nombre reservado CONTRA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Y O000000000000000TROS
- Fecha
- 31 de julio de 2012
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 882-2012, sentencia de 31 de julio de 2012
Resumen
Se rechaza el recurso de protección: la retención de la devolución de impuestos por una deuda de crédito universitario no es ilegal ni arbitraria, pues la Tesorería actuó dentro de sus facultades legales.
Texto íntegro
Foja:95 Noventa y Cinco S.f.g.
C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de julio de dos mil doce.
Visto:
A fojas 1 don nombre reservado, contador, domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Universidad Técnica Federico Santa María, representada por su rector don nombre reservado; de la Administradora General de Fondos de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero Regional don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.
Fundamenta su recurso en que el 22 de junio del presente año, tras consultar la página web del Servicio de Impuestos Internos, tomó conocimiento que la devolución de impuestos correspondiente a la operación renta 2012, por un monto de $ 291.640, había sido retenida por el Servicio de Tesorería, por una presunta deuda de un crédito universitario. Indica que efectivamente durante dos semestres estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad Técnica Federico Santa María, pero en el año 1986, por lo que, la supuesta deuda por crédito universitario, se encontraría prescrita. Que la retención antes referida, constituye una actuación arbitraria e ilegal de los recurridos Universidad Técnica Federico Santa María y de la Administradora General de Fondos de Crédito Universitario de la Universidad, por haber informado a la Tesorería el detalle de una deuda con más de 25 años de antigüedad, para que se proceda a arrebatar de su patrimonio la devolución de impuestos que le debía ser cancelada, lo que configura, asimismo, una actuación ilegal y arbitraria respecto a la Tesorería.
Agrega que el procedimiento materializado por Tesorería, carece de los requisitos para ser justo y racional, infringiéndose así su garantía constitucional del artículo 19 n°3 inciso 5 de la Constitución Política, ya que no se ha permitido ni un mínimo de cuestionamiento o bilateralidad en cuanto al ejercicio del derecho a defensa.
Es ilegal, además, porque la Tesorería no se encuentra facultada por ley para efectuar descuento, retención o compensación alguno respecto de créditos universitarios contraídos con anterioridad a la ley 19.989, la que comenzó a regir en el año 1987. Considera asimismo que los hechos descritos vulneran su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y la garantía constitucional del artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental. Solicita se acoja el recurso, se ordene a los recurridos dejar sin efecto la retención de su devolución de impuestos e impetrar las medidas que procedan a fin de reintegrarle el dinero de la devolución de impuestos, con costas.
A fojas 29 informa el Sr Director Regional, Tesorero V región de Valparaíso, quien señala que el recurrente es deudor de crédito universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso y que, de conformidad con la normativa contemplada en la Ley 19.287, que modificó la Ley 18.591, estableciendo normas sobre fondos solidarios de créditos universitarios, otorga en su artículo 20, la calidad de sucesores legales de los fondos de créditos universitarios; el crédito se entiende administrado por el fondo solidario de créditos universitarios.
Que el artículo 1º de la ley 19.989 facultó a la Tesorería General de la República para efectuar retención de la devolución anual de impuestos a la renta de los deudores de crédito universitario regulados por la Ley 19.287, a fin de imputar dicho monto, al pago de la deuda, por lo que resulta procedente la remisión de la información a la Tesorería por el administrador del crédito universitario. Considera así que el recurso es improcedente ya que la retención efectuada por la institución corresponde al ejercicio de una facultad legal. Que además el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994, estatuto orgánico del servicio, autoriza al Tesorero General para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de menor valor.
En cuanto a la supuesta prescripción de la deuda, ésta debe ser invocada en el procedimiento correspondiente, ya sea en un juicio ordinario o de acuerdo a las normas especiales de cobro de obligaciones tributarias que contempla el Título V Libro III del Código Tributario, lo que no ha ocurrido en la especie. Cita el efecto jurisprudencia de esta Corte. Hace presente que la misma retención se ha efectuado al contribuyente desde el año tributario 2009 en adelante, sin que se efectuaran reclamos con anterioridad. Solicita se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.
