Suspensión de términos probatorios en juicio de hacienda por estado de excepción

REPÚBLICA DE CHILE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ____________

Sentencia

Rol N° 10.887-21-INA [23 de septiembre de 2021]

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REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N° 21.226

nombre reservado nombre reservado

EN EL PROCESO ROL C-4918-2020, SOBRE DEMANDA EN JUICIO DE HACIENDA, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE RANCAGUA

VISTOS:

Introducción

A fojas 1, nombre reservado nombre reservado deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 6° de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, para que surta efectos en el proceso Rol C-4918-2020, sobre demanda en juicio de hacienda, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua.

El actor consigna, que en el juicio sublite caratulado “nombre reservado CON TESORERÍA DE SAN FERNANDO”, ha demandado en juicio de hacienda a la Tesorería General de la República por concepto de giros que fueron notificados y requeridos de pago los años 2000 y 2002 (originados en tres expedientes administrativos, roles 1000-2000, 1004-2000 y 1013-2002), al tiempo que en el proceso ventilado ante el juez civil la demandante y requirente de inaplicabilidad alega la prescripción extintiva de la deuda fiscal.

Añade la actora que la causa se encuentra en estado procesal de iniciarse la etapa probatoria, con la resolución de fecha 17 de noviembre de 2020 que recibió la causa a prueba, fijando como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos: 1.- la época que sirve de base para el cómputo de la prescripción que se alega respecto de los folios descritos en la demanda; 2.- Si la deuda que emana de los folios descritos en la demanda se encuentra efectivamente prescrita; y 3.- Efectividad de haber operado la interrupción de la prescripción. Hechos que darán cuenta de ello. Y en la misma resolución, el juez suspende el término probatorio, aplicando el artículo 6 de la ley 21.226.

Precepto legal cuya aplicación se impugna; antecedentes, gestión pendiente y conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

El precepto legal impugnado prescribe que “Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.”

Afirma la actora que, debido a la gravedad de la pandemia, la autoridad ya ha prorrogado el mencionado estado de excepción constitucional de catástrofe en tres oportunidades, lo cual termina afectando a la actora en su derecho al debido proceso, entendido como procedimiento racional y justo.

Así, estima que la aplicación del impugnado artículo 6 de la ley 21.226 en el caso sub lite, se traduce en que mientras se encuentre vigente el estado de catástrofe derivado de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se impide a la actora el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, y a ser juzgado en un tiempo razonable, cuestión esta última en que ya ha sido menoscabada la actora con anterioridad por el retraso administrativo del propio Servicio de Tesorería que lleva en la tramitación de los autos administrativos relativos al cobro de deudas tributarias más de 15 años, lo cual devino en la necesaria judicialización del asunto, en el juicio de prescripción extintiva sublite, en que además el sentenciador debe constatar el elemento tiempo, conforme a instrumentos que ya han sido incorporados al expediente por la misma demandante y no objetados por Tesorería.

Lo expuesto contraría lo dispuesto en el artículo 19 Nº3 incisos 1 y 5, y N° 26; y en el artículo 76 incisos 1º y 2º, de la Constitución Política, en relación también con lo dispuesto en los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 25 de la Convención Interamericana de Derecho Humanos, además del artículo 19 N°1 de la Constitución.

Concluyendo la requirente que en la especie el juez de la instancia insiste en mantener la suspensión del juicio, manteniendo en el tiempo la calidad de deudora de la demandante que queda privada de su derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, y desprovista en su garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, frente a una norma que se aplica vulnerando los principios de racionalidad y justicia e impide en el caso particular el libre ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Tramitación y observaciones al requerimiento

El requerimiento fue admitido a trámite, y declarado admisible por la Primera Sala de este Tribunal Constitucional (fojas 115 y 205).

Conferidos los traslados de fondo a las demás partes y a los órganos constitucionales interesados, fueron formuladas oportunamente observaciones por la Tesorería General de la República, instando por el rechazo del requerimiento deducido en todas sus partes.

En su presentación de fojas 213 y ss., la Tesorería General de la República desestima todas las infracciones constitucionales alegadas.

Así, en primer término, afirma que en este caso no se ven amagados los derechos que a la requirente garantiza el artículo 19 constitucional, en sus numerales 2° y 3°.

Así, no se afecta la igualdad ante la ley ni la igual protección de la ley, ni tampoco el debido proceso, toda vez que, la suspensión del período probatorio decretada en virtud del artículo 6° de la ley N° 21.226, rige por igual para todas las partes del proceso seguido ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua; y beneficia a todas las partes; agregando que, como ha señalado la Corte Suprema, la aplicación de esta norma evita la indefensión de las partes en el juicio, en cuanto a la etapa del proceso más relevante, como lo es el término probatorio.

Tampoco se amaga el debido proceso ni la tutela judicial efectiva ya que como ha señalado este Excmo. Tribunal Constitucional (STC Rol 9464), la finalidad de no dilatar los procesos no se contraviene con la suspensión del término probatorio, decretado por el juez de la causa en el caso concreto, por cuánto el precepto legal cuya inaplicabilidad se reclama, regula una situación que se ha producido por la pandemia que afecta al país, conforme al estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, decretado desde marzo de 2020; teniendo presente además que la ley 21.226 busca continuar con la administración de la justicia dentro de lo posible, poniendo como prioridad la salud de los funcionarios y de las personas.

Tampoco se han afectado los derechos de la actora en su esencia; ni se conculca el artículo 76 constitucional, toda vez que la parte requirente no explica la infracción a esta norma, limitándose a enunciarla.

Vista de la causa y acuerdo

Traídos los autos en relación, en audiencia de Pleno del día 26 de agosto de 2021, se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el Relator, quedando adoptado el acuerdo y la causa en estado de sentencia con la misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

EL CASO CONCRETO Y LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, don nombre reservado en representación de nombre reservado

nombre reservado, interpone requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 6° de la Ley N°21.226, que “Establece un régimen jurídico de excepción para procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile”, norma que es del siguiente tenor:

“Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.”;

SEGUNDO: Que, ante el 1° Juzgado Civil de Rancagua se tramitan los autos caratulados “nombre reservado con Tesorería de San Fernando”, bajo el Rol N°C-4918-2020, sobre demanda de prescripción extintiva en contra del Fisco de Chile – Servicio de Tesorería General de la República, en concreto, Tesorería Provincial de San Fernando. La demanda tiene como pretensión se declaren prescritas las obligaciones tributarias, en que la requirente es deudora, y así se entiendan extinguidas las acciones del Fisco de Chile para el cobro de los giros en contra de la señora nombre reservado.

