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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 990-20148 jul 2014

nombre reservado CONTRA nombre reservado

Fecha
8 de julio de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 990-2014, sentencia de 8 de julio de 2014

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la clausura municipal del local, al no estimarse arbitraria la medida por ejercer actividad comercial sin patente; se vota en contra por ser desproporcionada, al existir patentes pagas y otra vía sancionatoria.

Texto íntegro

Foja: 74 Setenta y Cuatro eaam C.A. nombre reservado

nombre reservado, ocho de julio de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 6 comparece la Asociación Coordinadora de Derechos Humanos Habitante de Chile, por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, e interpone recurso de protección en favor del local comercial con patente de restaurant Rol N° 217909 y Patentes de Expendio de Bebidas Alcohólicas N° 401454 y 410394, en el cual se otorgan fuentes laborales a siete ciudadanos que alimentan a sus familias en nombre reservado, en razón de haber sido clausurado por orden del Administrador Municipal don nombre reservado, empleado público funcional, con título laboral de abogado, hechos llevados a cabo por la Ilustre Municipalidad nombre reservado, representada por el Sr. nombre reservado don Jorge Castro.

Explica que esta ciudad se encuentra actualmente en estado de catástrofe, declarado por la Sra. Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política vigente, declarado según el artículo 6 de la Ley N° 18.415, delegando su confianza en el Jefe Zonal, superior jerárquico de la Armada de Chile Almirante Sr. nombre reservado, quien toma el control absoluto de la región. Indica pormenorizadamente las atribuciones y deberes del Jefe de la Defensa Nacional designada.

Alega que los hechos que se indican son vulneratorios del derecho de igualdad ante la ley, según lo establece el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, así como el contemplado en el numeral 16 de dicha disposición, esto es, protección del trabajo en Estado de Catástrofe.

Pide protección judicial de acuerdo al artículo 25 del Decreto N° 873 de la Convención San nombre reservado Rica, el cual, además, en su artículo 17 determina el derecho a la protección de la familia, que es el núcleo fundamental de la Sociedad y el Estado, solicitando se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

A fojas 21, informa la Ilustre Municipalidad nombre reservado, quien refiere que es efectivo que el recurrente fue notificado del Decreto Alcaldicio N° 884 de 28 de marzo de 2014, por el cual se ordenó la clausura del establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado, lugar en que funciona el restaurant, por ejercer actividades comerciales sin patente municipal. En respuesta a ello, la actora solicitó el alza temporal de la clausura, la que fue rechazada, atendido que no habían cesado las circunstancias de hecho y de derecho que dieron lugar a la medida. Alega que no ha existido en dicho obrar actuación ilegal o arbitraria, sin que, además, se indique por el recurrente de qué manera el citado decreto de clausura que afectó su establecimiento comercial sería ilegal o arbitrario.

Primeramente, alega la improcedencia del presente recurso, en atención a que existe la vía especial de reclamación de las actuaciones administrativas de conformidad al artículo 151 b) de la Ley N° 18.695, luego, en cuanto al fondo, informa que la actora ejerce actividades comerciales sin patente municipal, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 58 inciso segundo del Decreto Ley N° 3063 sobre Rentas Municipales, ajustándose su proceder a derecho plenamente. Que la solicitud de alzamiento temporal de la clausura fue recibida por el Departamento de Rentas Municipales, el cual previo a resolver, solicitó pronunciamiento a la Dirección de Asesoría Jurídica sobre el caso, concluyéndose que no era posible acceder a dicha petición, por cuanto no habían cesado las circunstancias que dieron lugar a la medida, la cual, en todo caso, fue adoptada luego de un procedimiento administrativo en que se constató el incumplimiento de la actora, sin que se acreditara de su parte la realización de gestiones conducentes a dar solución a las infracciones, lo que tampoco se ha negado en la acción deducida en autos. Alega, además, la falta de fundamentación del recurso de autos, ya que no ha cumplido con el pago del impuesto denominado contribución de patente municipal en la forma referida por los artículo 23 y 24 del DL N° 3063 de 1979, cuya infracción es tratado por el procedimiento establecido en los artículos 56, 57 y 58 del mismo cuerpo normativo en relación con la Ley N° 18.287 que establece el Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Refiere pronunciamientos de la Contraloría General de la República en este sentido, indicando luego que sus actuaciones se han ajustado a derecho y que, si bien la actora registra dos actividades comerciales ante el Servicio de Impuestos Internos, a saber, restaurantes y establecimiento de comida rápida, respecto de ninguno de ellos paga patente comercial. Finalmente, alega la inexistencia de infracción a las garantías constitucionales, por lo que solicita su rechazo, con costas.

