AGRICOLA MULTI SEED SPA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE QUILLOTA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio 1, comparece don Rodrigo Garay Osorio, abogado, en representación de Agrícola Multiseed SpA., interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, por haber incurrido en actuación ilegal y/o arbitraria al negarse a registrar el convenio colectivo suscrito entre la empresa y el grupo de trabajadores unidos para negociar colectivamente, hecho que se concretó con la dictación del OFICIO ORDINARIO Nº 503-16973/2022, privando con ello el derecho a negociar colectivamente de la empresa y de todos los trabajadores.

Indica que la empresa recurrente y sus trabajadores unidos para negociar colectivamente suscribieron un convenio colectivo que regiría las relaciones de trabajo para el período 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2025. Con fecha 7 de diciembre del año 2022, se presentó a la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, el Convenio Colectivo con la documentación pertinente para efectos de su registro conforme lo dispone el inciso final del artículo 320 del Código del Trabajo. Dicho convenio establece como partes, al empleador Agrícola Multiseed SpA y a 86 trabajadores unidos para negociar colectivamente.

Señala que con fecha 16 de diciembre de 2022, reciben un correo electrónico de parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, cuyo tenor literal es: “Habiendo constatado que el documento depositado con el número de expediente E274804/2022 de fecha 07 de Diciembre de 2022 corresponde a un acuerdo de grupo negociador suscrito por vuestra empresa con un grupo de trabajadores unidos para ese efecto, atendido lo dispuesto en la doctrina institucional contenida en Dictamen 810/15 de fecha 19 de Mayo de 2022, y lo señalado en la Circular N°33 de fecha 30 de Mayo de 2022, mediante el presente cumplo con devolver a usted dicho acuerdo, informándole que no es posible realizar registro del mismo”.

Refiere que la resolución administrativa está basada en una errada interpretación del texto del Código del Trabajo, ya que para sustentarla, la Inspección del Trabajo no señala los fundamentos de su negativa sino que reenvía al Dictamen 810/15 de fecha 19 de mayo de 2022, y lo señalado en la Circular N°33 de fecha 30 de mayo de 2022, sin hacerse cargo del derecho constitucional afectado ni de la legislación laboral que reconoce los instrumentos colectivos suscritos por empleadores y grupos de trabajadores que se unen para negociar colectivamente. Lo expuesto constituye, por sí misma y atendida su gravedad, una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19, número 16, inciso 4° de la Constitución Política de la República, referido al derecho a negociar colectivamente, asegura a todas las personas.

Agrega que Agrícola Multiseed SpA ha negociado de dicha manera desde el año 2016 con los trabajadores de sus sucursales de Hijuelas, Llay Llay y Valdivia, con pleno respeto de la ley y de los derechos que el ordenamiento constitucional y legal aseguran o garantizan a todas las personas. Además, la antecesora de la empresa, esto es, Sone S.A., mantuvo la misma modalidad por años, no existiendo inconveniente alguno en las relaciones entre el empleador y sus trabajadores ni de estos con las Inspecciones del Trabajo, las cuales siempre, salvo en esta última oportunidad y por la cual se recurre, procedió a registrar oficialmente dichos convenios conforme lo dispone el artículo 320 inciso final del Código del Trabajo.

Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto el OFICIO ORDINARIO Nº 503-16973/2022, dictado en Quillota el día 16 de diciembre de 2022 y proceder al registro del Instrumento Colectivo en dicha institución, todo ello, con expresa condenación en costas.

A folio 4, evacua informe la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

En primer lugar alega la improcedencia del recurso de protección en atención a que dicha acción cautelar está siendo utilizada como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios que existen al efecto. Respecto al acto administrativo impugnado por esta vía el recurrente contaba con una serie de acciones de carácter administrativas y judiciales. A saber, en base al principio de impugnabilidad, expresamente regulado en el artículo 15 de la Ley 19.880, el recurrente pudo ejercer los recursos de reposición y jerárquico. Asimismo, se debe recordar que el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral contempla en su Título II el Procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas, es decir aquellas distintas a las resoluciones de multa, aplicándose un procedimiento especial ante un juez laboral en un procedimiento con todas las garantías de debido proceso reguladas por Ley. Que atendido al mérito de las alegaciones de la contraría, es en dicha sede donde necesariamente debió conocerse y resolverse la actual contienda, toda vez que no podría afirmarse que la empresa recurrente detente un derecho subjetivo concreto, respecto de ser registrados o no su acuerdo con un grupo de trabajadores, por lo que una acción cautelar como el recurso de protección no es idónea para declarar derechos controvertidos.

