nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de Erleven nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el rechazo de su solicitud de devolución de sus fondos previsionales, lo que considera ilegal y arbitrario.

Expone que, el 26 de diciembre de 2025 solicitó ante la AFP Uno S.A. la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo establecido en la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros. Indica que dicha solicitud fue rechazada mediante notificación telefónica del servicio al cliente, argumentándose observaciones en el anexo de contrato de trabajo y en el certificado de la institución de seguridad social, sin mayor fundamentación.

Sostiene la recurrente que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, en cuanto es profesional técnica extranjera afiliada al régimen de previsión social de su país de origen (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales - IVSS), y que manifestó expresamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que, el certificado electrónico de cotizaciones puede ser verificado y validado mediante el portal web oficial del IVSS, utilizando el código de verificación N°850e97103-20251009, y que la recurrida cuenta con diversos medios tecnológicos para corroborar su autenticidad.

Alega que, la conducta de la recurrida resulta arbitraria e ilegal, toda vez que rechaza la solicitud sin fundamentación suficiente, desconociendo que la normativa especial no exige formalidades adicionales como la apostilla o legalización del certificado de afiliación, más aun considerando que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile. Estima que tal exigencia constituye un requisito imposible de cumplir, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil respecto del caso fortuito o fuerza mayor.

Invoca como derechos vulnerados la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, establecido en el artículo 19 N°24 del mismo texto constitucional. Sostiene que, la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo su finalidad y la intención del legislador, según criterios jurisprudenciales de la Excelentísima Corte Suprema.

Finaliza solicitando acoger el recurso de protección interpuesto; ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada; disponer que la recurrida efectúe un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable; y, en definitiva, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Captura de imagen de llamada telefónica que acredita el rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros chilena y cédula de identidad venezolana; 3) Declaración jurada apostillada; 4) Constancia electrónica de cotizaciones con vigencia del mes de diciembre de 2025; 5) Título profesional apostillado que acredita la calidad de técnico; y 6) Contrato de trabajo y anexos con la empresa INDUMARK S.A.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones. Señala que, revisado su Sistema de Gestión Documental, se verificó que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes administrativos previos relacionados con esta materia.

Respecto del marco normativo aplicable, el organismo fiscalizador explica que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales, quienes pueden acceder a la exención de cotizar o solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Dichos requisitos son: a) poseer conocimientos técnicos o profesionales acreditados mediante documentos debidamente legalizados; b) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) manifestar expresamente en el contrato de trabajo su voluntad de mantener tal afiliación.

La Superintendencia enfatiza que, conforme a su jurisprudencia administrativa uniforme contenida en los Oficios N°s 21.480 de 2017, 23.208 de 2023 y 3.141 de 2024, para acreditar la cobertura previsional en el país de origen no basta un documento genérico sobre las coberturas del sistema previsional ni una cartola de cotizaciones, sino que debe consignarse específicamente, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con protección por todos los riesgos durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, de manera efectiva y a todo evento.

Además, precisa que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el requisito de cobertura previsional, debe aportarse la certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada, conforme a lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla de La Haya.

En el caso concreto, la Superintendencia informa que la constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportada por la recurrente no es apta para acreditar el cumplimiento del requisito legal, puesto que carece de firma de quien la emite y no se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana ni legalizada conforme al ordenamiento jurídico chileno. Agrega que, dicho documento tampoco específica las coberturas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones que otorga el sistema previsional venezolano.

Asimismo, destaca que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, razón por la cual los documentos venezolanos que deban producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin requerir intervención adicional. Señala que la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N°522-2025 de 9 de abril de 2025 y Rol N°1431-2025 de 12 de mayo de 2025, este último confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en Rol N°17866-2025 de 26 de junio de 2025), que han rechazado recursos de protección interpuestos en situaciones análogas, ratificando el criterio de que las certificaciones electrónicas sin apostilla ni legalización no resultan idóneas para acreditar la exigencia legal.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe en los términos expuestos.

A folio 7, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

La recurrida expone que, el 24 de noviembre de 2025, la afiliada recurrente inició su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, acompañando diversos antecedentes, entre ellos, contrato de trabajo con INDUMARK S.A., título profesional apostillado, certificado de constancia de cotizaciones y declaración jurada ante notario. Indica que, el día 26 de diciembre de 2025, se comunicó telefónicamente con la recurrente para informarle el rechazo de su solicitud, explicándole que la documentación presentada no cumplía con los requisitos exigidos, específicamente en relación con los documentos laborales y de seguridad social.

Sostiene que, su actuación se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley N°18.156, el Código de Procedimiento Civil, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI), la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, y los Oficios Reservados N°2966 de 3 de agosto de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores y N°25057 de 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, además del Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025 de la misma entidad fiscalizadora.

Explica que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que exige el cumplimiento copulativo de requisitos específicos, entre ellos, que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional en el extranjero mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada. Enfatiza que dicha exigencia no constituye un capricho ni una interpretación antojadiza, sino el cumplimiento de la normativa vigente que garantiza la autenticidad y validez de documentos emitidos en el extranjero.

La recurrida argumenta que la constancia electrónica de cotizaciones presentada por la recurrente no cumple con los requisitos legales, toda vez que carece de firma autorizada, no se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana ni legalizada conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Agrega que la simple existencia de un código de verificación electrónica consultable en un portal web no sustituye las exigencias formales establecidas por el ordenamiento jurídico chileno.

Respecto de la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, señala que tal circunstancia, ajena a la Administradora, no le habilita para prescindir de un requisito legal expreso, cuya finalidad es asegurar la autenticidad documental. Indica que la AFP carece de facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación disposiciones legales, correspondiendo al legislador o a las autoridades competentes establecer mecanismos alternativos de validación en casos excepcionales.

Adicionalmente, informa que, con el 24 de enero de 2025, la Administradora consultó a la Superintendencia de Pensiones sobre la posibilidad de otorgar plazo de validez de hasta un año para certificados verificables electrónicamente, propuesta que fue rechazada por tratarse de una materia ajena a las competencias del organismo fiscalizador.

Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N°1992-2025, confirmado por la Corte Suprema en Rol N°20177-2025 de 26 de junio de 2025) y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel (Rol N°1461-2025), que han rechazado recursos de protección en situaciones análogas, ratificando que las certificaciones electrónicas sin apostilla ni legalización no cumplen con los estándares normativos exigidos.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección es improcedente, toda vez que no concurren los requisitos copulativos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República: no existe acto ilegal ni arbitrario, no se ha causado agravio alguno a la recurrente, y no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, particularmente los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad invocados.

Finaliza solicitando, rechazar el recurso de protección en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1) Contrato de trabajo con INDUMARK S.A.; 2) Anexo de contrato con INDUMARK S.A.; 3) Título de Técnico Superior Universitario en Análisis de Sistemas otorgado por el Instituto Universitario para la Informática; 4) Apostilla del título profesional; 5) Certificado de constancia de cotizaciones; 6) Declaración jurada ante notario; 7) Extracto del Oficio Reservado N°25057 de 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones sobre autenticidad de documentos apostillados; 8) Extracto del Oficio Ordinario N°2119 de 30 de enero de 2025 de la Superintendencia de Pensiones; y 9) Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones sobre acreditación del requisito de cobertura previsional para afiliados venezolanos.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, señala que, la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no señala las coberturas con que cuenta, ni se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Además, no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, no se establece un determinado período de cobertura, solo se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial apostillada acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Erleven nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

N°Protección-96-2026.