma aludida, el cual consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo resuelto por el inferior, y el racional y justo procedimiento necesariamente debe contemplar la revisión de las decisiones judiciales; y

- Que, sin embargo, el derecho al recurso, como indiscutible elemento integrante del debido proceso, no es un derecho absoluto ni debe asimilarse a ultranza a la segunda instancia, por lo que no siempre la exclusión del recurso de apelación importará una transgresión a la garantía constitucional del debido proceso. Pero, a la inversa, no siempre la interdicción al recurso de apelación será compatible con la Constitución.

OCTAVO: Que, en aquella oportunidad, se acogió el requerimiento de inaplicabilidad, porque, constando en la historia fidedigna de su establecimiento que el precepto legal fue incorporado para contribuir a la celeridad del procedimiento, “(…) si bien dicha finalidad aparece como loable, no necesariamente resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia que emanan de la garantía N° 3, inciso 6°, del artículo 19 constitucional (…)” (c. 21°, Rol N° 6.962), ya que “(…) la aplicación del precepto impide al requirente recurrir de la sentencia que le impone una sanción del orden laboral, consistente en el recargo de las indemnizaciones debidas, no obstante cuestionar fáctica y jurídicamente la procedencia de tal sanción, cuestión que lesiona, en esta oportunidad, el derecho a un procedimiento racional y justo, en cuanto le priva de un mecanismo eficaz de revisión de dicha resolución, cuyos efectos son de enorme trascendencia para el requirente, en tanto implica verse expuesto al pago de indemnizaciones incrementadas, no obstante haber cuestionado, en términos razonables ha cuestionado, la procedencia de aquello, según se apuntó más arriba (…)” (c. 22°);

NOVENO: Que, toda esta jurisprudencia encuentra su basamento constitucional en la comprensión que invariablemente ha sostenido esta Magistratura acerca del artículo 19 N° 3° inciso sexto de la Constitución, en el sentido que “(…) ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se trate. En cambio, existe un amplio consenso jurídico nacional e internacional en el sentido de reconocer algunos de ellos, aunque con alcances y contenidos especiales concretos diversos” (c. 7°, Rol N° 2.723);

II. CRITERIOS QUE SURGEN DE LA JURISPRUDENCIA

DECIMO: Que, a partir de los razonamientos que hemos extractado, es posible configurar algunos de los criterios que esta Magistratura ha tenido en decisiones recientes, aun cuando varias de ellas tienen precedentes anteriores, para evaluar la constitucionalidad de preceptos legales que limitan o, en algunos casos, derechamente prohíben el ejercicio de derechos procesales por las partes, no obstante que ellos se encuentran previstos en la preceptiva general aplicable al procedimiento ordinario o, incluso, en tramitaciones análogas, como podría ser, en este caso, el juicio ejecutivo;

DECIMOPRIMERO: Que, un primer criterio radica en que no parece suficiente justificación que la restricción se encuentre prevista en leyes especiales, sin que, por esta sola circunstancia pueda sustentarse su constitucionalidad, aun cuando se vincule la limitación con la consecución de finalidades legítimas, usualmente vinculadas con alcanzar mayor celeridad en el proceso, pues la agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.

Por ello, hemos señalado que los preceptos de excepción, en cuanto sustraen de cierta normativa general a personas o situaciones determinadas, pueden incurrir en diferencias arbitrarias y serán, por ende, contrarios a la Constitución, si producen menoscabo y carecen de fundamento o justificación;

DECIMOSEGUNDO: Que, en seguida, sí, en cambio, debe considerarse la conducta de los litigantes en la causa concreta, pues ella puede justificar la restricción impuesta legislativamente, pero, por lo mismo, se afecta la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a defensa, cuando la privación o limitación no resulta imputable al justiciable, de lo cual se sigue, en tercer lugar, que, si bien la restricción o limitación puede aparecer razonable en abstracto, de nuevo, considerando las circunstancias del caso concreto, puede tornar al procedimiento en una secuencia que carece de lógica, conforme a la exigencia de racionalidad y justicia que impone la Carta Fundamental a todos los procedimientos;

DECIMOTERCERO: Que, en cuarto lugar y ya en materia de recursos, desde luego, no aparece razonable que, en relación a determinadas decisiones relevantes, se prohíba toda posibilidad de revisión y tampoco que no se concedan arbitrios que sean realmente útiles, idóneos o eficaces para la consecución del objetivo perseguido por el agraviado en relación con la naturaleza del vicio que invoca;

DECIMOCUARTO: Que, finalmente y en relación precisa con el recurso de apelación, un procedimiento racional y justo no exige siempre que sea el medio de impugnación elegido por el legislador, a menos que concurran en la especie las circunstancias precedentemente referidas;

DECIMOQUINTO: Que, a partir de estas consideraciones, en esta oportunidad, la pregunta que se nos formula es si respeta el derecho a un procedimiento racional y justo que la resolución que se pronuncia acerca de si un determinado bien puede o no ser incautado en el proceso de liquidación voluntaria que constituye la gestión pendiente no pueda ser revisada por el Tribunal Superior;

III. APLICACIÓN AL CASO CONCRETO

DECIMOSEXTO: Que, ciertamente, esta Magistratura no es competente para dirimir la controversia legal consistente en determinar si los bonos de reconocimiento y permanencia pueden o no ser incautados como parte de la remuneración, lo cual debe ser resuelto por el Juez del Fondo, sino que lo que nos corresponde es resolver si el precepto legal que impide someter dicha controversia a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, una vez resuelta por el tribunal a quo, porque sólo cabe el recurso de reposición conforme al artículo 131 inciso final de la Ley N° 20.720, respeta o no la Carta Fundamental;

DECIMOSEPTIMO: Que, la resolución que debemos adoptar “(…) deriva de la concepción que se tenga de los recursos. Es claro que si éstos se entienden más como un mecanismo de control jerárquico y no tanto como garantías de los justiciables contra la arbitrariedad y errores que puedan cometer los tribunales en su actividad de sentenciar, resulta bastante más llano el camino a reformas que pretendan suprimir la doble instancia, que comienza a plantearse como prescindible. En cambio, si el planteamiento es del recurso de apelación y la doble instancia como garantía del justiciable, una reforma en la dirección indicada se convierte rápidamente en una reformatio in peius que conculca la garantía al doble examen del mérito” (nombre reservado: “Apelación, Doble Instancia y Proceso Civil Oral. A Propósito de la Reforma en Trámite”, Estudios Constitucionales, Año 8 N° 2, 2010, p. 489);

