nombre reservado con CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, uno de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, por los actos ilegales y arbitrarios de efectuar descuentos en sus remuneraciones, vulnerando la garantía establecida en el artículo 19, número 24°, de la Constitución Política de la República.

El recurrente señala que se desempeña como abogado auxiliar en la institución recurrida y que el día 20 de abril de 2023 tomó conocimiento, a través de su empleador, de que la Contraloría Regional de Valparaíso habría rechazado una solicitud de condonación de deuda por el pago erróneo de remuneraciones de permisos administrativos, mediante la Resolución Exenta N° 727/2023, de 31 de enero de 2023, que su empleador no le informó oportunamente, sino que lo hizo recién el 20 de abril de 2023 con ocasión del descuento que se le efectuaría a su remuneración en los meses de abril y mayo de 2023.

Aclara que él no ha presentado solicitud de condonación alguna ante la Contraloría General o Regional, por lo que lo afirmado por la recurrida y lo señalado en la Resolución Exenta N° 727/2023 de la Contraloría Regional, no corresponde a la verdad.

Señala que resultó absuelto de la investigación sumaria seguida en su contra por haber supuestamente realizado actividad profesional particular en su horario de trabajo en la Corporación. Desconoce, pues, el motivo en cuya virtud se le descuenta parte de su remuneración, descuento que ascendería a dos cuotas de 1,0237 UTM cada una en citados meses de abril y mayo de 2023.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, declarando esta Corte: 1°. Que el descuento unilateral de su empleador, la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, en las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2023, por la suma indicada, es arbitrario e ilegal, que vulnera la propiedad sobre sus remuneraciones como trabajador regido por el Código del Trabajo, y 2°. Que la recurrida debe abstenerse de realizar las deducciones anunciadas y todavía no efectuadas de la remuneración del actor y, eventualmente, proceder a la restitución de los descuentos ya materializados, todo ello con costas.

Acompaña: 1°. Correo electrónico de 20 de abril de 2023, de la Corporación de Asistencia Judicial, suscrito por don nombre reservado, administrativo de la Subdirección de las Personas, a don nombre reservado; y 2°. Resolución que resuelve la Investigación Sumaria N° 2, de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que con fecha 6 de julio de 2022 dictaminó su absolución por los cargos que habían motivado la instrucción del sumario.

A folio 9 informa el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, solicitando el rechazo con costas del recurso.

Señala que los actos reclamados se encuentran plenamente ajustados a Derecho, esto es, tanto las leyes que rigen a esta entidad pública como las resoluciones e instrucciones emanadas de la Contraloría Regional de Valparaíso. Por lo tanto, no se ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, ni perturbado la garantía del derecho de propiedad del recurrente.

Explica que, como conclusión de una auditoría efectuada a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso por la Contraloría Regional, se emitió el Informe de Auditoría número 310, de 13 de agosto de 2021, en el cual se establece que el recurrente fue autorizado el año 2019 para ausentarse del servicio, con goce de sus remuneraciones, durante tres días completos y cinco medios días. Sin embargo, según el libro de control de asistencia, dicho funcionario habría hecho uso de ocho días completos de permiso administrativo. Dicho con mayor precisión, si solicitó tres días enteros y cinco medios días de permiso, la Contraloría comprobó que en vez de ausentarse la mitad de la jornada de trabajo correspondiente a cinco días, lo hizo por la jornada completa, con lo cual superó el número de seis días a que tenía derecho.

Agrega que, mediante el Oficio Ordinario número 262, de 5 de octubre de 2021, la Subdirección de Personas de esa Corporación informó a la jefatura directa del actor que éste debía reintegrar la remuneración pagada en exceso por días administrativos del año 2019, en atención a lo instruido por la Contraloría, y que ello le fue informado expresamente mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2021.