A fojas 69 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurrente alega que la Ilustre Municipalidad nombre reservado ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal desde que procedió a la sanción de clausura del local comercial a cargo de su parte, sin que mediara un procedimiento administrativo que determinara la aplicación de la sanción de clausura. Asimismo, es arbitrario ya que se funda en hechos inexistentes, desde que la actividad comercial que se desarrollaba en el local ahora clausurado, era efectuada sobre la base de patentes comerciales vigentes y al día.

Segundo: Que según se lee del informe agregado a fojas 21, la recurrida efectúa una defensa de forma, en cuanto a que la presente acción sería improcedente desde que existe un procedimiento especial para revisar las actuaciones de dicha autoridad administrativa, esto es, el reclamo de ilegalidad previsto por el artículo 151 b) de la Ley N° 18.695. En cuanto al fondo, refiere que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, toda vez que habiéndose verificado que el local comercial no contaba con patente comercial en regla, se procedió a hacer uso de la facultad establecida en la Ley de Rentas Municipales.

Tercero: Que, primeramente, es necesario establecer que, en este caso, el recurso de protección es procedente, desde que se trata de una acción cautelar que se ha dispuesto por el legislador a fin de resguardar los derechos fundamentales de las personas, el cual procede sin perjuicio de otros derechos y, que a su vez, el reclamo de ilegalidad que la recurrida señala ser la vía idónea para conocer de los hechos materia de esta causa, está previsto por el legislador para aquellos casos en que se impute un actuar ilegal al ente administrativo, pero no así para aquellos que se estimen como arbitrarios, motivos suficientes para desestimar esta alegación.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo y teniendo en consideración que el hecho que ha motivado la interposición de este recuso, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 884 de 28 de marzo de 2014, por el cual se ordenó la clausura del establecimiento comercial ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, fundado en lo siguiente: “lugar en que funciona el restaurant, por ejercer actividades comerciales sin patente municipal”(sic), resultando indispensable verificar si ello era efectivo o no.

Quinto: Que de los documentos acompañados por el recurrente, agregados a fojas 44 y siguientes, es posible colegir que el local comercial ubicado en domicilio reservado nombre reservado, cuenta con patentes comerciales vigentes y cuyo pago se encuentra al día, las cuales se encuentran extendidas a nombre de un tercero, esto es, nombre reservado, mismo que habría efectuado la cesión de los derechos que detentaba sobre éstas al Sr. nombre reservado, recurrente de autos, quien además, adquirió la universalidad jurídica ubicada en dicho lugar y arrendó el lugar en el cual funcionaba. De esta forma, se ha acreditado que el establecimiento comercial objeto de la medida de clausura contaba con patente vigente que amparaba dicho funcionamiento, pudiendo advertirse que la irregularidad viene dada por la omisión por parte del recurrente en el cambio de nombre del titular de las patentes en cuestión.

Sexto: Que así las cosas, aparece que el decreto municipal impugnado a través de este recurso, no es ilegal ni arbitrario, toda vez que no se ha acreditado que la continuación de la explotación del establecimiento comercial se esté realizando conforme a las exigencias legales del caso, debido a que el recurrente no ha acreditado contar con una patente que le permita funcionar con el giro de expendio de bebidas alcohólicas, pues aquella que detenta actualmente, pertenece a don nombre reservado, el que si bien es quien cedió sus derechos sobre las referidas patentes al recurrente, este último no ha realizado aún la tramitación correspondiente ante la I. Municipalidad nombre reservado destinada a obtener la transferencia de la mencionada patente municipal, sin que el municipio tenga conocimiento oficial de dicha circunstancia, para que así este organismo revise si el cesionario cumple los requisitos legales y reglamentarios para poseer una patente que le permita el expendio de bebidas alcohólicas.

