nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, comunicado mediante correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2025.

Funda su recurso señalando que el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, identificada con el N° 1283309.

Indica que la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que falta "Constancia de Afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado." El recurrente sostiene que dicho actuar es arbitrario e ilegal, pues ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP. Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Aduce que acompañó certificado de afiliación y posteriormente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, además de constancia electrónica que puede ser verificada mediante código en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Señala que es un hecho público la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a representación consular para estos fines debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile ocurrido el 29 de julio de 2024.

Alega que se vulneran las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación con su artículo 19 N° 26.

A folio 5 informa la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N° 189, de fecha 7 de enero de 2026, señalando que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva. Explica que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, conforme a la letra a) del artículo 1°, el trabajador debe aportar una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Precisa que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el actor no es suficiente, ya que no está firmada por quien la emite, no se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana ni legalizada, y no señala las coberturas con que cuenta el afiliado sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin que de ella se pueda inferir un determinado período de cobertura.

Agrega que conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la indicada constancia electrónica no puede producir efectos en nuestro país. Concluye que no hay antecedentes que permitan establecer que el recurrente cumple los requisitos legales para acceder a la devolución solicitada.

A folio 6 informa la recurrida AFP Provida S.A. solicitando el rechazo del recurso con costas. Sostiene que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues se ajusta estrictamente a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Arguye que la documentación presentada por el afiliado no cumple con las formalidades legales de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, según lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Señala que el recurrente aportó una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, documentos que no pueden ser considerados para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Respecto de la constancia electrónica, indica que no sirve para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito exigido, toda vez que no se encuentra firmada por quien emite el documento, no se encuentra apostillada o debidamente legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no señala las coberturas con que cuenta el afiliado, sino que menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

En cuanto a las declaraciones juradas, señala que la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, toda vez que las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura.

Respecto de los contratos de trabajo acompañados, señala que: (i) en contrato de 19 de julio de 2019, el trabajador señala encontrarse afiliado a AFP Modelo; (ii) en contrato de 01 de junio de 2022 nada se señala respecto de la afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero; (iii) sólo en anexo de contrato de fecha 29 de octubre de 2025 se da cuenta de la declaración del trabajador de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero.

Indica que, según la sostenida jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.

Finalmente, señala que su actuación se encuentra respaldada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país, que han ratificado el correcto actuar de las AFP al rechazar solicitudes en casos similares.

A folio 7 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Provida S.A., comunicada mediante correo electrónico de 12 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual fundada en la Ley N° 18.156, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, y no consignar cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que el recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, el documento acompañado por el recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado, carece de firma autorizada y no consigna de manera específica las coberturas ni el período de protección previsional.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, del examen de los antecedentes se advierte que la recurrente cuenta con el permiso de Permanencia Definitiva en el país. Esta condición de residencia, unida al tenor de sus contratos de trabajo, permite colegir la existencia de una voluntad contradictoria en cuanto al régimen previsional al que pretende estar afecto.

En efecto, si bien se acompaña un anexo contractual donde se manifiesta la intención de mantener la afiliación en el país de origen para acogerse a la Ley N° 18.156, los contratos principales vigentes consignan expresamente la autorización al empleador para efectuar los descuentos legales destinados a ser enterados en los organismos de previsión chilenos. Ante la coexistencia de manifestaciones de voluntad contradictorias, esto es, el deseo de mantenerse afecto a un sistema extranjero y, simultáneamente, la aceptación de cotizar en el sistema chileno, debe primar necesariamente la segunda, por cuanto obedece a la regla general que rige en la materia, según la cual todo trabajador debe enterar sus cotizaciones en el lugar donde efectivamente presta sus servicios.

Por consiguiente, al no verificarse una voluntad unívoca y coherente de exclusión del sistema nacional, no es posible dar por acreditado el cumplimiento del requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, lo que constituye un motivo adicional para desestimar la acción intentada.

Octavo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado el recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol N° Protección-8740-2025.