La causa se encuentra en estado de iniciarse la etapa probatoria; el 5 de octubre de 2020 se dictó la resolución que recibe la causa a prueba y se fijó un único hecho sustancial, pertinente y controvertido, cual es “1.- Época que sirve de base para el cómputo de la prescripción que se alega respecto de los folios descritos en la demanda”.

Además, el tribunal en dicha oportunidad resolvió:

“Atendido lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°21.226, notificadas que sean las partes, si no existe reposición, suspéndase el término probatorio por el período que se expresa en dicha norma”.

El abogado de la requirente interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, frente a lo que el tribunal, con fecha 17 de noviembre de 2020, resolvió:

“Que sin perjuicio que la prescripción es una calificación de derecho, los puntos cuya incorporación se solicitan resultan plausibles a la luz de lo expuesto en los escritos de discusión y a los presupuestos de la acción deducida y, teniendo además, presente lo dispuesto en los artículos 181 y 319 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de reposición, incorporándose los dos hechos solicitados a la interlocutoria de prueba, quedando fijados como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Época que sirve de base para el cómputo de la prescripción que se alega respecto de los folios descritos en la demanda.

2.- Si la deuda que emana de los folios descritos en la demanda se encuentra efectivamente prescrita.

3.- Efectividad de haber operado la interrupción de la prescripción. Hechos que dan cuenta de ello.

En cuanto al recurso de apelación deducido en subsidio, estese a lo resuelto. Atendido lo resuelto en el último párrafo de folio 26, entiéndase suspendido el término probatorio a contar de esta fecha y hasta el plazo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21.226.”;

TERCERO: Que, la parte requirente solicita, como petición concreta, que esta Magistratura Constitucional declare la inaplicabilidad del artículo 6° de la Ley N°21.226, por considerar que, en el caso concreto, la aplicación del referido precepto, produce efectos contrarios a la Constitución, en cuanto impide que durante el estado de excepción constitucional corra el término probatorio, lo que a su juicio vulneraría las garantías de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva y los derechos en su esencia;

CUARTO: Que, los fundamentos de la acción consisten en que se impide en la gestión judicial pendiente dar curso progresivo al juicio, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, lo que conlleva a que se paralice la tramitación del proceso y con ello se infrinja la garantía de la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 19 N°3, inciso primero, de la Carta Fundamental. Ello pues, a juicio de la requirente se le priva de “obtener una sentencia jurisdiccional que resuelva oportunamente la acción impetrada en su contra en circunstancias que, a la fecha, y sin una decisión de fondo en sentido contrario, se han trabado en su contra una serie de medidas que afectan sensiblemente sus derechos” (fs.14).

Además, señala que, junto con la vulneración del debido proceso en su componente de tutela judicial efectiva, y derecho al recurso, también obstaculiza el ejercicio de la función jurisdiccional propiamente tal.

Finaliza afirmando que “aparece de manifiesto, que la norma del artículo 6° de la Ley 21.226, lesiona y conculca “la igualdad en la Ley”, garantía que se contiene en el artículo 19N°2 de la Constitución Política de la República, ello por cuanto, el proceso en que se tramita la demanda de prescripción extintiva de deudas tributarias, como bien se ha expuesto en los títulos precedentes de este recurso, la situación jurídica en que se encuentra cada una de las partes no es equitativa, por cuanto, la Tesorería General de la República, primero que todo detentó la posibilidad de ser parte y conjuntamente haber podido obrar en calidad de juez sustanciador en el procedimiento administrativo, no así mi representada y contribuyente, así las cosas, el tiempo en la tramitación del asunto, quedó radicado y por enteramente disponible en la Tesorería. Dicha situación, con el artículo 6° de la Ley 21.226, y los decretos supremos que extienden el Estado de excepción Constitucional, coloca nuevamente a la administración del Estado, esto es, al Servicio de Tesorería, en una posición privilegiada frente a mi representada, pues mantiene mi representada la calidad de deudora, en consecuencia, la deuda cuya prescripción se solicita al Tribunal Ordinario sea declarada, pervive, ya que aquella se mantiene en los registros informáticos del ente recaudador fiscal”

(fs.15);

LA NORMA JURÍDICA IMPUGNADA

QUINTO: Que, la disposición legal controvertida constitucionalmente por la acción de inaplicabilidad dispone la suspensión del término probatorio en los juicios civiles, entre otros, mientras rija el estado de excepción constitucional de catástrofe y hasta diez días después de que aquél cese, regla procesal que responde al criterio del legislador de resguardar el derecho a defensa de las partes en el respectivo proceso, mientras las razones sanitarias impidan la tramitación de los mismos de modo presencial;

SEXTO: Que, la historia fidedigna del establecimiento del artículo 6 de la Ley N°21.226 deja de manifiesto que se buscó alterar mínimamente la tramitación de los procesos en curso, por lo que la suspensión sólo se refiere al término probatorio que constituye el espacio de tiempo donde se produce la prueba, particularmente en lo referido a la absolución de posiciones y a la prueba de testigos, medios relevantes para las partes y para el juez a fin de determinar y dilucidar los hechos controvertidos de la litis. Por consiguiente, se advierte que la norma jurídica cuestionada tiene claramente una finalidad legítima;

SÉPTIMO: Que, en la gestión judicial pendiente el juez de la causa amplió el auto de prueba, a petición de la requirente lo que denota que el término probatorio, tal como sucede en todos los procesos, resulta fundamental para las pretensiones de las partes, especialmente si la controversia se concentra en la prescripción de las acciones del Fisco ejercidas contra la requirente, por lo que no se advierte lo denunciado en estos autos constitucionales ,en cuanto a considerar que el precepto legal objetado presente aspectos de constitucionalidad reprochables;

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

OCTAVO: Que, la doctrina ha entendido que lo que caracteriza la tutela jurisdiccional es que efectivamente se haga justicia si la situación planteada así lo requiere, que lo pedido mediante el ejercicio de la respectiva acción sea conocido y resuelto por el juez natural, a través de un proceso que responda a las exigencias de razonabilidad que dispone la Carta Fundamental;

NOVENO: Que, esta Magistratura Constitucional ha sostenido que el derecho a la tutela judicial efectiva se concreta esencialmente en el derecho a la acción y el derecho al proceso (STC2697,c.17),y de acuerdo a ello en el caso concreto tales elementos han tenido lugar. Al efecto, la requirente ejerció la acción pertinente que ha dado lugar al juicio de hacienda que se pormenoriza en el considerando segundo de esta sentencia, proceso que se encuentra en la etapa probatoria, cuyo término está en suspenso, precisamente, por aplicación del precepto legal censurado;