Séptimo: Que, sobre este punto, el artículo 30 del Decreto Ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, dispone que si un establecimiento cambiare de dominio, el nuevo dueño deberá hacer anotar la transferencia en el rol respectivo y, por su parte, el artículo 14 inciso 2° del Decreto Supremo N° 484 del año 1980, que contiene el reglamento del recién mencionado decreto ley establece que el contribuyente que desee cambiar su actividad principal deberá solicitar autorización a la municipalidad respectiva y, por supuesto, esperar la aprobación correspondiente, lo que no ha ocurrido en la especie, ello según ha informado la recurrida.

Octavo: Que las exigencias indicadas en el motivo precedente obedecen, entre otras razones, a que el artículo 4° de la Ley N° 19.925, sobre Alcoholes, dispone que no podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las personas que indica, mencionando a una serie de autoridades públicas, como tampoco a los menores de 18 años y, como en la especie el recurrente no ha realizado gestión alguna ante el municipio, no ha acompañado la documentación correspondiente destinada, entre otros motivos, a acreditar que no se encuentra entre las personas a las cuales no se les puede otorgar patente para el expendio de bebidas alcohólicas, no resultando posible entender que cuenta con una patente municipal vigente.

Noveno: Que, además, las exigencias referidas precedentemente, se encuentran mencionadas también en el artículo 9° de la referida Ley de Alcoholes, cuando dispone que las patentes sólo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda, a personas que no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo 4° de la misma ley.

Décimo: Que, en consecuencia, procede rechazar esta acción, ya que, por una parte, no existe un derecho indubitado del cual el recurrente sea titular, y que se encuentre ejerciendo en forma legítima e incuestionable, por las circunstancias latamente expresadas y, por otra, no se vislumbra que la conducta del recurrido resulte arbitraria ni ilegal, por no aparecer contraria a la razón, ilógica o desproporcionada, ni vulnerar norma legal alguna, al haber actuado dicha autoridad en la órbita de sus atribuciones conforme a las leyes mencionadas y que en razón de ese ejercicio no se divisa amenaza, perturbación o agravio alguno a los derechos y garantías que se dicen conculcados.

Por lo anteriormente razonado y visto lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el interpuesto a fojas 6 en favor de nombre reservado en contra del Administrador Municipal nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. González Medel, quien fue de parecer de acoger la presente acción, teniendo presente para ello lo siguiente:

1.- Que la medida adoptada por la Ilustre Municipalidad recurrida dice relación con tres patentes existentes en el local ubicado en domicilio reservado de esta ciudad, y que si bien puede interpretarse que la Municipalidad tiene facultad para proceder a la clausura del negocio por “ejercer actividad comercial sin patente”, la misma, a su juicio, se encuentra restringida sólo para el caso de las patentes de alcoholes, no siendo aplicable para otro tipo de patentes, como lo es aquella de restaurant. Que de esta forma, la decisión de la autoridad administrativa en orden a proceder a la clausura del local en su totalidad se vuelve arbitraria, desde que debió suspender la posibilidad del mismo de expender bebidas alcohólicas, mas no impedir la actividad comercial del particular de manera absoluta.

2.- Que, por otra parte, según consta de los documentos allegados, el recurrente fue citado por el Inspector Municipal por la infracción que culmina con la imposición de la clausura del local, sin que conste que se haya dado tramitación a esta otra vía que le habría permitido al contribuyente formular sus descargos, siendo su situación conocida por el Juez de Policía Local competente, en uso de sus facultades legales.

3.- Finalmente, entiende este sentenciador que la facultad de la Ilustre Municipalidad de clausurar un negocio se encuentra, para el caso de las patentes distintas a las de alcoholes, establecida sólo para el evento del no pago de dichas contribuciones, lo cual en la especie no se ha verificado, desde que es un hecho reconocido por la municipalidad que el local ubicado en Condell N° 1515 tiene pagadas sus patentes, por lo que correspondía únicamente que se sancionara por el incumplimiento en el deber de informar al ente edilicio el cambio de nombre del titular, infracción para la cual el legislador ha previsto otro tipo de sanciones más proporcionales que aquella impuesta por la recurrida que motivó la interposición de la presente acción.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro Sr. Torti y el voto disidente, su autor.

N°Protección-990-2014.

Pronunciada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y el abogado integrante Sr. Carlos González Medel.

En nombre reservado, ocho de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.