COMERCIALIZADORA EL MIRADOR S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 56 Cincuenta y Seis Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 6 comparece don Manuel José Ossandón Lira, abogado, en representación convencional “Comercializadora El Mirador S.A.”, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra el Ordinario Nª1335 de fecha 30 de agosto de 2018, en el que se rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nº 8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, representada por don nombre reservado ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el actuar su ilegal y arbitrario, cometido al haber dictado, la referida resolución que perturba y amaenaza el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 3 inciso 5 y N° 24 de la Constitución Política de la República por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representada.

Refiere que con fecha 06 de septiembre de 2018, la recurrida notificó a su representada de la resolución ilegal y arbitraria, Ordinario Nª1335 de fecha 30 de agosto de 2018, en el que se rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nª8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, en la que se dispuso que a la solicitud de la sustitución de la multa por capacitación no se dio curso por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación, por cuanto no resulta jurídicamente posible admitir a tramitación la reconsideración.

Hace presente que la multa Nº8412/2018/24, fue notificada a su representada con fecha 15 de junio de 2018, por lo que el plazo de presentación de la reconsideración vencía con fecha 30 de julio de 2018, lo que da cuenta que dicha reclamación, fue dentro de plazo legal según lo dispuesto por el artículo 512 del Código del Trabajo, puesto que fue presentada con fecha 27 de julio de 2018.

Refiere que sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad administrativa que dictó la resolución o ante los tribunales de justicia, se hace necesario recurrir de protección a objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de su representada, atendido que la recurrida, al dictar la resolución que rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nª8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, ha cometido un acto manifiestamente arbitrario e ilegal. El actuar del Inspector Provincial del Trabajo de Valparaíso, al emitir el Ordinario por el cual se recurre, ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19, Nº 3, inciso 5º y numero 24 de la Carta Fundamental, En efecto, señala el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Señala que la Inspección del Trabajo, a través de su fiscalizadora y al decidir respecto de una situación controvertida, cual es la definición de la naturaleza del plazo de 30 días (días corridos o días hábiles) dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, ha obrado fuera de sus facultades, contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo, ya que se trata de una materia que excede a la mera fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de su interpretación.

Señala que la interpretación de la legislación laboral es una materia de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Asi lo ha resuelto la Excma. Suprema, en sentencia Rol Nº 2.796 de 2012, estableciendo que las facultades de la Dirección del Trabajo “deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, esto es, cuando con su actividad de fiscalización se constatan ilegalidades claras, precisas y determinadas”.

Explica que de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo, 23 y 25 de la Ley 19.880, el plazo para reconsiderar la resolución que contiene la multa Resolución Nª8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, vencía el día 30 de julio de 2018, por lo que fue presentada por esta parte fue dentro de plazo, por tratrase este de días hábiles y no corridos como arbitrariamente resolvió el inspector.

En consecuencia, conforme a lo fallado por la Exma. Corte Suprema, y a lo dispuesto en las disposiciones legales precedentemente expuestas, el plazo para reconsiderar la resolución que contiene la multa Resolución Nª8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, vencía el día 30 de julio de 2018, y habiendo sido interpuesta con fecha 27 de julio de 2018 ha sido dentro de plazo, por cuanto y siendo el acto ilegal y arbitrario objeto del presente recurso, solicita se deje sin efecto el Ordinario Nª1335 de fecha 30 de agosto de 2018, en el que se rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nº 8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso.

A fojas 45 comparece informando don nombre reservado en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, solicitando desde ya su completo rechazo, según los fundamentos de hecho y de derecho que indica.

Dice que con fecha 2 de abril de 2018 se efectúa fiscalización en contra de la empresa recurrente en estos autos, generando el Nº 2018-636 de igual fecha la que gira en torno a materias que involucraban remuneración y protección de la vida y salud de los trabajadores, aplicándose la sanción Nº 8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, la que fue notificada por correo certificado, depositándose el sobre con fecha 13 de junio de 2018, por lo que acorde la regla contenida en el artículo 508 del Código del Trabajo se entiende notificada al 20 de junio de 2018.

La empresa interpuso reconsideración de multa con fecha 27 de julio de 2018, la que fue rechazada mediante el Ordinario Nº 1335 de fecha 30 de agosto de 2018 pues el plazo había vencido el 20 de julio de 2018. El rechazo se ajustó a las instrucciones impartidas hasta esa fechapor la Contraloría General de la República en orden a que el plazo para solicitar reconsideración es de 30 días corridos contados desde la notificación. a saber del Ordinario Nº 1335 del presente año.

Aduce que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo.

Plantea que no se justifica emplear el procedimiento de protección toda vez que el actor, cuenta a partir del 31 de octubre de 2008 con un procedimiento rápido y expedito, con la entrada en vigencia de la nueva judicatura laboral, en donde se ventila la contienda sometida a la decisión del Tribunal y en que las partes pueden entrar a determinar el fondo de la cuestión debatida, proporcionándole al Tribunal todos los medios probatorios de los cuales quieran valerse, garantizando con ello la existencia de un juicio rápido, oral, bilateral y contradictorio donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión.

Así las cosas, el recurso de autos resulta absolutamente inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judiciales de acuerdo a lo prescrito en el artículo 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2° del art. 512 del mismo cuerpo legal..

En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando por la recurrente, como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución.

Dice que como consta de los expedientes administrativos, las resoluciones que por este acto se impugnan, se emitieron total y absolutamente ajustadas a derecho, tanto es así que la Contraloría General del República, mediante dictamen Nº 49.126 de fecha 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa.

Finalmente hace mención a jurisprudencia y circulares de la Dirección del Trabajo, acordes con su postura, solicitando el rechazo del recurso por ser improcedente en los términos señalados.

Por resolución de fojas 50 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario Nº1335 de fecha 30 de agosto de 2018, la recurrida rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución N°8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, en la que se dispuso que a la solicitud de la sustitución de la multa por capacitación no se dio curso en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 23 inciso quinto y 24 de la Carta Fundamental, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 23 y 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos; de modo tal que la solicitud de reconsideración ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

Tercero: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando, en primer término, que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la reconsideración administrativa de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales establecidos especialmente en la ley para impugnar dicho tipo de acto; mientras que, en cuanto al fondo de recurso, precisa que la recurrida no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que a falta de regla en el artículo 512 del Código del Trabajo, que determine expresamente si dicho plazo es de días corridos o hábiles, debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada por la actora.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 23 y 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

Quinto: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedentes allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 27 de julio de 2018, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 15 de junio de 2018, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

Sexto: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 6 por el abogado don Manuel José Ossandón Lira, en representación convencional “Comercializadora El Mirador S.A.” en contra el Ordinario Nª1335 de fecha 30 de agosto de 2018, en el que se rechazó reconsideración de la multa aplicada mediante Resolución Nº 8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 27 de julio de 2018, deducida por la recurrente en contra de la Resolución N°8412/2018/24 de fecha 30 de abril de 2018.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8754-2018.