DÉCIMO: Que, es dable advertir que no ha existido en el caso concreto una afectación a la tutela jurisdiccional, y que la suspensión del término probatorio atendida la vigencia del estado de catástrofe no ha sido óbice para que la requirente haya accedido a los tribunales de justicia, demandando al Fisco de Chile, por lo que es concluyente sostener que la norma jurídica impugnada no presenta una reprochabilidad, que en términos constitucionales, permita señalar que en el caso específico su aplicación produzca efectos contrarios al texto supremo;

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación a las normas relativas a los tratados internacionales ratificados por Chile, que sirven de fundamento a la acción de inaplicabilidad cabe reiterar lo expresado respecto de la tutela jurisdiccional, puesto que la requirente dedujo su pretensión procesal ante un juez competente y está sometida al evento incierto de la litis, con todas las garantías que la Constitución y los tratados respectivos aseguran a toda persona;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la referencia que hace el requerimiento al artículo 8 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la expresión ”en un plazo razonable” tiene que entenderse en una época de normalidad sanitaria, y que en las circunstancias de pandemia que ha afectado al país adquiere una connotación distinta en que la jerarquización de fines y adaptación sobre las reglas han tenido que alterar los valores medios que imperan en el quehacer cotidiano, lo que impulsó al legislador a dictar la Ley N°21.226 en materia de tramitación de los diversos procesos existentes en los tribunales de la República. Así la norma jurídica se inserta en el derecho inter temporal;

CONCLUSIÓN

DÉCIMO TERCERO: Que, el examen de constitucionalidad efectuado al precepto legal cuestionado demuestra que, en el caso considerado, su aplicación no produce efectos que se puedan estimar contrarios a la Carta Fundamental, puesto que la suspensión del término probatorio en la gestión judicial pendiente no acarrea afectación de derechos fundamentales de la requirente, particularmente de la tutela judicial efectiva, tal como se ha expresado en la parte considerativa de esta sentencia;

DÉCIMO CUARTO: Que, atendido a que el estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en todo el territorio nacional, cesará próximamente, lo que dará lugar a que empiece a correr el plazo de 10 días hábiles contemplado en la norma jurídica de que trata esta inaplicabilidad, y así se inicie el término probatorio en el proceso de hacienda en que es demandante la requirente, se agotará de esta forma la situación procesal que en rigor motiva estos autos;

DÉCIMO QUINTO: Que, existiendo causas más que suficientes para justificar plenamente la disposición legal censurada, y considerando lo precedentemente expuesto, se desestimará la inaplicabilidad deducida.

Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) QUE SE RECHAZA EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, EN TODAS SUS PARTES.

2) QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE, POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.

DISIDENCIA

Acordada la sentencia con el voto en contra del Presidente del Tribunal, Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES, quienes estuvieron por acoger el requerimiento deducido:

SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO Y SU IMPACTO COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROBATORIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 21.226.

1º. Que, proceso jurisdiccional es el medio o instrumento mediante el cual el Estado resuelve de forma pacífica y conforme a derecho los conflictos que son sometidos al conocimiento de los Tribunales, determinando la vigencia del derecho que resultará aplicable y resolviendo en favor de una de las partes. En materia civil, ello se traduce en la prohibición de la autotutela y de la venganza privada, además del reconocimiento de la titularidad de acciones y excepciones para las partes, lo cual exige que se consagre necesariamente un conjunto de normas jurídicas que establezcan los límites de esa relación jurídica, marco en el cual surgirá el derecho al debido proceso como límite adjetivo y como uno de sus estándares de validez. En tal sentido, el proceso tiene etapas: discusión, prueba, sentencia y recursos, y teniendo un orden lógico y consecutivo, si se suspende antes durante su tramitación, nunca podrá concretarse la resolución del conflicto ni menos la tutela que se demanda.

2º. Que, en ese sentido, la Constitución de Chile no contiene una norma expresa que determine con diáfana claridad el contenido mínimo de lo que la doctrina ha denominado histórica y universalmente como debido proceso, optando por garantizar el derecho a la legalidad del juzgamiento (que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción ha de fundarse en un proceso previo legalmente tramitado) y a propósito del mismo se determina la garantía normativa del racional y justo procedimiento e investigación como contenido y vector regulatorio de la ley procesal funcional, regulando además, dos de los elementos configurativos del debido proceso: el derecho a defensa jurídica y el derecho al tribunal predeterminado por la ley.

Ahora bien, más allá de la técnica y configuración precisada por el legislador al delimitar el derecho, resulta ampliamente aceptado que este consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual ha sido reconocido por decenas de sentencias de esta Magistratura, derecho dentro del cual se incluye no solo el de acceder a la jurisdicción para formular una pretensión, es decir, tanto el derecho abstracto a reclamar la función jurisdiccional y, por otra parte, el reclamo concreto de aquello que se alega, en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye dentro de sus elementos al debido proceso, además del derecho a una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del conflicto planteado, fundada en el sistema de fuentes vigente y dictada en un plazo razonable, a efectos de reestablecer el imperio del derecho si ha sido quebrantado. En efecto, es la sentencia firme la que finalmente concretará la tutela judicial y la hará efectiva tras ser ejecutada, por lo que resulta obvio que si se amaga, pospone o suspende el proceso, impidiendo así la dictación de la sentencia, se está haciendo imposible el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Dicho de otra manera, un proceso en el no existe la posibilidad de obtener sentencia es un proceso inútil, pues no podrá satisfacer la necesidad de resolver el conflicto mediante esa misma sentencia.

El ordenamiento jurídico internacional ha contribuido ampliamente al desarrollo de este derecho, en tal contexto la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8, que “Toda persona tiene el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, lo precisa.

3º. Que, a reglón seguido, una vez reconocido el derecho de acceso a la justicia, ahora en el marco del desarrollo de un proceso, será posible vislumbrar la necesidad de asegurar las demás condiciones mínimas del proceso, que serán absolutas y servirán de punto de partida para la determinación del haz de derechos que gozan las personas.

