Protección contra Subsecretaria del Interior

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, nueve de agosto de dos mil veintidós.

Visto:

En folio 1 y 2 comparecen Ana Eugenia Fullerton Castro y Makarena García Dinamarca, abogadas, en representación de Begoña, Trabajadora Social, Magister en Gobierno y Gestión Pública, por quien deducen recurso de protección en contra de la Subsecretaria del Interior, por el acto ilegal y arbitrario que consiste en haber dispuesto el término anticipado de su contrata, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 20 de abril de 2022, notificada mediante carta certificada del 30 del mismo mes y año, lo que habría vulnerado sus garantías fundamentales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relatan que la actora se ha desempeñado en la administración del Estado desde septiembre del 2014. Estuvo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la V Región hasta junio de 2017, a honorarios, como Coordinadora Regional del Programa Quiero mi Barrio; luego, en la Gobernación Regional de Valparaíso, desde julio de 2017 a diciembre de 2018, a contrata, como Jefa de Seguridad Pública y Gestión Multisectorial; en el Centro de Formación Técnica Estatal de la V Región, desde enero de 2019 hasta julio del mismo año, a honorarios, desde agosto de ese año, y hasta el 14 de enero de 2020, es contratada en ese mismo centro vía código del trabajo, donde se desempeñó como Jefa de Recursos Humanos; posteriormente se desempeñó en el Gobierno Regional de Valparaíso desde el 15 de enero de 2020 al 14 de julio de 2021, como Jefa de la División de Administración y Finanzas.

El 15 de julio de 2021 es contratada como profesional en calidad de contrata, grado 8° Escala Única de Sueldos, en el Servicio de Gobierno Interior, Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que sus servicios fuesen necesarios. Bajo esta misma fórmula se renueva su contrata para el año 2022, es decir, hasta el 31 de diciembre de ese año o hasta que sus servicios sean necesarios. En total lleva 7 años y 7 meses desempeñando funciones en la administración del Estado.

Agrega que su último cargo se encontraba en la contraloría interna del recurrido, y sus funciones eran, entre otras, la revisión de materias vinculantes al trabajo administrativo, financiero y de recursos humanos.

Enseguida se refiere a la Resolución Exenta RA N° NUM000 de 20 de abril de 2022, que se refiere en primer término al carácter transitorio de las contratas, indica que el principio de confianza legítima opera solo después de la segunda renovación de la misma, que no es el caso de la recurrente por cuanto ella tenía solo una renovación. Señala que la recurrente desempeñaba funciones administrativas en la Unidad de Auditoría Interna, y tale funcione habían sido definidas por la autoridad superior del servicio como críticas y estratégicas, siendo prioritario para las jefaturas y su gabinete, contar con profesionales de su confianza, con perfiles acordes a las expectativas y lineamientos que se han ido trazado, y en este caso, mediante Oficio N° NUM001 de 8 de abril de 2022, se realizó una evaluación del perfil profesional de la actora, concluyendo que las funciones que desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna requieren otro tipo de profesional y un diferente grado de confianza, toda vez que se trabaja directamente con la autoridad. Luego se refiere al artículo 31 de la Ley N°18575, referido a las facultades de los jefes de servicio, además de los principios de eficiencia y eficacia que rigen a toda la administración pública, por lo que en definitiva se decide el término anticipado de su designación a contrata.

Argumenta la recurrente que se le contrató como profesional en la unidad de auditoría interna, asimilado a grado 8° de la Escala Unica de Sueldos de la Planta de Profesionales, el que no es de exclusiva confianza de la autoridad, pues no está establecido como tal en la ley. En efecto, el artículo 7° letra a) de la Ley N°18.834 los identifica, y en el caso de los Ministerios, se trata de los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación. En tanto, el DFL N°60 del Ministerio del Interior, que adecua plantas y escalafones del Servicio de Gobierno Interior, indica qué cargos son de exclusiva confianza. Por su parte, el inciso 4° del artículo 49 indica que dichos cargos quedan sujetos a la libre designación y remoción de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.

Por otro lado, el artículo 6° de la Ley N°18.834 excluye a los cargos de exclusiva confianza del régimen de carrera funcionaria, y los artículos 146 y 148 regulan el término de sus funciones.

Refiere la parte recurrente que los cargos de exclusiva confianza deben estar precisamente designados en la ley, no pudiendo quedar sujetos a la calificación de la autoridad administrativa, que fue lo que sucedió en este caso.