DECIMOCTAVO: Que, desde esta óptica, no son estos sentenciadores los que deben realizar esa opción, pues ha sido resuelta por la Constitución misma, al asegurar a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a defensa jurídica y el derecho a un procedimiento racional y justo, lo cual nos llevará a acoger el requerimiento de inaplicabilidad deducido en contra de la frase final del artículo 131 inciso final de la Ley N° 20.720 porque impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de una cuestión relevante, como es determinar si un bien ha podido o no ser incautado en el procedimiento de liquidación voluntario que se tramita en el Juzgado de Letras de Tocopilla;

DECIMONOVENO: Que, como ya hemos anticipado, la consecución de finalidades legítimas, como la celeridad en los procesos, no justifican impedir la exigencia de ese doble conforme, particularmente cuando no se trata de un asunto de mero trámite o tendiente simplemente a dar curso progresivo a los autos, sino que dice relación con una materia importante, como la que se discute en la gestión pendiente. Más, si se trata de cuerpo legal relativamente nuevo donde adquiere mayor justificación todavía que los Tribunales Superiores vayan uniformando y, con ello, dotando de certeza jurídica, lo que se decida por los Juzgados de Letras en lo Civil;

VIGESIMO: Que, desde esta perspectiva, no está de más recordar que en los antecedentes de la Ley N° 20.720 consta la opinión del profesor nombre reservado

Balmaceda quien “(…) planteó que, según el proyecto, el recurso de reposición es de general aplicación, al disponerse que procederá contra cualquier resolución, así como que deberá interponerse dentro de tercero día desde la notificación de aquella y que podrá resolverse de plano. Contra la resolución que resuelva la reposición, no procederá recurso alguno.

Declaró no compartir este criterio, porque este recurso es el medio que tiene el agraviado para que los jueces modifiquen o revoquen un tipo de providencias muy sencillas, como son los autos o decretos que se dictan para darle curso progresivo a los autos.

De ahí que este recurso resulta totalmente insuficiente para impugnar resoluciones, como son las que se pronuncian para zanjar las disputas en materia concursal, si se considera además la complejidad que tienen las controversias que en este ámbito se ventilan; los frecuentes choques de intereses que han de dirimirse; la vastedad de materias que abarca su regulación y la repercusión socio-económica que concita la falencia de un deudor.

La práctica llevará a la proliferación de los recursos de queja, de nulidad de lo obrado y de otros remedios procesales que suplan las resoluciones dictadas de plano e inapelables de los jueces y otros órganos a los cuales se les ha dotado de ciertas funciones jurisdiccionales, como ocurre con la Superintendencia y con los veedores, por citar algunos casos, aparte de los recursos administrativos que regula la ley Nº 19.880“ (Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados sobre los proyectos de ley refundidos que sustituyen el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo y que establecen la quiebra como causal de término de contrato de trabajo y adecuan normas de otras leyes, 11 de septiembre de 2013, p. 73, Boletines N° 8.324-03 y 8.492-12);

VIGESIMOPRIMERO: Que, desde esta perspectiva, “(…) el juzgador ad quem cuenta además con la misma decisión del juzgador a quo, de modo que no resuelve ex novo, como ha debido hacerlo el juzgador de (primera) instancia, sino a partir de todo el material de la (primera) instancia, más el material fáctico y probatorio nuevo eventualmente introducido en (segunda) instancia, y contando ya con la primera decisión e, incluso, pudiendo contar además con la opinión disidente que contrasta con la de mayoría en caso de un tribunal colegiado de primera instancia. Estos elementos incrementan el acervo a partir del cual se formulará el segundo juicio (o el control recursivo), concediendo una posición epistemológica al juzgador ad quem sustancialmente superior respecto del de primera. En efecto, cualquiera que haya intervenido en un proceso de toma de decisiones sabe que el que resuelve o se pronuncia al final, después que otros, y conociendo los pronunciamientos anteriores, tiene más posibilidades de acierto, pues su análisis arranca de un punto en donde se han anticipado perspectivas de análisis, reflexiones jurídicas, enjuiciamientos valorativos sobre la prueba y en donde se ha propuesto una solución o, incluso, más de una posible” nombre reservado:

“Estudio sobre el Derecho al Recurso en el Proceso Penal”, Estudios Constitucionales, Año 10 N° 1, 2012, pp. 253-254);

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en definitiva y por las razones expuestas, declararemos la inaplicabilidad de la parte final del artículo 131 inciso final de la Ley N° 20.720, habilitando a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para conocer del recurso de apelación que puede interponerse en la gestión pendiente, respecto de la resolución que se pronuncie acerca de los bienes incautados, por cuanto sustraer esa materia de ser revisada por un Tribunal Superior resulta, en su aplicación, contrario al derecho a un procedimiento racional y justo;

VIGESIMOTERCERO: Que, por último, es conveniente precisar que al pronunciar esta sentencia estimatoria, no se está creando un recurso ex novo, sino que se inaplica la restricción impuesta por el legislador para que el Tribunal Superior asuma, en plenitud, su competencia, alcanzando la cuestión acerca de los dineros incautados.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 131 INCISO FINAL DE LA LEY N° 20.720, EN LA PARTE QUE ESTABLECE QUE “(…) LA RESOLUCIÓN QUE ADOPTE EL TRIBUNAL SÓLO SERÁ SUSCEPTIBLE DE REPOSICIÓN, LA QUE DEBERÁ DEDUCIRSE Y RESOLVERSE EN LA MISMA AUDIENCIA”, EN EL PROCESO ROL C-144-2020, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TOCOPILLA. OFÍCIESE.

DISIDENCIA

Los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y RODRIGO PICA FLORES, estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:

I. CONFLICTO SOMETIDO A LA DECISIÓN DE ESTA MAGISTRATURA 1°. El requirente nombre reservado interpone requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 131, inciso final, de la Ley N° 20.720, en aquella parte que dispone que “la resolución que adopte el tribunal sólo será susceptible de reposición, la que deberá deducirse y resolverse en la misma audiencia”, con el objeto de que se sustraiga la aplicación de la norma en el procedimiento de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora, el cual se sigue ante el Juzgado de Letras de Tocopilla Rol C-144-2020.

De acuerdo a lo expuesto en el libelo de fojas 1, el conflicto de constitucionalidad planteado recae en que la aplicación del precepto impugnado, en el caso concreto, afectaría la igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso.