En este sentido es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que, “por lo menos”, deben ser aseguradas por los Estados a toda persona durante el proceso, en plena igualdad, en función de las exigencias del debido proceso legal (Opinión Consultiva OC-11/90, párr. 24, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, párr. 84.) lo cual es un indiciario respecto de la expansión horizontal del debido proceso, siendo aplicable sus disposiciones en diferentes escenarios jurídicos, evitando de tal modo alguna práctica perniciosa a la virtualidad jurídica de protección, de tal modo que la acción impetrada concluya con una decisión vinculante, que efectivamente logre proteger el bien jurídico o resarcir el perjuicio respecto a los intereses controvertidos por las partes y que son sometidos ante el Tribunal que conoce del asunto. En tal sentido, la importancia del derecho al debido proceso radica en la necesidad de cumplir ciertas exigencias o estándares básicos dentro del procedimiento o de la investigación, en su caso, a objeto de que el derecho a la acción no se torne ilusorio y que la persona que lo impetre no quede en un estado objetivo de indefensión. (STC Rol Nº 2371, C.

7, en el mismo sentido, STC 2372 c. 7), que en este caso se produce al verse impedido el tribunal de concretar el avance del proceso al suspenderse el término probatorio y por esa vía hacer imposible la dictación de la sentencia y así imposibilitar la tutela.

4º. Que, en tal orden como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar, al menos, las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores (STC ROL Nº 478, C. 14.) (En el mismo sentido, STC 576 cc. 41 a 43, STC 699 c. 9, STC 1307 cc. 20 a 22, STC 1448 c. 40, STC 1557 c. 25, STC 1718 c. 7, STC 1812 c. 46, STC 1838 c. 11, STC 1876 c. 20, STC 1968 c. 42, STC 2111 c. 22, STC 2133 c. 17, STC 2354 c. 23, STC 2381 c. 12, STC 2657 c. 11, STC 2697 c. 17, STC 2687 c. 14, STC 2799 c. 14, STC 2853 c. 16, STC 2757 c. 41, STC 2743 c. 24, STC 2791 c. 24, STC 2983 c. 4, STC 3107 c. 7, STC 3309 c. 28, STC 3119 c. 19, STC 3649 c. 7, STC 5219 c. 10, STC 5418 c. 17, STC 5419 c. 17, STC 6411 c. 11, STC 6962 c. 11, STC 4222 c. 48, STC 5121 c. 13, STC 4379 c. 5, STC 4533 c. 5, STC 4972 c. 5, STC 4988 c. 5, STC 5104 c. 5, STC 5778 c. 5, STC 5993 c. 5, STC 5613 c. 5, STC 5751 c. 5, STC 5979 c. 5, STC 5999 c. 5, STC 6108 c. 5, STC 6163 c. 5, STC 6473 c. 5, STC 6349 c. 5, STC 6353 c. 5, STC 6381 c. 5, STC 6508 c. 5, STC 6750 c. 5, STC 6941 c. 5, STC 7076 c. 5, STC 7228 c. 5, STC 7232 c. 5, STC 7233 c. 5, STC 7311 c. 5, STC 7398 c. 5, STC 7430 c. 5, STC 7606 c. 5, STC 3969 c. 8, STC 4434 c. 55, STC 7641 c. 30, STC 6611 c. 4, STC 7060 cc. 11 y 15, STC 7061 cc. 11 y 15, STC 3625 c. 30, STC 3938 c. 16, STC 3770 c. 35, STC 7203 c. 31), lo cual implica pre suponer como cuestión obvia y necesaria que la sentencia se pueda dictar, al punto de concebirse como un derecho, en un plazo razonable y fundada en derecho, lo cual se ve amagado al suspenderse la etapa procesal anterior a la dictación de la sentencia, sin la cual es imposible dictarla.

5º. La noción de debido proceso como garantía constitucional judicial, tiene una vertiente formal y otra sustantiva. Desde el ángulo formal, consiste en que toda decisión de un órgano jurisdiccional debe ser el resultado de un proceso previo, ante tribunal competente, realizado conforme a un procedimiento que asegure posibilidades básicas de defensa, orgánica y funcionalmente, tanto para definir derechos civiles como cuando se enfrenta una acusación de naturaleza penal. Sustantivamente, debido proceso significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable, mas no en criterios arbitrarios. (STC ROL Nº 2137, C. 5.) (En el mismo sentido, STC 2723 c. 5, STC 2798 c. 6, STC 3365 c. 3, STC 5219 c. 6)

6º. De tal modo, los Estados tienen como parte de sus obligaciones generales “(…) tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención” (Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 5, párr. 151; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 34). Y, en concordancia con ello, se debe dar cumplimiento al artículo 8.1, en relación con el artículo 25, ambos de la Convención Americana de Derechos Humanos, normas de las cuales se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria a los precitados artículos de la Convención.

7º. Que, en este sentido, si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto y, por tanto, puede estar sujeto a limitaciones discrecionales por el Estado, dicha restricción debe ajustarse a estándares de proporcionalidad, entre el medio empleado y el fin perseguido, sin suponer, en consecuencia, la negación del derecho. Por cuanto, una vez despejada la extensión de la garantía en cuestión, corresponderá precisar si la aplicación del precepto impugnado, en el caso concreto, satisface dicho parámetro de proporcionalidad, determinando así si es, o bien, hasta cuando sería razonable mantener la restricción, o en su caso si, derechamente, existen otros medios menos lesivos para resguardar el bien jurídico señalado por el legislador.

LA FASE PROBATORIA ENTENDIDA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL.

8º. El derecho a la prueba se caracteriza por ser un derecho fundamental que se estructura bajo el soporte constitucional y convencional, es de carácter individual y de prestación, y se configura como un derecho subjetivo. De tal forma, el derecho a la prueba se erige como un derecho fundamental autónomo que complementa el contenido al debido proceso, así, sin perjuicio de su autonomía, su contenido y mecanismos de tutela se encuentran subsumidos en el derecho al “debido proceso”. En efecto, en decenas de sentencias referidas al artículo 9° de la misma Ley N° 20.226, dictadas en los últimos meses, este tribunal ha señalado que “el derecho a la prueba, a su producción y al examen y objeción de la prueba contraria son además elementos del derecho a defensa eficaz y también de un debido proceso”, cuestión que en este caso concreto conecta inevitablemente con el orden legal y consecutivo del proceso, en conjunto con el derecho a la sentencia, pues en el caso concreto no puede haber sentencia sin el transcurso del término probatorio, etapa previa a la de sentencia que se encuentra suspendida, motivo por el cual es en realidad la tramitación del proceso lo que consecuencialmente ha sido suspendido.

9º. Que, en este sentido, siguiendo al Profesor nombre reservado es dable entender por derechos fundamentales o humanos “el conjunto de facultades e instituciones que, concretan las exigencias de la libertad, la igualdad y la seguridad humanas en cuanto expresión de la dignidad de los seres humanos, en un contexto histórico determinado, las cuales deben ser aseguradas, promovidas y garantizadas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional, supranacional e internacional, formando un verdadero subsistema dentro de estos” (nombre reservado.

