nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingeniero electrónico, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone el recurrente que, en su calidad de técnico extranjero, solicitó a la administradora recurrida la devolución de sus fondos previsionales mediante el portal web habilitado para tales fines. Señala que, posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 12 de enero de 2026, la AFP le informó el rechazo de su solicitud (N° 10726), fundamentando su decisión en tres motivos: a) la existencia de una supuesta doble e incompatible manifestación de voluntad en su contrato de trabajo de fecha 17 de junio de 2015; b) que el certificado de afiliación a SKANDIA Pensiones y Cesantía (con fecha de afiliación 1 de mayo de 2025) no acreditaría una cobertura real y efectiva por invalidez, vejez, muerte y enfermedad durante todo el tiempo trabajado en Chile; y c) que, como afiliado al régimen previsional de Colombia, debía presentar un certificado de una Entidad Promotora de Salud (EPS) colombiana debidamente apostillado, que acreditara la cobertura por enfermedad durante su estadía en el país.

Argumenta el actor que los fundamentos esgrimidos por la recurrida carecen de sustento fáctico y jurídico, constituyendo una interpretación errónea y en extremo formalista de la norma. En cuanto al contrato de trabajo, aclara que no existe contradicción alguna en sus estipulaciones, toda vez que una cláusula consigna su voluntad de mantener la afiliación a un régimen previsional fuera de Chile, mientras que otra establece el cumplimiento de las cotizaciones en el sistema nacional, tratándose de disposiciones complementarias y perfectamente compatibles.

Añade que ha dado íntegro cumplimiento a las exigencias contempladas en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, habiendo acompañado todos los antecedentes de rigor, a saber: contrato de trabajo y anexos, certificado de afiliación al seguro de su país de origen y título profesional apostillado, documentos que gozan de plena validez para la procedencia del retiro.

Sostiene que la obstaculización y la interpretación restrictiva de la norma por parte de la recurrida desatienden la finalidad del legislador y configuran un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Específicamente, denuncia la infracción a los numerales 2° (igualdad ante la ley), al imponérsele requisitos no previstos legalmente y actuar de forma caprichosa en su perjuicio, y 24° (derecho de propiedad), al impedírsele disponer legítimamente de sus propios ahorros previsionales.

Concluye solicitando que se acoja la presente acción cautelar, restableciendo el imperio del derecho, y que en definitiva se declare la validez de la documentación acompañada, ordenándose a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho que dé lugar a la devolución de sus fondos, adoptando todas las providencias necesarias al efecto.

A folio 5, informa don nombre reservado, Fiscal (S), en representación de la Superintendencia de Pensiones, evacuando el traslado conferido por esta Iltma. Corte y solicitando la declaración de improcedencia del recurso o, en subsidio, su total rechazo con expresa condena en costas, en base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

En lo principal, opone la excepción de improcedencia de la acción de protección. Argumenta que el recurso de protección no es la vía idónea para declarar derechos controvertidos ni para sustituir un procedimiento de lato conocimiento. Señala que en la especie el derecho reclamado por el actor (retiro de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156) no tiene el carácter de indubitado, toda vez que existe controversia jurídica y técnica respecto al cumplimiento de las exigencias legales. Apoya su postura citando abundante jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que rechaza la instrumentalización de esta acción cautelar con fines declarativos.

En cuanto a los hechos, la Superintendencia informa que no existe registro de reclamo ni presentación alguna formulada por el recurrente (don nombre reservado) ante dicho organismo fiscalizador respecto de los hechos que motivan la presente acción, no habiendo emitido la Superintendencia ningún pronunciamiento o acto administrativo que le cause agravio, por lo que no existe imputación válida en su contra.

