nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, trabajador, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, realizada con fecha 23 de marzo del año 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo establecido en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Señala que ingresó a Chile el día 10 de junio del año 2017, de manera legal, titulándose en su país como médico anestesiólogo, lo que le ha permitido trabajar en distintas instituciones. Su primer trabajo lo consiguió el 30 de septiembre del año 2017, en el Hospital Barros Luco Trudeau / Hospital Ezequiel González y actualmente trabaja en el Hospital San Luis de Buin, desde el 01 de agosto del año 2018.

Expresa que el día 23 de marzo de 2021, realizó su solicitud de permanencia definitiva mediante la página web que el recurrido tiene para dichos efectos, y el mismo día le llegó un correo electrónico, en el que se le informa que su solicitud de permanencia definitiva se encuentra en trámite, bajo el número 4192217.

Indica que ha transcurrido 1 año y casi 2 meses, desde que efectuó su solicitud hasta la interposición del recurso, sin ningún tipo de respuesta por parte del recurrido, lo que le ha dejado en un estado de incertidumbre al no saber qué pasará con su situación migratoria en el país.

Señala que es urgente poder contar con su permanencia definitiva, en atención a que cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación chilena. Además, no puede acceder a créditos bancarios que le permitirían poder obtener su anhelada casa, o un vehículo con el cual poder movilizarse de un lugar a otro y así no estar tan expuesto a contraer enfermedades, especialmente en momentos donde la pandemia mundial producto del brote de Covid-19 está dejando muchos contagiados diariamente, ni tampoco ha podido obtener su licencia de conducir en este país, lo que le limita a tener que transportarse en locomoción colectiva solamente.

Expresa que el recurrido, como órgano perteneciente a la Administración Pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para los administrados, especialmente el de celeridad, incurriendo en una transgresión a la legislación vigente que consagra la obligación de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación, hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Menciona que atendido el permanente perjuicio que reporta la omisión recurrida, es que se encuentra dentro del plazo para la interposición del recurso.

Que, en el presente caso, la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, dándole un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables les fue otorgada la permanencia definitiva, y a la fecha aún no se ha realizado la respuesta ante su solicitud según lo establecido en la normativa legal vigente, y resultan afectados por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta como en derecho corresponde a su solicitud de permanencia definitiva.

Pide, en definitiva, se ordene informar al recurrido que entregue una inmediata respuesta a su solicitud de permanencia definitiva, y se le otorgue acceso de manera inmediata a la resolución exenta que otorga dicha permanencia, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, y conceder el remedio solicitado, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 10, la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, quien previo a informar, deduce cuestión de competencia declinatoria, señalando que la presente acción de protección deducida en favor del extranjero recurrente, señala ser presentada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero el domicilio del recurrente, registrado ante el recurrido e informado en la solicitud corresponde a Metropolitana de Santiago, San Miguel, nombre reservado°4026, y señala que la acción constitucional se dirige en contra del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, que se encuentra domiciliado para estos efectos en domicilio reservado.

Indica que se presenta el recurso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso sin razón alguna, y de los documentos acompañados a la acción, se desprende que el recurrente tiene un domicilio distinto a la jurisdicción de la Iltma. Corte, siendo posible advertir que la materia que se discute no es de competencia de esta, toda vez que no está comprendida dentro de lo señalado en el artículo 1 del auto acordado ya mencionado, que establece como de su competencia.

Pues bien, el supuesto acto ilegal o arbitrario que se alza en la presente acción como motivo para recurrir ante S.S. Iltma. corresponde al ámbito propio del ejercicio de las facultades legales y reglamentarias de la autoridad migratoria recurrida, cuyo domicilio corresponde a la comuna de Santiago, ciudad de Santiago, fuera de la competencia territorial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, y aun cuando la norma de tramitación permite al recurrente elegir el foro con competencia territorial ante el que puede presentar su acción constitucional, en el caso concreto es claro que dicha elección se reduce única y exclusivamente a la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel o la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, únicos tribunales competentes para conocer del presente arbitrio constitucional.