Indica que mediante Oficio Ordinario número 322, de 1 de diciembre de 2021, la Subdirección de Personas de esa Corporación notificó al recurrente la obligación de reintegrar la suma pagada en exceso, indicando la fórmula de cálculo y el monto, ascendente a $114.043. Asimismo, se le informó su derecho para solicitar al ente contralor el otorgamiento de facilidades de pago o la condonación. Como no hizo esto último, la Corporación solicitó a la Contraloría Regional que ordenara el descuento de remuneraciones conforme a la Resolución número 35 de 2018, que establece el procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la Ley número 10.336. Concretamente, pidió a la Contraloría, ejercer la facultad señalada en dicha norma legal, disponiendo los descuentos, fijando el monto final y el interés aplicable.

La Contraloría Regional de Valparaíso, mediante Resolución N° 727, de 31 de enero de 2023, dio respuesta a lo pedido. Determinó el monto por restituir al momento de efectuar el descuento correspondiente, que al mes de abril de 2022 representaba el equivalente en pesos a 2,0473 Unidades Tributarias Mensuales, descuento que la Corporación debía practicar en dos parcialidades, equivalentes cada una a 1,0237 Unidades Tributarias Mensuales, conforme al valor vigente al momento de hacer efectivo el descuento.

En consecuencia, los descuentos informados oportunamente al actor en las remuneraciones de los meses de abril y mayo de 2023, por la suma equivalente a 1,0237 UTM cada uno, así como su materialización, se han ajustado plenamente a la legalidad, sin infringir ninguna disposición legal, y no resulta procedente su restitución al trabajador, cuya propiedad tampoco ha sido afectada, ya que tampoco existe un derecho de propiedad respecto de recursos fiscales percibidos sin causa.

ACOMPAÑA: 1°. Resolución exenta número 727 de Contraloría Regional de Valparaíso; 2°. Informe Final de Auditoría número 310-2021, de Contraloría Regional de Valparaíso; 3°. Oficio E129550 de 2021, de la Contraloría Regional de Valparaíso, que comunica el Informe Final; 4°. Ord. N° 103-2022 de la Directora General (S) de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso a la Contraloría Regional de Valparaíso; 5°. Resolución N° 35-2018 de la Contraloría General, que fija el procedimiento para la aplicación de las facultades de los incisos primero y cuarto del artículo 67 de la Ley número 10.336; 6°. Copia de un correo de la Subdirección de Personas a don nombre reservado, de 20 de abril de 2023, que le comunica la aplicación de descuentos; 7°. Oficio número 176/2021 de la Subdirección de Personas al Abogado Jefe de la Unidad Jurídica de La Calera; 8°. Copia del correo electrónico de 9 de junio de 2021, de la Subdirección de Personas al Abogado Jefe de la Unidad Jurídica de La Calera, que remite el Ord. N° 176/2021; 9°. Oficio Ord. número 262/2021, de la Subdirección de Personas al Abogado Jefe de la Unidad Jurídica de La Calera; 10°. Copia del correo electrónico de 7 de octubre de 2021, de la Subdirección de Personas al Abogado Jefe de Unidad Jurídica La Calera, que remite el Ord. N° 262/2021, y 11°. Copia del correo electrónico de 6 de octubre de 2021, de don nombre reservado, y respuesta de la Subdirección de Personas, de 7 de octubre de 2021.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental, entre los que se cuenta la prerrogativa que estima vulnerada el recurrente, la propiedad que le corresponde sobre sus remuneraciones como abogado auxiliar de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso.

Segundo: Que el argumento medular del actor yace en la apreciación jurídica de que el personal de la Corporación de Asistencia Judicial se rige por la legislación laboral común, no por el Estatuto Administrativo. Por consiguiente, los eventuales descuentos realizados por el empleador en las remuneraciones que paga a sus empleados requieren del consentimiento expreso del trabajador, como establece el artículo 58 del Código del Trabajo. En cambio, en su caso la Corporación procedió practicar a unos descuentos inconsultos, con el sólo mérito de que la habría autorizado la Contraloría Regional de la República, que a juicio del recurrente carece de competencia para entenderse en asuntos del fuero laboral privado.