A fs. 46, informa la Universidad Técnica Federico Santa María, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Explica que el recurrente fue alumno regular de los dos semestres académicos del año 1986 y se acogió al sistema de crédito universitario otorgado por el hoy fondo de crédito universitario de la Universidad, suscribiendo para ello dos pagarés. Que el sistema de Fondo Solidario de Crédito Universitario ha sido objeto de diversas modificaciones desde su creación, resaltando aquellas ocurridas en los años 1994 y 2002, que dieron la posibilidad de regular la deuda, beneficio que no fue aprovechado por el recurrente. Que además el artículo 20 de la Ley Nº 19.287, dispuso para el Fondo Solidario de Crédito Universitario, la calidad de sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y de sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado, por lo que toda deuda contraída con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley (4 de febrero de 1994), se entiende regida por ésta y administrada por los nuevos Fondos Solidarios de Créditos Universitarios, lo que no se condice con la alegación del recurso, en orden a que no le son aplicables estas disposiciones por ser su deuda del año 1986. Señala que el recurrente se equivoca al invocar como única facultad de la Tesorería para efectuar la retención de impuestos, aquélla establecida en la Ley Nº 19.989, ya que antes, la Ley Nº 19.848, en el año 2002, había establecido la misma facultad, sin importar la fecha de origen de la deuda de crédito universitario.
Alega además la falta de legitimación pasiva de la Universidad, ya que el sistema de Fondo Solidario de Crédito Universitario es un ente creado por ley, que le concede autonomía en cuanto a la administración en los activos y pasivos y son independientes de la entidad universitaria, la que no tiene injerencia en la administración del mismo.
Considera que el recurso es extemporáneo, tanto por estar el actor, desde abril de 2010, en conocimiento del hecho que lo motiva, ya que al recurrente se le retuvieron sus devoluciones de impuestos de los años 2010 y 2011, como por haber sido el mismo recurrente quien asigna una fecha a la toma de conocimiento o noticia del hecho recurrido.
Señala que el recurso es asimismo improcedente, por no estar determinado el derecho y ser, en el mejor de los casos, materia de un juicio de lato conocimiento, conforme lo expresa la jurisprudencia que cita.
Refiere la inexistencia de vulneración al artículo 19 Nº3, inciso 5ª de la Constitución Política de la República, ya que la Universidad no tiene relación alguna con los hechos denunciados, y en subsidio, por no existir vulneración, ya que la actuación del Fondo Solidario de Crédito Universitario se funda en una norma y facultad legal y reglamentaria, ya que desde la dictación del reglamento que contiene el procedimiento para retención de devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería, el Tribunal Constitucional ha señalado que se trata de un procedimiento por el cual el deudor puede ejercer previamente sus derechos. Que tampoco existe vulneración al derecho de propiedad, del artículo 19 Nª 24 de la Constitución Política de la República, ya que la retención de impuestos se trata de una situación de excepción al derecho por vía de “ley general o particular”, debiendo en consecuencia recurrir de constitucionalidad y no de protección.
El recurso es además improcedente en cuanto se pretende vulnerada la garantía constitucional del numeral 26 del artículo 19, ya que ésta no se halla protegida por el recurso de protección. Solicita se rechace el recurso, con costas. Acompaña la documentación referida en su informe.
Corre a fojas 76 el informe evacuado por el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María, de igual contenido a aquél evacuado a fojas 46, por la Universidad Técnica Federico Santa María, con excepción de la alegación de falta de legitimación pasiva, efectuada por la Universidad.
A fojas 88 se trajeron estos autos en relación.
Con lo relacionado y considerando:
1°) Que don nombre reservado ha recurrido de protección en contra de la Universidad Técnica Federico Santa María; en contra de la Administradora General de Fondos de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María; y en contra de la Tesorería General de la República, porque de la devolución de impuestos correspondiente a la operación renta 2012, se le retuvo por el Servicio de Tesorería, la suma de $ 291.640, por una presunta deuda de un crédito universitario, correspondiente a dos semestres en que fue alumno en el año 1986. Estima que la referida actuación es ilegal y arbitraria; y que con ella, además se conculcan las garantías que le confieren los N°s 3 inciso 5°, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso, se ordene a los recurridos dejar sin efecto la retención que se hiciera en su devolución de impuestos y se impetren las medidas que procedan a fin de reintegrarle el dinero retenido, con costas.
2°) Que la ilegalidad y arbitrariedad respecto de los dos primeros recurridos, la hace consistir en haber informado a Tesorería el detalle de una deuda con más de 25 años de antigüedad, que se encuentra prescrita.
