ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, doña CONSTANZA JAVIERA VERA FLORES, abogada, interpone recurso de protección en representación de la Ilustre Municipalidad de El Tabo y en contra de la Contraloría General de la República, debido a que mediante Oficio N° E199957/2025 de fecha 24 de noviembre de 2025, suscrito por la Contralora Regional de Valparaíso doña nombre reservado, se incurre en un acto ilegal por haber sido dictado con una clara interpretación contraria a la normativa expresa y jurisprudencia, provocando con ello la afectación y privación de derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en especial en sus numerales 2° (igualdad ante la ley), 3° inciso cuarto (derecho a un juez natural) y 24° (derecho de propiedad). Precisa que dicho acto es terminal pues desestimó su reconsideración confirmando la instrucción ilegal contenida en el oficio previo anterior y renovando el mandato de cumplir lo resuelto bajo apercibimiento.

La recurrente señala que doña nombre reservado prestó servicios para la Municipalidad de El Tabo desde el 1 de diciembre de 2022 mediante contratos a plazo fijo, finalizando la relación laboral el 31 de marzo de 2025 por la causal de vencimiento del plazo convenido. Posteriormente, el 30 de abril de 2025, la ex trabajadora suscribió voluntariamente un finiquito ratificado ante ministro de fe, recibiendo el pago correspondiente y otorgando pleno poder liberatorio sin efectuar reserva de derechos. No obstante, pese a la existencia de dicho finiquito válido, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió el Oficio N° E156637/2025, instruyendo regularizar la relación laboral al estimar que esta se habría transformado en indefinida por sucesivas renovaciones contractuales.

Ante dicha situación, la Municipalidad solicitó reconsideración administrativa, la cual fue rechazada mediante el Oficio N° E199957/2025, ordenándose nuevamente el cumplimiento de la instrucción bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa. La recurrente sostiene que con ello la Contraloría excede sus facultades fiscalizadoras, pues pretende desconocer los efectos liberatorios de un finiquito laboral válido y resolver una controversia propia de los Tribunales de Justicia, generando además una afectación al patrimonio municipal al ordenar el pago de prestaciones ya extinguidas.

Solicita, en consecuencia, que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido y se dejen sin efecto los Oficios N° E199957/2025 y N° E156637/2025, restableciendo el imperio del derecho y reconociendo que la validez y efectos del finiquito suscrito entre la Municipalidad de El Tabo y la ex trabajadora corresponde ser conocida exclusivamente por los tribunales competentes.

A folio 16 y 17, informa la Contraloría General de la República solicitando el rechazo del recurso de protección, debido a que los oficios N° E156637 y N° E199957, ambos de 2025, fueron dictados en el ejercicio legítimo de las facultades fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico le confiere, conforme a los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República y a la ley N° 10.336. Señala que dichos pronunciamientos se originaron a raíz del reclamo formulado por doña nombre reservado, quien fue contratada por la Municipalidad de El Tabo mediante sucesivos contratos a plazo fijo desde el año 2022 hasta marzo de 2025, situación que, conforme al artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, produjo la transformación del vínculo en uno de carácter indefinido.

Expone que, pese a dicha circunstancia, la municipalidad puso término a la relación laboral invocando la causal de vencimiento del plazo convenido y posteriormente aprobó un finiquito, lo que motivó el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Valparaíso ordenando que la funcionaria fuera reincorporada o desvinculada por una causal aplicable a contratos indefinidos, pagando las indemnizaciones y remuneraciones correspondientes. Agrega que la reconsideración presentada por el municipio fue rechazada mediante el oficio N° E199957 de 2025, por estimarse que la Administración no puede beneficiarse de su propio error al aplicar incorrectamente la normativa laboral.

Sostiene que el recurso de protección resulta improcedente, toda vez que el municipio no busca amparar un derecho indubitado, sino cuestionar las competencias propias de la Contraloría para fiscalizar la legalidad de los actos municipales y resolver reclamos de funcionarios contratados bajo el Código del Trabajo. Asimismo, indica que la acción cautelar no puede prosperar al pretender dejar sin efecto un acto administrativo dictado en favor de la trabajadora afectada, quien no ha sido emplazada en el proceso.

Finalmente, señala que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación impugnada, ya que los oficios recurridos fueron dictados conforme a la legislación vigente y a la jurisprudencia administrativa del órgano contralor, descartando además la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes.

