nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENCIONES PROVIDA S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa a restituir sus fondos previsionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Es del caso que, nombre reservado, previamente individualizado, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican Posteriormente, la recurrente, con fecha 5 de diciembre de 2025, es notificada que su solicitud no procede, señalándole que, esto se debe a que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.” Explica, que la actora cumple copulativamente con las exigencias del artículo 1° de la Ley N° 18.156, a saber: poseer la calidad de técnico o profesional acreditada mediante título debidamente apostillado, haber expresado en sus contratos de trabajo la voluntad de mantener la afiliación extranjera, y encontrarse efectivamente afiliada a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Prosigue diciendo que la AFP recurrida rechazó tramitar la devolución argumentando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carecía de legalización o apostilla.

Agrega que el documento rechazado es un instrumento público electrónico que cuenta con mecanismos de verificación digital propios. Dicha constancia posee un código de verificación alfanumérico, el cual permite a cualquier interesado comprobar su autenticidad y vigencia en tiempo real a través del portal oficial del IVSS, haciendo innecesaria y redundante la exigencia de timbres físicos.

Argumenta, que la exigencia de apostilla constituye una carga desproporcionada e imposible de cumplir, atendida la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela y la crisis institucional que afecta a dicho país, hechos que califica de públicos y notorios. Sostiene que obligarla a lo imposible vulnera el principio de realidad.

Por último, estima que el actuar de las recurridas conculca su garantía de igualdad ante la ley, al imponer requisitos no previstos taxativamente en la ley, y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, los cuales se retienen sin justificación.

A folio 6, rola el informe de la AFP recurrida, la que solicita el rechazo de la acción cautelar deducida en su contra. En primer término, afirma que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Enseguida, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios que conculquen o amenacen garantías constitucionales de la persona extranjera a cuyo favor se recurre. Señala que efectivamente la solicitud del recurrente fue rechazada ya que no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral aportada la recurrente.

Finaliza el informe, realizando una serie de consideraciones acerca de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en relación a la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Ley N° 18.156 y sobre el sentido y alcance de esta normativa.

A folio 7, informó la Superintendencia de Pensiones y luego de efectuar algunas consideraciones explicativas acerca de la Ley N° 18.156 se ala que la jurisprudencia administrativa de dicho organismo ha resuelto que para acreditar los requisitos de cobertura el extranjero debe aportar la certificación de la institución previsional de su país, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que, a su vez, para establecer este requisito de cobertura, se puede presentar un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen, que indique expresamente que éste ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social del país respectivo. Tratándose de la cobertura de salud, se ala que, además, se debe indicar si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas en caso de enfermedad común. Agrega que el certificado de cobertura tiene que especificar que el extranjero contó con la debida protección por estos riesgos mientras prestó servicios en Chile, ya que se ha entendido que el fundamento de esta devolución de fondos radica en el hecho de no ser necesarias estas coberturas para el extranjero que presta servicios en Chile si los riesgos están cubiertos en su país de origen, de manera que si ello no es así, no procede la restitución. Agrega que la declaración jurada esgrimida por el peticionario no es un documento idóneo para acreditar la cobertura previsional y que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de apostilla.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en l, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la Abogado, y que cuenta con residencia definitiva;

2.-Dicha persona extrajera ingresó a prestar servicios Administraciones Viel SpA, el 2 de noviembre de 2019 con un contrato de carácter indefinido;

3.-Por anexo de contrato de trabajo de 2 de noviembre de 2019, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener vigente su afiliación al régimen previsional de su país;

4.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición ya que no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral aportada la recurrente.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1º de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP PROVIDA sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos. Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero. Sin embargo, en relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, no se acreditó la concurrencia copulativa de las exigencias legales. En efecto, la Declaración Jurada otorgada ante Notario Público acompañada en estos autos, no reviste ninguna utilidad probatoria para estos efectos, en tanto se trata de una manifestación unilateral de voluntad basada en los datos aportados por la propia recurrente, que carece de todo mérito para establecer fehacientemente la afiliación oficial, así como tampoco acredita por sí misma las coberturas y el período de vigencia de las mismas ante el organismo extranjero.

En similar situación se encuentra la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ya que más allá de su vigencia temporal y código de verificación, dicho documento, que carece de legalización o apostilla, sólo señala la fecha de afiliación y la calidad de asegurado cesante, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera por medio de una mera referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que no permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos. Cabe recordar que el derecho extranjero es un hecho que debe ser probado en Chile por los medios legales correspondientes, lo que no ha ocurrido en la especie.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad de la recurrente como residente definitivo, estatus migratorio que consta en su Cédula de Identidad, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos. De manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus, rigiendo plenamente la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario, transforma la norma de excepción de la Ley N° 18.156 en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone una probable carga previsional futura para el Estado de Chile.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de AFP PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8739-2025.

En Valparaíso, cuatro de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.