Por una parte, el requirente alega que la norma impugnada es contraria al derecho a la igualdad ante la ley porque coarta el derecho a recurrir del deudor, aun cuando las situaciones fácticas que provocan su aplicación tienen su origen en actos o gestiones realizadas por el nombre reservado en el contexto de la administración de los bienes del deudor, mientras la revisión de la decisión del tribunal puede ser objeto de una segunda revisión cuando se ven afectados los intereses de los acreedores (fs. 21) y, por otra parte, que se afecta su derecho al debido proceso porque la imposibilidad de entablar los recursos que prevé el ordenamiento jurídico en contra de una resolución que resuelve una controversia entre partes -cualesquiera sean los bienes jurídicos involucrados y en peligro-, y en especial cuando incide en la función de administración de los bienes del deudor, resta posibilidades para una debida defensa para brindar mayor resguardo a la figura del nombre reservado (fs. 26).

Finalmente, debe tenerse presente que el requerimiento reclama la vulneración de otras garantías que no dicen relación con el artículo 131, inciso final, de la Ley N° 20.720 sino que con el artículo 276, inciso primero, de la misma ley, el cual también fue impugnado por el requirente pero que, sin embargo, la Primera Sala de esta Magistratura desechó al declarar admisible parcialmente el requerimiento solo en lo que atañe al art. 131 de la Ley N° 20.720, de modo que no corresponde pronunciarse sobre tales reproches.

II. PRESUPUESTOS FÁCTICOS

2°. Con fecha 16 de abril del 2020 se presentó por la requirente una solicitud de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora en atención a la situación de insolvencia que le afectaba, dictándose la correspondiente resolución de liquidación el día el día 25 de mayo del mismo año. El 24 de agosto se realizó la diligencia de incautación, inventario de bienes y solicitud de información del deudor, incautándose la suma de $ 7.671.442 por concepto de embargo de remuneraciones del mes de julio de 2020. La deudora solicitó pagar tal cantidad en 5 cuotas, lo cual fue aceptado por la liquidadora.

Con fecha 5 de noviembre de 2020, la requirente solicitó que se citara a una audiencia de resolución de controversias con el objeto de resolver el conflicto que planteara en relación a la incautación de sus remuneraciones en aquella parte correspondiente a un bono de reconocimiento y a uno de permanencia, a objeto de que se ordenara la exclusión por improcedente del monto incautado por la liquidadora correspondiente a tales bonos porque los acreedores sólo tienen derecho a percibir los beneficios líquidos provenientes de la base de cálculo que el juez estime procedente (fs. 433). En subsidio de lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de su incautación debido a que el incremento de la remuneración proviene de una remuneración variable, pero eventual o esporádica, debiendo aplicarse el art. 267 de la ley en forma restrictiva, excluyéndose los bonos de permanencia y reconocimiento para la base del cálculo (fs. 434).

Atendida la solicitud anterior, el Tribunal citó a la audiencia contemplada en el artículo 131 de la Ley N° 20.720 para el 20 de noviembre de 2020. Sin embargo, el 6 de ese mes la requirente solicitó su suspensión mientras se sustanciara la inaplicabilidad interpuesta, de modo que el 17 de noviembre el Tribunal dejó sin efecto la referida audiencia.

Finalmente, el jueves 11 de marzo de 2021 se realizó la ampliación de la incautación correspondiente al embargo de remuneraciones de la liquidación de sueldo recibida por el deudor en el mes de agosto de 2020. Según consta del acta de la diligencia, la representante del deudor indicó no estar de acuerdo con el embargo en la parte que excede de las 56 unidades de fomento, indicando que por dicho motivo se habría presentado una controversia conforme a lo establecido en el artículo 131 de la ley (fs. 752).

III. DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE LOS BIENES DEL DEUDOR O CONCURSO PERSONAL

3°. Como se expuso previamente, la gestión pendiente que dio origen al requerimiento se inició por una solicitud de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora, por lo que antes de resolver el conflicto constitucional, conviene referirse a este procedimiento, el cual se define por la doctrina como “aquel procedimiento concursal de liquidación que es solicitado por impulso de la propia persona deudora y que tiene como fin realizar en un procedimiento colectivo sus bienes no excluidos, a fin de desinteresar a sus acreedores y exonerarse del pago de las deudas no cubiertas con la realización, al término del procedimiento.” (nombre reservado, G., (2017), Nuevo Derecho Concursal Chileno. Procedimientos concursales de empresas y personas deudoras.

Tomo II. Editorial Thomson Reuters, p. 687).

Esta figura la creó el legislador teniendo presente que “en Chile, uno de cada cuatro trabajadores gasta más de lo que recibe” (p. 241). En ese contexto, “la familia y en particular las personas que la integran y que forman parte de la fuerza de trabajo, comienzan a sufrir muestras de agobio por la incapacidad real de pagar sus deudas, cayendo en invasivos procedimientos de cobranza extrajudicial e incluso a persecuciones judiciales en que el embargo y posterior retiro y realización de bienes puede dejar en la calle al grupo completo.” (nombre reservado, N. y nombre reservado, C., (2015) Procedimientos concursales. Ley de insolvencia y reemprendimiento. Ley N° 20.720, Thomson Reuters, p. 241-242). Al efecto se constató que “(h)asta la Ley N° 20.720 no existía en Chile como en otros países un sistema concursal pensado no ya para la empresa productora de bienes o servicios, sino para el consumidor, esto es, la persona natural” (nombre reservado nombre reservado, J., (2015), “Derecho Concursal del Procedimiento Concursal de Liquidación Ley N° 20.720”, cuarta edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, pp. 665). En ese sentido, la doctrina afirma que “nuestro país simplemente no podía resistir mayor tiempo sin un cuerpo legal que abordara y diera soluciones a la incapacidad de pago de la persona natural. No estamos olvidando, ciertamente, que las disposiciones del Libro IV del Código de Comercio eran perfectamente aplicables a la persona natural, tanto aquellas que podían ser catalogadas como deudores calificados como las que por defecto fueran deudores civiles. El punto radicaba en que la necesaria intervención de los tribunales, los costos asociados, la pérdida en la administración de los bienes presentes, junto con toda la carga de descrédito y escarnio público de la legislación concursal, hacían que muy pocas personas naturales se sometieran voluntariamente al concurso. De igual forma, las nociones de prelación de créditos y de llamamiento general de los acreedores, incentivaban a éstos a preferir ejecuciones individuales.” (nombre reservado, ob. cit., p. 243).