(2005). Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales. Ius et Praxis, 11(2), 15-64. https://dx.doi.org/10.4067/S0718- 00122005000200002). Así, los derechos fundamentales se componen de un elemento axiológico de relevancia jurídica y social – que constituye un elemento epistemológico y socio-político- que se concreta mediante la configuración de un derecho subjetivo que, a su vez, está dotado de mecanismos de exigibilidad.

10º. Que, para entender la garantía probatoria como derecho fundamental, se deberá precisar, primeramente, los valores que le darán fundamento, señalar los principios que la configurarán, la revisión de su carácter subjetivo, precisar sus límites o extensión y, determinar las vías procesales para exigir su cumplimiento.

11º. Que, el proceso de constitucionalización y la apertura del ordenamiento jurídico nacional al derecho convencional, son fenómenos que han derivado en la “horizontalidad del derecho procesal”, cuestión que ha significado que existan principios y fuentes normativas que sean comunes para todos los procedimientos, en resguardo de los justiciables. Así, por ejemplo, sin distinción del tipo de procedimiento de que se trate “un derecho garantizado a la prueba, debería asegurar a las partes, la posibilidad de valerse de los medios generalmente reconocidos por el ordenamiento y, al mismo tiempo, impedir al legislador poner obstáculos no razonables de los derechos hechos valer en juicio”

(CAPPELLETI, MAURO. 1974. Proceso, ideología y sociedad. Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil italiano. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América. P. 558). Igualmente, siguiendo al Profesor Colombo, es posible sostener que “todo procedimiento para que sea debido, debe necesariamente otorgar a los sujetos involucrados el derecho a probar los hechos fundantes de sus pretensiones y contrapretensiones, y al tribunal le corresponde valorarla. El juez debe partir de una verdad material que puede exigir una mayor o menor prueba, pero que necesariamente debe quedar demostrada en el proceso, ya que sólo a los hechos probados se les aplicará la norma decisoria litis para la resolución del conflicto. La prueba es una carga procesal, si no se rinde precluye la oportunidad” (nombre reservado, JUAN. 2006. El debido proceso constitucional. 1a edición. Santiago de Chile, LOM ediciones. P. 105. (Serie de Cuadernos del Tribunal Constitucional / Tribunal Constitucional (Chile);

no. 32 (año 2006)).

12º. En virtud de lo anterior, la prueba debe ser comprendida por una parte como garantía constitucional y, por otra como derecho, en la cual existe una situación jurídica en la que confluyen cargas procesales y otros actos procesales que se entrelazan, emergiendo como elementos de garantía de esa relación jurídica. En ese sentido, se debe distinguir entre la garantía procesal, propiamente tal, y su proceso de producción, mediante la actividad probatoria. Así, para el caso del derecho fundamental a la prueba se establece una verdadera obligación jurídica para el órgano jurisdiccional ante el cual se desarrolla la actividad probatoria, distinción que implicará reconocer que esta se configura mediante componentes individuales - asociados a la libertad probatoria- y de prestación estatal, ambos necesarios para su ejercicio, emergiendo la dimensión prestacional de las garantías procesales, que en este caso se ve amagada por actividad legislativa del propio Estado, que ha dictado una ley auto exonerándose de tales prestaciones de administración de justicia, en una materia que además es tributaria, motivo por el cual no sería raro que el contribuyente además tenga que litigar intereses del artículo 53 del Código Tributario por tributos controvertidos, a pesar de que el juicio se encuentra afecto a demoras que no le son imputables a él sino al propio Estado (hipótesis que justamente ha sido declarada contraria a la Constitución por esta Magistratura desde la sentencia Rol N° 3440).

13º. Es del caso señalar que este tribunal ha señalado desde aproximadamente 15 años atrás que “el derecho a presentar pruebas es un elemento del debido proceso” (STC roles N°s 699, c. 9°; 2628, c. 6°; 2546, c. 7°, 2748, c. 15° y 2757, c.

41°, entre otras), y en este caso la suspensión del término probatorio no solo viola tal derecho, sino que el derecho mismo a la prosecución del proceso a las etapas siguientes y su conclusión misma, amagando la dictación de la sentencia que resuelva el conflicto, frustrando así el fin propio del proceso.

ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY Nº 21.226, EN EL CASO CONCRETO, Y LA GARANTÍA PROBATORIA COMO LÍMITE MATERIAL A LOS PROCEDIMIENTOS.

14º. Que, mediante el artículo 6 de la Ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, el legislador reguló que:

<<Los términos probatorios que a la entrada en vigencia de esta ley hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, en todo procedimiento judicial en trámite ante los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales del país, se suspenderán hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso>>.

15º. En el sentido de lo precedentemente expuesto, la actora deduce la presente inaplicabilidad en el contexto de un Juicio de Hacienda, seguido ante el Primer Juzgado de letras en lo Civil de Rancagua, proceso que, de acuerdo a lo informado por la actora, se encuentra en estado procesal de iniciarse la etapa probatoria, con la resolución de fecha 17 de noviembre de 2020 que recibió la causa a prueba. En tanto, en la misma resolución, el juez suspendió el término probatorio, aplicando el artículo 6, de la ley 21.226, ya singularizada.

16º. Cabe señalar que, sin pandemia y sin Ley N° 21.226 se estaría en presencia de un proceso que regido por el principio dispositivo se vería sometido al imperio de las cargas de impulso de parte y consecuencialmente al instituto del abandono si las mismas no son satisfechas, debiendo reiterarse que en el estatuto actual es imposible hacerlo avanzar al estar suspendido el término probatorio, siendo imposible llevarlo ni a etapa de sentencia ni menos a etapa recursiva para hacerlo concluir, dejando en total suspenso la tutela judicial, que entonces no es ni efectiva ni oportuna. Asimismo, es imprescindible agregar que la parte que pide “avanzar en el proceso” es un particular, en tanto que la que persevera en la suspensión es un órgano estatal, en condiciones que el obligado correlativo de la dimensión prestacional del derecho a la tutela judicial es el Estado, que en este caso es la contraparte y el legislador que determina la denegación de la prestación mediante la norma que suspende el término probatorio.

17º. Que, es un hecho indiscutido que las medidas de suspensión de plazos procesales, como consecuencia de la pandemia originada por COVID-19, ha sido un herramienta utilizada por un número importante de países, entre los cuales es posible destacar España*, Uruguay†, Colombia‡, México§, Perú**, Panamᆆ y el Salvador‡‡, los cuales han ido alzando -en la medida que las condiciones sanitarias lo permiten- las medidas de suspensión decretadas, así por ejemplo en el caso de Uruguay§§, España***, Colombia††† y México‡‡‡. En

* Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo del 2020 -en su disposición adicional segunda dispone la suspensión de todos los plazos procesales.

