nombre reservado con nombre reservado

C.A. Valparaíso Valparaíso, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado abogada, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, docente, fiscal del procedimiento sancionatorio instruido mediante decreto Alcaldicio N°485 de fecha 07 de febrero de 2022, de la I. Municipalidad de San Felipe, el que se lleva en contra de la recurrente de autos. Denuncia una serie de infracciones legales en el procedimiento que importan discriminatorio y arbitrario, lo que vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 numeral 2° y 3° inciso quinto de la Carta Fundamental.

En cuanto a los hechos, explica que la recurrente es parvularia y se vincula con la Ilustre Municipalidad de San Felipe bajo un vínculo de subordinación y dependencia, regido por las normas del Código del Trabajo, desde el año 2010.

Recibidas denuncias por supuestos malos tratos que la recurrente habría ejercido sobre personal de su dependencia, con fecha 07 de febrero de 2022, la I. Municipalidad de San Felipe, instruyó en su contra un procedimiento sancionatorio “sui generi”; es decir, una investigación sumaria, que se tramitara de acuerdo a normas de sumario administrativo. Este proceso, actualmente se encuentra en etapa acusatoria, habiendo sido notificada la actora con fecha 05 de enero de 2023 de los cargos formulados en su contra.

Que, recién con fecha 06 de enero de 2023, pudo acceder al expediente sumarial, percatándose de una serie de infracciones legales e inconsistencias las cuales han derivado en un trato diferente y discriminatorio en relación al resto de los funcionarios públicos regidos por la Ley 19.883.

En primer lugar, denuncia la omisión en el expediente sumarial, de la agregación del decreto alcaldicio que instruyó el procedimiento sumarial en contra de la recurrente, así como también los antecedentes que se tuvieron a la vista para ordenar su instrucción. Lo anterior impide que la actora pueda ejercer debidamente su derecho a la defensa, en la etapa descargos y los que le siguen. Así, por ejemplo, el decreto en cuestión hace referencias a una serie de declaraciones prestadas por denunciantes, las que no se conocen y por tanto, no podrán estas ser confrontadas, ni tampoco podrán aportarse pruebas para desvirtuarlas.

Hace presente que la recurrente solicitó por correo electrónico a la fiscal Cecilia Cornejo Fuentealba la entrega de las piezas sumariales omitidas, sin embargo solo le fue remitido el Decreto Alcaldicio N°485 de fecha 07 de febrero de 2022, pero no los antecedentes que lo originaron.

Insiste en que la sumariada no es funcionaria de la I. Municipalidad de San Felipe, careciendo de la responsabilidad administrativa regulada en las leyes N° 18.834 y N°18.883, sino que es una trabajadora regida por el Código del Trabajo, por lo que con mayor razón era necesario agregar al expediente lo señalado, por cuanto la somete a un procedimiento disciplinario no regulado en la normativa que le atañe y que por lo demás resulta más gravoso que el regulado el código laboral, ya que se le somete a un régimen estatutario.

Como segundo vicio, señala que, el decreto alcaldicio N°485 de fecha 07 de febrero de 2022, que instruye el procedimiento sumarial en contra de la recurrente, adolece de incongruencias, entre su parte considerativa y resolutiva, respecto al tipo de procedimiento administrativo que se instruyó.

Explica que el Municipio de San Felipe instruyó una “breve investigación” en contra de la recurrente. Luego en la parte resolutiva instruye textualmente: “investigación sumaria”, para terminar indicando: “la presente investigación sin perjuicio de tratarse de una investigación sumaria, deberá ser tramitada de conformidad con el procedimiento sumarial dispuesto entre los artículos 126 y 142 de la Ley 18.883”.

En tercer lugar, denuncia que no consta en el expediente sumarial, que se haya notificado a la recurrente el cambio de actuario, ni se le haya dado posibilidad de deducir en su contra causales de implicancia o recusación.

En específico, a folio 70, en Resolución N°10, fechada a 07 de octubre de 2022, se designa un nuevo actuario, quien acepta la designación a folio 71, para posteriormente continuar la tramitación de la investigación; no constando que se haya notificado a la recurrente del cambio de actuario.

En cuarto lugar, indica que ninguna de las declaraciones tomadas en el procedimiento sancionatorio, cuentan con firmas del fiscal ni ministro de fe. Así, por ejemplo, se tomó prueba testimonial contra la recurrente sin cumplir con los requisitos mínimos de validez, como es, que la diligencia se encuentre firmada por instructor y ministro de fe; omisión que se reitera en la declaración indagatoria de la actora.

En quinto lugar, menciona que las copias del expediente sumarial entregadas en papel y digital no se condicen unas con otras.

En sexto lugar, señala que la resolución fiscal que formula cargos, le genera indefensión. En concreto señala que la formulación de cargos no cumple con los requisitos mínimos, por cuanto de su lectura solo es posible desprender las normas legales que a juicio del fiscal se vulneraron, pero no hace referencia a ningún hecho en concreto respecto de los cuales se pueda rendir prueba, ni solicitar diligencias probatorias.

Finalmente, en séptimo lugar, denuncia un error al computar el plazo de presentación de descargos. Explica que, con fecha 05 de enero de 2023, se le notificó de la resolución que formula los cargos, sin embargo en ese momento y como consta a folio 104 y 105 no le hacen entrega del expediente, viéndose en la obligación de solicitarlo ella misma, pidiendo por lo mismo una prórroga del plazo para presentar sus descargos. Ante tal solicitud, a folio 105, fechado a 06 de enero de 2023, se entrega copia a la actora del expediente, sin embargo en el número 1° de la resolución se señala que: “Se concede la prórroga por cinco días adicionales a los cinco dispuestos para hacer sus descargos. Es decir, se concede un plazo de 10 días a contar de hoy jueves 05 al martes 18 de enero inclusive”

Argumenta que lo anterior es una contradicción con la normativa, toda vez que la notificación íntegra del sumario solo pudo hacerse con la entrega de copia del expediente, que fue hecha a 06 de enero de 2022, no a 05 de enero de 2022, extendiéndose el secreto del sumario más allá de lo legal.