A folio 21 se hace parte y a Folio 32, informa el abogado Osvaldo Cartagena García, en representación de doña nombre reservado, en calidad de afectada directa en los resultados del presente recurso de protección, solicitando el rechazo del mismo, debido a que lo que se pretende impugnar mediante esta vía cautelar es un pronunciamiento válido y obligatorio emitido por la Contraloría General de la República, órgano que actuó dentro del ámbito de sus competencias al resolver dos reclamos presentados por su parte, uno relativo a la falta de suscripción de finiquito y otro por el no pago de los años de servicio (sic) y feriado proporcional, concluyendo que su vínculo laboral con el municipio pasó a ser de carácter indefinido y que correspondía su reincorporación o bien su desvinculación conforme a las causales aplicables a dicho tipo de contrato, con el pago de las indemnizaciones y remuneraciones correspondientes al lapso que ha estado indebidamente alejada de sus funciones.

Alega la falta de legitimación activa de la Municipalidad recurrente, por cuanto los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado sujetos a su fiscalización, como ocurre con las municipalidades, las cuales deben ajustar su actuar a la jurisprudencia administrativa del ente contralor, no siendo procedente utilizar el recurso de protección como mecanismo para sustraerse del cumplimiento de dichas decisiones o cuestionar las facultades constitucionales y legales de dicho organismo.

Del mismo modo, esgrime que la acción intentada resulta improcedente por ser la materia debatida ajena a la finalidad de este recurso. Explica que lo que realmente se pretende es discutir la interpretación jurídica realizada por la Contraloría respecto de la naturaleza del vínculo laboral y la validez del finiquito suscrito, materias que no corresponden a un derecho indubitado, sino que pretenden impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones de la Contraloría, cuestionando los criterios interpretativos, lo que es un asunto de lato conocimiento.

Finalmente, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el acto que se pretende impugnar corresponde al dictamen emitido por la Contraloría con fecha 15 de septiembre de 2025, mientras que el pronunciamiento posterior que rechazó la reconsideración solicitada por la municipalidad constituye únicamente un acto confirmatorio que no altera la situación jurídica previamente establecida, por lo que el plazo para interponer la presente acción se encontraba ampliamente vencido al momento de su presentación.

En cuanto al fondo, alega la invalidez del finiquito que se pretende utilizar como fundamento del recurso de protección, el que adolecería de tres vicios: a) El finiquito fue firmado fuera del plazo de 10 días que establece la legislación vigente; b) el finiquito fue firmado ante un mismo funcionario del empleador, como ministro de fe; c) el finiquito simula un contrato a plazo fijo cuando en la realidad se transformó en indefinido. Por todo lo expresado solicita el rechazo del recurso con costas.

A Folio 18 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto a la excepción de extemporaneidad alegada por la tercero interesada:

Primero: Que se ha alegado la extemporaneidad del recurso por cuanto el Dictamen de Contraloría que habría resuelto la cuestión debatida se dictó el 15 de septiembre de 2025, en tanto que el Oficio N° E199957/2025 de fecha 24 de noviembre de 2025, sería un acto confirmatorio del primero.

Segundo: Que la extemporaneidad será desestimada toda vez que el recurso se dirige en contra del Oficio N° E199957/2025 de fecha 24 de noviembre de 2025, que corresponde a aquél último dictado por la recurrida, estimándose que la actora decidió agotar la vía administrativa antes de incoar la presente acción, de modo que ésta se ha interpuesto dentro de plazo.

II.- En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la interesada doña nombre reservado:

Tercero: Que se ha alegado que la recurrente carecería de legitimación activa atendida su calidad de órgano de la Administración del Estado que le impone acatar los dictámenes y someterse a la jurisprudencia administrativa del ente contralor, no siendo procedente utilizar el recurso de protección como mecanismo para sustraerse del cumplimiento de dichas decisiones o cuestionar las facultades constitucionales y legales de dicho organismo.

Cuarto: Que en cuanto a la falta de legitimación activa, la Constitución dispone que la acción de protección puede ejercerla el propio afectado, o por cualquiera a su nombre, mientas que en el Auto Acordado que regula la materia, se autoriza para interponerla por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico, lo que evidencia que en esta materia la legitimación activa debe entenderse en forma amplia, es decir, no requiere del cumplimiento de mayores formalidades sólo de un interés legítimo concreto, en la actualidad controvertido o lesionado, que permita comprender que el derecho es posible y efectivo, y que en el caso del recurrente admite calificarlo así al ser el destinatario de un acto terminal de la recurrida que le impone el cumplimiento de las determinaciones que en el mismo se contienen, motivo suficiente para concluir que tiene un interés legítimo en el ejercicio de la acción.

