Protección contra Federación de Automovilismo Deportivo de Chile

Foja: 128 Ciento Veintiocho eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de julio de mil catorce.

VISTO:

A fojas 3, comparece el abogado Luis Hernández Olmedo, a favor de don nombre reservado, técnico universitario en Prevención de Riesgos, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Federación de Automovilismo Deportivo de Chile, representada por su presidente don nombre reservado, ignora profesión, todos domiciliados en domicilio reservado, la que a través de su Asamblea General Extraordinaria, realizada en la ciudad de Olmué, el 29 de marzo pasado, ha incurrido en actos y omisiones arbitrarias que le han privado y perturbado el ejercicio de sus derechos a la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, garantizados en los números 2 y 3 inciso 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Explica que el señor nombre reservado fue sancionado por el Tribunal de Honor de la Federación con una pena de 8 años de suspensión de toda actividad federativa. Hace presente que el 26 de agosto de 2013 dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio ante el Tribunal de Honor, conforme los artículos 41 y 42 del Reglamento General de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo y que el 7 de marzo de 2014 el Tribunal de Honor rechazó el recurso de reposición y elevó la causa al Tribunal de Apelación respectivo, que es, según los estatutos federativos, la Asamblea General.

Señala que el 29 de marzo de 2014 se llevó a efecto la Asamblea Extraordinaria de la Federación, citada para las 11:00 horas, en las cabañas Doña nombre reservado, en la ciudad de Olmué, precisando que la única materia a tratar en dicha asamblea era el pronunciamiento sobre la apelación de sanción disciplinaria referida y que en la Circular Nº 8 de la Federación se señaló que “El señor nombre reservado podrá asistir a la asamblea general extraordinaria junto a su abogado (si así lo desea) a presentar sus descargos ante ustedes”.

Indica que a la referida asamblea concurrió el Sr. nombre reservado y el abogado compareciente, siendo impedido absolutamente de alegar en su defensa, pues el Sr. nombre reservado, quien presidía la Asamblea, se negó rotundamente a otorgarle la palabra, pese a habérselo solicitado durante 10 minutos y mientras el señor nombre reservado era interpelado, acosado y hostigado para que realizara su defensa por sí mismo.

Describe en el recurso, los intentos infructuosos para ejercer el derecho a defensa del señor nombre reservado, conforme a las notas tomadas en dicha sesión, para luego indicar que no quedó otra alternativa que el Sr. nombre reservado hiciera un alegato personal, pero sin poder exponer los múltiples fundamentos de hecho y de derecho del recurso de apelación interpuesto relativo a las graves infracciones al debido proceso, la falta de prueba y los errores de fondo en la sentencia de primera instancia que ameritan la revocación y exculpación absoluta del señor nombre reservado.

Señala que el habérsele impedido al abogado alegar y exponer los fundamentos de la apelación deducida implica que el señor nombre reservado quedó en la más absoluta indefensión.

Además, alega otros hechos graves ocurridos con anterioridad a la Asamblea, a saber, falta de citación a la Asamblea General del 29 de marzo de 2014, señalando que sólo tuvieron conocimiento de ella de manera indirecta el 19 de marzo por uno de los presidentes citados a dicha Asamblea, que mediante la Circular de Nº8 de 18 de marzo de 2014, la Federación convocó a la asamblea de manera imparcial y tendenciosa y, por último que nunca fue respondido un mail de 27 de marzo de 2014 en que se solicitaba al Directorio que procurara que estuviera disponible en sala el expediente disciplinario íntegro, un proyector de power point y que la audiencia se registrara en audio o video.

Asimismo, señala que en la asamblea se incurrieron en otras irregularidades, esto es, no hubo acceso al expediente disciplinario y refiere, además, que dos de los miembros que integraban el tribunal de apelación estaban implicados, el señor nombre reservado, Presidente de la Federación, quien efectuó la denuncia que originó el procedimiento disciplinario y don nombre reservado, miembro del Tribunal de Honor, que dictó la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, señala que nunca se le ha comunicado la decisión final de la Asamblea y que sólo han tomado conocimiento de ella, a través de un escueto comunicado en la página web de la Federación en la que se señala que “Con una asistencia de 15 asociaciones, hubo 13 votos a favor del trabajo del Tribunal de Honor y dos en contra, quedando la sanción de 8 años de toda función federativa al señor nombre reservado”.