(https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con)-.

† Resolución S.C.J. N°12/2020. Fue dictada el 16 de marzo de 2020, por el cual la Suprema

Corte de Justicia resolvió que el Poder Judicial ingresa en situación de “Feria Judicial Sanitaria”, en virtud del cual se suspenden todos los plazos y actuaciones procesales entre el 14 de marzo y el 3 de abril. (https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias- institucionales/item/6435-scj-establecio-medidas-sanitarias-para-prevenir-expansion-del- covid-19.html).

‡ ACUERDO PCSJA20-11517 . Dictada el 15 de marzo de 2020, por el cual el Consejo Superior

de la Judicatura de la Presidencia decidió la suspensión de los plazos judiciales a partir del 16 de marzo hasta el día 20 del mismo mes, pero que luego mediante otros acuerdos siguió prorrogando la suspensión.

(https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUp load%2FPCSJA20-11517.pdf)

§ La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, decretaron la suspensión de toda actividad en el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 19 de abril de 2020, situación que luego fue prorrogada nuevamente. (https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/tax/articles/suspension- de-labores-y-plazos-procesales.html)

** Decreto de Urgencia N° 026-2020 de la Presidencia de la República de Perú dictado el 15 de

marzo de 2020. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566447/DU026-20201864948- 1.pdf †† Acuerdo 146 de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictada el 13 de marzo de 2020

(https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2020/03/430/acuerdo-csj-n0146.pdf)

‡‡ Decreto Legislativo N°599, de fecha 14 de marzo de 2020.

(https://www.transparencia.gob.sv/institutions/indes/documents/357291/download).

§§ Resolución S.C.J. N°33/2020: fue publicado el 14 de mayo de 2020, por el cual la Suprema Corte de Justicia resuelve la finalización de la Feria Judicial Extraordinaria, con lo que se reactiva la computación de los plazos procesales suspendidos.

(https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticiasinstitucionales/download/8225/6562/19.html ).

*** Real Decreto 537/2020: fue publicado el 22 de mayo de 2020, y tenía por objeto la prórroga del estado de alarma sanitaria. Sin embargo, en su artículo 8 dispuso el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales, cuya medida entraría en efecto desde el 4 de junio de 2020. (https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537/con).

††† Acuerdo PCSJA20-11567. Dictada el 5 de junio de 2020, por el cual el Consejo Superior de

la Judicatura de la Presidencia decidió levantar la suspensión de los plazos judiciales a partir del 1 de julio de 2020.

este sentido, es dable mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, con fecha 21 de enero del año 2021, realizaron una declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pandemia del COVID-19, en la cual, entre otras cosas señalaron que “La Comisión y el Relator Especial de la ONU destacan la importancia del acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos y como un pilar esencial para el Estado de Derecho” asimismo, reconoce que los países integrantes de los órganos de justicia han adoptado medidas con el fin de reducir la propagación del COVID-19, las cuales han tenido impacto mayor en su funcionamiento y, por ende, en el acceso a la justicia, de tal modo destacaron que “Entre las medidas se encuentran la suspensión de la actividad jurisdiccional y fiscal, la suspensión de plazos y actos procesales en causas extraordinarias, con algunas excepciones consideradas como urgentes. Trabajo a distancia, el uso de plataformas digitales y la celebración de audiencias por videoconferencias, entre otras, se han utilizado ampliamente en la región” para lo cual hace un llamado a los Estados para que, como parte de las iniciativas y medidas adoptadas para contener la pandemia, se garantice el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales (Disponible en el sitio web:

https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021 /015.asp).

18º. Que, en esta línea es imprescindible recordar que la jurisdicción, entendida como el poder deber de conocer y resolver cualquier conflicto de carácter jurídico, incluye las facultades de conocimiento y resolución, vinculadas entre sí, una como consecuencia de la otra, mientras el conocimiento comprende también las fases de discusión y prueba. Así, respecto de la fase probatoria, en particular, será función del juez del fondo admitir, practicar y valorar la prueba, en la oportunidad procesal correspondiente, siendo únicamente posible denegar o alterar este procedimiento sólo cuando exista una justificación constitucional que así lo prevea, de modo tal que “La función jurisdiccional no puede ser afectada o delimitada en su contenido esencial por una disposición legal o infraconstitucional” (STC 2159, C. 11).

19º. Que, la suspensión del término probatorio por un plazo que sólo es delimitado por el término del Estado de Excepción Constitucional -que en los artículos 39 y siguientes de la Constitución no habilita a suspender garantías del debido proceso- que ya ha sido prorrogado en varias oportunidades,

(https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpl oad%2fPCSJA20-11567.pdf)

‡‡‡ A modo ejemplar el Acuerdo General 03-01/2021 de fecha 5 de enero de 2021, el Consejo de

la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México determinó ampliar la suspensión de labores y por ende la suspensión de plazos procesales del 7 al 15 de enero de 2021, reanudando labores el 18 de enero de 2021.

(https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acuerdos_2021/).

implicará, en el caso concreto, que un proceso que se encuentre en esta fase procesal, se pueda extender indeterminadamente, afectando con ello el iter procesal desarrollado en la actividad jurisdiccional – limitando mediante un plazo indeterminado la facultad de conocer que le corresponde a los Tribunales -y, por otra parte, amenazando la legítima expectativa de las partes respecto de la resolución oportuna, sin dilaciones indebidas, de los conflictos que son sometidos al conocimiento del Tribunal competente, la que se configura como garantía y límite material de los procedimientos (En este sentido ver nombre reservado, & nombre reservado. (2013). EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL Y AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO.

Estudios constitucionales, 11(2), 229-282. https://dx.doi.org/10.4067/S0718- 52002013000200007).

20º. Que, los antecedentes del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas son muy antiguos y sobre todo elocuentes: en la época bizantina, la Recopilación de Justiniano ya ordenaba adoptar medidas a fin de que los procesos no se hagan casi interminables y excedan de la duración de la vida de los hombres. Por su parte, en la Roma del emperador Constantino, el proceso penal, el más complejo de todos, debía durar no más de un año, a partir de la litis contestatio. A su vez, En el año 1215, la británica Carta Magna pactada entre el regente Juan el sin tierras y los lores rebelados en contra de su tiranía dispuso expresamente que “no venderemos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”. Por su parte, en el derecho español medieval, el rey Alfonso X dispuso que ningún juicio penal podía durar más de 2 años. Posteriormente, entre los padres del derecho penal moderno, Beccaria señaló en 1764, aún con los precarios estándares penales de la época, que cuanto más pronto sea la pena al delito, será más justa y útil.