Señala que de la sola lectura del recurso, se desprende que el recurrente entiende que se afecta la garantía constitucional de negociar colectivamente. Sin embargo, esta alegación es abiertamente contradictoria, toda vez que el mismo recurrente afirma haber efectuado un procedimiento de negociación con un grupo de 86 de trabajadores, que producto de este procedimiento de negociación las partes negociadoras suscribieron un instrumento que regula sus relaciones de trabajo desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022, no explicándose como el acto administrativo impugnado habría afectado la esencia del derecho de negociación, toda vez que efectivamente se desarrolló una negociación, la que es anterior a la dictación del Oficio Ordinario N°503-16973/2022 dictado por el Inspector Provincial del Trabajo de Quillota el día 16 de diciembre de 2022.

Agrega que la argumentación de la empresa, se centra derechamente en desvirtuar del Dictamen N° 810/15 dictado por el Director del Trabajo, denotando que efectivamente se contravienen las facultades interpretativas del Servicio, lo cual debió ventilarse ante un juez laboral y no en esta instancia. Lo cierto, es que se debe hacer presente que el mentado Dictamen se encuentra vigente, puesto que no ha sido objeto de impugnación por parte de la empresa. Por lo que no puede desconocerse la interpretación allí efectuada, ajustándose la actuación del Servicio a Derecho.

Refiere que el oficio ordinario recurrido se sustenta en la doctrina administrativa de este Servicio establecida en el Dictamen N°810/15 dictado por el Director del Trabajo dictado el día 19 de mayo de 2022 y en las instrucciones internas derivadas de la Circular N°33 de fecha 31 de mayo de 2022. Razona el mentado dictamen, en el sentido de que la Ley reconoce dos procedimientos de negociación colectiva, esto es, el procedimiento no reglado, establecido en el artículo 314 del Código del Trabajo, cuyo titular es la organización sindical y cuyo resultado será un convenio colectivo; y el procedimiento de negociación colectiva reglada establecida en el artículo 327 del Código del Trabajo, cuyo titular es la organización sindical y cuyo resultado es un contrato colectivo. Por lo anterior, se concluyó que no existe en la Ley un procedimiento de negociación colectiva de grupo de trabajadores, materializándose éste en un procedimiento de naturaleza atípica. Que no obstante existir en la Ley menciones aisladas a los grupos de trabajadores, el Servicio no puede determinar la forma en que se desarrollará el procedimiento de negociación el no regularse expresamente por Ley, esto toda vez que este servicio carece de facultades para integrar vacíos o lagunas normativas.

Señala que para el legislador la categoría de instrumento colectivo, se refiere a convenciones celebradas en conformidad a las reglas previstas en el Libro IV del Código del Trabajo, lo cual no ocurre en la especie, pues se trata de un instrumento atípico o innominado. Por su parte, la Circular N° 33 de 30 de mayo de 2022 de la Dirección del Trabajo instruyó a los funcionarios sobre la actuación del Servicio en materia de depósitos de acuerdos entre la parte empleadora y un grupo de trabajadores, ordenándose la devolución de dichos antecedentes por no corresponder a instrumentos colectivos conforme al Código del Trabajo.

De lo dicho se concluye, que la actuación del Servicio se ha ajustado plenamente a la Ley y a las instrucciones internas de la Superioridad, reiterando que el dictamen que fija la interpretación expuesta se encuentra plenamente vigente.

A folio 5, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que no existe en favor del recurrente un derecho que preexista en forma indubitada, debiendo ser determinado en forma declarativa y de fondo por los tribunales laborales, por lo que lo solicitado por el actor sobrepasa la naturaleza cautelar del presente arbitrio, en cuanto pide un pronunciamiento declarativo sobre circunstancias y derechos discutidos, los que deben ser determinados en un procedimiento de lato conocimiento.

Tercero: Que, sin perjuicio de lo anterior, en virtud de lo prevenido en el Dictamen N°810/15 dictado por el Director del Trabajo de fecha 19 de mayo de 2022, lo dispuesto en la Circular N°33 de fecha 31 de mayo de 2022 y artículos 327 y 314 del Código del Trabajo, se advierte que la resolución impugnada ha sido dictada por la autoridad competente para ello, dentro de sus facultades legales, con las formalidades pertinentes y debidamente fundada, por lo que, al encontrarse dicha decisión ajustada a derecho no se advierte ilegalidad o arbitrariedad como lo pretende el recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por don Rodrigo Garay Osorio, en representación de Agrícola Multiseed SpA., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad N° Protección 880-2023.-