nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A fojas 1, comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme lo previsto en la Ley N°18.156, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que acompañó a su solicitud toda la documentación requerida, incluyendo constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título de Licenciada en Enfermería debidamente apostillado, cédula de identidad para extranjeros, contratos de trabajo y su respectivo anexo contractual en el que consta expresamente su afiliación a un régimen de previsión social en el extranjero que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, así como declaración jurada notarial.

No obstante, lo anterior AFP Modelo rechazó la solicitud mediante correo electrónico de 17 de diciembre de 2025, argumentando que la documentación no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente, específicamente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es un certificado de afiliación ni detalla las prestaciones específicas, y que la declaración bajo fe de juramento no es válida según la normativa actual.

La recurrente sostiene que AFP Modelo actuó de manera arbitraria al rechazar la solicitud, dado que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, y que la administradora realiza una interpretación formalista de la norma incorporando requisitos que no están expresamente señalados en la Ley, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir a los trabajadores extranjeros disponer de sus ahorros previsionales. Argumenta que la constancia electrónica puede ser verificada en la página web del IVSS mediante código de verificación, lo que acredita su autenticidad y validez.

Fundamenta su pretensión en el cumplimiento íntegro de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, invocando el principio de juridicidad y el deber de interpretación favorable al trabajador. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que rechaza interpretaciones excesivamente literales y formalistas de la norma.

Pide se ordene a la recurrida reconocer la validez y suficiencia de la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptándose en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A fojas 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada. No obstante, opone como excepción previa que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada.

Añade que la jurisprudencia administrativa, contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y diversos oficios, ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por la recurrente no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera, toda vez que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no está apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura de manera específica, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Asimismo, señala que las declaraciones juradas presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, toda vez que las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura.

Finalmente, indica que el anexo al contrato de trabajo presentado fue suscrito el 12 de diciembre de 2025, seis años después de iniciada la relación laboral y solo cuatro días después de presentada la solicitud de retiro de fondos, lo que resulta extemporáneo para acreditar el cumplimiento del requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A fojas11, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que el 14 de diciembre de 2025 la recurrente solicitó la devolución de fondos, pero que tras el análisis de los antecedentes se detectó que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumplía con las exigencias legales por no estar apostillada ni detallar las coberturas específicas exigidas por la Ley N°18.156. Señala que se le solicitó subsanar mediante comunicación vía correo electrónico, requiriendo certificado emitido por la embajada o consulado correspondiente que confirmara las coberturas exigidas por la Ley 18.156 y estuviera debidamente legalizado o apostillado, otorgándole un plazo de 4 días hábiles.

Sin embargo, el 17 de diciembre de 2025, la recurrente acompañó nuevamente la misma documentación, razón por la cual se rechazó la solicitud, en concordancia con lo establecido en el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que expresamente señala que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Desde el punto de vista jurídico, la recurrida fundamenta su actuación en el artículo 7° de la Ley N°18.156, que condiciona la devolución de fondos previsionales al cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° letra a), el cual exige afiliación a un régimen de previsión extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, invoca el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que establece que dicho requisito debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada, enfatizando que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción de interpretación restrictiva.

Finalmente, argumenta que, en virtud de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, AFP Modelo debe cumplir estrictamente la normativa vigente bajo riesgo de sanciones, concluyendo que su actuación se encuentra ajustada a derecho y no constituye acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

Acompaña documentos a su informe.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado. Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que no acredita de manera fehaciente la afiliación ni las prestaciones de seguridad social requeridas por ley, conforme a los estándares normativos vigentes.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la recurrente denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, dicho documento no detalla las prestaciones específicas ni señala las coberturas con que cuenta la recurrente, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin que se pueda inferir un determinado período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno. Por el contrario, la recurrida se ha limitado a aplicar estrictamente la normativa vigente, cuyo incumplimiento podría acarrearle sanciones por parte del organismo fiscalizador.

Asimismo, refuerza lo hasta aquí razonado el hecho que el recurrente cuenta con residencia definitiva en nuestro país, lo que se aleja a la hipótesis legal prevista en la norma y su objetivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8660-2025.