INVERSIONES TIMEO LTDA CONTRA ALCALDE I. MUNICIPALIDAD Y DIRECTOR DE RENTA MUNICIPALES DE VALPARAISO

Valparaíso, diecisiete de junio de dos mil diez.-.

VISTOS:

A fojas 2 comparecen los abogados Bernardino Muñoz Sánchez y Gonzalo Arias Acuña, en representación de la sociedad ?Inversiones Timeo Limitada?, persona jurídica, RUT N° RUT reservado? 6, todos con domicilio en domicilio reservado, quienes recurren de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (representada por su Alcalde don Jorge Castro Muñoz), y en contra de su Director de rentas Municipales, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Refieren que por carta de fecha 1 de febrero de 2010 firmada por el Director recurrido, se les informó acerca del giro de la patente Rol 222750, por el período del segundo semestre de 2009 y el primero del año en curso, con pagos en julio del año pasado y enero del corriente.

Precisa en todo caso que dicha misiva es duplicado de una anterior (del mes de julio de 2009 y firmada también por el mismo recurrido), en la cual se les notifica que conforme al artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, la sociedad se encuentra afecta al pago de patente municipal ascendente a un total de $7.722.651 pesos correspondiente al segundo semestre del año 2009. Dicha comunicación explica, dio origen a un reclamo de ilegalidad por parte de la recurrente, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, causa Rol número 1680/2009 de este Tribunal, actualmente en etapa de fallo.

Expresa que esta segunda carta de fecha 1 de febrero de 2010 es una amenaza arbitraria e ilegal de la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley) y del art� dculo 19 N° 24 del mismo cuerpo legal (derecho de Propiedad), atendido los fundamentos que expresa:

En primer lugar, sostiene que el único motivo por el cual se han despachado las mentadas cartas municipales con el cobro en cuestión es por cuanto la sociedad recurrente presenta en su cartola tributaria giros tales como sociedad de inversión y rentista de capitales mobiliarios. Sin embargo, señala que en los hechos, la sociedad en caso alguno tiene la obligación de pagar patente municipal, pues no se configuran los elementos del tipo tributario para configurar el hecho gravado que autorice tal tributo, y tampoco se dedica a actividad o giro comercial.

En efecto, afirma que el artículo 23 del Decreto Ley 3063 sobre Rentas Municipales establece la obligación de pagar patente municipal para el ejercicio y desarrollo de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su denominación. Según lo expuesto entonces, se infiere nítidamente que el verbo rector del hecho gravado con el pago del tributo patente es la realización de una actividad primaria, secundaria o terciaria; según la definición que a este respecto contiene el Decreto 484 sobre Reglamento del mencionado Decreto Ley.

Razonando de esta forma, señala que para efectos de cobrar válidamente la patente municipal, el recaudador del tributo debe entonces previamente certificar que el contribuyente haya llevado a cabo alguna de las actividades afectas en la forma explicada, aún cuando ellas estén contempladas o aparezcan en su cartola tributaria o estatuto social.

Por tanto, concluye que si no existe una actividad que ponga en evidencia el ejercicio de actos continuos en el tiempo, organizados y orientados hacia un lucro, no se configura el hecho gravado en conformidad a la ley; atendido lo cual se violentan flagrantemente los artículos 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales. Cita para tal efecto jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia, y reitera el argumento sostenido en cuanto a que en los hechos la sociedad recurrente no desarrolla actividad comercial alguna. Tanto así según explica que la dirección de la recurrente en calle Blanco, comuna de Valparaíso, es un edificio corporativo en el qu e funcionan diversas sociedades relacionadas con la familia Harding Alvarado, pero en dicho inmueble no se desarrolla actividad alguna de inversiones, ni tampoco se cuenta con personal que preste funciones para tal objeto, y de hecho tampoco registra facturas timbradas.

Precisa además que no existe relación alguna entre el domicilio postal que informa el contribuyente y la patente que se pretende cobrar, toda vez que dicho domicilio tiene incidencia legal para efectos de ser notificado vía carta certificada por el Servicio de Impuestos Internos, mas no por la Municipalidad recurrida, la cual debe estar al domicilio físico propiamente tal en donde el contribuyente efectivamente desarrolla su actividad comercial, y que es informado por éste en su declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Asimismo, como argumento de fondo en cuanto al tributo patente en sí, sostiene que es inconstitucional desde el momento que se está gravando un patrimonio por el solo hecho de poseerse, pues perfectamente podría afectarse el capital de una sociedad de inversiones que no registre movimiento o actividad alguna en el período, en circunstancias que según se desprende del artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, sólo se pueden establecer impuestos que graven la renta, esto es, un incremento patrimonial del contribuyente; situación toda que, según latamente ha discurrido, no concurre en la especie.