Más justa, porque ahorra al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa porque siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia. Ya en la época del constitucionalismo clásico, la Declaración de nombre reservado de 1776, antecedente inmediato de la Declaración de nombre reservado

Unidos, señalaba que toda persona sometida a persecución penal tiene derecho a un juicio rápido ante un jurado imparcial, lo cual fue recogido posteriormente en la VI Enmienda Constitución EEUU, al señalar que en todos los juicios penales el acusado gozará del derecho a un proceso rápido.

Finalmente, en el siglo XX, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispondrá en su artículo 25 que, todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado sin dilación injustificada. A la vez, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas es parte del contenido del derecho a un procedimiento racional y justo según el deber que al legislador le impone el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, por lo que invocada tal norma en este caso, es parte del estándar de juzgamiento de esta causa, y siendo el legislador el destinatario del tal límite a la norma procedimental, no se puede tener por “debida” toda dilación dispuesta por el legislador. Adicionalmente, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es también parte de las garantías mínimas del artículo 8° de la Convención Americana, cuyo contenido es incuestionablemente parte del derecho a un racional y justo procedimiento, y que ya no se predica solo respecto del proceso penal, sino en todos los órdenes.

DE LA DELIMITACIÓN DEL CONFLICTO CONSTITUCIONAL.

21º. Que, en el voto de mayoría se sostiene, entre otras cosas, que la aplicación del artículo 6 de la Ley 21.226, no infringiría la garantía de tutela judicial efectiva, toda vez que “el derecho a la tutela judicial efectiva se concreta esencialmente en el derecho a la acción y el derecho al proceso” elementos que, a su entender, en el caso concreto habrían tenido lugar, omitiendo que el proceso que no concluye es inútil e ineficaz, ya que el conflicto se resuelve en la sentencia y que la tutela se concreta solo cuando la misma sentencia queda firme y se ejecuta.

22º. Cabe indicar que esta disidencia ha comenzado la fundamentación de este voto, precisando el contenido y los límites del derecho de acceso a la justicia -sobre la base del sistema de fuentes del derecho, con influencia de las normas internas y de aquellas de origen internacional-convencional-, con una finalidad lógica de argumentación, pues en torno a este enunciado existe una pluralidad de derechos fundamentales a disposición de los justiciables.

Así, el derecho a la tutela judicial efectiva, si bien incluye el derecho a la acción, también comprende el derecho a que los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre la pretensión formulada y dicten así una resolución sobre el fondo del asunto, con independencia de que ésta sea estimatoria o desestimatoria de la pretensión. Por tanto, además del derecho fundamental de acceder a la jurisdicción, existe otro derecho fundamental a que los tribunales inicien un proceso, a que éste se desarrolle –permitiendo al justiciable participar en el– y llegue hasta el final con una resolución que decida la cuestión sustantiva planteada -supeditado, por cierto, al cumplimiento de requisitos procesales establecidos en la ley con límites de racionalidad y justicia-, dentro de un plazo razonable, pues la tutela judicial, para ser efectiva, requiere ser oportuna .

En el mismo sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye igualmente el derecho a que la sentencia que se dicte sobre el fondo del asunto sea motivada y fundada en Derecho. La motivación supone dar razón de los motivos o fundamentos del fallo, tanto fácticos como jurídicos, en un sentido externo; es decir, exige que la sentencia exprese las razones en que apoya la decisión de la controversia, de forma que los justiciables puedan conocerlas y controlar que no son ilógicas o arbitrarias y, en caso contrario, puedan recurrir. En cambio, el requisito de que la sentencia esté fundada en Derecho alude a algo más interno, y es que la resolución no sólo debe exteriorizar las normas y los argumentos jurídicos en que se basa, sino que ha de contener una aplicación real y racional de lo previsto en el Ordenamiento jurídico

De tal modo, el derecho a la tutela judicial efectiva no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia y al proceso, sino que el justiciable debe encontrarse posibilitado de manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes ante los Tribunales y gozar de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el fallo judicial sea dictado sin dilaciones, se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido, pues lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones, transformando al derecho en una herramienta ineficaz.

23º. Que, en tal sentido la expresión “minimalista” de la comprensión del derecho que la requirente estima infringido, como la que se efectúa en el voto de mayoría, implica un problema en la concretización de la eficacia de las normas, propio de subsunción respecto de los supuestos de hecho concretos en relación con elementos de hecho abstractos, así como da cuenta también de la carencia de una interpretación adecuadora o conforme y de algún ejercicio de ponderación, a fin de precisar cual es el sentido de la disposición constitucional. En tal orden, el voto de mayoría realiza una lectura que evita la utilización de técnicas específicas de interpretación constitucional para atribuir significado y eficacia al texto constitucional en este caso.

24º. Que, en este sentido, esta magistratura ya ha resuelto que “El ordenamiento constitucional chileno ha previsto un sistema de solución de conflictos constitucionales que está radicado en el Tribunal Constitucional, al cual se ha encomendado la interpretación definitiva e inapelable de la Constitución, interpretación que debe desarrollarse en forma integral, esto es, considerando tanto la letra como los valores, principios y espíritu de la Carta Fundamental, a fin de asegurar la vigencia efectiva de la supremacía constitucional, que es la que garantiza, en definitiva, la eficacia del Estado constitucional de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales de las personas” (STC 591 cc. 3 a 6) (En el mismo sentido, STC 2025 c. 17).

25º. Deben desecharse las interpretaciones constitucionales que resulten contradictorias con los principios y valores rectores. Así frente a diversas interpretaciones posibles del alcance de la protección constitucional de un derecho fundamental, debe excluirse la que admita al legislador regular su ejercicio hasta extremos que en la práctica imposibiliten la plenitud de su vigencia efectiva o compriman su contenido a términos inconciliables con su fisonomía. (STC 1185 c. 13) (En el mismo sentido, STC 2410 c. 13, STC 2747 c.

13, STC 2801 c. 13, STC 2860 c. 15, STC 2887 c. 20).