Funda la presente declinatoria de competencia en lo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucional, y en cuanto a la tramitación de esta incidencia, se remite a la regla general establecida en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil.

Pide, se tenga por deducida cuestión de competencia por declinatoria, solicitando se acceda a ella, debiendo declararse incompetente para continuar conociendo de los autos, abstenerse de pronunciamiento en cuanto al fondo, debiendo remitir los antecedentes para el conocimiento y fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago o San Miguel, con expresa condena en costas a la parte recurrente.

En subsidio de la excepción opuesta, evacúa informe, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Que, el recurrente ingresó a Chile, por vía aérea por el aeropuerto nombre reservado, y mediante Resolución Exenta N°4.289 de fecha 07 de septiembre de 2017 de la Gobernación Provincial de Talca, se le otorgó autorización para trabajar mientras se tramitaba su visación, cuya validez fue hasta el día 07 de enero de 2018.

Que, mediante Resolución Exenta N° 6.707 de fecha 06 de diciembre de 2017 de la Gobernación Provincial de Talca se le otorgó visación temporaria, cuya validez fue hasta el día de diciembre de 2018.

Con fecha 15 de marzo de 2020, el extranjero solicitó su permiso de permanencia definitiva, emitiéndose comprobante de permiso en trámite, la cual en la actualidad se encuentra en tramitación.

Señala que al momento de realizar la solicitud de permanencia definitiva el recurrente, se encontraba vigente el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 y el Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior.

Expresa que encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, mantiene su situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que actualmente la libertad personal del recurrente no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión del Servicio.

Expresa que el recurrente posee cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha del informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Pide, se rechace el presente recurso, en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda privar, perturbar o amenazar de forma alguna los derechos fundamentales del recurrente, habiendo actuado la autoridad migratoria conforme a la esfera de sus competencias y facultades legales y reglamentarias vigentes, no siendo procedente la condena en costas a su parte.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.-En cuanto a excepción de incompetencia:

Primero: Que basta para rechazar tal excepción, que la recurrida basó su alegación en el domicilio informado por el actor al momento de solicitar su permanencia definitiva, trámite efectuado el 23 de marzo de 2021, después de lo cual podría haber mudado su domicilio y además, por cuanto al interponer su acción de protección, fijo domicilio dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, no existiendo antecedente alguno que acredite que su domicilio actual se encuentra fuera de dicho territorio.

II.-En cuanto al fondo:

Segundo: Que, el asunto por el cual se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, dice relación con la eventual omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, al no pronunciarse respecto de la solicitud de permanencia definitiva.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida solicitó el rechazo de este arbitrio, toda vez que mediante Resolución Exenta N°4192217, la cual acredita la residencia legal y faculta al solicitante a ejercer actividades licitas remuneradas, por el período en que se encuentre en análisis su solicitud de regularización migratoria extraordinaria.

Cuarto: Que, sin perjuicio del estado de tramitación informado por la recurrida, se advierte que el requerimiento del actor tendiente a la obtención de su regulación migratoria extraordinaria, si bien se otorga residencia legal que la faculta a ejercer actividades remuneradas, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación al transcurrir más de 1 año y 3 meses desde su inicio, lo cual permite concluir que la autoridad administrativa ha infringido los artículos 7 y 27 de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al realizarse por un Órgano de la Administración del Estado, una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la permanencia definitiva del recurrente, en relación a otros interesados que actualmente se encuentran en la misma situación.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección:

I. Se rechaza excepción de incompetencia opuesta por la parte recurrida.

II. Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración actual Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena al recurrido, para que en el plazo de 30 días hábiles, se pronuncie mediante un acto terminal y notifique al actor el resultado de la solicitud de regulación migratoria extraordinaria.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-91896-2022.