nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, la abogada Soraya Evelyn Llanos Galleguillos, deduce acción de protección a favor de don nombre reservado, y en contra de la Ilustre MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, representada por su alcaldesa doña Macarena Ripamonti Serrano, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 14.366, de 19 de noviembre de 2025 y el posterior Decreto N° 16.325, de 26 de diciembre de 2025, actos que, dispone el primero y ratifica el segundo, el cese de funciones del protegido a contar del 31 de diciembre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales, garantidos por el Artículo 19 Nos 1, 2, 3 inciso 5°, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala, que el 28 de noviembre de 2025, el recurrente fue notificado del Decreto Alcaldicio N° 14.366, que dispuso el ceses de sus funciones, tras lo cual, el 2 de diciembre de 2025, dedujo recurso de reposición, que fue resuelto mediante el Decreto N° 16.325, de 26 de diciembre de 2025, notificado el 2 de enero de 2026, a través de la carta de notificación N° 88, mediante el cual la autoridad recurrida, resolvió rechazar la impugnación presentada y, en definitiva, mantener a firme el cese de funciones a contar del término de la anualidad 2025.

Explica la recurrente, que su representado se desempeñó para la recurrida de manera ininterrumpida por más de 14 años, inicialmente bajo régimen de honorarios, desde el año 2011.

Refiere que, por orden del Dictamen N° E173171N22 de la Contraloría General de la República, la recurrida debió proceder, al 1 de enero de 2023, a la designación a contrata de los servidores a honorarios que contaran con confianza legítima, entendida como el desempeño de labores sin solución de continuidad, distintas a las exceptuadas por dicho órgano de control, y con renovaciones superiores a dos años al 31 de diciembre de 2022, encontrándose su representado en tal situación.

Fue en virtud, precisamente de dicho mandato, que la calidad jurídica del protegido fue modificada a contrata a partir del 1 de enero de 2023, pasando a prestar los mismos servicios, desde la calidad de honorarios a la calidad de contrata.

Expone que, durante toda su trayectoria, el protegido mantuvo siempre y sin excepciones un actuar intachable, con calificaciones de excelencia y sin anotaciones de demérito, por lo que la decisión de no renovar su contrata para el año 2026 aparece desprovista de fundamentos fácticos, reales y objetivos, desconociendo la expectativa de confianza legítima generada por su prolongada permanencia e intachable conducta para la Administración.

Indica que se ha configurado una vulneración a la integridad psíquica y al derecho de propiedad sobre su carrera funcionaria.

Alega que existe una discriminación arbitraria, toda vez que otros funcionarios en igualdad de condiciones fácticas fueron ratificados.

Plantea que la recurrida actuó como una comisión especial al prescindir de sus servicios sin un procedimiento racional y justo, utilizando la facultad de no renovación como una herramienta punitiva discrecional.

Refiere que la designación a contrata no fue un vínculo nuevo, sino la formalización de una relación preexistente bajo el principio de supremacía de la realidad.

Concluye solicitando que se declare arbitraria e ilegal la decisión de no renovar la designación a contrata para el año 2026, se dejen sin efecto los actos administrativos que disponen el cese de funciones, se ordene la reincorporación inmediata de su representado al cargo grado 18 EM en la Dirección de Administración y Finanzas, se disponga se realice el pago íntegro de remuneraciones devengadas durante la separación, y que dicho tiempo sea considerado como efectivamente trabajado para todos los efectos legales, con costas.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Decreto N° 14.366, que comunica el cese de funciones; b) Escrito de recurso de reposición de fecha 2 de diciembre de 2025; c) Decreto N° 16.325, que rechaza la reposición; d) Notificación N° 88 del decreto que rechaza la reposición; e) Decreto N° 18.044, sobre contratación año 2025; f) Decreto N° 16.681, sobre contratación año 2024; g) Decreto N° 394, sobre contratación año 2023; h) Calificaciones y hoja de vida del funcionario nombre reservado; i) Dictamen N° E173171N22 de la Contraloría; j) Certificado N° 435/2025 que reconoce el vínculo laboral desde el año 2014.

A folio 12, evacúa informe Rodrigo Peillard Aragón, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Argumenta que no existe acción u omisión ilegal ni arbitraria, por cuanto el Municipio, en virtud de las facultades otorgadas en el artículo 63, letra C) de la Ley Nº 18.695, constató el cese de funciones del recurrente por el sólo ministerio de la ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 18.883.

Expone que, como antecedentes, el Sr. nombre reservado prestó servicios a honorarios hasta 2022, y que en virtud del Dictamen N° E173171N22 se formalizó su vínculo a contrata mediante el Decreto N° 394/2023, renovado sucesivamente por los Decretos N° 16.681/2023 y N° 18.044/2024.

Precisa que el acto administrativo de cese fue debidamente notificado y que el recurso de reposición fue rechazado mediante el Decreto N° 16.325/2025.

Sostiene que, según el criterio unificador de la Excma. Corte Suprema (roles N° 26.112-2023 y otros), la confianza legítima se adquiere tras cinco años de servicios, requisito que el recurrente no cumple al contar sólo con tres años a contrata.

Al respecto, detalla la aplicación de la jurisprudencia administrativa, refiriendo: Dictamen N° 173.171/2022: Aclara que la confianza legítima invocada para el traspaso de honorarios a contrata es exclusivamente para dicho efecto y no constituye protección frente a la no renovación posterior. Dictamen N° 16.512/2018: Establece que las prestaciones a honorarios no sirven para sumar el tiempo necesario para generar confianza legítima, salvo excepciones de leyes de presupuestos que no aplican al caso. Dictamen N° 267.946/2022: Refuerza la diferencia de naturaleza entre traspasos legales y aquellos por interpretación administrativa, indicando que el caso del recurrente no goza de los mismos resguardos que los traspasos por mandato legal. Asevera que no es aplicable la supremacía de la realidad ni normas del Código del Trabajo, por ser un vínculo estatutario regido por la Ley 18.883.

