INVERSIONES DEL AGUA LTDA CONTRA ALCALDE I. MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES DE VALPARAISO

Valparaíso, veintitrés de abril de dos mil diez.

Resolviendo el primer otrosí del escrito de f.s. 92: No ha lugar.

Visto:

A fojas 2 de estos autos, comparece la sociedad ?Inversiones del Agua Limitada?, persona jurídica, RUT N° RUT reservado, representada por los abogados, señores Bernardino Muñoz Sánchez y don Gonzalo Arias Acuña, todos con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (representada por su Alcalde don Jorge Castro Muñoz), persona jurídica de derecho público, y en contra del Director de Rentas Municipales, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Refiere que por carta de fecha 1 de febrero de 2010 firmada por el Director recurrido, se les informó acerca del giro de la patente Rol 222777, por el período del segundo semestre de 2009 y el primero del año en curso, con pagos en julio del año pasado y enero del corriente.

Precisa en todo caso que dicha misiva es duplicado de una anterior (del mes de julio de 2009 y firmada también por el mismo recurrido), y en virtud de la cual se les notifica que, conforme al artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, la sociedad se encuentra afecta al pago de patente municipal ascendente a un total de $4.257.498 pesos correspondiente al segundo semestre del año 2009. Dicha comunicación explica, dio origen además a un reclamo de ilegalidad por parte de la recurrente conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, causa Rol número 1679/2009 de este Tribunal, actualmente pendiente de fallo.

Expresa que esta segunda car ta de fecha 1 de febrero de 2010 es una amenaza arbitraria e ilegal de las garantías constitucionales de los artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley y derecho de Propiedad), atendido los fundamentos que expresa.

En primer lugar, sostiene que el único motivo por el cual se han despachado las mentadas cartas municipales con el cobro en cuestión es por el hecho que la sociedad recurrente presenta en su cartola tributaria objetos tales como sociedad de inversión y rentista de capitales mobiliarios.

Sin embargo, señala que en los hechos, la sociedad en caso alguno tiene la obligación de pagar patente municipal, pues no se configuran los elementos del tipo tributario para configurar el hecho gravado que autorice tal tributo, y tampoco se dedica a actividad o giro comercial.

En efecto, afirma que el artículo 23 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales establece la obligación de pagar patente municipal para el ejercicio y desarrollo de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su denominación. Según lo expuesto entonces, se infiere nítidamente que el verbo rector del hecho gravado con el pago del tributo patente es la realización de una actividad primaria, secundaria o terciaria; según la definición que a este respecto contiene el Decreto 484 sobre Reglamento del mencionado Decreto Ley.

Razonando de esta forma, señala que para efectos de cobrar válidamente la patente municipal, el recaudador del tributo debe entonces previamente certificar que el contribuyente haya llevado efectivamente a cabo alguna de las actividades afectas en la forma explicada, aún cuando ellas estén contempladas o aparezcan en su cartola tributaria o estatuto social.

Por tanto, concluye que si no existe una actividad que ponga en evidencia el ejercicio de actos continuos en el tiempo, organizados y orientados hacia un lucro, no se configura el hecho gravado en conformidad a la ley; atendido lo cual se violentan flagrantemente los artículos 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales. Cita para tal efecto jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia, y reitera el argumento sostenido en cuanto a que en los hechos la sociedad recurrente no desarrol la actividad comercial alguna. A mayor abundamie nto, explica que la falta de actividad que la ley requiere se explica fehacientemente además por cuanto la dirección de la recurrente en domicilio reservado

de esta comuna, es un edificio corporativo en el que funcionan diversas sociedades relacionadas con la familia Harding Alvarado, pero en dicho inmueble no se desarrolla actividad alguna de inversiones; tampoco se cuenta con personal que preste funciones para tal objeto, y de hecho tampoco registra facturas timbradas, pero sí innumerables declaraciones sin movimientos en su cartola tributaria.

Precisa además que no existe relación alguna entre el domicilio postal que informa el contribuyente y la patente que se pretende cobrar, toda vez que dicho domicilio tiene incidencia legal para efectos de ser notificado vía carta certificada por el Servicio de Impuestos Internos, mas no por la Municipalidad recurrida, la cual debe estar al domicilio físico propiamente tal en donde el contribuyente efectivamente desarrolla su actividad comercial, y que es informado por éste en su declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Asimismo, como argumento de fondo en cuanto al tributo patente en sí, sostiene que es inconstitucional desde el momento que se está gravando un patrimonio por el solo hecho de poseerse, pues perfectamente podría afectarse el capital de una sociedad de inversiones que no registre movimiento o actividad alguna en el período, en circunstancias que según se desprende del artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, sólo se pueden establecer impuestos que graven la renta, esto es, un incremento patrimonial del contribuyente; situación toda que, según latamente ha discurrido, no concurre en la especie, y atenta contra la igualdad ante la ley desde el momento que se establece una diferencia arbitraria respecto de una persona jurídica que no tiene por objeto o giro una actividad lucrativa, no obstante lo cual se le exige el pago del tributo.