En definitiva, señala que los hechos descritos constituyen una vulneración de su garantía de igualdad ante la ley, por lo que solicita que se acoja la presente acción, dejando sin efecto los actos del proceso administrativo, ordenando retrotraer el mismo hasta la fojas 1; rehaciéndose el mismo en todas sus actuaciones, con expresa condena en costas.

A folio 9, evacúa informe Felipe Vicente Salaya Martínez, abogado, por la recurrida Cecilia Cornejo Fuentealba.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción, por incoarse en contra de infracciones legales y constitucionales detectados en el expediente sumarial, y que como se señala expresamente por la recurrente, se alegan vicios procedimentales. Que en materia administrativa, una clasificación que ha sido sostenida por los tribunales superiores de justicia, es aquella que distingue entre actos de trámite y decisorios. En este sentido, según reiterada jurisprudencia la E. Corte Suprema, los actos administrativos trámite no son susceptibles de impugnarse en sede de un recurso de protección, por no contener una decisión definitiva, como es el caso de autos.

Agrega, además, que respecto de los vicios denunciados, existen instancias administrativas no agotadas por la recurrente. En efecto, en escrito de descargos y defensas ante la recurrida y Fiscal del sumario, puede hacer valer las alegaciones a la sustanciación del procedimiento e impetrar recursos administrativos en contra de la decisión de la autoridad, la que, en todo caso, puede ser de conocimiento de Contraloría General de la República, que cuenta con atribuciones de ordenar su reapertura ante vicios de legalidad.

En cuanto al fondo del recurso, en lo relativo a la aplicación de procesos disciplinarios a personal contratado por el Código del Trabajo, explica que la investigación administrativa incoada en contra de la recurrente, por Decreto Exento N°485 de 07 de febrero de 2022, se dispone que sin perjuicio de tratarse de una investigación sumaria, de acuerdo a la jurisprudencia admirativa en Dictamen N° 68.295, de 2016; N° 17.882 de 2017, entre otros, deberá ser tramitada de conformidad al procedimiento sumarial dispuesto entre los artículos N° 126 y N° 142 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En efecto, la jurisprudencia administrativa, ha dispuesto que tratándose de servidores del estado sujetos al régimen jurídico del Código del Trabajo, la tipificación de una causal que suponga poner término al respectivo convenio laboral, debe ser establecida a través de una breve investigación sumaria, la que no requiere sujetarse a las formalidades estatutarias de un proceso administrativo formal, sino que basta con que se formulen cargos al afectado y se le otorgue la oportunidad de defenderse, satisfaciendo así principios generales del derecho (Dictamen N° 44.361, de 1998).

Así, tratándose de Servidores sujetos a la normativa del Código del Trabajo, la Jurisprudencia ha resuelto que la desvinculación de estos se verifique mediante una investigación administrativa, la cual debe asegurar que se acrediten los hechos que configuran el motivo de cese de funciones, cuestión que será determinado por la Alcaldesa de la Comuna en la oportunidad correspondiente. Por tanto, no existe trato diferente o discriminatorio en contra de la recurrente, respecto del resto de los funcionarios públicos regidos por la Ley N° 18.883.

Respecto a lo estrictamente procedimental, estas investigaciones administrativas que revisten un carácter especial en relación a lo que significa un sumario administrativo o investigación sumaria en términos estrictos; la jurisprudencia administrativa se ha ocupado de fijar estándares mínimos de cumplimiento de un debido proceso, esto es oír al afectado, darle la oportunidad de defenderse y, se le notifique la sanción.

Argumenta que, estos estándares mínimos y garantías procedimentales han sido debidamente cumplidos en el caso de la recurrente, a quien, como expresa la misma recurrente fue notificada de escrito de formulación cargos, y se le ha dado la oportunidad de defensa, mediante la presentación de descargos y defensas y, los medios de impugnación respecto del acto decisorio.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que por la presente vía se denuncian una serie de infracciones y vicios en el procedimiento sumarial llevado en contra de la actora, dispuesto por la Ilustre Municipalidad de San Felipe, solicitándose que se retrotraiga el mismo hasta su inicio, de manera que se realicen de forma legal todas las actuaciones.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes y lo expuesto en estrados, esta Corte estima que no se advierte que en el presente caso se encuentren conculcadas algunas de las garantías constitucionales a las que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y siendo aquel un presupuesto necesario para que pueda prosperar la acción es que el presente arbitrio será rechazado.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, del análisis del expediente sumarial acompañado en autos, aparece que, a fojas 109 del mismo, la actora ha solicitado la nulidad de lo obrado, por los mismos vicios que alegan en esta instancia y, en el mismo escrito, evacua los descargos respectivos, por tanto, es posible concluir que la recurrente ha podido ejercer su derecho a defensa, y realizar alegaciones formales las que se encuentran pendientes de resolver de conformidad a la tramitación regular del procedimiento administrativo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza el deducido por doña nombre reservado, en contra de doña Cecilia Cornejo Fuentealba, fiscal del procedimiento sancionatorio instruido por la I. Municipalidad de San Felipe Regístrese, notifíquese y comuníquese.

N°Protección-971-2023.

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