Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que, a folio 1 se recurrió de protección en favor de nombre reservado, peruano, contra el Servicio Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones y de la Subsecretaría del Interior por la dictación del Oficio Ordinario N° NUM000 de 10 de diciembre del 2025 que propone y dispone el rechazo de la carta de nacionalización, de manera ilegal y arbitraria y violando el principio de Igualdad ante la Ley y el principio de presunción de inocencia, conculcando el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que, ingresó a Chile en marzo del año 2014 y ha vivido en Chile de forma regular durante diez años hacen tres años que solicitó su carta de nacionalización.

Refiere que, el año 2024 acudió a la Policía de Investigaciones a la entrevista correspondiente, donde no se le advirtió que pudiese tener problema alguno, sino que por el contrario no tenía antecedentes penales.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2025 tuvo acceso al informe que Policía de Investigaciones generó y que fue enviado al Servicio Nacional de Migraciones, en dicho informe si bien, eran positivos casi todos los acápites incluyeron dos “antecedentes policiales negativos”.

Arguye que no se trata de antecedentes penales sino de meras denuncias que datan del año 2018 y que jamás fueron ni judicializadas y más bien fueron archivadas por carecer de sustento alguno. Sin embargo, Policía de Investigaciones incluyo dichos antecedentes sin siquiera contextualizar los hechos y sin solicitar descargos al actor.

Indica que, que tuvo conocimiento el 22 de diciembre del 2025 que el Servicio Nacional de Migraciones dictó el Oficio Ordinario N° NUM000 de 10 de diciembre del 2025 que propone y dispone el rechazo de la carta de nacionalización, de manera ilegal y arbitraria, en dicho oficio se vulnera el principio de igualdad ante la ley, así como el principio de presunción de inocencia.

Solicita que se ordene los recurridos que se pronuncie sobre la misma a la mayor brevedad posible y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Que, a folio 16 se evacúa el informe por la Subsecretaría del Interior, alega la improcedencia de la presente acción, en atención a la naturaleza del acto administrativo objeto de la controversia, esto es, el Oficio Ordinario del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual remite a esta Cartera los antecedentes de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente y remite los antecedentes respectivos, por cuanto aquel es un acto trámite o intermedio.

Refiere que, la parte recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan apreciar que esta Cartera de Estado ha incurrido en actos u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen ostensiblemente sus derechos o garantías tutelables por esta vía.

Que, a folio 22 se evacúa el informe por el Servicio Nacional de Migraciones, señalando que el 18 de diciembre de 2023 el actor realizó la solicitud de carta de nacionalización, agrega que la persona extranjera registra antecedentes negativos en el territorio nacional: a) Investigación en calidad de imputado, por el delito de abuso sexual sin contacto corporal de menor de 14 años de fecha 4 de abril de 2018, realizada por la Fiscalía Local de Cauquenes; b) Investigación en calidad de imputado, por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años con circunstancias de violación, de 19 de abril de 2018, realizada por la Fiscalía Local de Cauquenes.

Refiere que, luego de haber pasado todas las etapas de análisis respectivas, con fecha 10 de diciembre de 2025, remitió al Ministerio del Interior el expediente administrativo de la solicitud de carta de nacionalización, esto mediante Oficio Ordinario N° NUM000.

Agrega que, se rechazó la solicitud de carta de nacionalización mediante Decreto Exento N°NUM001 de 11 de febrero de 2026.

Que a folio 28, se evacúa el informe por la Prefectura Provincial de los Andes de la Policía de Investigaciones, refiere que respecto del actor, mediante informe Policial N°NUM002 de 28 de mayo de 2018 de la Brigada Investigación Criminal Cauquenes, se informaron diligencias instruidas mediante orden de investigar RUC N°1800300473-9 por el delito de abuso sexual sin contacto corporal de menor de 14 años, siendo el imputado el recurrente. Además, mediante informe Policial N°NUM003 de 14 de mayo de 2018 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Linares, se informaron diligencias instruidas mediante orden de investigar RUC N°1800300473-9 por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años, en circunstancias de violación, siendo el imputado el recurrente.