Señala que los actos descritos, en particular, el impedir el alegato del abogado de la defensa, resultan arbitrarios y sólo obedecen al mero capricho de las diversas autoridades de la Federación y, también es ilegal, puesto que contraviene el artículo 38 del Reglamento General de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, en el cual se indica que todo afectado tendrá derecho a la asistencia de un letrado, siendo dicha regulación un imperativo legal en tanto el artículo 39 de la Ley 19.712, el artículo 553 del Código Civil, los artículos 41 y 42 del reglamento DS. 52 de 2001 MSGG y el artículo 50 de los propios Estatutos de la Federación, obligan a respetar los principios del debido proceso en los juicios disciplinarios de la Federación.

Indica, igualmente, que los otros hechos descritos también resultan arbitrarios, por cuanto no existe explicación alguna para su realización, sino que revelan la absoluta desconsideración de los derechos del señor nombre reservado en cuanto ellos suponen garantías mínimas para su defensa.

Concluye señalando que se ha afectado el derecho de igualdad contemplado en el artículo19 Nº2 de la Constitución Política de la República y el artículo 19 Nº3 en cuanto garantiza que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

Pide, se declare la nulidad de la Asamblea General de fecha 29 de marzo de 2014 y todos los acuerdos adoptados en ella y, especialmente, la resolución que rechaza la apelación del recurrente, que se declare que un tribunal no inhabilitado deberá conocer y fallar la apelación deducida por el recurrente en contra la sentencia del Tribunal de Honor, que se ordene que el recurso de apelación del recurrente deberá ser conocido y fallado, por el tribunal civil competente que autoriza el artículo 584 inciso 4° del Código Civil o por el Tribunal que VS estime competente, con costas en caso de oposición.

Acompaña a fs. 29 copia de las Circulares Nº6, 8 y 10 del año 2014 de la Federación y copia simple de información periodística de la Asamblea Extraordinaria de la Federación y a fs. 79 copia Reglamento Interno de la Federación y del recurso de apelación interpuesto para ante la Asamblea General.

A fs. 31 informa nombre reservado, en representación de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo.

Señala que la acción de protección es una acción cautelar, en consecuencia, no puede servir de medio para obtener la nulidad de la Asamblea General celebrada por la Federación el 29 de marzo de 2014, menos aún pretender que la Corte de Apelaciones declare que Tribunal no inhabilitado conozca y falle un recurso de apelación que es de competencia absoluta del Tribunal de Honor.

Hace presente que ante el 28º Juzgado Civil de Santiago se tramita un contencioso por el cual el recurrente pide en procedimiento sumario la corrección del Reglamento Estatutario de la Federación fundado en los mismos hechos que pretende que se conozca y falle por esta vía excepcional.

Además, indica que por cuestiones similares, todas derivadas de la suspensión de sus derechos de socio de la recurrida, el accionante ha intentado en la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de protección que indica, todos los cuales han sido rechazados.

Pide el rechazo de la acción intentada, con costas.

A fs. 37 la recurrida complementa su informe, señalando, en cuanto al fondo, que contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Honor el recurrente dedujo recurso de apelación que fue concedido para ser visto por la Asamblea General celebrada en Olmué el 29 de marzo pasado. Agrega, que en dicha reunión donde los asambleístas fungen de jurado, el señor nombre reservado hizo una extensa defensa de sus derechos, misma que en cinco oportunidades anteriores en que fue citado por el Tribunal de Honor rehusó hacer, recurriendo, en cambio, a intentar tres acciones de protección rechazadas.

Precisa que la Asamblea quería escuchar sus descargos, en particular por las acciones que ha entablado en contra de la Federación, y el abogado del recurrente intentó tomar la palabra, en circunstancias que ya lo había hecho el señor nombre reservado.

Indica que el artículo 43 del Reglamento dice que “En la sesión extraordinaria de que trata el artículo anterior (asamblea general extraordinaria), se oirá una relación sucinta de los hechos consignados en el expediente disciplinario y de los fundamentos de la medida acordada por el Directorio, la que estará a cargo de quien éste designe. Se oirá también al Presidente del Tribunal y al afectado o su defensor si lo hubiere…”.

Señala que la vocal “o” entrega al Directorio una disyuntiva, podrá oírse al socio suspendido o a su abogado, en la especie, se optó por lo primero, por cuanto aquél ya había manifestado su decisión de ser escuchado y la Asamblea tenía fundado interés en escuchar a un socio que ha intentado cuatro recursos de protección, una querella criminal y un juicio civil contra la Federación.

No estima que al adoptar la recurrida una decisión que se halla expresamente facultada en los estatutos, se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales.

