ISS SERVICIOS GENERALES LTDA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALPARAISO

Foja: 45 Cuarenta y cinco Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de enero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que a fojas 4 comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, en representación, de ISS Servicios Generales Ltda., RUT RUT reservadoambos con domicilio, en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto con fecha 31 de octubre del 2018 dictó el ordinario número 1701, en el que se niega la reconsideración de multa ingresada a la Dirección del Trabajo el 12 de octubre del 2018, manteniendo firme aquella cursada a su representada, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los siguientes derechos de su patrocinada, constitucionalmente protegidos y amparados por esta acción de protección, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, contemplados en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Refiere que con fecha 2 de mayo de 2018, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, don nombre reservado, dictó la resolución número 8851.18.63, la cual fue notificada a su parte el día 3 de septiembre del 2018, aplicándose 3 multas administrativas por los siguientes hechos:

1. “No proporcionar los elementos de protección personal libre de costo para el trabajador”

2. “No informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales”.

3. “No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización”.

Explica que con fecha 12 de octubre de 2018, se ingresó a la Dirección del Trabajo, formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa.

Manifiesta que en la solicitud de recurso administrativo, se exponen argumentos que dan cuenta de que las infracciones fueron subsanadas. Sin embargo, la Inspección del Trabajo, al momento de resolver la solicitud formulada por su mandante, no decide dar curso a ella considerando en el Ordinario N° 1701 de fecha 31 de octubre 2018 que: “No se presentó dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que la Constitución Política contempla en el Nº 3 del artículo 19 el derecho que tiene toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos. Así también el N° 2 del artículo 19, igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido el reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

En este orden de ideas, existe una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 de abril del año 2013, N° Ingreso 11-2013 que concluye que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen como debe computare el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior, y ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley N° 19880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados domingos y festivos.

Mismo razonamiento utilizó la Corte Suprema en los fallos: Rol N° 2789-2013 de fecha 20 de junio del año 2013; Rol 4015-2015 28 de abril de 2015 y Rol 8727-2015 de 16 septiembre de 2015, Rol 314-2017 de 30 de marzo 2017, Rol Nº 2208-2018 ambos recursos interpuesto por otra sociedad ISS, y la última fallada el 5 de marzo de 2018 Rol 44940-2017, que en el considerando segundo vuelve a indicar: “Segundo: Que como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte –en los autos N°s. 809-2014, 8.384-2014, 18.414-2015 y 16.288-2016, entre otros, el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, y se entienden inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

En efecto, se trata de un recurso entablado en la etapa administrativa, de suerte que por no mediar norma expresa que ordene lo contrario en dicha recopilación, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 de 2003, que determina el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, y prescribe que éstos son de días hábiles, estableciendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos; al existir modalidad especial, ésta prima por sobre la regla común comprendida en el Código Civil.”

Lo anterior se refuerza con lo resuelto por la Contraloría General de la Republica en el dictamen 025891N18 del 16 de octubre de 2018, pronunciamiento que fue solicitado por la misma Dirección del Trabajo, debido a las sentencias que indicaban que el plazo corresponde a días hábiles. Este dictamen reconsidera los dictámenes N°s. 64.985, de 2009; 85.946, de 2013, y 17.344, de 2014, como asimismo todo otro en contrario. Concluyendo que:

“…En tal sentido, con arreglo al artículo 1° de la ley N° 19.880, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio. Al respecto, la jurisprudencia de la CGR ha precisado mediante sus dictámenes N°s 33.255, de 2004; 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.

En consecuencia, el ente contralor entiende que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos.”

Plantea que de esta forma, no sometió su actuación a las normas legales aplicables a su labor, dictadas conforme a la Constitución Política de la República, y excedió la órbita de su competencia, por cuanto determinó que el recurso fue presentado de manera extemporánea, en circunstancias que se encuentra absolutamente dentro de los plazos fijados para tal actuación.

Finalmente, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso decide -por si- que la recurrente está incurriendo en una falta y que el recurso fue presentado fuera de plazo, sin contar con ningún elemento que le permita llegar a esa conclusión, lo anterior resulta de la mayor gravedad y es claramente un acto arbitrario e ilegal.

