nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente solicitó ante la AFP recurrida, a través del portal web dispuesto para ello, la devolución de los fondos previsionales existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de trabajador extranjero y acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, en relación con su artículo 7°.

Señala que el 22 de enero de 2026 fue informado por correo electrónico del rechazo de la solicitud, fundado en observaciones a los antecedentes acompañados, en particular, a una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por no contar con legalización ni apostilla, y a una declaración jurada otorgada ante notario público en Chile, por medio de la cual el recurrente habría declarado su afiliación al sistema previsional venezolano.

Afirma que la constancia electrónica del IVSS sería verificable en línea mediante el sitio oficial de dicho organismo, ya sea a través de un código de verificación contenido en el documento o mediante consulta por cédula de identidad venezolana, y que, pese a ello, la AFP habría rechazado la solicitud sin efectuar tal verificación. Añade que, atendido el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, existiría imposibilidad material de obtener ciertas legalizaciones consulares, lo que invoca como contexto para sustentar la suficiencia de los antecedentes presentados en Chile.

Sostiene, además, que existirían decisiones de otras administradoras en que, acompañándose documentación que estima equivalente, se habría aprobado el retiro de fondos, citando a modo de ejemplo un caso de AFP Cuprum, lo que plantea como un trato desigual.

Indica que, para sustentar el cumplimiento de las exigencias legales, acompañó contrato de trabajo y anexo, constancias del IVSS, declaración jurada ante notario y su título profesional apostillado, concluyendo que el rechazo importaría la imposición de exigencias no previstas en la Ley N°18.156, vulnerando las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y disponer un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud, dentro de un plazo razonable proceder al pago solicitado, y que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Como cuestión previa, sostiene que la acción cautelar de protección no sería la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y controvertidas, desde que no existiría un derecho indubitado, y la pretensión del actor importaría discutir el cumplimiento de las exigencias de la Ley N°18.156 y, en definitiva, la procedencia del retiro de fondos previsionales, cuestión que debería ventilarse en un procedimiento de mayor conocimiento.

En cuanto al fondo, reconoce que su parte rechazó la solicitud de devolución de fondos por no cumplir la documentación acompañada con los requisitos exigidos para acreditar la afiliación y cobertura previsional fuera de Chile y la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación. Señala que, conforme a la Ley N°18.156, de carácter excepcional, el retiro sólo procedería si se cumplen copulativamente los requisitos del artículo 1°, en relación con las instrucciones del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que el recurrente habría acompañado una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sin firma y una declaración jurada, y sostiene que tales antecedentes no serían idóneos: respecto de la constancia electrónica, afirma que no se encuentra apostillada o legalizada, que no indicaría en forma específica la cobertura por los riesgos exigidos, y que se limitaría a enunciaciones genéricas sobre el sistema previsional; y respecto de la declaración jurada, indica que no podría suplir la certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Añade consideraciones relativas a la exigencia de apostilla desde la entrada en vigor del Convenio de La Haya en Chile y a que, previamente, la constancia consular podía servir para acreditar dicho requisito.

Asimismo, señala que el contrato de trabajo acompañado -de 5 de julio de 2020- no contendría referencia al régimen previsional extranjero, y que recién en un anexo de 17 de julio de 2024 el trabajador manifestaría su voluntad de permanecer afiliado fuera de Chile, agregando que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia exigiría que la cobertura previsional extranjera exista durante todo el período de prestación de servicios en Chile, y que, ante manifestaciones de voluntad contradictorias o extemporáneas, no procedería la devolución.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones.

Indica, como primera cuestión, que el recurrente no registra reclamo ante dicho organismo por los hechos materia del recurso, por lo que no cuenta con antecedentes administrativos específicos sobre la solicitud cuestionada.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que en el sistema chileno la regla general es la obligación de cotizar para cobertura previsional, y que la Ley N° 18.156 contempla un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, aplicable a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales, que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1°, en relación con el artículo 7°.

Señala que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI), para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° (afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile con prestaciones, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte), el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en que conste su obligación de otorgar dichas prestaciones; y que también podría aceptarse un certificado extendido por embajada o consulado, siempre que indique expresamente que se emite en representación de la autoridad competente.