En cuanto al fondo y la normativa aplicable, expone que la exención de cotizar y la consiguiente devolución de fondos previsionales contemplada en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, cuya interpretación debe ser restrictiva. Para acceder a él, el trabajador técnico extranjero debe cumplir requisitos copulativos e insoslayables:

1. Acreditar estar afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

2. Expresar inequívocamente en su contrato de trabajo en Chile su voluntad de mantener dicha afiliación extranjera.

Sobre el caso concreto del recurrente, la Superintendencia advierte la falta de concurrencia de estos requisitos: Respecto a la cobertura extranjera: El actor presentó una simple constancia de un Fondo de Pensiones Obligatorias (Protección). Dicho documento no acredita que el sistema cubra específicamente pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia (solo menciona genéricamente "riesgos mayores"). Además, carece de firma autorizada y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado conforme a la ley chilena, lo que lo invalida para estos fines, criterio respaldado por la jurisprudencia. * Respecto al contrato de trabajo: Se constata una contradicción insalvable, puesto que en la cláusula 4° el trabajador autoriza al empleador a efectuar las deducciones y retenciones de imposiciones previsionales según la ley chilena, mientras que en la cláusula 6° manifiesta permanecer afecto al sistema colombiano. Ante tal incompatibilidad, la jurisprudencia administrativa y judicial ha resuelto que prima la incorporación al sistema previsional chileno.

Adicionalmente, la informante hace presente que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente. Advierte que autorizar la devolución de fondos a extranjeros con residencia definitiva transforma una norma de excepción en un privilegio inaceptable, permitiéndoles usar el sistema de AFP como ahorro de libre disposición. Esto genera un riesgo futuro para el Estado de Chile (Fisco), que podría verse obligado a cubrir pensiones básicas solidarias para estas personas si quedan sin fondos previsionales, contraviniendo el espíritu del legislador.

Concluye señalando que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida de los fondos del actor, sino la improcedencia del beneficio excepcional. Sus ahorros permanecen intactos y sujetos a las normas generales del D.L. 3.500 para el otorgamiento de beneficios futuros. Por consiguiente, descarta cualquier actuar ilegal o arbitrario, así como la supuesta vulneración al derecho de igualdad y al derecho de propiedad, solicitando el íntegro rechazo de la acción.

A folio 6, informa don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., evacuando el traslado conferido por esta Iltma. Corte y solicitando el total rechazo de la acción constitucional, con expresa condena en costas, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones:

Expone que el actuar de la Administradora al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156 no resulta ilegal ni arbitrario, toda vez que se ajustó estrictamente al marco normativo vigente y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, al no dar cumplimiento el recurrente a los requisitos copulativos que exige dicha norma de excepción.

Detalla que la solicitud adolecía de tres defectos insalvables:

1. Falta de acreditación de afiliación oportuna y válida: El certificado de la entidad extranjera "Skandia" presentado indica una vigencia a contar del 1 de mayo de 2025, no cubriendo el período del contrato de trabajo en Chile (iniciado en junio de 2015). Además, dicho documento carece de la apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, requisito ineludible para que surta efectos en el país.

2. Manifestación de voluntad contradictoria: El contrato de trabajo acompañado contiene cláusulas incompatibles, pues por un lado el trabajador expresa su voluntad de mantener su afiliación al régimen extranjero y, por otro, autoriza expresamente a su empleador a efectuar los descuentos previsionales bajo la legislación chilena.

3. Falta de acreditación de cobertura por enfermedad: Tratándose de un ciudadano colombiano, las AFP de su país de origen no otorgan cobertura por enfermedad común, por lo que resulta indispensable acreditar dicha contingencia mediante un certificado emitido por una Entidad Promotora de Salud (EPS) colombiana debidamente apostillado, exigencia técnica que el actor omitió.

Argumenta que PlanVital se limitó a dar estricto cumplimiento a los oficios y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, cuyo acatamiento es de carácter obligatorio y no facultativo para la Administradora, actuando con justificación y en igualdad de trato respecto de todos sus afiliados.

Hace presente, además, que el rechazo impugnado constituye un acto administrativo subsanable y no una decisión definitiva que genere indefensión. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema para sostener que la acción de protección resulta improcedente en este caso, puesto que el recurrente conserva intacto su derecho y tiene abierta la vía para presentar una nueva solicitud subsanando las observaciones y adjuntando la documentación con las formalidades legales y administrativas exigidas.

Concluye señalando que no existe privación, perturbación ni amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Iltma. Corte que desestime en todas sus partes el recurso interpuesto.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la improcedencia de la acción.