4°. Mediante la incorporación de este procedimiento, se sigue “la tendencia de los ordenamientos concursales más modernos, que han incorporado la procédure de rétablissement personnel, start fresh, esdebitazione, discharge o segunda oportunidad, que tienen como común denominador permitir que una persona insolvente, cuya situación financiera está comprometida y degradada, pueda comenzar de nuevo sin el lastre de obligaciones insolutas que lo persigan permanentemente.” (Ruz, ob. cit., p. 679).

En efecto, citando al profesor nombre reservado ("La segunda oportunidad del deudor persona individual en Derecho español y el Real Decreto-ley 1/2015", Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Nº 40-2015, pp. 52-67): "La liberación de deudas en el concurso personal implica una reducción de las distorsiones provocadas por el 'impuesto' sobre rentas futuras que supone económicamente la sujeción al pago de deudas anteriores. Con ello, el sistema jurídico proporciona mayores incentivos a los deudores para que, una vez ocurrido un evento negativo global o singular que afecta a su capacidad de repagar sus deudas, sigan animándose a trabajar y a emprender, pero también a no ocultar los ingresos de sus actividades económicas posteriores, y a no permanecer, o no ingresar, en la economía sumergida. Empezando desde cero, pero no más abajo, se aumentan los incentivos a obtener empleo o desarrollar actividades empresariales y económicas de forma abierta y no clandestina.”

(Ruz, ob. cit., p. 679-680).

5°. El procedimiento de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora se inicia a solicitud de éste ante el Tribunal competente, acompañando los antecedentes sobre sus bienes, estado de deudas y juicios pendientes, según lo prevé el art. 273 de la ley . En conjunto con lo anterior, el deudor debe solicitar a la Superintendencia, la nominación de los liquidadores titulares y suplentes. Una vez recibido el Certificado de Nominación, el Tribunal pronuncia la resolución de liquidación en términos similares que para el caso de la empresa deudora. Los efectos de la resolución son “guardando las diferencias inherentes a cada tipo de sujeto, los mismos que para el caso del concurso de la empresa deudora, con la diferencia de que la remuneración que perciba el deudor sólo ingresa al concurso durante los tres meses siguientes a la apertura y con los límites que fija el art. 445 del C.P.C” (nombre reservado, ob. cit., p. 668). La realización de los bienes en este procedimiento se somete siempre al art. 204, es decir, al procedimiento sumario o simplificado. Finalmente, debe tenerse presente que las reglas relacionadas con los honorarios y cuenta final del liquidador, así como la resolución de término del procedimiento son las mismas que las aplicables a la empresa deudora.

6°. Ahora bien, el procedimiento antes explicado se inserta en el nuevo sistema concursal que reguló la ley N° 20.720 y que vino a sustituir el contemplado en el Libro IV sobre Quiebras del Código de Comercio, el cual había recibido numerosas críticas, incluso por organismos internacionales, como las de la OCDE, del cual Chile forma parte.

Así en informe de 2011, titulado “Mejores Políticas para el desarrollo:

Perspectivas OCDE sobre Chile” señalaba al respecto: “De acuerdo con la edición de 2011 de Doing Business, indicadores del Banco Mundial, el procedimiento de quiebra en Chile es más extenso y costoso que en la mayoría de los demás países de la OCDE. Se tarda 4.5 años y cuesta 15% de la propiedad cerrar un negocio, en comparación con 1.7 años y 9.1% del promedio nacional de los países de la OCDE. Los procedimientos prolongados y los altos costos de quiebra disuaden a los empresarios de correr riesgos al aumentar el costo de los fracasos (White, 2005)”.

En relación a la historia del establecimiento de la ley N° 20.720, resulta útil recordar que el Mensaje, de 15 de mayo de 2012, que acompañó al articulado propuesto por el Presidente de la República, expresa que “uno de los aspectos de mayor trascendencia que informa nuestra economía es la garantía constitucional de libertad para desarrollar actividades económicas con pleno respeto a las normas que las regulan, de conformidad a lo prevenido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

(...) Que el Gobierno no sólo respeta la libertad económica, sino que quiere fomentar el emprendimiento como motor de la economía nacional, y como un aporte a la mayor realización de las personas, para lo cual debe hacerse cargo de las empresas que en algún momento dejan de ser viables, (...) permitiendo a los acreedores recuperar todo o parte de sus acreencias. (...)

En suma, los motores que impulsan la reforma concursal que se somete a vuestro conocimiento son permitir el pronto y oportuno salvamento de empresas viables; la ordenada y expedita liquidación de aquellas que no gocen de tal viabilidad y, finalmente, la necesidad de entregar a Chile un marco normativo concursal acorde a los tiempos de hoy, con pleno respeto a los estándares internacionales actualmente vigentes”.

En cuanto al procedimiento concursal de la persona deudora, ajustándose a las ideas ya expresadas por la doctrina, se tuvo en consideración que “resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural, dándole la posibilidad de responder con sus propios bienes de manera más breve y menos costosa que en una liquidación de empresas y, así, impulsar comportamientos crediticios responsables en el consumidor a largo plazo, mejorando la educación financiera por medio de normas que la hagan aplicable.” (p. 4).

7°. El procedimiento concursal de liquidación contemplado en la ley actual es un proceso judicial o jurisdiccional, por lo que “queda entregado a la Administración de Justicia Ordinaria o Poder Judicial y en tal sentido se rige supletoriamente por las normas que ordenan y organizan el actuar de los tribunales ordinarios de justicia. Es un proceso contencioso porque en él se ventilan conflictos jurídicos concretos o hipotéticos entre dos o más sujetos. La controversia en el juicio de quiebra se plantea entre el deudor y la “masa de acreedores”, por un lado y, por el otro, entre los acreedores mismos, que disputarán por empequeñecer el pasivo del fallido en vistas a mejorar sus posibilidades de cobro en el activo falencial” (nombre reservado nombre reservado nombre reservado nombre reservado, “Derecho Concursal del Procedimiento Concursal de Liquidación Ley N° 20.720”, cuarta edición actualizada, Ed. Jurídica de Chile, 2015, pp. 196-197). Asimismo, se trata de un proceso ejecutivo “que se planifica en cumplimiento material del derecho y, en el caso particular de las ejecuciones patrimoniales, en el cumplimiento forzado o compulsivo de una obligación impaga; en estos procesos se busca la realización concreta de la manifestación de voluntad legal” (nombre reservado nombre reservado nombre reservado nombre reservado, o. cit., p. 199).