Expresa que la resolución mencionada es totalmente improcedente conforme a los hechos y contraria a las normas de derecho que regulan la materia, tal como se explica en este recurso de protección y en lo resuelto por las diversas Cortes de Apelaciones del país y la propia Excma. Corte Suprema en innumerables fallos de recursos de protección, ya que la autoridad administrativa, a través de la resolución señalada está desconociendo el contenido mínimo de los propios procedimientos determinados por ella para ejercer los recursos administrativos.

En definitiva, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su patrocinada.

Aclara que en materia de derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley permite expresamente realizar, principio de juridicidad o legalidad, que en materia de órganos del Estado está establecido en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República de Chile. Particular interés tiene las normas de los incisos 1º y 2º de cada artículo, que reproduce: Artículo 6º inciso 1º: "Los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella". "Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo".

Artículo 7º inciso 1º: "Los órganos del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley".

"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes".

Concluye que la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, no sometió su actuación a las normas legales dictadas conforme a la constitución y excedió la órbita de su competencia, por cuanto no debió resolver como lo hizo, al desconocer un derecho de su representada que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia.

En cuanto al derecho de propiedad con la resolución pronunciada el funcionario recurrido lo afecta gravemente, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar a una multa de 100 UTM y 20 IMM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo, en consecuencia se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Solicita en definitiva, que al tenor de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y citas constitucionales invocadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia y demás disposiciones legales y constitucionales que resulten pertinentes y aplicables a la situación concreta, tener por deducido recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por don nombre reservado, ambos ya individualizados, a objeto de que se restablezca a la brevedad el pronto imperio del derecho y adopte todas las providencias que juzgue necesarias para tal efecto, dejando desde luego sin efecto la resolución N° 1701 de fecha 31 de octubre de 2018, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa N° 8851.18.63 cursada a su representada por la suma de 100 UTM y 20 IMM, declarando en consecuencia que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que US. Ilustrísima estime pertinentes, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

A fojas 31 comparece informando don nombre reservado en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, solicitando desde ya su completo rechazo, según los fundamentos de hecho y de derecho que indica.

Dice que con fecha 6 de abril de 2018 se efectúa denuncia en contra de la empresa recurrente en estos autos, generando la fiscalización Nº 2018-682 de igual fecha la que gira en torno a materias que involucraban remuneración y protección de la vida y salud de los trabajadores, aplicándose la sanción Nº 8851/2018/63 de fecha 2 de mayo de 2018, y que fue notificada por correo certificado depositándose el sobre con fecha 27 de agosto de 2018, por lo que acorde la regla contenida en el artículo 508 del Código del Trabajo se entiende notificada el día 3 de septiembre de 2018.

Agrega que la empresa interpuso reconsideración de multa con fecha 12 de octubre de 2018, la que fue rechazada mediante el Ordinario Nº 1701 de fecha 31 de octubre de 2018 pues el plazo había vencido el 3 de octubre de 2018. Aclara que el rechazo se ajustó a las instrucciones impartidas hasta esa fecha por la Contraloría General de la República en orden a que la reconsideración debía ser interpuesta dentro de 30 días corridos contados desde la notificación. Dicha interpretación solo fue modificada por la Contraloría el día 16 de octubre de 2018, razón por la que este servicio debió ajustarse a la instrucción vigente al momento de la presentación del recurso administrativo.

Señala que el empleador ha interpuesto acción de carácter constitucional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, por haber dictado una resolución administrativa, a saber el Ordinario Nº 1701 de 2018. En tal contexto, la recurrente en su libelo de protección, dice que el citado documento ha infringido la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Ante tal aseveración, resulta necesario tener presente que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo.

Destaca que el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos o urgentes, como los contemplados en la ley. Así, y con la finalidad de preservar la relevancia de la acción cautelar de protección y evitar su mal uso, los altos tribunales de justicia han desarrollado un acertadísimo criterio jurisprudencial, concluyendo que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial específico existiera, más aún si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados.

En la especie, el recurrente ha accionado de protección en contra de una resolución que declara inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa de multa por ser extemporánea. A mayor abundamiento, cabe señalar que la resolución reclamada en ningún caso ha sido ilegal ni arbitraria, sino que por el contrario se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectuó una presentación después de expirar el plazo.