Finalmente, pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO.- Que, a través de esta vía cautelar se impugna la decisión de no renovar la contrata del recurrente para la anualidad 2026, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 14.366 y ratificada en el Decreto N° 16.325, alegando el actor que dicha desvinculación es arbitraria e ilegal al desconocer su antigüedad de 14 años de servicios ininterrumpidos y el principio de confianza legítima, solicitando su reincorporación y pago de remuneraciones.

TERCERO.- Que, la recurrida informa, en síntesis, que su actuar se ajustó a la legalidad vigente, operando el término del vínculo por el sólo ministerio de la ley. Aduce que el recurrente no goza de confianza legítima, ya que bajo el criterio de la Excma. Corte Suprema se requieren cinco años de servicios en calidad de contrata, contando el actor solo con tres años. Argumenta que el periodo previo bajo honorarios no es computable para este efecto y que el traspaso del año 2023 no otorga inamovilidad.

CUARTO.- Que, de los antecedentes acompañados, se desprende que el recurrente ha servido a la Municipalidad de Viña del Mar de forma ininterrumpida desde el año 2011, realizando labores de auxiliar de aseo que el propio Dictamen N° E173171/2022 califica como habituales y permanentes. En dicho orden de ideas, el traspaso a contrata efectuado en el año 2023 no constituyó un vínculo jurídico nuevo, sino la regularización administrativa de una relación preexistente, tal como ordena el principio de primacía de la realidad recogido por el órgano de control de la administración.

QUINTO.- Que, según el criterio de la recurrida, la confianza legítima que se generó durante el largo tiempo que el protegido se desempeñó a honorarios, se habría perdido como consecuencia del traspaso a contrata, en circunstancias que fue precisamente esa confianza legítima, de acuerdo con el criterio establecido por la Contraloría General de la República, la que determinó que pasara a servir su función a contrata.

SEXTO.- Que, resulta entonces, no sólo contrario a los principios más elementales de la lógica, sino del todo arbitrario, pretender segmentar artificialmente la antigüedad del funcionario, reconociéndole sólo tres años de los 14 ininterrumpidos que ha servido la misma función para la misma recurrida.

Una interpretación que limita el derecho a la estabilidad en sus funciones únicamente en razón del tiempo servido bajo una determinada categoría contractual, que además ha sido reconocida como anómala por el propio órgano de control, cuando la naturaleza de las funciones ha sido idéntica durante 14 años, constituye un acto palmariamente caprichoso, que repugna la más elementales nociones de justicia, vulnerando así la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre la carrera funcionaria, privándolo de su fuente de ingresos y, en definitiva, de subsistencia, sin que se otorgue una fundamentación racional que explique, además, por qué dejaría de ser necesaria una función que, no por humilde, deja de ser indispensable, como son las labores de aseo en una repartición pública, o por qué se requeriría de una especial confianza para desempeñar tal función, sin que ello suponga una contumeliosa sospecha de la idoneidad del funcionario, carente de fundamentos.

SÉPTIMO.- Que, resulta además jurídicamente inaceptable que el traspaso a contrata sea utilizado por la recurrida como un "reinicio de antigüedad" para eludir la confianza legítima. Si el Dictamen N° E173171/2022 ordenó el traspaso basándose en la primacía de la realidad —esto es, reconociendo que el funcionario ya era parte de la estructura permanente del servicio bajo una etiqueta falsa—, la Administración no puede luego ignorar esa misma realidad para sostener que el funcionario solo tiene 3 años de antigüedad. Hacerlo implica que la I. Municipalidad de Viña del Mar se beneficiaría de su propia irregularidad previa. Los 11 años servidos a honorarios no desaparecen por un cambio de nomenclatura administrativa; por el contrario, son la base fáctica que consolidó la expectativa legítima de continuidad del recurrente cuando fue traspasado a contrata, la cual no puede ser quebrantada sin una motivación real, objetiva y técnica que en este caso, lisa y llanamente, no está.

Que, en consecuencia, al no existir una motivación que desvirtúe la confianza legítima, tras 14 años de haber servido ininterrumpidamente la misma función, o que justifique que el recurrente ha dejado de tener la idoneidad para el cargo, ni la razón por la que los servicios habrían dejando de ser necesarios, el acto impugnado deviene, además de arbitrario, en ilegal, por lo que la presente acción será acogida para así restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se ACOGE, con costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, y en consecuencia:

I.- Se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios Nos 14.366 y N° 16.325, así como cualquier otro acto por el que se hubiere dispuesto o comunicado el cese de funciones de la persona a favor de la cual se recurre.

II.- Se ordena la inmediata reincorporación de don nombre reservado a sus funciones habituales, disponiendo que la autoridad municipal deberá, en el más breve plazo, regularizar la situación, prorrogando la designación a contrata para la anualidad 2026.

III.- Se ordena el pago íntegro de todas las remuneraciones y beneficios de cualquier naturaleza que el actor haya dejado de percibir o gozar durante el tiempo de su separación del cargo, el que se entenderá efectivamente servido para todos los efectos legales.

Redactó el abogado integrante Señor Álvaro Pavez Jorquera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-892-2026.