nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico el 12 de diciembre de 2025, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, el 12 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico, fue informada que su solicitud "no fue ingresada", argumentando que la constancia de cotizaciones electrónica adjuntada no cumplía con los requisitos legales, por no ser un certificado de afiliación propiamente tal, no detallar prestaciones específicas y carecer de apostilla o legalización.

Alega que esta decisión es arbitraria e ilegal, pues el recurrente cumple con los requisitos de la normativa vigente y los documentos presentados —contrato de trabajo, anexos y certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)— poseen plena validez.

Sostiene que la exigencia de apostilla es una interpretación formalista que desatiende la finalidad del legislador, especialmente considerando que la constancia electrónica puede ser validada mediante un código de verificación en el portal web oficial del IVSS. Argumenta que la imposibilidad de obtener documentos apostillados debido a la crisis institucional en su país de origen constituye un caso fortuito que no debe perjudicar su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales. Asevera que otras administradoras validan dicho sistema de verificación, por lo que el rechazo constituye una diferencia arbitraria que infringe la igualdad ante la ley.

Pide, se ordene que "se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho".

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 6, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Afirma que el rechazo de la solicitud se ajustó estrictamente a la legalidad vigente, toda vez que el recurrente no acompañó un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acreditara cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante la relación laboral en Chile.

Sostiene que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos extranjeros deben presentarse legalizados para tener valor probatorio en el territorio nacional. Aduce que la constancia electrónica simple y las declaraciones juradas del propio interesado no son medios idóneos para acreditar la afiliación previsional en el extranjero según la normativa del sector.

Por último, concluye que no ha existido un actuar arbitrario, sino el cumplimiento de las circulares del ente regulador, cuya inobservancia acarrearía sanciones para la administradora.

Acompañó documentos a su informe.

A folio 9, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, alegando preliminarmente, la improcedencia del recurso de protección, fundada en que la situación reclamada excede el ámbito de esta acción cautelar.

En cuanto a los hechos, refiere el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Respecto al caso concreto, refiere que, conforme a su jurisprudencia administrativa uniforme y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar la cobertura en el extranjero no basta una cartola genérica de cotizaciones, sino una certificación específica de la autoridad competente, la cual debe estar debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya. Señala que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma, apostilla o legalización no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Este criterio ha sido ratificado por el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025 y confirmado por la jurisprudencia, incluyendo el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso de 3 de noviembre de 2025, Rol N°4932-2025, posteriormente confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°48.991-2025.

Menciona que, si bien la situación diplomática actual dificulta la obtención de documentos, ello no habilita a las Administradoras para validar antecedentes que no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

Por último, destaca que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, circunstancia que configura una "condición de privilegio" incompatible con el régimen excepcional de la Ley N°18.156 y que pone en riesgo al erario fiscal, criterio sostenido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en fallos Roles N°7420-2025 y N°5757-2025.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta de noviembre de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8593-2025.

En Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.