8°. Es posible entonces afirmar, como ha sostenido este Tribunal Constitucional, que el régimen de procedimiento concursal de liquidación, “forma parte de un instituto procesal amparado por la Constitución en el numeral 21 de su artículo 19, que asegura a todas las personas el derecho al desarrollo de cualquier actividad económica y cuya regulación está encomendada al legislador. La principal dificultad normativa de tal procedimiento consiste en otorgar garantías efectivas que permitan materializar el contenido constitucional de ese derecho fundamental, lo cual supone que la ley concursal debe orientarse a solucionar los problemas de insolvencia de las empresas que no gocen de viabilidad económica estableciendo para ello un procedimiento expedito y eficaz que salvaguarde tanto los derechos de los acreedores como los del deudor” (STC 8305, c. 8°).

IV. DERECHO AL RECURSO Y DEBIDO PROCESO

9°. El conflicto constitucional sobre el cual recae el presente requerimiento se centra principalmente en resolver si el precepto impugnado importa una vulneración al derecho al recurso, toda vez que la requirente se ve impedida de interponer uno distinto al de la reposición en contra de la resolución que dicte el Tribunal en la audiencia citada para la resolución de las controversias.

Pues bien, como dispone la ley, los conflictos o controversias que se originen en entre el deudor, el liquidador y cualquier otro interesado, con ocasión de la administración de los bienes sujetos al procedimiento concursal, deben ser resueltos por el tribunal de la liquidación en audiencias verbales, a solicitud del interesado y conforme a las reglas que están contenidas en su artículo 131. Cabe tener presente que dicho precepto se encuentra en el Párrafo 4 “De los Efectos de la Resolución de Liquidación”, del Título I del Capítulo IV de la Ley N° 20.720, el cual es aplicable al procedimiento de liquidación voluntaria de los bienes de la persona deudora en virtud de la remisión que efectúa el art. 275 a dicho párrafo.

Estas reglas de carácter procedimental exigen que el solicitante exponga por escrito al tribunal tanto la petición que formula como los antecedentes que la sustentan, pudiendo el tribunal de la liquidación desecharla de plano si considera que carece de todo fundamento. En caso de considerarla fundada, citará a las partes a una audiencia verbal que se notificará por el Estado Diario, y que el liquidador se encargará de publicar. No se ha previsto la oportunidad precisa en que esta audiencia tendrá lugar, limitándose la ley en señalar que se celebrará en el menor tiempo posible.

El liquidador podrá concurrir a la audiencia personalmente o a través de su apoderado judicial y se celebrará con las partes que asistan.

10°. En cuanto al derecho al recurso como elemento integrante del debido proceso, este Tribunal ha sostenido que “ni en la dogmática jurídica ni en los textos positivos -nacionales, internacionales y comparados- existe un elenco taxativo de los componentes formalmente definidos como requisitos del debido proceso, aplicables a todo posible contencioso judicial, cualquiera sea su naturaleza, como numerus clausus. Más bien, se ha tendido a exigir elementos mínimos, con variaciones en ciertos componentes según la naturaleza específica del proceso de que se trate.” (STC Rol N° 2723, c. 7°).

Con todo ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.” (STC Roles N°s 478, c. 14°; 576 cc.

41° a 43°; 1307, cc. 20° a 22°; 2111, c. 22°; 2133, c. 17° y 2657, c. 11°, entre otras).

11°. Asimismo, se ha puntualizado que el reconocimiento al “derecho al recurso”, como elemento integrante del debido proceso, admite una serie de matices y precisiones. Así, de los antecedentes de la historia fidedigna de la Constitución vigente se hizo ver que, “como regla general”, se reconoce la facultad para interponer recursos, lo que de suyo implica la evidente constitucionalidad de algunas hipótesis en que tales recursos no van a ser admisibles o, simplemente, no existirán (STC Rol N° 2723, c. 10°).

En tal sentido, la ausencia de recursos puede ser constitucionalmente compensada por la jerarquía, integración, composición e inmediación del tribunal que conoce del asunto. Incluso más, cuando se reconoce legalmente el derecho al recurso, en el contexto señalado, menos existirá una exigencia constitucional respecto al tipo de recurso. Por lo mismo, “la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistémicas y de contexto procesal, o incluso concretas, y no configura un requisito de validez del juicio per se.” (STC Rol N° 2723, c. 11°).

Lo anterior ocurre especialmente cuando lo que se trata de impugnar no son sentencias definitivas o resoluciones que no ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, sino las restantes resoluciones que se dictan a lo largo del procedimiento, como sucede justamente en el caso concreto.

12°. Lo trascendente es que, para ajustarse a las exigencias constitucionales, el legislador debe asegurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías efectivas de un procedimiento racional y justo, a fin de que no se encuentren en una situación de indefensión frente a una eventual arbitrariedad en que pueda incurrir el juez.

V. SOBRE LA IGUALDAD ANTE LA LEY

13°. Pues bien, el requirente manifiesta, en primer lugar, que la norma afecta la igualdad ante la ley porque se coarta el derecho a recurrir del deudor, “en circunstancias que las situaciones fácticas que provocan su aplicación, provienen exclusivamente de actos o gestiones realizados por nombre reservado en el contexto de la administración de los bienes del deudor, no teniendo derecho a que la decisión del tribunal respecto de ellas pueda ser objeto de una segunda revisión” (fs. 21). Para ello cita diversas resoluciones respecto de las cuales el legislador ha previsto el recurso de apelación, señalando que pareciera que tal recurso “queda reservado en su mayoría para situaciones en que con las decisiones del tribunal a quo pueden resultar afectados los intereses de los acreedores” (fs. 23).

14°. Ahora bien, como ha reiterado numerosa jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, la existencia de un tratamiento distinto para una cierta categoría de personas no es suficiente para concluir que ello es contrario a la Carta Fundamental, “pues ésta no prohíbe establecer diferencias, sino que hacerlo arbitrariamente; esto es, careciendo de fundamento razonable que pueda justificarlas” (STC 977 c. 10º, entre otras sentencias). Por lo anterior, la autonomía de que goza el legislador para configurar los procedimientos le autoriza a tratar en forma diversa situaciones que, objetiva y razonablemente, son disímiles, esto es, que por su propia naturaleza o por el tipo de interés comprometido, exijan, como sucede en el caso concreto, una tramitación rápida y eficaz, siempre que con ello respete las exigencias de un racional y justo procedimiento.

