nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

1°) Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°16.480 de 30 de diciembre de 2025, que rechaza el recurso de reposición deducido en contra de la decisión de no renovar su contrata para el año 2026, considerando que ese acto es ilegal y arbitrario, por carecer de fundamentación suficiente, desconociendo su trayectoria funcionaria ininterrumpida de más de trece años y omitir toda consideración al principio de confianza legítima que la ampara, vulnerando de esa manera sus derechos consagrados en el artículo 19 N°2 —igualdad ante la ley— y artículo 19 N°24 —derecho de propiedad— de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2013 comenzó a prestar servicios para la Municipalidad a honorarios sin solución de continuidad y por aplicación del Dictamen N°E173171/2022 de la Contraloría General, a contar del 1 de enero de 2023 fue traspasada a la calidad de funcionaria a contrata en el grado técnico 16°, mediante Decreto Alcaldicio N°366/2023, regularizando una situación funcional preexistente y siguió ejecutando labores de idéntica naturaleza.

Expresa que ese decreto reconoció expresamente su condición de ex prestadora de servicios a suma alzada y la contrata fue sucesivamente renovada en los años 2024 y 2025.

Expresa que el 19 de noviembre de 2025 fue notificada del Decreto Alcaldicio N°14.373 que dispuso el cese de sus funciones, frente al cual interpuso recurso de reposición, que fue rechazado mediante el Decreto Alcaldicio N°16.480.

Invoca el principio de confianza legítima, sosteniendo que por más de una década de prestación continua de servicios —primero a honorarios y luego a contrata— generó una expectativa legítima de permanencia que el municipio desconoce de manera abrupta, posición que se sustenta en el Dictamen N°E173171/2022, que estableció que los funcionarios traspasados desde honorarios a la calidad de contrata lo hicieron porque contaban con la confianza legítima de mantención del empleo, habiendo renunciado implícitamente al ejercicio de acciones judiciales para el reconocimiento del vínculo laboral conforme a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

También señala que el Dictamen N°16.512/2018 permitiría contabilizar el período a honorarios para la configuración de la confianza legítima.

Concluye que no resulta razonable que sus años de honorarios hayan sido suficientes para justificar el traspaso, pero carezcan de aptitud para ser considerados en el cómputo del plazo de renovación de la contrata.

A su turno, denuncia la falta de fundamentación del Decreto Alcaldicio N°16.480, por cuanto no expresa las razones fácticas ni jurídicas que determinaron el rechazo de la reposición ni la confirmación del cese, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y los Oficios Circulares N°17 y N°18 del Ministerio de Hacienda de noviembre y diciembre de 2024, que exigen fundar la no renovación en criterios objetivos debidamente acreditados, lo que ha resuelto la Excma. Corte Suprema en la causa rol 6613-2024.

Esgrime una lesión a los principios de buena fe y seguridad jurídica, señalando que el municipio la indujo a aceptar el cambio de calidad jurídica bajo la promesa de mayor estabilidad, para luego desvincularla sin expresión de causa después de tres años, desconociendo más de diez años de servicios continuos previos, lo que constituye una manifiesta falta de buena fe institucional.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, señala que respecto del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República el acto es arbitrario y discriminatorio, adoptado sin fundamento ni proporcional, afectando a la recurrente pese a encontrarse en una situación idéntica a otros funcionarios a contrata que continúan en funciones en la misma entidad, sin evaluación negativa, sumario ni una situación de reestructuración debidamente acreditada que justifique la diferenciación.

Respecto del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, afirma que el decreto impugnado priva a la recurrente de su cargo y remuneraciones sin expresión de causa suficiente, siendo que la estabilidad en el empleo constituye un derecho incorporal amparado por la Carta Fundamental, conforme al artículo 89 del DFL N°29 y al artículo 48 de la Ley N°18.575.

Finaliza solicitando se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°16.480, se ordene la reincorporación de la recurrente y la dictación del decreto de renovación, con pago de remuneraciones desde el cese hasta la efectiva reincorporación y condena en costas.

2°) Que, el abogado don Daniel Baltra Goity, en representación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal ni vulneración de garantía constitucional alguna.

Reconoce que la señora nombre reservado prestó servicios a honorarios hasta el año 2022 y que, en virtud del Dictamen E173171N22 de la Contraloría, fue nombrada a contrata mediante el Decreto Alcaldicio N°366/2023, renovándose el vínculo para los períodos 2024 y 2025.

Esgrime que el Decreto Alcaldicio N°14.373/2025 constató el cese de funciones por el solo ministerio de la ley al 31 de diciembre, conforme al artículo 2° de la Ley N°18.883, con carácter meramente declarativo y que el decreto que rechazó la reposición reafirmó dicho efecto.