Añade que tampoco se justifica emplear el procedimiento de protección toda vez que el actor, cuenta a partir del 31 de octubre de 2008 con un procedimiento rápido y expedito, con la entrada en vigencia de la nueva judicatura laboral, en donde se ventila la contienda sometida a la decisión del Tribunal y en que las partes pueden entrar a determinar el fondo de la cuestión debatida, proporcionándole al Tribunal todos los medios probatorios de los cuales quieran valerse, garantizando con ello la existencia de un juicio rápido, oral, bilateral y contradictorio donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión.

Así las cosas, el recurso de autos resulta absolutamente inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial.

El ordenamiento jurídico le franquea al afectado con la aplicación de una resolución de multa la posibilidad de reclamar administrativamente de las mismas ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, en otras palabras, el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2º del art. 512 del mismo cuerpo legal, que establece: “Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días de notificada …”. Aquí nuevamente se indica el camino procesal, al señalar que “será” reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo competente. El Código del Trabajo establece procedimientos especiales para la reclamación, tanto de la multa como también de la resolución que se pronunció respecto de la solicitud de reconsideración, cuyos plazos de interposición son de 30 o 15 días, respectivamente, desde la notificación de la resolución, de manera tal, que si no se utiliza ese procedimiento, no puede emplearse el recurso de protección, puesto que este no constituye un sustituto jurisdiccional de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y recursos específicos y determinados.

En el sentido indicado, atendidas las amplias facultades con las que cuentan los jueces laborales del fondo para conocer de los reclamos contra resoluciones de multa, claramente la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución. En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando por la recurrente, como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución.

Solicita que al tenor de lo expuesto en los párrafos anteriores el recurso, necesariamente, deberá ser rechazado por la absoluta inadmisibilidad de la acción cautelar, en atención a la naturaleza del acto recurrido el que se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, teniendo presente que ni el fiscalizador actuante ni la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, actuaron en forma arbitraria ni ilegal. Acto arbitrario es aquel acto antijurídico, contrario a derecho o inmotivado, que por carecer de fundamento razonable parece ser fruto del mero capricho o de la sinrazón, o que pudiera perseguir una finalidad torcida a la normativa que lo rige, lo que no ha tenido lugar en este caso, ya que la resolución recurrida se dictó una vez comprobado que el termino de días corridos se encontraba vencido. Esta será siempre la respuesta que emanará de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, cualquiera sea el infractor, por lo que no existe un tratamiento desigual respecto del recurrente.

En dicho orden de ideas, observa que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas. De igual modo, agrega el artículo 512 del mismo cuerpo normativo, que el Director del Trabajo hará uso de dicha facultad ante solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna.

Que, como consta de los expedientes administrativos, las resoluciones que por este acto se impugnan, se emitieron total y absolutamente ajustadas a derecho, tanto es así que, la Contraloría General del República, mediante dictamen Nº 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa y en tal tenor señala que: “Plazo de 30 días corridos establecido en el Código del Trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del Código Civil relativas a los plazos en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la administración”. Y luego agrega que: “Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello”.

Indica que se debe tener en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicados en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo. En efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Todo lo anterior se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 11.764, norma actualmente vigente, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público. Agregando que corresponderá al Presidente de la República fijar dicho horario y establecer sus excepciones en casos calificados”.

Agrega que el criterio establecido por la Contraloría General de la República y vigente hasta la fecha de presentación de la solicitud, se encuentra contenido en el formulario diseñado por el Servicio, formulario que indica “Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa”. Ello además, se encuentra reflejado en el plano interno, a través de la Circular Nº 73 de fecha 8 de junio de 2012, emitida por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo, que precisan que el plazo para solicitar los recursos administrativos de reconsideración y de sustitución conforme al artículo 511 y 506 ter del Código del Trabajo, es de 30 días corridos.

A su vez la Circular Nº 96 de 23 de septiembre de 2009, señala en el párrafo 6º del numeral 2.1 “Por otra parte, como dicho plazo es hasta las 24 horas del día que vence éste, de conformidad a las normas contenidas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, como medidas flexible para armonizar estas normas con el cumplimiento taxativo al artículo 512 y como medida de excepción, las solicitudes de reconsideración y otras de corte similar, se entenderán presentadas dentro de plazo, cuando los usuarios las remitan el último día de éste mediante carta certificada, por razones de apremio horario, debiendo considerarse, en este caso, como fecha de presentación del documento, la fecha de recepción de la respectiva presentación en la Oficina de Correos”. Es decir, la única posibilidad de flexibilizar una solicitud que vence en día inhábil administrativo es a través del envío por carta certificada de la presentación, considerándose como fecha de presentación del documento la de recepción en la Oficina de Correos.