15°. Pues bien, ante los cuestionamientos de la requirente cabe reiterar lo ya señalado por esta Magistratura en relación al art. 4, N° 2, de la Ley N° 20.720, en cuanto a que “existen razones objetivas y racionales para que el legislador haya establecido reglas especiales aplicables al deudor sometido a un proceso de liquidación forzosa y que llevan a limitar la posibilidad de que interpongan recursos en él, apartándose de las normas comunes a que se sujeta el deudor en los juicios ejecutivos que regula el Código de Procedimiento Civil” (STC Rol N° 8305, c. 15°)

16°. Al analizar las diferencias que llevan a distinguir en ese sentido uno y otro procedimiento, cabe hacer notar que, mientras en las ejecuciones individuales se busca proteger exclusivamente los intereses del acreedor -lo cual se traduce en el hecho de que puede embargar tal o cual bien y tramitar el procedimiento de apremio de forma más o menos rápida, según sus intereses personales-, en el procedimiento concursal está comprometido el interés del deudor, el de los acreedores -que tienen por objeto lograr un acuerdo patrimonial o liquidar en forma ordenada, respetando la prelación de créditos- y el del Estado, a quien le interesa el adecuado uso del crédito en la actividad económica.

Dada esta fundamental diferencia, ante la insolvencia de un sujeto, como ha señalado esta Judicatura, “debe emplearse una defensa colectiva, porque ese estado patrimonial atenta contra los intereses de la masa, de los acreedores y de la sociedad toda” y, por ello, “siendo diversos los bienes jurídicamente comprometidos en uno y otro caso, son también diferentes las defensas que el derecho ofrece para cada evento”

(Sandoval, ob. cit., p. 24). A lo anterior ha de agregarse, como explica el profesor nombre reservado

nombre reservado, que el derecho concursal tiene por finalidad abordar la insolvencia de los deudores, esto es una “iliquidez crónica e irremontable descrita como una asincronía entre las fechas de vencimiento de las obligaciones y el activo circulante del deudor”.

De ahí surge la protección al principio par condictio creditorum, que busca resguardar las normas de prelación de créditos siendo así “la única forma posible de resguardar las normas de la prelación de créditos ilusoria entregada a múltiples ejecuciones individuales” (ob. cit., p. 56). Teniendo presente entonces los bienes jurídicos comprometidos y las particularidades de uno y otro proceso al no encontrarse en una misma situación el insolvente que el demandado en un juicio ejecutivo, no existe, por lo tanto, una desigualdad de trato en la norma legal cuestionada que lleve a la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.” (STC Rol N° 8305, c. 16°).

17°. Asimismo, el reproche del requirente, en orden a que la norma lo deja en una posición desigual con el acreedor ya que, a diferencia de aquel, él puede apelar en diversas ocasiones en las que se vean afectados sus intereses, carece de todo fundamento. En efecto, por una parte, el requerimiento no explica por qué, a su juicio, las resoluciones sobre las cuales se contempla el recurso de apelación no afectan también los intereses del deudor, y por otra parte, omite que el precepto impugnado en estos autos excluye la interposición de cualquier recurso distinto a la reposición no solo al deudor sino que también a cualquier otro interesado que asista a la audiencia que cite el Tribunal para resolver la controversia.

Esta Magistratura ha sostenido que la igualdad ante la ley no sólo se traduce en la interdicción de la arbitrariedad (artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución) sino que asegura también la generalidad y abstracción, características de este tipo de normas (artículo 19 N° 2, inciso primero, de la Constitución). Así, en sentencia recaída también en un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba algunas normas de la ley N° 20.720, expresó que si el examen de una eventual desigualdad de trato y, por ende, de un atropello al principio de igualdad ante la ley, obliga a determinar cuál es el universo de aquellos que deben ser tratados como iguales, “cabe desechar la argumentación planteada por el actor, pues el trato igual debe darse entre aquellos que se encuentren regidos por leyes especiales en cuanto a la tramitación de un procedimiento y no entre estos últimos y los afectos a los procedimientos ordinarios” (STC N° 7290, c. 23°).

En consecuencia, no se advierte que se infrinja el principio de igualdad ante la ley si la limitación que establece la norma impugnada afecta por igual a todas las partes que intervienen en la audiencia de resolución de controversias.

VI. SOBRE LA INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO POR APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO

18°. El requirente alega, asimismo, que el artículo 131, inciso final, vulnera el debido proceso, puesto que el hecho de privar a una persona de la posibilidad de entablar los recursos que se prevén en nuestro ordenamiento, cualesquiera que sean los bienes jurídicos involucrados y en peligro, pero especialmente cuando se trata de la función de administración de los bienes del deudor, limita su debida defensa y tornan en meramente ilusorios los calificativos de racional y justo de un procedimiento (fs. 26).

19°. Sucede, sin embargo, que el diseño de un régimen recursivo es parte del ámbito de la autonomía del legislador, el que puede establecer los recursos con libertad siempre que no transgreda las garantías constitucionales.

Por ello el legislador es libre de establecer un sistema de recursos, en cuanto a su estructura, forma y límites, fundado en ciertos y determinados principios sobre los que descansa una ley conforme a la naturaleza de la controversia de que se trate y para dar protección a determinados bienes jurídicos.

20°. Como reconoce la propia requirente (fs. 18), uno de tales principios fundamentales sobre los que descansa la ley N° 20.720 es el de celeridad.

Al revisar la historia de la ley, explicando la necesidad de disminuir la duración de los procedimientos, se puede constatar que el mensaje presidencial hace mención al problema de demora excesiva que tenían los procesos en el sistema concursal entonces vigente: “En comparación a países de la región, Chile presenta un panorama desolador. Así,́ respecto de la duración del procedimiento, Colombia muestra un promedio de 1,3 años, mientras que Uruguay entrega 2,1 años y Bolivia, 1,8 años. Nosotros, en cambio, mostramos un triste promedio de 4,5 años. Si ampliamos la comparación a países que, al igual que Chile pertenecen a la OCDE, las diferencias se acentúan dramáticamente:

Japón, Canadá́ y Dinamarca presentan procedimientos con duraciones que van de los 6 a 9 meses, mientras que otros como Hungría, Estonia y Polonia exhiben procesos que duran entre 2 a 3 años, tiempos que aún siguen siendo más reducidos que los existentes en Chile.”

