SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SAN FELIPE

Foja: 170 Ciento Setenta Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A fojas 30, comparece el abogado Christian Jara Vergara, quien deduce acción de protección en favor de la SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO (EXPLODESA), Rut N° RUT reservado, representada legalmente por su administradora Gestora Montecarlo S.A., Rut N° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SAN FELIPE y de la fiscalizadora de este organismo público doña nombre reservado, por cuanto esta repartición dictó la resolución de multa administrativa N° 8336/19/33 con fecha 30 de abril de 2019, acto administrativo que de forma ilegal y arbitraria ha conculcado las garantías fundamentales de su representada, consagradas en los numerales 3, 16 inciso segundo y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 27 de junio de 2018 la sociedad recurrente y el sindicato de empresa sociedad de exploración y desarrollo minero establecimiento Catemu, suscribieron un contrato colectivo de trabajo, con vigencia de 36 meses a contar del 1 de julio del citado año. Añade que en el punto 3.3 del capítulo 3 de dicho instrumento, se convino un “Bono de evaluación”, de acuerdo con el detalle que indica.

Expone que el motivo de la multa que le aplicó la autoridad fiscalizadora estriba precisamente en una fiscalización realizada a la sociedad recurrente, como consecuencia del reclamo efectuado por dos trabajadores afiliados al mencionado sindicato en el mes de agosto de 2018, quienes exigían el pago del bono a que se ha hecho mención. Precisa que dicha petición fue negada por la empresa, porque la estructura remuneratoria de esos trabajadores impide el otorgamiento de dicho emolumento.

Aclara que, al término de la antedicha fiscalización, se le cursó a la recurrente una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $1.450.950 a la fecha de dictación de la resolución impugnada, fundada en que no se cumplieron las estipulaciones del instrumento colectivo, el que no distingue condiciones para la obtención del bono en comento.

Destaca que el relato anterior tiene por objeto contextualizar su recurso de protección, el que, en el ámbito de las garantías fundamentales, supone conculcadas las siguientes. Primero, la consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución, porque la Inspección Provincial del Trabajo ejerció la función de juzgador sin habilitación previa, porque interpretó una disposición del contrato colectivo, invadiendo el ámbito competencial de los Tribunales de Justicia. Segundo, la reconocida en el artículo 19 N° 16, desde que la multa administrativa desconoce los términos a que habían arribado las partes contratantes, en cuanto a los requisitos para el pago del bono de que se trata. Por último, la consagrada en el artículo 19 N° 24, toda vez que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha afectado el patrimonio de la actora.

En mérito de lo expuesto, solicita acoger el presente recurso y dejar sin efecto la ya individualizada resolución de multa administrativa, además de las demás medidas para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fojas 61, informa el Inspector Provincial del Trabajo de San Felipe, quien solicita el rechazo de la presente acción cautelar, con costas. Primero, reclama que el recurso de protección no puede sustituir el aparato jurisdiccional ni reemplazar procedimientos preexistentes. En este punto, aclara que las resoluciones que imponen multas administrativas son susceptibles de reclamaciones jurisdiccionales ante el Juez del Trabajo competente, de conformidad con las normas previstas en los artículos 503 y siguientes, en relación con el 511 y 512, todos del Código del Trabajo. Añade que la sociedad recurrente dedujo reclamo judicial en procedimiento monitorio contra la ya individualizada resolución administrativa, el que se encuentra en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, bajo el RIT I-6-2019. Aclara que los basamentos de hechos del presente recurso son idénticos a los utilizados en el citado reclamo judicial.

A mayor abundamiento, en este primer apartado, la entidad pública recurrida destaca que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 326 del aludido Código del Trabajo, la aplicación, el cobro y el reclamo de la multa correspondiente se efectuará de conformidad con los artículos 503 y siguiente de dicho cuerpo legal.