Indica que a mayor abundamiento, la Dirección del Trabajo solicitó en su oportunidad, la reconsideración del dictamen N° 64.985, de 2009, en la parte en que éste concluye que es de días corridos el plazo de 30 días, establecido en el artículo 512 del Código del ramo, para reclamar en contra de las multas cursadas por los inspectores del trabajo, y la Contraloría ratificó en todas sus partes lo informado en el dictamen N° 64.985, de 2009.

Señala el Órgano Contralor, que es necesario hacer presente que mediante el dictamen N° 85.946, de 2013, atendiendo la reclamación de una empresa en contra de lo resuelto por la Dirección del Trabajo en orden a declarar inadmisible por extemporánea la solicitud formulada por ella en los términos del artículo 512 del Código aludido, la Contraloría General confirmó lo concluido en el mencionado dictamen N° 64.985, de 2009, en el sentido de que el plazo que contempla dicho precepto es de días corridos.

Para tal efecto debe recordarse que el artículo 503 del Código del Trabajo establece que los inspectores del trabajo aplicarán administrativamente las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social. Con arreglo al inciso tercero del citado precepto, “la resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación”.

A su vez, el artículo 511 del Código precitado faculta al Director del Trabajo, en aquellas situaciones en que el afectado no haya reclamado de conformidad con el artículo 503, recién mencionado, para dejar sin efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia y renunciar o desistirse de la acción ejecutiva para su cobro, cuando se acredite fehacientemente que el afectado ha dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción, o cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al imponerse la multa. Añade este artículo que si dentro de quince días de notificada la multa, el empleador corrigiere la infracción a satisfacción de la Dirección del Trabajo, el monto de la multa se rebajará en un cincuenta por ciento, sin perjuicio del derecho de solicitar una reconsideración por el monto total de la multa, a la misma Dirección.

Por último, el artículo 512, de este código previene que “el Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”.

Advierte que, la disposición recién transcrita no señala expresamente si el término que establece, sea de días corridos o de días hábiles, por cuanto el hecho de que no se haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente, en la situación en estudio, que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley N° 19.880, en cuya virtud “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”.

En efecto, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1° de la ley N° 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar.

En este sentido, cabe consignar que una reiterada jurisprudencia administrativa -dictámenes N° 33.255 de 2004, 12.971 de 2006 y 15.492 de 2008, entre otros- ha informado que la aplicación de la ley N° 19.880, con carácter de supletoria, debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. En el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

Concluye que no se aprecia cómo podría estimarse arbitrario “el acto recurrido”, pues la finalidad abierta y transparente de la fiscalización dispuesta y de la sanción aplicada es desincentivar la conducta infraccional multada. Así, cabe que la total carencia de arbitrariedad en la actuación de este Servicio, permitiendo a esta parte sostener que la resolución que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno no ha podido privar, perturbar o amenazar el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente.

El oficio ordinario tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, como paso a demostrar: La Constitución Política consagra en los artículos 6° y 7° el denominado “principio de legalidad”, el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, es decir, los órganos del Estado, dentro de los que se encuentra la Dirección del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho.

Luego, el acto administrativo recurrido no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política que garantiza que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad a esta”. No puede pretenderse que la Dirección del Trabajo ha invadido el ámbito reservado a la jurisdicción, puesto que la competencia concedida a la jurisdicción laboral para conocer de “las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales … de trabajo” (artículo 420, letra a) del Código del Trabajo), en nada obsta a la fiscalización que corresponde ejercer a la Dirección del Trabajo, de la aplicación de la legislación laboral. En este caso la dictación de un oficio ordinario se encuentra dentro del ámbito de las facultades de este ente administrativo y del cumplimiento de la normativa. Ello no implica un acto de juzgamiento o de “jurisdicción” entendida ésta como función exclusiva y excluyente de los Tribunales de Justicia.