Con el mérito de lo expuesto, solicita se acoja la acción de protección interpuesta en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y de su Director de Obras Municipales, y conforme con lo cual se ordene a la recurrida dejar sin efecto la carta aviso objetada, como así también los cobros por concepto de patentes que la misma se refiere, para así reestablecer el imperio del Derecho, todo co n costas.

A fojas 26 de autos, rola informe del recurrido ?Ilustre Municipalidad de Valparaíso?, quien solicita el rechazo de la acción cautelar intentada.

Sostiene primeramente que los artículos 23 y siguientes de la Ley de rentas Municipales son plenamente aplicables en la especie, pues el hecho gravado con el tributo patente municipal es ?el ejercicio de toda profesión, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria sea cual fuere su naturaleza o denominación, respecto de la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, con prescindencia de la clase o numero de giros o rubros que comprenda?, y de lo cual claramente se advierte que el hecho gravado es en sí el ejercicio de una actividad lucrativa en un lugar determinado (sea esta actividad de carácter secundaria o terciaria, y excepcionalmente primaria), sin que para tales efectos sea necesaria la autorización municipal, según la ha declarado reiteradamente la Contraloría General de la República en sus dictámenes, y así también la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo sobre reclamo de ilegalidad ?Inmobiliaria Paidahue S.A con Municipalidad de Santiago?.

A mayor abundamiento, refiere que la propia definición de actividad primaria, secundaria y terciaria según el artículo 2 del mencionado Decreto 484 del año 1980, permite llegar a la unívoca conclusión de que el hecho gravado con el tributo patente municipal es simplemente el ejercicio de una actividad lucrativa, sin distinción so bre quien desarrolla tal actividad, bastando únicamente la producción de lucro a favor del contribuyente.

En este sentido, precisa que la Municipalidad recurrida se limitó a informar al recurrente su obligación de pagar patente municipal tomando como base imponible el capital propio informado al Servicio de Impuestos Internos, y que a mayor abundamiento, las únicas personas jurídicas exentas del pago de patente municipal son aquellas sin fines de lucro; situación en la que claramente no se encuentra la sociedad recurrente, la cual de la sola lectura de sus estatutos sociales se desprende que desarrolla una actividad lucrativa del tipo terciaria (inversión) consistente en e l comercio y distribución de bienes, teniendo presente además que según lo indicado por la propia recurrente, se dedica al ejercicio de actividades de inversión y rentista de capitales, en un domicilio informado por el mismo ante el Servicio de Impuestos Internos.

En todo caso, precisa que la recurrida actuó conforme la normativa legal aplicable al caso, pues la base imponible del tributo impugnado se calcula simplemente con el capital propio de la sociedad, el cual es informado al Servicio de Impuestos Internos, que a su vez lo remite a la Municipalidad, para luego ésta, a través del envío de una simple carta comunica el valor a pagar de acuerdo a ese capital propio informado por el propio recurrente según se ha explicado. Cita también jurisprudencia para sostener sus planteamientos.

En cuanto a la supuesta vulneración de las garantías constitucionales de los artículos19 N° 24 y N° 2 de la Carta Fundamental, afirma que el libelo recursivo no explica la forma cómo la mentada carta que se limita a comunicar al recurrente su obligación de pagar patente municipal atentaría contra el derecho de Propiedad, ni tampoco cómo se produciría un trato ilegal o arbitrario por parte de la Municipalidad que fuere contrario a la igualdad ante la Ley. Destaca especialmente la circunstancia de que de la sola lectura del recurso se desprende que no existe referencia alguna a la garantía del artículo 19 N° 24 supuestamente vulnerada.

Finalmente, refiere que no se aprecia cómo la referida carta municipal puede en forma alguna conculcar las garantías constitucionales invocadas por el actor, máxime aún cuando ante esta misma Corte de Apelaciones se tramitan actualmente acciones de lo contencioso administrativo que se refieren al fondo de la cuestión debatida en cuanto a si las actividades que desarrolla la recurrente configuran o no el hecho gravado con el tributo patente municipal, y de lo cual resulte la obligación de pagar tal por el contribuyente.

Con el mérito de lo expuesto solicita al Tribunal se rechace el recurso con costas, pues no se existe en caso alguno por parte del Municipio recurrido una acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace los derechos y garantías del recurrente.