Profundizando en el tema, en sesión de la Comisión de Economía del Senado el ministro de Economía recalcó la necesidad de establecer límites de tiempo a los procedimientos, explicando al efecto que, en la elaboración del proyecto de ley, “se hicieron una serie de simulaciones, acortando los distintos plazos. Es fundamental ser riguroso y respetar los tiempos, porque el sentido de la oportunidad es fundamental, toda vez que nos vemos enfrentados a una emergencia empresarial, y lo que se busca es priorizar la reorganización de la empresa. Adelantó que el proyecto plantea en esta, así como en otras materias, cambios radicales, que permitirán rebajar el promedio de 4,5 años hasta estándares internacionales”.

En este punto cabe tener en cuenta también que, al informar sobre el proyecto, la Corte Suprema, refiriéndose específicamente al tratamiento del recurso de apelación, señaló: “Como puede apreciarse, tanto la regla general del artículo 4°, como en los diversos casos en que expresamente el legislador contempló el recurso de apelación, aparece la regla en que se le otorga preferencia al recurso para ser agregado a la tabla, así como también para su pronunciamiento y fallo. Lo anterior, por el carácter expedito que tiene o debería tener un procedimiento concursal” (oficio N° 59-2012).

También resulta pertinente revisar el Informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el cual se deja constancia que don nombre reservado

nombre reservado expresó que “el nuevo sistema se ofrece como un mecanismo en que prima el principio formativo de la celeridad procesal, pues si se debe optar por la desaparición de la actividad de la empresa, ha de privilegiarse que ello ocurra en el menor tiempo posible, advirtiendo que las dilaciones, como por ejemplo, los incidentes o recursos dilatorios, y las obstrucciones de los acreedores silentes, deterioran aún más el valor del activo y, en consecuencia, la factibilidad del pago del pasivo. Para estos efectos, si bien se hace girar las decisiones de la forma de liquidación en la votación de los acreedores, ella es auxiliada por las propuestas efectuadas por el liquidador, tomando especialmente en cuenta los plazos taxativamente designados por la legislación para redistribuir los bienes a usos de mayor valor.”

(p. 1151).

21°. Aludiendo al principio de celeridad, nombre reservado y nombre reservado

citan a nombre reservado (Varios autores (2009): “Leyes desde 1992. Vigencia expresa y Sentencias de Constitucionalidad, Bogotá, Casa Editorial), quien indica que tal postulado “se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadora a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia”. A tal principio se une el de la economía procesal, que también permea el procedimiento de liquidación forzosa como dicen nombre reservado, quienes, tomando asimismo la obra de Bermúdez transcriben la definición que ésta da acerca de tal postulado, señalando que se orienta a “conseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal” (Procedimientos concursales. Ley de insolvencia y reemprendimiento. Ley N° 20.720, Thomson Reuters, 2015, p. 45).

Tales principios los tuvo presente la Corte Suprema en sentencia 31.591-2018, al explicar que “dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho”(c. 7°); “Que con la finalidad recién expresada corresponde señalar, en primer lugar, que la Ley N° 20.720 es una ley especial y contiene una serie de reglas procesales que difieren de las normas generales en materia de derecho procesal civil, las que deben ser analizadas conforme a sus antecedentes lógicos y sistemáticos, debiendo considerarse, en lo que por ahora incumbe analizar, que la particular naturaleza y finalidad de los distintos procedimientos concursales que la ley somete al conocimiento del órgano jurisdiccional requieren una tramitación rápida y eficaz. Ahora bien, dentro de las innovaciones desarrolladas en esta ley especial se encuentra la manera en que se ha regulado su sistema recursivo, lo que indudablemente denota que el espíritu del legislador fue el de simplificar el procedimiento y restringir el ejercicio de los recursos que contempla el Código de Procedimiento Civil, limitándolos sólo a los casos en que expresamente consagre tal derecho” (c. 8°).

22°. En base a los mismos principios de celeridad y de economía procesal, el mismo art. 131 de la Ley N° 20.720 establece que el Tribunal podrá desechar de plano la solicitud de la audiencia si carece de fundamento plausible; que, en caso contrario, citará a una audiencia que se celebrará en el menor tiempo posible; y, en fin, que la resolución que se adopte en la audiencia será susceptible de reposición, la que debe deducirse y resolverse en la misma audiencia. La celeridad también se manifiesta en otras disposiciones de la ley, como la regulación del recurso de apelación lleva a que éste goce de preferencia para su inclusión en la tabla y para su vista y fallo, como lo indica el artículo 4° numeral 2° de la ley N° 20.720. Se manifiesta asimismo en una serie de otros preceptos contenidos en el mismo cuerpo legal, como es el referido a los incidentes, ya que, como dispone su artículo 5°, estos solo pueden promoverse respecto de aquellas materias en que se admiten expresamente y no suspenderán el procedimiento concursal, salvo que la misma ley establezca lo contrario; también en ella se funda el artículo 129 inciso final, en cuanto indica que contra la resolución de liquidación procede únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de su preferencia para su agregación extraordinaria a la tabla y para su vista y fallo, estableciendo además que contra la sentencia de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario; el artículo 7°, relacionado con la fatalidad de los plazos establecidos por la ley; las reglas que se relacionadas con la celebración de audiencias verbales, como son la inicial, la de prueba y la de fallo, etc.

23°. En mérito de lo razonado, y teniendo presente los bienes que el legislador tuvo en vista al momento de regular los procedimientos concursales, resulta razonable que el legislador hasta establecido reglas que propendan a que el procedimiento judicial de liquidación sea ágil, oportuno y eficiente, de modo que cabe desechar la impugnación que el requirente realiza en contra del art. 131, inciso final, de la Ley N° 20.720, por vulnerar el derecho al debido proceso.

En tal sentido, la norma impugnada no atenta contra la garantía de un justo y racional procedimiento, por lo que resulta constitucional la norma que establece que las resolución que se dicte en la audiencia de resolución de controversias solo será susceptible de reposición, ya que se ajusta al debido proceso legal, debiendo tenerse presente al efecto que la exclusión de otros recursos tiene por objeto evitar la dilación innecesaria del procedimiento.

24°. No existe, por lo demás, un derecho a obtener la revisión judicial por un tribunal superior de todas y cada una de las resoluciones que se dicten en un procedimiento judicial, por lo que los reproches que se formulan en contra del precepto están dirigidos en contra del mérito de la obra del legislador.