Reiterada doctrina concuerda que los actos administrativos (incluso los terminales) carecen de los elementos propios que caracterizan a los actos jurisdiccionales, siendo “El elemento auténticamente diferenciador de ambas clases de actos jurídicos la eficacia de cosa juzgada que despliegan los actos jurídicos-procesales y que sólo se da allí donde ha habido o podido haber ejercicio de jurisdicción”, (Francisco Hoyos H., Temas Fundamentales de Derecho Procesal, Editorial Conosur, 2001, página 17, 18), la que junto a su coercibilidad, son elementos que nunca se dan respecto de este tipo de actuaciones de la administración las que siempre pueden ser reclamadas y revisadas jurisdiccionalmente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 474 del Código Laboral.

De otra forma, estaría en cuestión la supervigilancia y fiscalización de todo estatuto legal entregado a un órgano técnico, que sin perjuicio de su posterior revisión judicial, ejerce, por citar algunas, el Servicio de Impuestos Internos; la Superintendencia de Valores y Seguros; la de Bancos e Instituciones Financieras; la de Administradoras de Fondos de Pensiones; el Banco Central, el Comité de Inversión Extranjera, y la Comisión Resolutiva en materia de Libre Competencia. Todos estos organismos estarían impedidos de actuar “por calificar hechos, interpretar normas legales y arrogarse facultades jurisdiccionales”.

Por otra parte, tampoco puede considerarse conculcada la garantía constitucional del artículo 19 Nº 3 inciso 4º, desde que el acto administrativo impugnado se ha adoptado respetando los principios que informan este tipo de actos para garantizar los derechos de los administrados, según lo expuesto ni existe en la dictación del Ordinario una vulneración del derecho de propiedad, pues la multa administrativa es eminentemente provisional, sujeta al control jurisdiccional, y por lo tanto, hasta la fecha no ha generado desembolso económico alguno a la empresa.

En cuanto al recurso de protección, éste no tiene por utilidad discutir respecto de las interpretaciones de normas legales, como acontece en la especie, siendo esta circunstancia señalada por reciente fallo de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que la causal rol 1970-2015, caratulada “ISS Servicios Generales con Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar”. En el considerando segundo de la sentencia citada se explicita:

“Segundo: Que de lo expuesto, fluye que en la especie se discute con respecto a la interpretación de normas legales, en lo que dice relación a un plazo administrativo, materia que aparece resuelta por Contraloría General de la República, con fecha 20 de octubre de 2008, mediante Dictamen N° 49.126, el que resulta ser vinculante para la recurrida.

Que, relacionado con lo anterior, del análisis del artículo 20 de la Constitución Política de la República se desprende que la finalidad del recurso de protección es la de reaccionar contra una situación de acto normal que de manera evidente vulnere alguna de las garantías constitucionales que dicha norma señala, no encontrándose destinada a resolver conflictos de intereses o dificultades de interpretación o de aplicación de normas legales, cuyo es precisamente el caso de autos, motivos todos por los cuales el presente recurso no podrá prosperar”.

Pide que en virtud de lo expuesto, y lo que disponen los artículos 2, 6 y 19 de la Constitución Política de la República, Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, Ley 18.575 de Bases de la Administración del Estado, artículos 48, 49 y 50 del Código Civil, Circular Nº 73 de fecha 8 de junio de 2010 del Departamento Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo, y artículos 162, 168, 171, 201, 223, 282, 435, 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, demás disposiciones pertinentes y el Auto Acordado sobre tramitación de Recurso de Protección, se tenga por informado el recurso de protección deducido, y en definitiva rechazarlo por ser absolutamente improcedente en los términos señalados.

Por resolución de fojas 36 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario N° 1701 de fecha 31 de octubre 2018 la recurrida rechazó reconsideración de la multa número 8851.18.63, aplicada por la Dirección del Trabajo el 12 de octubre de 2018, manteniéndola firme por no haberse presentado dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos; de modo tal que la solicitud de reconsideración ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

Tercero: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 23 y 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

Quinto: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedentes allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue por la recurrente, el día 12 de octubre de 2018, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 3 de septiembre de 2018, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

Sexto: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 9 por la abogada doña Jeannette Contreras Sepúlveda, en representación, de ISS Servicios Generales Ltda., en contra el Ordinario N°1701 de fecha 31 de octubre de 2018, en el que se rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nº 8851/18/63 de fecha 2 de mayo de 2018, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, y notificada a la recurrente el día 3 de septiembre de 2018, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 12 de octubre de 2018.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 9935-2018.