III.- En cuanto al fondo:

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la precitada norma se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Sexto: Que, del mérito de lo expuesto por las partes y antecedentes acompañados, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que doña nombre reservado, quien fue contratada por la Municipalidad de El Tabo mediante sucesivos contratos a plazo fijo desde el mes de diciembre del año 2022 hasta marzo de 2025.

2.- Que, el 30 de abril de 2025, se suscribió un finiquito ratificado ante ministro de fe, invocando la causal de término del contrato del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

3.- Que doña nombre reservado presentó dos reclamos ante la Contraloría General de la República, por la suscripción del finiquito y por el no pago de las indemnizaciones laborales y otras prestaciones de ese carácter.

Séptimo: Que, a fin de resolver el fondo, debe precisarse que la Contraloría General de la República es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, dotado de autonomía constitucional, cuyas funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y en la Ley N°10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República. Entre sus facultades se encuentra la de pronunciarse sobre las irregularidades que observe en el funcionamiento de los servicios públicos, y sus dictámenes e instrucciones son de cumplimiento obligatorio para los organismos fiscalizados.

Octavo: Que, en ejercicio de las referidas atribuciones de control, el órgano contralor determinó, pronunciándose sobre los reclamos de doña doña nombre reservado, que las renovaciones de su contrato de trabajo a plazo fijo, realizadas a instancias de la recurrente en su calidad de empleadora, permitían concluir al tenor de la legislación laboral, que el referido contrato había adquirido el carácter de uno indefinido, de modo que la causal de término “vencimiento del plazo” era improcedente, debiendo la Municipalidad de El Tabo, reincorporar a la trabajadora o bien desvincularla mediante una causa legal que sí fuera pertinente, pagando las indemnizaciones y/o remuneraciones que correspondan, incluidas aquellas que se devengaron por encontrarse separada ilegítimamente de sus funciones.

Noveno: Que, debe considerarse que dicho pronunciamiento tiene su base en el apego irrestricto a la legislación aplicable, pues la recurrente, pudiendo materializar la prestación de servicios bajo otras formas como los honorarios o las contratas, utilizó el contrato de trabajo que procede excepcionalmente dentro de la Administración del Estado. Y, no sólo eso, sino que extendió la prestación de servicios por un lapso de dos años y tres meses a través de contratos a plazo fijo sucesivos.

Décimo: Que el ejercicio de las competencias que le ha atribuido la Constitución y la ley, a la Contraloría General de la República, deben ser ejercidas, pues las potestades públicas no son disponibles ni renunciables por sus titulares, y obrar en contrario, desconocería lo prescrito en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que la Ilustre Municipalidad de El Tabo, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, se encuentra sometida al principio de juridicidad consagrado en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, que establece que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. En virtud de dicho principio, la entidad edilicia está obligada a dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, no pudiendo - sin infringir la normativa vigente-, desobedecer lo mandatado por el referido órgano fiscalizador.

Décimo segundo: Que, si bien el recurrente funda su pretensión en la existencia de un finiquito, lo cierto es que no puede desconocer que éste se suscribió para poner término a un contrato a plazo fijo, lo que resultaba improcedente según lo dictaminado por la Contraloría. Así no puede la Municipalidad de El Tabo aprovecharse de su propio error, para perjudicar a una trabajadora y vulnerar de paso la legislación laboral y, por ende, los derechos de aquélla.

Décimo tercero: Que, atendido todo lo razonado precedentemente, el acto recurrido no reviste el carácter de ilegal o arbitrario, toda vez que se dictó en cumplimiento de las normas legales que rigen el actuar de la Contraloría General de la República, dentro del marco de las atribuciones constitucionales y legales que asisten a dicho órgano fiscalizador, y en aplicación de la normativa laboral aplicable a la situación que se sometió a su conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

1.- Que se rechaza la excepción de extemporaneidad promovida por la interesada doña nombre reservado.

2.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva promovida por la parte precitada.

3.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Ilustre Municipalidad de El Tabo en contra de la Contraloría General de la República.

Redactó la ministra interina Leonor Cohen Briones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8620-2025.