Primero: Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción deducida formulada por la Superintendencia de Pensiones, cabe tener presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción cautelar orientada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, que amenacen, perturben o priven el legítimo ejercicio de los derechos taxativamente señalados en dicha norma. En la especie, el recurrente ha denunciado la vulneración de sus garantías constitucionales (artículo 19 N° 2 y 24) a consecuencia de un acto administrativo preciso y determinado emanado de la Administradora recurrida, esto es, el rechazo a su solicitud de devolución de fondos previsionales. Por lo tanto, la presente vía cautelar resulta plenamente idónea y procedente para conocer el asunto y determinar la existencia o no de la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, correspondiendo el análisis de los requisitos normativos al fondo de la controversia. Por consiguiente, la alegación de improcedencia de la acción debe ser desestimada.

II. En cuanto al fondo:

Segundo: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, el acto que el recurrente, don nombre reservado, califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., comunicada mediante correo electrónico de 12 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales (N° 10726) al amparo de la Ley N° 18.156. Dicho rechazo se fundamentó en tres motivos principales: a) la existencia de cláusulas contradictorias en su contrato de trabajo de 2015; b) que el certificado de la entidad colombiana SKANDIA registra una fecha de afiliación de mayo de 2025 (posterior al inicio de su relación laboral en Chile) y no se encuentra debidamente apostillado; y c) la omisión de acompañar un certificado de una Entidad Promotora de Salud (EPS) colombiana que acredite la cobertura por enfermedad.

Cuarto: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Afirma que el actor no dio cumplimiento a los requisitos copulativos exigidos, toda vez que los documentos presentados adolecen de defectos formales (falta de legalización o apostilla), incongruencias temporales respecto al inicio de la cobertura, e insuficiencia de fondo al no acreditar la protección frente a todas las contingencias exigidas por la ley.

Quinto: Que, a su turno, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción que debe interpretarse y aplicarse de forma restrictiva. Ratifica que el recurrente no cumple los supuestos legales, destacando la contradicción insalvable en su contrato de trabajo y la ineficacia del certificado de afiliación extranjera por carecer de las formalidades de legalización internacional exigidas por el ordenamiento jurídico chileno.

Sexto: Que, para resolver la controversia, cabe tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige copulativamente que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. En la especie, fluye de los antecedentes aportados que la documentación exhibida por el actor resulta insuficiente para dar por satisfechos dichos imperativos. El certificado emitido por "Skandia" indica una afiliación iniciada el año 2025, época muy posterior a la data de su contrato de trabajo en Chile (2015), dejando un extenso período sin la cobertura exigida. Asimismo, tratándose del sistema de seguridad social colombiano, resulta indispensable para acreditar la cobertura de salud la respectiva certificación de una EPS, documento que fue omitido.

Séptimo: Que, sumado a lo anterior, los instrumentos acompañados provenientes del extranjero carecen de la respectiva legalización o apostilla, requisito ad solemnitatem regulado en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y en la Ley N° 20.711 (Convenio de la Apostilla), ineludible para que dichos documentos públicos hagan fe y tengan eficacia probatoria en nuestro país. La exigencia de estas formalidades no constituye un acto "en extremo formalista", sino la estricta aplicación del ordenamiento jurídico vigente para resguardar la fe pública.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, tal como lo han constatado las entidades informantes, el contrato de trabajo del actor de fecha 17 de junio de 2015 adolece de una incompatibilidad manifiesta en sus cláusulas, al disponer simultáneamente la sujeción al sistema previsional chileno y al colombiano, lo que contraviene la exigencia de la ley en orden a manifestar inequívocamente la voluntad de marginarse del sistema nacional.

Noveno: Que, por lo razonado, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la correcta y estricta aplicación de la legislación y normativa pertinente, frente al incumplimiento fáctico y jurídico de las exigencias copulativas de la Ley N° 18.156 por parte del solicitante. En consecuencia, no existiendo un actuar antijurídico, malamente pueden entenderse vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad invocadas por el actor, debiendo la presente acción cautelar ser desestimada.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción formulada por la recurrida Superintendencia de Pensiones.

II. Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a folio 1 por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese, y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-963-2026.