nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I,C.A. de Valparaíso Valparaíso, seis de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, técnico mención servicio turísticos, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que la recurrente, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, la recurrente es notificada mediante correo electrónico de 7 de enero de 2026, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión indicando: “El documento que adjunta es una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente. No es un certificado de afiliación ni detalla las prestaciones específicas, sino que menciona de manera general las coberturas del sistema previsional de Venezuela. Además, ha incluido una Declaración Bajo Fe de Juramento, redactada por usted, notariada y apostillada en Chile. Este documento no es válido según la normativa actual, ya que la apostilla no está facultada para representar al país de emisión. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones ha permitido, de manera excepcional, que se cumpla este requisito mediante un certificado emitido por la embajada o consulado correspondiente. Dicho certificado debe confirmar que cuenta con las coberturas exigidas por la Ley 18.156 y estar debidamente legalizado o apostillado.”

Hace presente lo dispuesto en los artículo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que la recurrente cumple con los requisitos allí establecidos, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación supralegal de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Agrega que a su solicitud, acompañó la solicitud certificado de cotizaciones electrónico emitido por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) además de declaración jurada suscrita ante notario que indica bajo fe de juramento, idéntico contenido de la certificación citada, es decir que el recurrente se encuentra afiliado y cuenta con las coberturas requeridas casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Junto a ello, acompañó el contrato de trabajo y su respectivo anexo, titulo profesionales y certificado de no nacionalizado.

Expone que el documento que supuestamente sería útil conforme la AFP recurrida no es más que una Declaración Jurada del extranjero, autorizada por funcionario competente de la embajada venezolana que indica las contingencias en que el IVSS brinda cobertura, dicho documento no alejado del contenido que se encuentra en la Constancia Electrónica de cotizaciones era suficiente para acreditar el requisito de afiliación al sistema previsional conforme la Ley 18.156 hasta antes del cierre de la embajada venezolana.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que el recurrido debe efectuar la entrega de los fondos de pensión solicitados.

A folio 7 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que no registra ante este Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en el ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

A folio 10 evacua informe don Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A.

Expone que el 6 de enero de 2026, la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre, por el empleador Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada, acompañando su título profesional, constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente, declaración jurada realizada por la recurrente ante notario público chileno y contrato de trabajo suscrito con el empleador Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada, sin embargo documentos aportados por la recurrente, la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, el día 07 de enero de 2026, AFP Modelo le envió por correo electrónico la respuesta ya indicada por la recurrente.

Hace presente que la AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, indica que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

A folio 9 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo de la recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida, se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-889-2026.

En Valparaíso, seis de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.