En cuanto a la confianza legítima, sostiene que la recurrente no cumple el requisito de cinco años de vinculación estatutaria, pues la relación estatutaria solo se extendió por tres años, entre enero de 2023 y diciembre de 2025, por cuanto el período a honorarios constituye un vínculo de derecho privado no computable para estos efectos.

Refuta la invocación del Dictamen N°E173171/2022, señalando que la confianza legítima allí reconocida opera únicamente para efectos del traspaso a la calidad de contrata, agotando sus efectos al producirse el traspaso, naciendo una nueva relación estatutaria.

Agrega que, si la tesis de la recurrente fuera correcta, al momento del traspaso en 2023 ya habría contado con confianza legítima, conclusión que estima contraria a los propios dictámenes invocados y que colocaría a la recurrente en una situación sin precedentes, ingresando a la Administración directamente con los derechos que confiere dicho principio.

Manifiesta que el Dictamen N°16.512/2018 de la Contraloría General de la República solo se aplica a servidores traspasados en virtud de leyes de presupuesto específicas, lo que el Dictamen N°267.946/2022 ratifica expresamente, distinguiendo entre el mandato legal de las leyes de presupuesto y la reinterpretación estatutaria que fundó el traspaso de la recurrente.

Rebate la alegación de continuidad laboral, señalando que desde el traspaso a la calidad de contrata la relación se rige exclusivamente por la Ley N°18.883, conforme a la sentencia de la Corte Suprema Rol N°2.823-2020 y que, habiendo prescrito el derecho de la recurrente a reclamar judicialmente el reconocimiento de una relación laboral, no puede pretender invocar principios propios del Derecho del Trabajo tras tres años de desempeño como funcionaria pública.

Finalmente, opone la excepción de vía inadecuada, sosteniendo que el reclamo de ilegalidad municipal de los artículos 151 y siguientes de la Ley N°18.695 constituye la vía idónea para impugnar el decreto alcaldicio cuestionado, sin que la acción cautelar de protección resulte procedente ante la ausencia de un derecho indubitado.

Concluye pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él— y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, la controversia se funda en la pretensión de la recurrente en orden a que se le reconozca la protección del principio de confianza legítima para permanecer en su cargo, basándose en la acumulación del tiempo servido en diversas calidades —honorarios y contrata— para la Municipalidad de Viña del Mar, a fin de enervar la decisión contenida en el acto recurrido.

5°) Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados a este expediente virtual, constan los siguientes hechos:

1.- Que doña nombre reservado cumplía funciones en calidad de funcionario a contrata desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, sumando un total de 3 años, constatándose el término del último período mediante el Decreto Alcaldicio N°14.373/2025.

2.- Que desde el año 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022 la actora prestó servicios para la recurrente en virtud de contratos de prestación de servicios a honorarios.

6°) Que, según lo expuesto, el debate planteado dice relación con la denominada doctrina de la confianza legítima, que busca proteger a los funcionarios públicos cuya vinculación estatutaria se desarrolla bajo la modalidad de la contrata, impidiendo su desvinculación arbitraria e intempestiva, en aquellos casos en que existe una determinada continuidad en los servicios prestados.

7°) Que, cabe recordar en este punto, al invocarse por la recurrente para fundar la aplicación del mencionado principio la existencia de contratos a honorarios desde el año 2013, que el artículo 4° de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

De la norma transcrita se establece que la Ley N°18.883 no se aplica a las personas contratadas a honorarios.

8°) Que, como ya se dijo, en el presente caso se constata, conforme a los hechos asentados, que la vinculación en calidad de contrata es precedida de varios contratos a honorarios, a los que no se aplica el Estatuto para Funcionarios Municipales conforme a la disposición citada, debiendo determinarse, en consecuencia, si esos vínculos contractuales podrían encubrir una relación laboral o que debieran quedar sujetos a la normativa establecida en el Código del Trabajo, por lo que el reconocimiento del período de prestación de servicios mediante contratos a honorarios escapa completamente a los fines y contenido de una acción cautelar como la incoada, siendo propia de la sede declarativa laboral, que debe fiscalizar y decidir si en la contratación inicial a honorarios concurren o no los elementos descritos en el artículo 7 de la codificación laboral y concurriendo dichos elementos, resulta improcedente transformar un vínculo de esa naturaleza estable por una contratación con un importante grado de precariedad como es el caso de las contratas; materias todas que involucran derechos dubitados que no pueden ser conocidos en sede de protección, sin perjuicio de la mayoritaria aceptación de la doctrina de la confianza legítima.