26º. Así, no será posible excluir del contenido del derecho de acceso a la justicia, las garantías probatorias ni la garantía relativa al límite temporal del proceso, por cuanto, tal como fuera anunciado en consideraciones precedentes, a fin de arribar a una conclusión estimatoria o desestimatoria del requerimiento, será necesario en este proceso hermenéutico precisar mediante el test de ponderación si la medida de suspensión del término probatorio, en el caso concreto, es razonable y, si existen medios menos gravosos, actualmente, para asegurar en su mayor extensión la garantía procesal y aquellas que la norma impugnada intentó cautelar.

27º. Que, los principios de proporcionalidad y razonabilidad impulsan un modo de interpretación de la Constitución por éste Tribunal Constitucional, respecto de aquello que resulta “constitucionalmente adecuado”, pues en el Estado Constitucional de Derecho normas o actuaciones irrazonables o desproporcionadas no pueden encontrar fundamento en principios o normas de la Carta Fundamental, constituyéndose como un una herramienta de análisis y decisión adecuada en cualquier controversia constitucional en la que la vulneración de la Constitución que se denuncia está provocada por una norma, medida o actuación que, incluso si cuenta con respaldo constitucional, se revela “desproporcionada” a la vista de las circunstancias.

Así, para comprobar que si la aplicación del precepto en el caso concreto de estos autos, respecto del ejercicio legítimo del derecho a la igualdad supera el juicio de proporcionalidad exigible, será necesario constatar si (a) tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto – es decir, asegurar la libertad probatoria en tiempos de pandemia asociada a COVID- 19-, y no restringiría el derecho más allá de lo estrictamente necesario para la satisfacción del fin invocado; (b) si era necesaria, en el sentido que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia; y finalmente, (c) si la misma es proporcionada en sentido estricto, esto es, si era ponderada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

28º. Que, en lo que respecta a la legitimidad de la medida impugnada, cabe precisar que el artículo 6 de la Ley 21.226, responde a la finalidad perseguida por el legislador en la redacción de la disposición cuestionada, esto es, resguardar que las partes dentro del proceso, en una situación de pandemia, con altas tasas de contagio y ocupación hospitalaria, contexto en el cual se ha restringido su libertad de desplazamiento y el desarrollo de ciertas actividades económicas, no vean mermada su defensa en juicio, al verse imposibilitada de emplear, en su mayor extensión, la garantía probatoria -en perjuicio de la extensión temporal del proceso y la limitación al tribunal de desarrollar su actividad jurisdiccional conforme al procedimiento y plazos previstos por la ley-, ello hace que la norma impugnada, en un primer momento sea legítima, dado que como consecuencia de la imprevisibilidad del desarrollo de la pandemia en marzo del año 2020 y la carencia de herramientas para asegurar un estándar suficiente de los derechos, dada la rápida propagación del virus, hacían difícil y, a veces imposible, su realización. Sin perjuicio que, reduciéndose los índices de contagio, hospitalización, alzándose restricciones de desplazamiento, como ha ocurrido en los últimos meses y, habiendo transcurrido un plazo más que razonable para que el estado prevea situaciones focalizadas de propagación del virus y disponga de recursos para asegurar la prestación de servicios básicos, como es la justicia, esta medida se tornaría innecesaria, deviniendo, en consecuencia, en constitucionalmente ilegítima, sobre todo si se observa que, en paralelo, en los órdenes procesales de familia, penal y laboral, regidos por oralidad e inmediación, no se ha suspendido de manera general ni menos absoluta la etapa probatoria de los procesos, sin que se impida entonces a los tribunales y a las partes acceder a la tutela judicial efectiva .

29º. En esta misma línea argumentativa, la restricción o limitación de la garantía procesal, con el objeto de asegurar el correcto desarrollo de la actividad probatoria, deberá aplicar la medida restrictiva bajo un criterio de intervención mínima en la dimensión de no afectación de la garantía de acceso a la justicia. Hecho que implicará que, dejando de concurrir los presupuestos que la motivaron, ella no sea necesaria y, por tanto, deviniendo en una limitación excesiva, no razonable -pues dejaría de existir una conexión racional entre los medios escogidos para la promoción del fin y el fin adecuado mismo, existiendo otros medios que pueden promover el mismo objetivo siendo menos restrictivos- y desproporcionada en sentido estricto – pues los beneficios originalmente pretendidos mediante la restricción no se condicen con la importancia social de la limitación-. Así, es posible verificar que la aplicación del precepto impugnado provoca la infracción del artículo 19 Nº 3 inciso 3º y 76 de la Constitución Política de la República, en conexión, conforme al artículo 5 inciso 2º de la Carta Fundamental, con las normas convencionales precisadas y, que en este caso, también son infringidas. Cabe señalar que este subprincipio exige al legislador ponderar el grado del daño o lesión que la medida legislativa causa a los derechos e intereses de las personas y el beneficio que la medida significa al bienestar de la mayoría de las personas. Lo cual se verificará mediante la ponderación entre el eventual derecho afectado y el fin constitucional perseguido, es decir, en el caso concreto, de verificarse la afectación a la igualdad, que ella encuentre su fundamento en la optimización del fin declarado constitucionalmente legítimo.

30º. Finalmente, adicionalmente a lo argumentado, cabe hacer presente, sin que esta consideración constituya calificación jurídica alguna, que con posterioridad a la vista de la causa y adopción del acuerdo, el Poder Ejecutivo a buscado hacerse cargo de esta problemática mediante el mensaje Nº 182-369, boletín Nº 13752, por el cual se modifica la Ley Nº 21.226, para reactivar y dar continuidad al sistema judicial, abriendo para tal efecto la discusión sobre derogación del artículo 6 y la posibilidad de peticiones de parte para aperturar términos probatorios, impugnado en autos, sin perjuicio que el artículo vigésimo del proyecto que ha sido aprobado en primer trámite mantendría la suspensión, pues prorrogaría la vigencia del mismo artículo 6, ya tantas veces aludido; lo que es conteste con el Informe de Proyecto de Ley Nº 10-2020, evacuado por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 25 de marzo del 2020, mediante Oficio 62/2020.

CONCLUSIÓN

31º. Es por todo lo expuesto que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, al impedirse la prosecución del proceso y la dictación de la sentencia, amagando la actividad probatoria y la dictación del fallo que resuelve el conflicto, haciendo imposible otorgar tutela y menos darle eficacia, vulnerándose así el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política, motivo por el cual el requerimiento debe ser acogido.

Redactó la sentencia el Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, y la disidencia, el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES.

Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 10.887-21-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y por sus Ministros señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, señores GONZALO GARCÍA PINO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señoras y señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

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Fecha: 2021.09.23 Guzmán Fecha: 2021.09.23 nombre reservado 17:48:10 -03'00' 17:38:57 -03'00'