Tercero: Que es efectivo que los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial están regidos en su vínculo laboral con la empleadora por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo, según estatuye el artículo único de la Ley número 19.263, de 10 de noviembre de 1993, cuyo tenor no admite dudas al respecto: “Las disposiciones del Estatuto Administrativo no se aplican al personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial, creadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes números 17.995 y 18.632, el que se ha regido y continuará rigiéndose exclusivamente por los respectivos contratos de trabajo y las normas aplicables al sector privado, en virtud de lo prescrito en los citados cuerpos legales”. En esto, ciertamente, lleva la razón el recurrente.

Cuarto: Que, sin embargo, no es menos exacta la defensa de la parte recurrida, cuando aduce que la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso es una institución de carácter público, cumple una función asimismo pública y está sometida a los mecanismos de fiscalización de la Contraloría General de la República, especialmente en lo que concierne a la recta inversión de los fondos del erario nacional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en fallo de 22 de octubre de 2020, causa rol 85.119-2020, en cuyos considerandos cuarto y quinto aparece declarado exactamente lo que se acaba de manifestar, o sea, que las Corporaciones de Asistencia Judicial son organismos públicos creados por ley, perciben recursos del Estado para financiar sus tareas, realizan una función pública y están sujetas al control de legalidad y financiero de la Contraloría General de la República. En consecuencia, un dictamen emitido por la Contraloría en asuntos de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones legales, cuya es la situación de los dineros pagados a sus empleados por las Corporaciones en palabra, es vinculante para las últimas y no puede servir de fundamento para reprocharles una actuación ilegal o arbitraria.

Quinto: Que, en la especie, la Contraloría General de Valparaíso constató en su Informe Final número 310 de 13 de agosto de 2021, páginas 2, 28 y 76, que el recurrente, habiendo disfrutado en el hecho de un mayor número de días administrativos que los que le fueron autorizados por sus superiores, tiene la obligación jurídica de reintegrar las sumas pagadas en exceso como remuneración. Consta en autos, además, que la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso realizó gestiones para la devolución voluntaria de tales sumas, pero infructuosamente. A raíz de esto, tuvo que hacer intervenir en una segunda oportunidad al ente Contralor, informándole del decurso de la situación y pidiéndole instrucciones sobre cómo hacer efectivo el pago de la deuda que el funcionario mantenía con el Servicio, su monto preciso, el interés aplicable y las modalidades de pago. La Contraloría respondió emitiendo la resolución exenta número 727-2023, también agregada a estos autos, y en ella, ejerciendo las atribuciones que le conceden los artículos 67 y 67 bis de la Ley número 10.336, ordenó expresamente la devolución de las cantidades adeudadas por el recurrente, que el reintegro se efectúe en dos parcialidades del mismo valor y que el Departamento de Finanzas de la Corporación de Asistencia Judicial deberá remitirle en su oportunidad un informe detallado sobre el cumplimiento del reintegro ordenado, para el efecto de levantar el cargo formulado contra el funcionario.

Sexto: Que si bien las actuaciones de la Contraloría no hablan de la práctica de descuentos, esta vía de recuperación de las sumas pagadas sin causa se deduce inequívocamente de los fundamentos de tales actos y resoluciones administrativos, así como del tenor de los artículos 67 y 67 bis de la Ley 10.336, que discurren precisamente del descuento, comenzando por el inciso primero del artículo 67, que permite al Contralor “ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente”, descuentos que “podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío”, sólo que “si recaen sobre remuneraciones mensuales, no podrán exceder del 50% de las mismas”.

Séptimo: Que, en consecuencia, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna al disponer el descuento de las sumas reclamadas por el recurrente, pero percibidas por éste sin una causa jurídica que lo justifique, aunque cabe conceder que pudo incurrir en un error de apreciación al momento de calcular el período de tiempo que le fue autorizado para el descanso administrativo. Su recurso, pues, deberá ser rechazado, mas sin condena en costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante José Luis Guzmán D’albora, quien no firma por encontrarse ausente.

N°Protección-8993-2023.