nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156, comunicado el 10 de diciembre de 2025.

Aduce que se incorporan requisitos no contemplados en la normativa vigente, específicamente la exigencia de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que vulneraría sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Expone que el actor solicitó la devolución de sus fondos como técnico extranjero, pero la AFP Provida rechazó la solicitud aduciendo que la documentación presentada —una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)— no cumplía con los criterios legales de aceptación por no estar apostillada.

Argumenta que este actuar es arbitrario, pues la autenticidad del documento puede ser verificada directamente en el portal web oficial del IVSS mediante un código de validación, por lo que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, configurando un caso de fuerza mayor.

Afirma que se cumplen íntegramente los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya que el actor posee la calidad de técnico y mantiene su afiliación en el extranjero.

A folio 6 informa AFP Provida S.A solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que en Chile rige el principio de territorialidad previsional y que la Ley N° 18.156 establece excepciones restrictivas para técnicos extranjeros.

Enfatiza que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados o apostillados.

Arguye que la constancia presentada carece de firma y no cumple con la legalización requerida, y que, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, según el Oficio Ordinario N° 12954, las certificaciones electrónicas sin apostilla no son medios de prueba idóneos.

Añade que el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, lo que implica que sus fondos deben destinarse a los fines previsionales generales del sistema chileno para evitar futuras cargas al erario nacional.

A folio 10 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra reclamos previos ante dicho organismo por estos hechos.

Explica que la devolución de fondos es un régimen excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo acreditar una cobertura previsional en el extranjero que abarque enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo de servicios en Chile.

Indica que para ello no basta una cartola genérica, sino una certificación específica debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya.

Destaca que las dificultades diplomáticas no habilitan a las Administradoras de Fondos de Pensiones para validar antecedentes que no cumplen los estándares legales de autenticidad y que la permanencia definitiva del actor refuerza la improcedencia del beneficio.

A folio 11 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, las recurridas sostienen que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que han dado cumplimiento a sus obligaciones legales y a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora consistente en la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de 21 de diciembre de 2025 (el cual además señala que tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, la declaración jurada notarial acompañada por el recurrente, no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por la ley, ya que tal circunstancia debe ser certificada por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para ello, conforme a las instrucciones de la autoridad técnica del ramo.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Octavo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile. Tal estatus migratorio confiere derechos y obligaciones análogos a los de los trabajadores nacionales, por lo que la retención de los fondos se ajusta a la finalidad del sistema previsional de evitar desprotección futura que deba ser cubierta con fondos fiscales.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N° Protección-8705-2025.