A fojas 40 rola informe del recurrido don nombre reservado

en su calidad de Director de Rentas de la Ilustre Municipalid ad de Valparaíso, y sostiene la improcedencia de la acción cautelar respecto de su persona en el cargo que ostenta, pues se ha recurrido contra un documento consistente en una mera carta o comunicación dirigida a un contribuyente y que ha sido despachada por el Director de Rentas Municipales en el ejercicio de las funciones que legalmente le competen en relación al cargo que ejerce en la repartición pública Municipalidad, de forma tal que su actuación sólo puede ser entendida y circunscribirse como una actuación de la Municipalidad a la que pertenece.

Sin perjuicio de ello, reitera y ratifica lo previamente informado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, haciendo suyos todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho expuestos por aquella.

A fojas 44 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente ha fundado la presente acción constitucional en la carta que con f echa 1° de febrero de 2010, remitiera la I. Municipalidad de Valparaíso a la Sociedad Inversiones del Agua Ltda., comunicando que se le ha girado la patente Rol 222777 por el segundo semestre de 2009 y primero de 2010, duplicando en parte una carta anterior en la que se indica que la aludida Sociedad se encuentra afecta al pago de patente municipal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, en circunstancias que a su juicio la actividad de dicha Sociedad no sería objeto del señalado tributo, pues si bien se incluye entre sus objetos, las inversiones, tal actividad es pasiva y por tanto no se encontraría afecta.

Pide, se acoja el recurso y se deje sin efecto la carta aviso referida, como también los cobros por concepto de patentes que en ella se anuncian, para establecer el imperio del derecho y prevenir un futuro e irreparable daño, con costas.

SEGUNDO: Que la situación descrita en el motivo que antecede conformaría según la recurrente, un atentado a la garantía constitucional sobre la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, pues se persigue cobrar un tributo a las Sociedades de Inversión que realizan genéricamente actividades rentísticas, en circunstancias que tales actividades las puede ejercer cualquier persona natural, e l Fisco de Chile y otras entidades que no se encuentran gravadas, lo que constituiría una diferencia arbitraria.

Hace una serie de precisiones para concluir que la actividad gravada escapa al tributo a que se refieren los artículos 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales. También señala que la situación, conculca la garantía constitucional protegida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, basada en los mismos argumentos.

TERCERO: Que, por su parte la recurrida - I. Municipalidad de Valparaíso, y su Director de Rentas Municipales- reconoce la remisión de la carta a que se hace referencia en el motivo primero, mediante la cual se comunica a la recurrente que se encuentra en la obligación legal de pagar patente municipal, conforme al capital propio informado por el Servicio de Impuestos Internos conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley 3.063 que establece expresamente que procede el pago de patente municipal respecto del ejercicio, entre otras, de cualquier actividad lucrativa que se ejerce por un mismo contribuyente en su local, oficina, establecimiento, kiosko o lugar determinado, con prescindencia de la clase o número de giros o rubros que comprenda y conforme se desprende de la Ley y del Reglamento que la actividad lucrativa consistente en la inversión en bienes muebles o inmuebles para percibir frutos, rentas o utilidades derivados de los mismos, siendo una actividad terciaria que por tanto se encuentra gravada con patente municipal, encontrándose solo exentas aquellas personas jurídicas sin fines de lucro. Se agrega, que de la propia razón social de la recurrente se desprende que se trata de una Sociedad de Inversión que desarrolla una actividad lucrativa terciaria, no importando que dicha actividad sea pasiva o activa.

CUARTO: Que, cabe tener presente al efecto, que el recurso de protección tiene por finalidad el restablecimiento de la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal que atente manifiestamente contra alguna de las garantías que establece la Constitución, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, atendida la naturaleza del mismo, a las circunstancias procesales en que se desenvuelve el conflicto, a la ausencia de oportunidades adecuadas para la producción y crítica de la prueba para la emisi� 3n de un fallo debidamente informado y tranquilamente meditado, como se requiere en la materia de autos, pues ello, se aparta de la naturaleza jurídica del presente recurso y es propio de un procedimiento de lato conocimiento. Es así que, la propia recurrente ha entablado por estos mismos hechos la Reclamació n Rol I. Corte 1679-2009, que se encuentra en tramitación ante esta misma Corte.

QUINTO: Que en consecuencia, el asunto de que se trata por ser de lato conocimiento, impropio del ámbito de la acción constitucional de protección y además por cuanto el respectivo libelo no se encuentra fundado en un derecho indubitado, la materia de autos, queda al margen de la acción cautelar deducida, y por consiguiente, procede declarar su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma., Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que no se hace lugar al interpuesto por la Sociedad de Inversiones del Agua Ltda., representada por los abogados don Bernardino Muñoz Sánchez y don Gonzalo Arias Acuña en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso representada por su alcalde don Jorge Castro Muñoz y de su Director de Rentas Municipales, don nombre reservado, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad..- Del Rol I.C. N° 94-2010 Redacción de la Ministro Titular doña Eliana Quezada Muñoz.