Concluye que no se ha infringido la igualdad ante la ley, ya que el señor nombre reservado hizo uso del derecho que tienen todos los asociados; ser oído en Asamblea. Tampoco se vulnera la garantía del numeral 3 del artículo 19, toda vez que ha sido oído por un tribunal establecido por la ley civil y estatutaria y no por una comisión especial.

A fs. 98 se acompaña por la recurrida copia auténtica de la escritura pública de los estatutos de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo y a fs. 120, acompaña copia autorizada del Reglamento General de la Federación Chilena de Automovilismo Por resolución de fs. 123 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que resulta necesario consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Tercero: Que el recurrente explica que fue sancionado por el Tribunal de Honor de la Federación de Automovilismo Deportivo de Chile con una pena de ocho años de suspensión de toda actividad federativa, ante dicha sanción presentó recurso de reposición con apelación subsidiaria ante el Tribunal de Honor, Tribunal que rechazó el recurso de reposición y elevó la causa al tribunal de apelación que es, la Asamblea General. Con fecha 29 de Marzo de 2014 se llevó a efecto la Asamblea Extraordinaria de la Federación, siendo única materia a tratar el recurso de apelación. A dicha Asamblea concurrió el recurrente Sr. nombre reservado con su abogado, profesional a quien le fue impedido de hacer uso de la palabra, no pudiendo ejercer el derecho a defensa del recurrente. Señala que en la Asamblea se incurrieron en otras irregularidades como no haber tenido conocimiento del expediente disciplinario y la no comunicación en forma legal de la decisión de la Asamblea, la que solo le fue comunicada por la página web de la Federación.

Estima que tales actos resultan arbitrarios por ser resultado del capricho de las autoridades de la Federación y también es ilegal por contravenir el artículo 38 del Reglamento General de la Federación, que indica el derecho de todo afectado a tener asistencia de un letrado.

En estas condiciones, considera que se ha afectado el derecho a la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y en el N° 3, en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

En atención a lo expuesto, solicita que esta Corte para establecer el derecho declare la nulidad de la Asamblea General y todos los acuerdos adoptados en ella, en especial el rechazo al recurso de apelación presentado por el recurrente. Se declare además que Tribunal no inhabilitado conozca y falle el recurso de apelación, tribunal que corresponderá a uno civil u otro que esta Corte determine.

Cuarto: Que informando, la recurrida Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, señala en primer lugar que esta acción no es la pertinente para obtener la nulidad de la Asamblea General, como tampoco para declarar que Tribunal no inhabilitado deba conocer y fallar un recurso de apelación que es de competencia del Tribunal de Honor.

En todo caso hace presente que el recurrente hizo uso de todos los recursos, y en la vista del recurso de apelación el Sr. nombre reservado hizo una extensa defensa.

En todo caso, señala que se dio cumplimiento a toda la tramitación en la forma estatuida en el Reglamento de la Federación, no habiéndose vulnerado derechos ni las garantías constitucionales invocadas, a saber la de la igualdad ante la ley, por cuanto el Sr. nombre reservado hizo uso del derecho que tienen los asociados de ser oído, y tampoco se ha afectado la garantía del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental dado que fue oído por un tribunal establecido por la ley y no por una comisión especial.

Solicita el rechazo de este recurso, haciendo presente que se han deducido otros recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Quinto: Que previo a analizar si se han conculcado las garantías constitucionales invocadas y si se ha cometido un acto arbitrario o ilegal es necesario precisar si los hechos denunciados tienen la calidad de indubitados, ya que uno de los requisitos de la acción de protección, es que los derechos que se dicen afectados deben ser indubitados. Así la presente acción tiene por finalidad la tutela de garantías y derechos pre existentes, esto es, derechos que no se encuentran discutidos, lo que no ocurre en el presente caso, puesto que las circunstancias de hecho sobre las cuales se funda el recurso no están claras, al no haberse determinado con precisión la forma en que el acto denunciado afectó al recurrente, tanto en la manera como se llevó la audiencia ante la Asamblea General, en la que se conocía de su recurso de apelación, como en cuanto se permitió la palabra sólo al recurrente y no a su abogado presente en la audiencia, según los integrantes de Asamblea, por cuanto el artículo 43 del Reglamento de la Federación señala, que la Asamblea General en sesión extraordinaria, oirá una relación sucinta de los hechos consignados en el expediente disciplinario y de los fundamentos de la medida acordada por el Directorio. Se oirá también al Presidente del Tribunal y al afectado o su defensor si lo hubiere. De lo que se desprende que el recurrente estima que se ha afectado su derecho a la defensa por no haber permitido escuchar al abogado, en cambio el Presidente de la Federación estima que la vocal “o” da la posibilidad de oírse al socio suspendido o a su abogado, ocasión en la que se oyó al recurrente, por decisión entregada al Presidente, por lo que sería indispensable un análisis e interpretación de esa norma. Por otra parte, se ha cuestionado igualmente esta Asamblea General en el sentido de si se trata de un tribunal que pueda adoptar una decisión, que para el recurrente ha vulnerado su derecho y las garantías constitucionales invocadas y para el Presidente y Directorio de la Federación por el contrario la Asamblea General es un tribunal ante la cual pueden hacerse los descargos y determinar una decisión.