En lo relativo a Tesorería, dice que el procedimiento adoptado no ha sido justo ni racional, ya que no se le ha permitido un cuestionamiento o bilateralidad en el ejercicio del derecho a defensa; y que, además, Tesorería no se encuentra facultada por ley para efectuar descuento, retención o compensación alguno respecto de créditos universitarios contraídos con anterioridad a la ley 19.989, la que comenzó a regir en el año 1987.
3°) Que los recurridos han planteado la extemporaneidad del recurso, que fuera presentado, como se lee a fs. 1, el 28 de junio de 2012.
4°) Que dicha extemporaneidad se ha fundamentado, en que el actor supo que se le estaban reteniendo las sumas correspondientes a devolución de impuestos, ya en los años 2010 y 2011, en que había ocurrido idéntica situación. Sin embargo, tal planteamiento de los recurridos debe ser desestimado, puesto que en esta acción se ha reclamado, específicamente, de la retención hecha el 2012.
Tampoco corresponde aceptar, en este caso, la alegación planteada por los recurridos, en el sentido que el actor se habría auto asignado la fecha en que tomó conocimiento del recurso. En efecto, la denominada operación renta es en abril de cada año y la devolución de impuestos pudo haberse verificado hasta el último día del mes de mayo. Por tal motivo se concluye que el recurrente, atendida la naturaleza del acto, debió haber tomado conocimiento cierto del mismo, al menos el último día de mayo, y, como el recurso se interpuso el 28 de junio, no alcanzaron a transcurrir los treinta días a que se refiere el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, careciendo así de relevancia la fecha en que el actor dice haber tomado conocimiento del acto.
5°) Que la Universidad Técnica Federico Santa María ha invocado su falta de legitimidad pasiva, la que será desestimada. Efectivamente, si bien el fondo solidario de crédito universitario fue creado por ley y es autónomo e independiente de la Universidad, la que no tiene injerencia alguna en su administración y que los pagarés fueron suscritos a favor de Tesorería (fs. 33 y 34), lo cierto es que en los documentos de fs. 37 y siguientes, en los datos de retención de crédito universitario, figura como retenedor y demandante la Universidad Técnica Federico Santa María. Resulta así plausible que el recurrente también haya accionado en contra de la Universidad.
6°) Que uno de los fundamentos del recurso consiste en que la deuda que se pretende cobrar a través de la retención de impuestos, se encuentra prescrita, puesto el actor que dejó de ser alumno de la Universidad recurrida en el año 1986. Tal planteamiento será rechazado, puesto que la prescripción debe ser declarada, el actor no ha probado que así haya acontecido y tal declaración no puede hacerse en un recurso de protección.
7°) Que el recurrente también asevera que Tesorería no se encuentra facultada por ley para efectuar descuento, retención o compensación alguna respecto de créditos universitarios contraídos con anterioridad a la ley 19.989, la que comenzó a regir en el año 1987 y su crédito es del año 1986.
8°) Que la argumentación recién resumida será rechazada, ante los claros términos del artículo 20 de la Ley 19.287, que declaró, para todos los efectos legales, a los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores, como sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes, como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubiesen celebrado, añadiendo que, toda referencia que las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos u otros instrumentos públicos o privados, hagan a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, debe entenderse hecha, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario o a sus administradores generales.
9°) Que la actuación de Tesorería tampoco puede estimarse ilegal, puesto que, como lo ha explicado en su informe, el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994, estatuto orgánico del servicio, autoriza al Tesorero General para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de menor valor. Por otra parte, el artículo 1º de la ley 19.989 la faculta para efectuar la retención en estudio, de la devolución anual de impuestos a la renta de los deudores de crédito universitario regulados por la Ley 19.287, a fin de imputar dicho monto, al pago de la deuda corresponde al ejercicio de una facultad legal. En consecuencia, es indudable que actuó dentro de sus facultades legales y en el procedimiento en ella establecido.
10°) Que al haberse concluido que las instituciones recurridas no actuaron en forma ilegal ni arbitraria, resulta inoficioso analizar si esas actuaciones vulneraron alguna de las garantías constitucionales invocadas en el recurso.
Por estas consideraciones, disposiciones citadas y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara sin lugar el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Universidad Técnica Federico Santa María; en contra de la Administradora General de Fondos de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María; y en contra de la Tesorería General de la República.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Rol 882-2012.
Redactó la Ministro Sra. Dinorah Cameratti Ramos.
Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Sra. Dinorah Cameratti Ramos, Sr. Patricio Martínez Sandoval y Srta. Eliana Quezada Muñoz.
Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.