Cita el fallo dictado en causa Rol 39.817-2021 de la Corte Suprema, referido a aquello.

Luego se refiere a los cargos a contrata, y si bien estos son esencialmente transitorios, deberán durar hasta el término de su vigencia, que no puede exceder al 31 de diciembre de cada año, y solo se le podrá poner término anticipado por una causal que lo justifique. Luego indica que la transitoriedad de la contrata dice relación con el cargo en sí, no con la persona que sirve el cargo, es decir, se debe poner término a la contrata cuando el servicio que motivó la contratación dejó de ser necesario, por lo que en definitiva esa decisión debe estar suficientemente fundamentada, en caso contrario, sería ilegal y además, arbitraria, pues se sustentaría en el mero capricho. Refiere que en este caso no es efectivo que sus servicios ya no sean necesarios, pues la resolución no lo dice y además, no se trata de un cargo que vaya a desaparecer, al contrario, lo que argumentó la administración es que la recurrente no tenía el perfil para desempeñar ese cargo.

Reprocha el actor que en la Resolución recurrida no se explica cuál es el contenido del Oficio N° NUM001 de 8 de abril de 2022, cuál es el perfil que no cumple la actora, y dónde está esto definido, no considera que su cargo no es de exclusiva confianza, ni que fue evaluada en Lista 1.

Agrega que no es posible que su jefatura haya perdido la confianza en ella de un día para el otro, en circunstancias que tiene las competencias y la experiencia para desempeñar el trabajo que tenía. En todo caso, aun cuando hubiese sido así, ello no está debidamente fundamentado en la Resolución recurrida, lo que trasgrede el artículo 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880.

Afirma que el acto denunciado como ilegal y arbitrario habría vulnerado las garantías fundamentales de la actora de igualdad ante la ley y de propiedad, al privarla de forma injustificada, de su cargo y remuneraciones.

Pide se deje sin efecto el acto impugnado, ordenando el reintegro de la funcionaria y el pago de todas las remuneraciones y estipendios, reajustados, desde la fecha de separación de sus funciones hasta su efectivo reintegro, con condena en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 7 evacua informe la Subsecretaria del Interior-Servicio de Gobierno Interior, solicitando el rechazo del presente recurso, por las razones que expone.

En primer lugar alega que la presente acción no es la vía idónea para los fines perseguidos por el recurrente, pues existe la vía administrativa que, en efecto, fue utilizada por la actora, quien el 2 de mayo del presente año, presentó reclamo ante la Contraloría General de la República, la que fue acogida a tramitación el 18 del mismo me.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880 esta Corte debe abstenerse de conocer la presentación, mientras no sea resuelto, bien transcurra el plazo para entenderse desestimado, el reclamo administrativo Luego se refiere al fondo del asunto e indica que los empleos a contrata son transitorios, y que la estabilidad en el empleo establecida en el artículo 89 del Estatuto Administrativo no puede entenderse como una inamovilidad, sobre todo si se considera que las labores que se desempeñan son las propias del Estado, cuyo fin último es el bien común.

Luego indica que a la actora no la beneficiaba el principio de confianza legítima, pues solo había tenido una renovación de su designación. Agrega que en los considerandos 2°, 3°, 4° y 5° de la Resolución Exenta N° NUM002 de 10 de noviembre de 2021, del Servicio de Gobierno Interior, que designa la contrata de la actora, y que fue el acto que se prorrogó luego por todo el año 2022, se indica que se trataba de la designación para servir un cargo en programas especiales, cuyo financiamiento y continuidad para cada año sucesivo, sea objeto de evaluación, sea de parte de esta Subsecretaria o de otra autoridad competente. Luego señala que la legislación reconoce a la autoridad superior de los servicios la facultad de poner término anticipado a las designaciones a contrata, existiendo como único requisito la expresión de las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, mediante el pertinente acto administrativo, yodo lo cual se verificó en la especie, como se puede ver del acto impugnado, especialmente sus considerandos 5°, 6° y 7°.

En este punto niega haber calificado el cargo de la actora como “de exclusiva confianza”, sino que simplemente hizo alusión al grado de confianza que requiere el ejercicio de funciones en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Gobierno Interior.