Sexto: Que acorde lo expresado lo precedentemente reclamado, no es una materia que corresponda dilucidar por medio de esta acción cautelar, al no ser indubitado el derecho reclamado, como se requiere y, por lo tanto, no hay medidas de protección que se puedan adoptar, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso, que por lo expuesto no puede prosperar y deberá ser desestimado, sin perjuicio de lo que se resuelva en otro procedimiento, así como otros derechos que pueda hacer valer la parte recurrente.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo acotado en los considerandos precedentes lo pretendido por el recurrente a través de esta acción ha sido obtener que se anulen todos los acuerdos adoptados en la Asamblea General, así como la nulidad de la referida Asamblea realizada el 29 de Marzo de 2014, en la que se mantuvo la medida aplicada de suspensión de ocho años de su participación en la Federación, aduciendo que la misma es una comisión especial que no podría haberlo juzgado dado que está protegido por la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, de no poder ser Juzgado por una comisión especial; por otra parte considera que también en la forma de actuar en su contra se ha conculcado la garantía constitucional indicada en el artículo 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la ley.

Octavo: Que, en concreto, referente a las garantías constitucionales que se han señalado como afectadas, en cuanto a la establecida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, el recurrente considera que la Asamblea General ha devenido en una Comisión especial que lo ha juzgado no a la luz del mérito del proceso disciplinario, sino por las acusaciones que el Directorio ha realizado en su contra. Que, sin embargo, la Asamblea es un grupo de los socios que funcionan como tribunal que se haya expresamente facultada para adoptar una decisión, en el caso una sentencia que esta ejecutoriada y que fue dictada por un tribunal dentro de sus facultades estatutarias y por lo que no se ha constituido una comisión especial para el conocimiento de su recurso. Sin perjuicio de lo señalado por los antecedentes dados por el recurrente en relación con las irregularidades cometidas en el procedimiento adoptado para conocer su recurso de apelación como actuaciones anteriores y posteriores a la audiencia en que se conoció el referido recurso, parece más que se pretende señalar que se ha trasgredido la garantía constitucional del debido proceso, garantía constitucional que no se encuentra protegido por el recurso de protección, puesto que no se mencionan entre los procedentes para invocar esta acción, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La otra garantía constitucional que se dice vulnerada, es la establecida en el artículo 19 N° 2. La igualdad ante la ley que el recurrente la funda en la situación de no habérsele permitido realizar una debida defensa; como tampoco desvirtuar las pruebas con que se fundamenta la decisión conformada arbitrariamente por la Asamblea. Al respecto, además de señalar que los argumentos no dicen relación con la garantía invocada, la misma no ha sido acreditada por el recurrente al no haberse aportado antecedente alguno que se le ha aplicado un tratamiento distinto a otros socios.

De esta forma ninguna de las garantías constitucionales que se invocan han resultado conculcadas.

Noveno: Que, por otra parte, otro requisito indispensable de la acción de protección como se dejó establecido en el considerando primero de este fallo, es la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario. De la actuación de la recurrida no se desprende que la constitución de la Asamblea General para el conocimiento y decisión del recurso de apelación deducido por el recurrente haya sido ilegal, por cuanto todo se rige por el Reglamento respectivo y por tanto actuó dentro de la facultad otorgada por las normas legales.

Asimismo, no puede estimarse que lo resuelto por la Asamblea General sea un acto arbitrario, ya que fue el producto de una decisión votada por los asistentes a la Asamblea General.

Décimo: Que, en conclusión, sin perjuicio de haber dejado establecido que la materia esta indubitada la actuación de la recurrida tiene su fundamento en las disposiciones que los rigen, y por tanto su proceder lo ha sido dentro de su competencia, no siendo arbitrario ni ilegal y por ende no se han vulnerado ninguna de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, todo lo que conlleva a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia se declara: Que se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 3 por el abogado don Luis Hernández Olmedo, en representación de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 961-2014.- Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich.

Pronunciada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y abogado integrante Sr. Leslie Tomasello Hart.

En Valparaíso, diez de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.