En segundo término, alega que la vía cautelar utilizada por el actor no tiene el mérito para reemplazar ni destruir la presunción de veracidad que gobierna los atestados levantados por los respectivos ministros de fe en los procedimientos de fiscalización dirigidos por la Inspección del Trabajo, por lo que lo reclamado por la sociedad recurrente, en caso alguno, supone un derecho indubitado que cautelar.

Seguidamente, estima la recurrida que no existe ningún acto ni ilegal ni arbitraria, como erróneamente lo afirma la actora, por cuanto la funcionaria que realizó la fiscalización que dio origen a la multa administrativa que se reclama, actuó dentro del ámbito de sus potestades públicas, conforme las facultades entregadas por el reseñado artículo 326 del Código del Trabajo y la Ley Orgánica del respectivo servicio. Añade, en cuanto a la eventual interpretación antojadiza de una cláusula del contrato contractual suscrito entre la sociedad recurrente y el cuerpo sindical antes mencionado, que es el propio actor el que interpreta en su recurso dicho apartado, para su conveniencia, y que la fiscalizadora solo cumplió con constatar el tenor literal de la misma con la realidad de la empresa, en función del reclamo presentado por dos de sus trabajadores.

Finalmente, descarta toda vulneración a las garantías presuntamente conculcadas por el ejercicio de su potestad fiscalizadora.

A fojas 72 y siguientes, informa el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, el que, a través de tres correos electrónicos, cumplió con remitir los datos de la causa sustanciada en el procedimiento monitorio RIT I-6-2019.

A fojas 161, con fecha 17 de julio de 2019, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1) Que el recurso de protección es un proceso sumarísimo de tutela judicial urgente de derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que privan, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de éstos. En este sentido, el objetivo de este recurso es amparar a las personas en el goce de sus derechos fundamentales, en el caso de que estén siendo vulnerados por la acción u omisión de alguna persona, disponiendo las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2) Que la sociedad recurrente hace consistir la eventual ilegalidad y arbitrariedad que acusa, en el hecho que la Inspección Provincial del Trabajo de San Felipe, producto de una fiscalización en la que procedió a “interpretar” las disposiciones del contrato colectivo de trabajo suscrito con el sindicato a que se ha hecho mención con anterioridad, le impuso una multa administrativa fuera del ámbito de sus competencias públicas.

3) Que la Inspección Provincial del Trabajo de San Felipe ha informado que el proceso administrativo sancionatorio desarrollado en contra de la recurrente encuentra fundamento en varias disposiciones normativas, citando al efecto los artículos 326 y 503 y siguientes del Código del Trabajo, añadiendo que sus fiscalizadores, particularmente la funcionaria que ejecutó el proceso de control ante una denuncia efectuada por dos trabajadores de la empresa recurrente, actúan dentro del ámbito competencial reconocido por el propio legisladora, tanto en el citado cuerpo legal como en su propia Ley Orgánica.

Asimismo, el aludido organismo público ha dado cuenta que la sociedad minera de que se trata ha iniciado un procedimiento monitorio de reclamación judicial, que tiene por propósito dejar sin efecto la multa a que se ha hecho alusión precedentemente.

4) Que habiendo sido sometidos los hechos materia del presente recurso al conocimiento del Sr. Juez de Letras del Trabajo de San Felipe, según lo ha afirmado el propio recurrente en estrado, lo que fue constatado, además, en la base de datos del Poder Judicial, que da cuenta del ingreso RIT I-6-2019 en ese tribunal de instancia y, cuyo recurso de nulidad, figura ingresado en esta Corte bajo el Rol Laboral N° 527-2019, implicaría que, de aceptarse la tesis del actor en cuanto a la procedencia de la coexistencia del reclamo aludido con la presente acción, eventualmente podrían emitirse fallos contradictorios por esta Corte.

5) Que conforme a lo señalado precedentemente, el recurso en estudio deberá ser rechazado por improcedente.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 30 en favor de la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de San Felipe y de su fiscalizadora doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9242-2019.