Luego se refiere al Dictamen N°48.251/2010 de la Contraloría General de la Republica que señala que la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” pueden estar referidas a las aptitudes personales del empleado, sin que ello implique, necesariamente, que el servicio deje de desarrollar las tareas que a aquel se le encomendaban. Por todo aquello es que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar.

Enseguida refiere que no se divisa la forma en que se habrían afectado las garantías fundamentales de la actora tampoco, pues no hizo alusión a algún otro caso en que la autoridad haya obrado de forma diferente, en perjuicio de él; en cuanto al derecho de propiedad, reitera la finalidad del Estado, que es propender al bien común, y señala que los funcionarios públicos, de planta o a contrata, no tienen la propiedad sobre sus cargos, según lo declaró la Corte Suprema, en fallo dictado en causa Rol N°45.522-2021.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 12 se decretó como trámite previo a la vista de la causa, requerir informe a la Contraloría General de la República, sobre el resultado del reclamo hecho por la actora, así como copia de lo obrado.

A folio 14 informa la Contraloría, y dice que efectivamente se tramitó un reclamo de la actora, pero atendida la presentación de este recurso de protección, su parte se abstuvo de emitir un pronunciamiento, conforme se declaró en resolución N° NUM003 de 2022 de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

A folio 15 se ordenó regir el decreto autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la Resolución Exenta N° NUM000 de 20 de abril de 2022, que pone término anticipado a la contrata de la actora, se fundamenta en lo establecido en sus considerandos 6 y 7, los que indican que las funciones que desempeña la recurrente han sido definidas por la autoridad superior del Servicio como “críticas” y “estratégicas”, siendo prioritario para las jefaturas y el gabinete contar con profesionales de confianza, con perfiles acordes a las expectativas y lineamientos que han ido trazando. Luego, esto lo relaciona con el Oficio N° NUM001 de 8 de abril de 2022, en la que se habría realizado una evaluación del perfil profesional de la actora, concluyendo que las funciones que desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna requieren de otro tipo de profesional y de un diferente grado de confianza.

Segundo: Lo cierto es que tal fundamentación es insuficiente para efectos del término anticipada de contrata, pues la autoridad no explica por qué la función de la actora sería crítica y estratégica, no se refiere en concreto al contenido del mencionado Oficio N° NUM001 de 8 de abril de 2022, el que tampoco acompaña a su informe, por lo que es imposible conocer el fundamento de la conclusión expuesta por la Administración, esto es, que la función que desempeñaba requería otro tipo de profesional y de un diferente grado de confianza, lo que tampoco explica en su resolución.

Tercero: Que en tal sentido la Administración ha infringido el deber de fundamentación de los actos administrativos, establecidos en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, por cuanto no cualquier exposición de hechos se puede considerar una fundamentación adecuada, sino cuando la invocada por la Administración es adecuada para comprender la decisión adoptada. En tal sentido, la Administración ha cometido una ilegalidad, y al mismo tiempo una arbitrariedad, pues aparece como carente de razón.

Cuarto: Que tal ilegalidad ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de la actora, quien se ha visto impedida de poder conocer los fundamentos de la decisión de la Administración en cuanto al término anticipado de su contrata, recibiendo así un trato desmejorado en relación a otras personas que sí lo han conocido y por ende, ejercido las acciones legales y administrativas que les asisten.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Begoña, en contra de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de 20 de abril de 2022, y se dispone que la recurrida deberá reincorporar a la actora a sus funciones, debiendo pagarle además las remuneraciones correspondientes al período transcurrido desde que fue separada de sus funciones, hasta su efectivo reintegro, labores que se extenderán hasta el día 31 de diciembre de 2022.

Acordada con el voto en contra del Ministro don Mario Gómez Montoya, quien estuvo por rechazar el presente recurso, por estimar que los argumentos vertidos en la Resolución Exenta N° NUM000 de 20 de abril de 2022 son adecuados y suficientes, toda vez que la actora fue encasillada en el grado 8° de la Escala Única de Sueldos, desempeñando funciones de Contraloría Interna de la repartición recurrida, que no corresponden a su profesión o título profesional de Trabajadora Social; y, por último, la decisión de la Administración de poner término anticipado de la contrata de la recurrente, está dentro de las facultades del jefe superior del servicio, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 31 de la Ley N° 18.575, quien actuó en el ejercicio de sus funciones y de la forma prescrita por la ley y con antecedentes suficientes para ello. Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-91218-2022.

En Valparaíso, nueve de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.