9°) Que, conforme a lo que se viene razonando, la existencia de uno o más contratos a honorarios impide aplicar automáticamente la doctrina de confianza legítima en tanto resulta necesario determinar previamente si dichas contrataciones civiles corresponden realmente a alguno de los casos de excepción en que la Administración del Estado puede recurrir a dicha fórmula contractual, discusión que se debe plantear en sede declarativa laboral, ya sea por la vía tutelar en tanto se pueden estar afectando garantías constitucionales, o por medio del procedimiento laboral de aplicación general.

10°) Que, por lo razonado, no siendo esta la vía idónea para debatir cuestiones y/o derechos controvertidos, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra suplente señora Nash, quien estuvo por acoger la acción de protección, por los siguientes fundamentos:

1° Que, doña nombre reservado se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, toda vez que su vinculación con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar se ha extendido de manera ininterrumpida desde el año 2013, tiempo que no se encuentra controvertido en la especie.

2° Que, a juicio de esta disidente, para efectos de configurar el presupuesto de protección del principio de confianza legítima, debe considerarse la totalidad del tiempo servido de forma continua, sumando los periodos bajo contrato de prestación de servicios a honorarios, entre los años 2013 a 2022, más el tiempo en calidad de contrata en el periodo correspondiente a los años 2023 a 2025.

Entiende esta magistrada, que el término de cinco años previsto por la Excma. Corte Suprema escapa a casos como el presente, donde en los hechos ha existido una contrata por aproximadamente 13 años o más, independientemente de la calificación que le ha dado la municipalidad a ese vínculo laboral.

3° Que, en otras palabras, el mero cambio en la figura jurídica o modalidad de contratación, impulsado por el Dictamen E173171/2022 de la Contraloría General de la República, no puede constituir un obstáculo para reconocer una realidad funcional de permanencia que ya se encontraba consolidada, más si se considera que ese acto administrativo constató las características del vínculo entre el actor y el recurrido, reconociendo los abogados las circunstancias fácticas referidas al tiempo que se desempeñó laboralmente la trabajadora, de manera ininterrumpida, ejerciendo las mismas funciones, con buena calificación, y sin haber tenido sanción alguna.

4° Que, en resumen, tratándose de un funcionario que supera con creces el umbral de cinco años de desempeño y respecto del cual no existen antecedentes de sumarios administrativos, nace la expectativa legítima de mantenerse en su cargo.

Y para que la Administración pueda lícitamente no perseverar en ese vínculo, está obligada a entregar una fundamentación agravada, basada en razones reales, específicas y debidamente acreditadas, que justifiquen el cambio que por más de una década ha realizado de la calificación del vínculo que lo une con la recurrente.

Sobre tal motivación se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, vgr. en el Rol: 6613-2024, en cuyo considerando décimo tercero se contiene: “Que, en el contexto anotado, el efecto de la concurrencia en un caso de la confianza legítima para la renovación de la contrata de un funcionario, se extiende al ejercicio de la facultad de poner término anticipado a la contrata, y también debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, desde que .configurada aquella confianza en el caso, aquello limita la potestad de la autoridad para el ejercicio tal prerrogativa fuera de los supuestos estatutarios aludidos, esto es, como consecuencia de un proceso calificatorio o disciplinario, que habilite la medida”.

Esta carga en la especie no se ha cumplido, toda vez que el Decreto Alcaldicio N°16.480/2025 recurrido, así como el acto administrativo que comunicó el cese de la renovación de la contrata, únicamente señalan en sus considerandos que la actora no goza de la confianza legítima, lo que ya ha sido descartado en los fundamentos previos de este voto, de modo, que al no reconocer tal protección y no mencionar el acto administrativo impugnado, ninguna motivación racional o estructural comprobable que demuestre la procedencia de la decisión, esta deviene en ilegal y arbitraria, contraviniendo las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 exigible a toda la Administración Pública, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley en perjuicio del recurrente quien se ha visto afectado por una determinación carente de motivo, emanada de la recurrida, lo que ameritaba acoger el recurso, dejar sin efecto el decreto recurrido y ordenar la reincorporación del recurrente a sus labores con el pago de todo el tiempo que ha permanecido separado indebidamente de ellas.

El imperativo de resolver el asunto por la presente vía es que no hay hechos dubitados según lo reconocieron en estrados los abogados comparecientes y se trata de la afectación de derechos fundamentales esenciales del recurrente relacionados con su subsistencia.

Redacción de la ministra Marcela Figueroa Astudillo y la disidencia, su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-933-2026.