Que a folio 30, se ordenó que rijan los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos que privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el Oficio Ordinario N° NUM000 de 10 de diciembre del 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, que propone el rechazo de la solicitud de la carta de nacionalización del recurrente, por registrar antecedentes negativos, consistentes en: (i) Investigación en calidad de imputado, por el delito de abuso sexual sin contacto corporal de menor de 14 años de fecha 4 de abril de 2018, realizada por la Fiscalía Local de Cauquenes; (ii) Investigación en calidad de imputado, por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años con circunstancias de violación, de 19 de abril de 2018, realizada por la Fiscalía Local de Cauquenes.

Tercero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, informa que la solicitud de nacionalización se rechazó la solicitud de carta de nacionalización mediante Decreto Exento N°NUM001 de 11 de febrero de 2026 del Ministerio del Interior.

Cuarto: Que, preliminarmente, es imperativo precisar que el otorgamiento de la carta de nacionalización no constituye un derecho subjetivo del extranjero, sino una concesión soberana y discrecional del Estado de Chile. Al respecto, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización, utiliza la expresión facultativa “Podrá otorgarse”, lo que sitúa esta atribución en el ámbito de las facultades discrecionales del Presidente de la República, delegadas actualmente en el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Se trata, por tanto, de un acto de gracia fundado en el mérito del solicitante y en el interés nacional, cuya ponderación corresponde exclusivamente a la autoridad administrativa.

Quinto: Que, precisado lo anterior, resulta necesario referirse a la historia del actual artículo 86 de la Ley N°21.325 que establece las situaciones de impedimento para obtener la nacionalización. En efecto, si bien el proyecto de ley se encargaba de enfatizar que la nacionalización es la etapa cúlmine del proceso migratorio, lo cierto es que reconoce la reserva del Estado para determinar la concurrencia de razones de mérito que no aconsejen el otorgamiento de aquélla. Así las cosas, se estable el numeral 2: “2. Los que hayan sido condenados en los último cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen” y, al mismo tiempo que se eliminó el artículo 3 del Decreto Supremo N°5142.

Sexto: Que, lo razonado, permite concluir que la frase contenida en el numeral 2 del artículo 86 de la Ley N°21.325 contiene un elemento de discrecionalidad que amerita que la autoridad llamada a decidir la concesión o negativa a una solicitud de nacionalización, deba efectuar un esfuerzo de fundamentación en el sentido que el origen de la norma justifica, y que como se ha expresado, comprende el haber desarrollado en el país una conducta cívica al menos aceptable y que nada tiene que ver con el haber sido sancionado por simples delitos o crímenes, pues esto último corresponde a otras causales -objetivas- que impiden otorgar la nacionalización, de modo que desde ya se descarta un atentado al principio de inocencia y también una supuesta vulneración al precepto legal precitado. Este esfuerzo de fundamentación es claro en el acto recurrido ya que además de haber un examen coherente con el establecimiento de la causal, se esmera en hacer un símil con las causales de revocación de la nacionalidad.

Séptimo: Que, en consecuencia, el examen que hace la autoridad recurrida en el acto impugnado por esta vía constitucional, con el mérito de los informes requeridos y que dan cuenta que el recurrente mantiene antecedentes policiales, configura un razonamiento que cumple con las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, incluso teniendo presente que tales antecedentes no han sido controvertidos por el recurrente.

Esta ponderación que realiza la autoridad en el acto recurrido, es coherente con la historia fidedigna del establecimiento de la causal de impedimento consistente en la existencia de “antecedentes que así lo aconsejen”, se ha basado en hechos no controvertidos, considerados suficiente mérito para la fundar la decisión, al estimar que la conducta cívica del actor no es idónea ni amerita la concesión de la nacionalidad chilena, dictamen que ha adoptado dentro de la esfera de sus competencias, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna, lo que amerita el rechazo de esta acción cautelar.

Y visto además lo dispuesto en los á artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada, y en su oportunidad archívese.

N°Protección-8632-2025.

En Valparaíso, cuatro de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.