nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, licenciada en contaduría pública, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que la recurrente, solicitó ante la recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156 que establece un régimen excepcional en favor de técnicos extranjeros que mantienen afiliación a un sistema previsional fuera de Chile, sin embargo el 28 de noviembre de 2025 la recurrida rechazó su solicitud, indicando que la constancia electrónica de cotizaciones emitida no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional del país de origen, y además no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Hace presente que la AFP rechaza argumentando que el documento no se encuentra apostillado, por lo que, se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Agrega que la constancia de filiación se puede comprobar a través de internet, se comprueba la efectiva afiliación al sistema previsional con el código único que posee cada planilla de afiliación y que se puede ubicar en las propias planillas Solicita se proceda a ordenar que se reconozca como válido la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable y, en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que la recurrente la recurrente no registra ante este Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en la Ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

A folio 6 evacua informe doña nombre reservado maría Herrera Brummer, abogada en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A.

En primer término, alega que la acción constitucional no es la vía idónea ya que el recurso de protección fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, situación que aquí no ocurre.

En cuanto al fondo, el 26 de noviembre de 2025 la AFP rechazó la solicitud de la recurrente de autos indicando que la constancia electrónica de cotizaciones emitida no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional del país de origen, y además no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Si bien la recurrente aporta al presente recurso una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, así como una constancia de afiliación, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.” Igualmente, respecto de la vigencia, según el Oficio N°7253 emitido por la Superintendencia de AFP “es necesario precisar que se ha resuelto que cuando el documento de Constancia de Afiliación a una Institución de Seguridad Social en el extranjero, cualquiera sea el país, tiene una validez por 120 días con posterioridad a su firma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo, dicho documento no sirve para acreditar que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.”

Agrega que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Expone que respecto de las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.

Hace presente, además, que el contrato de trabajo acompañado, de fecha 31 de julio de 2019, y los anexos del mismo, el último de fecha 01 de enero de 2023, en los mismos nada se señala respecto de la continuidad de la afiliación a un régimen previsional extranjero.

Por lo anterior concluye que, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, la recurrente no cumplía.

A folio 9 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVidaS.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVidaS.A Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8594-2025.