Con el mérito de lo expuesto, solicita se acoja la acción de protección interpuesta en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y de su Director de Obras Municipales, y conforme con lo cual se ordene a la recurrida dejar sin efecto la cara aviso objetada, como así también los cobros por concepto de patentes que la misma se refiere, para así reestablecer el imperio del Derecho, todo con costas.

A fojas 26 de autos, rola informe del recurrido ?Ilustre Municipalidad de Valparaíso?, quien solicita el rechazo de la acción cautelar intentada.

Sostiene primeramente que los artículos 23 y siguientes de la Ley de rentas Municipales son plenamente aplicables en la especie, pues el hecho gravado con el tributo patente municipal es ?el ejercicio de toda profesión, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria sea cual fuere su naturaleza o denominación, respecto de la actividad que se ejerce por un mi smo contribuyente en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, con prescindencia de la clase o numero de giros o rubros que comprenda?, y de lo cual claramente se advierte que el hecho gravado es en sí el ejercicio de una actividad lucrativa en un lugar determinado (sea esta actividad de carácter secundaria o terciaria, y excepcionalmente primaria), sin que para tales efectos sea necesaria la autorización municipal, según la ha declarado reiteradamente la Contraloría General de la República en sus dictámenes, y así también la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo sobre reclamo de ilegalidad ?Inmobiliaria Paidahue S.A con Municipalidad de Santiago?.

A mayor abundamiento, refiere que la propia definición de actividad primaria, secundaria y terciaria según el artículo 2 del mencionado Decreto 484 del año 1980, permite llegar a la unívoca conclusión de que el hecho gravado con el tributo patente municipal es simplemente el ejercicio de una actividad lucrativa, sin distinción sobre quien desarrolla tal actividad, bastando únicamente la producción de lucro a favor del contribuyente.

En este sentido, precisa que la Municipalidad recurrida se limitó a informar al recurrente su obligación de pagar patente municipal tomando como base imponible el capital propio informado al Servicio de Impuestos Internos, y que a mayor abundamiento, las únicas personas jurídicas exentas del pago de patente municipal son aquellas sin fines de lucro; situación en la que claramente no se encuentra la sociedad recurrente, la cual de la sola lectura de sus estatutos sociales se desprende que desarrolla una actividad lucrativa del tipo terciaria (inversión), en un domicilio informado por el mismo ante el Servicio de Impuestos Internos.

En todo caso, precisa que la recurrida actuó conforme la normativa legal aplicable al caso, pues la base imponible del tributo impugnado se calcula simplemente con el capital propio de la sociedad, el cual es informado al Servicio de Impuestos Internos, que a su vez lo remite a la Municipalidad, para luego ésta, a través del envío de una simple carta comunica el valor a pagar de acuerdo a ese capital propio informado por el propio recurrente según se ha explicado. Cita también jurisprudencia para sostener sus planteamientos.

En cuanto a la supue sta vulneración de las garantías constitucionales de los artículos19 N° 24 y N° 2 de la Carta Fundamental, afirma que el libelo recursivo no explica la forma cómo la mentada carta que se limita a comunicar al recurrente su obligación de pagar patente municipal vulneraría el primero de tales preceptos y atentaría contra el derecho de Propiedad, ni tampoco cómo se produciría un trato ilegal o arbitrario por parte de la Municipalidad que fuere contra la igualdad ante la Ley.

Con el mérito de lo expuesto solicita al Tribunal se rechace el recurso con costas, pues no se existe en caso alguno por parte del Municipio recurrido una acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace los derechos y garantías del recurrente.

A fojas 40 rola informe del recurrido don nombre reservado, Director de Rentas de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y sostiene la improcedencia de la acción cautelar respecto de su persona en el cargo que ostenta, pues se ha recurrido contra un documento consistente en una mera carta o comunicación dirigida a un contribuyente y que ha sido despachada por el Director de Rentas Municipales en el ejercicio de las funciones que legalmente le competen en relación al cargo que ejerce en la repartición pública Municipalidad, de forma tal que su actuación sólo puede ser entendida y circunscribirse como una actuación de la Municipalidad a la que pertenece. Sin perjuicio de ello, reitera y ratifica lo previamente informado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, haciendo suyos todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho expuestos por aquella.

A fojas 91 la recurrida acompaña documentos, consistente en un informe en derecho, copias de fallos de Tribunales superiores de Justicia y fallos del Tribunal Constitucional.

A fojas 94 rola oficio respuesta del Conservador de Bienes Raices y Comercio de Valparaíso, en que informa que la sociedad recurrente esta inscrita en el Registro del año 2006 y no hay constancia de su disolución.

A fojas 97 rola oficio del SII, en que se indica que la reclamante registra domicilio en domicilio reservado, antes en Valparaíso, y desde 2010, nuevamente en Valparaíso; que no ha efectuado declaración sobre término de giro y que no ha pedido timbraje de documentos; que el SII esta obligado a enviar a las Municipalidades la información sobre las sociedades de inversión o profesionales para los efectos del pago de patentes.