VII. DEFECTOS FORMALES DE QUE ADOLECE EL REQUERIMIENTO

25°. De acuerdo al art. 93 Nº 6 de la Constitución, la atribución del Tribunal Constitucional es la de resolver la inaplicabilidad de un precepto legal “cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, exigiendo el inciso 11° del mismo art. 93 que “la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del asunto”.

Pues bien, tal como se señala en el libelo de fojas 1, en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Letras de Tocopilla “se encuentra pendiente de resolver la controversia entre deudor y liquidador, ello de conformidad al artículo 131 de la Ley 20.720, y en la cual aún no se lleva a cabo la audiencia correspondiente” (fs. 1)

Asimismo, bajo el acápite “Aplicación decisiva” del requerimiento se señala que “respecto del inciso final del artículo 131, en caso de fallar el Tribunal rechazando lo solicitado por esta parte, mi representado se verá impedido para revisar, en segunda instancia, lo decidido por el Tribunal” (fs. 6)

26°. Conforme a lo anterior, el reproche formulado por la actora constitucional se funda en un agravio absolutamente hipotético, que busca hacer frente a una eventual resolución contraria a sus pretensiones, no siendo resorte de esta Magistratura adelantarse a un escenario de tales características, dado que lo que ha de resolverse en esta sede implica centrarse solo en la gestión judicial pendiente y su estado procesal (En tal sentido véase por ejemplo STC Roles N° 6323-19 y 7703-19).

27°. Considerando lo anterior, y en relación al momento en que se presenta el presente requerimiento de inaplicabilidad, esta Magistratura la señalado que “no resulta, siempre y a todo evento, inocuo el momento en que esa gestión se encuentre para acudir ante esta Magistratura, ya que, en todos los casos, tienen que considerarse sus particularidades, desde que no cabe realizar, en esta sede, un juicio en abstracto de constitucionalidad del precepto legal (c. 9°, Rol N° 4.696), sino que debe analizarse su aplicación en el contexto de la causa judicial que se encuentra en curso al momento de ser deducida la acción y su devenir ordinario, en la eventualidad de que ésta no haya sido del todo suspendida por este Tribunal, ya que necesariamente la inaplicabilidad debe ser resuelta teniendo en cuenta los antecedentes que obran en el expediente constitucional, puesto que ha sido la propia parte requirente la que ha decidido la instancia procesal de la gestión pendiente para accionar en esta sede, o lo ha hecho el juez, de acuerdo a la atribución que le confiere la Carta Fundamental”

(STC Rol N° 5419 c. 30°). Se agregó a lo anterior que “para examinar las inconstitucionalidades a que da lugar la aplicación del precepto legal impugnado puede resultar relevante el momento que se elija para accionar, pues, si ello se realiza en etapas muy preliminares de la gestión pendiente, es probable que esta Magistratura deba emitir un pronunciamiento sobre bases más o menos probables, tanto en relación con la determinación de los hechos, como respecto de la aplicación del Derecho.” (c.

31°).

28°. Teniendo presente que la audiencia de resolución de controversias no se ha celebrado y que, por lo tanto, no se ha decidido por el Tribunal que conoce del procedimiento si la incautación de una parte de las remuneraciones de la requirente se ajusta a derecho, no cabe sino concluir que el requerimiento resulta meramente abstracto y basado en un “escenario hipotético que, atendido el devenir de la gestión pendiente al momento de ser presentado el libelo, no permite, sin más, concluir que el resultado gravoso se producirá sin que puedan descartarse que las etapas recursivas ordinarias, eventualmente, puedan remediar su alegación de su parte. De no mediar remedio a través de dichos medios de impugnación es que surge la clara competencia de este Tribunal” (STC Rol N° 7703 c. 8°).

29°. Por otra parte, debe tenerse presente la jurisprudencia de esta Magistratura Constitucional que ha resuelto que “[…] el carácter decisivo que debe tener la norma impugnada supone que el juez de instancia deba considerar para resolver alguno de los asuntos o materias que le han sido sometidos a su conocimiento […] el que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone que el Tribunal Constitucional debe efectuar “un análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna, para decidir la gestión” (STC roles N° 668, 809, 1.225, 1.780 y 2.193) […]”.

30°. Al efecto no puede olvidarse que el artículo 4, N°2, de la misma Ley N° 20.720 establece que la apelación “Procederá contra las resoluciones que esta ley señale expresamente…” de modo tal que, aun cuando se declare la inaplicabilidad de la norma, la resolución no será susceptible de impugnarse mediante la apelación, por lo que no tendrá el efecto buscado por la requirente en la gestión pendiente.

En tal sentido la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto: “Que la Ley N° 20.720, establece en su artículo 4° un sistema de recursos que modificó radicalmente la situación anterior a su vigencia, regulando expresamente, entre otros, el recurso de apelación, respecto del cual se estatuye un régimen estricto que habilita su interposición respecto únicamente de las resoluciones que la antedicha legislación señala expresamente; CUARTO: Que, en ese orden de ideas, las materias relacionadas con el recurso interpuesto no tienen contempladas, de manera expresa, el recurso de apelación, como se desprende del artículo 131 de la Ley N° 20.720, motivo por el que el intentado por la acreedora resulta improcedente, como acertadamente lo ha resuelto la juez de la causa.” (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 7168-2019)

31°. En mérito de lo anteriormente expuesto la norma impugnada no será decisiva en la resolución de la gestión pendiente puesto que si bien el art. 131 no prevé el recurso de apelación expresamente, en virtud de lo dispuesto en ya copiado artículo 4° de la Ley N° 20.720 – y no impugnado en estos autos – la declaración de su inaplicabilidad no tendrá efecto útil alguno, por cuanto la Corte de Apelaciones seguirá viéndose impedida de conocer en segunda instancia de la apelación.

VIII. RECHAZO DEL REQUERIMIENTO

32°. Por todo lo anteriormente expuesto, a juicio de estos ministros debió desestimarse el requerimiento de autos.

Redactó la sentencia el Ministro señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y la disidencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 10.957-21-INA

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y por sus Ministros señor IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL y señores GONZALO GARCÍA PINO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Se certifica que los Ministros señores JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL y señor GONZALO GARCÍA PINO concurren al acuerdo, pero no firman, por haber cesado en sus funciones.

Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señora y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la alerta sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

nombre reservado María Angélica Barriga Meza Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Fecha: 23-06-2022 Fecha: 23-06-2022