Precisa que la cobertura debe acreditarse en forma específica, ser efectiva y existir desde el inicio de la prestación de servicios en Chile y durante todo el período respecto del cual se pide la devolución; añadiendo que, tratándose de salud, debe especificarse si comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

En relación con los documentos invocados por el actor, sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no serviría para acreditar el requisito, por no estar firmada ni apostillada o legalizada, y por no especificar adecuadamente la cobertura exigida; y que la declaración jurada tampoco sería idónea, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Respecto del requisito de la letra b) del artículo 1° (manifestación de voluntad de mantener la afiliación extranjera), enfatiza la necesidad de acompañar contrato de trabajo y anexo cuando corresponda, y advierte que un anexo que se incorpore extemporáneamente a la relación laboral no serviría para acreditar dicho requisito, por lo que no procedería autorizar la devolución.

Finalmente, señala que el dominio del afiliado sobre los fondos previsionales no se concibe aisladamente de la naturaleza previsional del sistema, y que no existiría infracción a la igualdad ante la ley, pues todos los trabajadores extranjeros que pretendan acogerse al beneficio deben acreditar los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión es la de abogado.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo el 5 de julio de 2020 con TP Chile S.A., para desempeñarse en funciones de Agente Back Office de Contact Center, consignándose en el último párrafo de la cláusula tercera, en lo pertinente, que las remuneraciones y asignaciones pactadas se pagarán dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes […] previas las deducciones y/o retenciones ordenadas por la legislación vigente o autorizadas por el trabajador conforme a las normas legales.

3° Por anexo de contrato de trabajo simple, de 17 de julio de 2024, sin firmas verificables, las partes habrían estipulado una cláusula primera, en la que el trabajador declara ser técnico profesional extranjero y encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social en la República Bolivariana de Venezuela, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, manifestando su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales, solicitud que fue rechazada el 22 de enero de 2026 por cuanto el documento aportado para acreditar la cobertura previsional carece de firma, no detalla en forma específica las coberturas desde el inicio de la prestación de servicios en Chile y durante todo el periodo respecto del cual se pide la devolución, no se encuentra debidamente legalizado y/o apostillado, y por haber manifestado extemporáneamente la voluntad de mantenerse afiliado al sistema de su país de origen.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, conforme a lo relacionado, la Ley N°18.156 configura un régimen excepcional, cuya aplicación exige el cumplimiento copulativo de los requisitos previstos en su artículo 1°, entre ellos, que el trabajador detente la calidad de técnico o profesional en los términos regulados por la normativa sectorial, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile.

En ese contexto, no se advierte suficientemente acreditado en autos el presupuesto relativo a la calidad de “técnico extranjero” para efectos del estatuto excepcional invocado. En efecto, el actor se presenta como abogado, y del contrato acompañado consta que se vinculó laboralmente para desempeñarse como Agente Back Office de Contact Center, sin que de los antecedentes se desprenda, con el estándar exigible en esta sede cautelar, la concurrencia de los elementos que permitan subsumir su situación dentro del supuesto específico contemplado por la ley para acceder a la devolución solicitada.

Con todo, aun prescindiendo de lo anterior, también se verifica el incumplimiento del requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que el contrato de trabajo celebrado el 5 de julio de 2020 no contiene referencia alguna a la mantención de afiliación previsional extranjera, y recién mediante un anexo de 17 de julio de 2024 el trabajador declara dicha voluntad. Sobre este punto, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que la manifestación exigida por la norma debe constar en el contrato respectivo y resultar oportuna en relación con el período de prestación de servicios y cotizaciones respecto del cual se pretende la devolución, de modo que una voluntad incorporada extemporáneamente a la relación laboral no permite satisfacer el requisito legal, lo que determina la improcedencia del beneficio.

A mayor abundamiento, y en lo referido al requisito de la letra a) del artículo 1°, los antecedentes acompañados para acreditar cobertura previsional en el extranjero consisten en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS y una declaración jurada otorgada en Chile, instrumentos que no resultan idóneos para establecer, en forma específica y con eficacia probatoria en territorio nacional, la existencia de cobertura efectiva por las contingencias exigidas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante todo el período respecto del cual se solicita la devolución, al no encontrarse debidamente legalizados o apostillados ni contener la especificación requerida.

De esta manera, lleva razón la recurrida cuando afirma que el solicitante no acreditó el íntegro cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, y por lo tanto el recurso de protección debe ser rechazado por no existir ninguna conducta ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-888-2026.

En Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.