A fojas 111 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, debe tenerse presente que el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional señalados en dicha norma y constituye una acción cautelar que protege y ampara el legitimo ejercicio de aquellos derechos preestablecidos e indubitados, afectados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, mediante la adopción de las medidas conducentes e inmediatas para restablecer el orden jurídico quebrantado, o sea, es un acción de carácter, eminentemente, cautelar y destinada a dar amparo a aquellos derechos en situaciones de urgencia.

Segundo: Que, el recurrente en su presentación de fojas 2 sostuvo que la carta de 1 de febrero de este año que originó el presente recurso, que acompaña a fojas 1, y por la que se le comunicó por la I. Municipalidad de Valparaíso a la sociedad reclamante que se le ha girado patente Rol Nº 222750, por el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010, a pagar en julio de 2009 y enero del presente año, ?está en parte duplicando una anterior del mismo señor nombre reservado, del mes de julio de 2009? en que se le comunicó a la empresa recurrente que, conforme al artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, se encontraba afecta al pago de esa patente por un valor de $ 7.722.651.- lo que dio origen a un Reclamo de Ilegalidad, conforme al artículo 140 de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.691, pendiente ante esta I. Corte, Rol Nº 1680-2009.

Tercero: Que, a su vez, la representante de la recurrida que concurrió a estrados, en su alegato, confirmó la información anterior señalando que existe un Reclamo de Ilegalidad pendiente en este tribunal.

Cuarto: Que, el párrafo segundo de la carta que rola a fojas 1 y que funda la presente acción cautelar consigna ?De acuerdo con lo anterior, y en atención a su capital propio declarado al 31 de Diciembre de 2008, informado por el S.I.I. a la municipalidad de Valparaíso, vuestra empresa registra domicilio en la comuna de Valpara� dso, por lo que se informó a Ud. a través de correo certificado, con fecha Julio y Septiembre de 2009, que se ha girado la patente rol 222750 por el 2° semestre de 2009 y 1° 2010.(Con pagos en Julio 2009 y Enero 2010).?.

Quinto: Que, como medida para mejor resolver, se trajo a la vista el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 1680-2009 de esta Iltma. Corte, aún pendiente en su tramitación, sostenido por Inversiones Timeo Limitada contra I. Municipalidad de Valparaíso, en razón de la Resolución n° 1548 de 31 de agosto de 2009 por la cual el señor Alcalde de Valparaíso rechazó el reclamo de i legalidad que, en sede administrativa, dedujo ante él reclamando por la carta de julio de 2009 del Director de Rentas Municipales comunicando que se ha girado una patente a nombre de la sociedad reclamante, por el segundo semestre de 2009 y por el valor de $ 7.722.651.- Sexto: Que, los antecedentes ya relacionados obligan concluir que el hecho que motiva el presente recurso de protección es la comunicación que la sociedad recurrente recibió de la I. Municipalidad de Valparaíso sobre el giro de la patente respectiva y cuyo pago requiere, pues bien el mismo recurrente sostiene que esta comunicación solo ?duplica? una del año anterior y respecto de la cual se encuentra pendiente en esta Iltma. Corte el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 1680-2009, de manera que el hecho respecto del cual requiere amparo el reclamante es uno solo y este ya está siendo conocido por el órgano jurisdiccional competente.

Séptimo: Que, entonces, es posible concluir que el recurrente no se encuentra desamparado o indefenso frente al hecho en que funda su acción cautelar sino que, por el contrario, se encuentra este sometido al imperio del derecho y, por ende, no hay un acto u omisión arbitraria o ilegal, del cual se pueda deducir la necesidad de cautela o amparo urgente pretendida con el presente recurso, por cuanto el asunto está radicado actualmente ante el Tribunal que, según nuestro ordenamiento jurídico, le compete conocerlo y fal larlo.

Octavo: Que, asimismo, de lo ya expuesto se colige, además, que existe discusión o debate en cuanto a la procedencia del pago de la patente municipal en cuestión, situación incierta y sometida a decisión jurisdiccional, lo que impide considerar que se esté frente a un derecho de carácter indubitado, controversia que no puede ser dilucidada por medio del recurso de protección de derechos fundamentales, ya que esta no es una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y , por tanto, en situación de ser protegidos.

Noveno: Que, conforme a lo razonado, se procederá a rechazar el recurso de protección interpuesto en autos.

Por las anteriores consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 27 de junio de 1992, modificado por el Auto Acordado del Excmo. Tribunal de 4 de mayo de 1998, se declara:

Que se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 2 por don Bernardino Muñoz Sánchez y don Gonzalo Arias Acuña, en representación de Inversiones Timeo Limitada, sin perjuicio de otros derechos que en la sede respectiva pueda ejercer la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Ministro Suplente Señor Christian Le-Cerf Raby.

Rol Nº 91-2010.-.