nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUMPRUM SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

Que, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el recurrente cumplió íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la citada ley, acompañando toda la documentación exigida, incluyendo contrato de trabajo, declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), constancia electrónica de cotizaciones verificable en línea y título profesional debidamente apostillado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, que la Carta Fundamental garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

nombre reservado, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., a través del portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°18.156. Sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025, la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. informó al recurrente las razones del rechazo de su solicitud. En dicha comunicación, la recurrida señaló que el contrato de trabajo suscrito con el empleador RYQ Ingeniería S.A., de fecha 18 de agosto de 2021, fue acompañado como fotocopia simple, requiriendo que toda la documentación mencionada en su formato original o como fotocopia legalizada ante notario fuese presentada junto a las respectivas originales para su verificación, conforme a la cláusula tercera de dicho contrato.

Asimismo, la administradora cuestionó el Oficio Ordinario N°27.587 de fecha 23 de noviembre de 2015, mediante el cual la Superintendencia de Pensiones indicó que toda vez que se analizaran los contratos de trabajo, la autoridad confirmaría la voluntad de mantener la afiliación en el país de origen y de no querer hacer uso de las prestaciones previsionales en Chile. La recurrida argumentó que, conforme a dicho pronunciamiento, no bastaría con la mera declaración jurada de afiliación al sistema de seguridad social del país de origen, sino que se requeriría demostrar efectivamente que las cotizaciones respecto de la relación laboral sostenida con el empleador RYQ Ingeniería S.A., se encontraban vigentes al momento de la suscripción del contrato de trabajo de fecha 1° de septiembre de 2023.

Adicionalmente, la administradora señaló que el recurrente manifestó en el mencionado anexo al contrato de trabajo su voluntad de mantener la afiliación previsional al país de origen y también consignó su voluntad de autorizar al empleador a descontar las cotizaciones previsionales y consignar dichas cotizaciones ante la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones en remuneración, evidenciando una aparente incompatibilidad entre ambas afirmaciones, lo cual consideró contradictorio y confuso respecto de la verdadera intención del trabajador.

Finalmente, la recurrida indicó que, de todas maneras, al no haberse acompañado la documentación que acredite el afiliado encontrándose conforme a los requisitos necesarios para el retiro de fondos solicitado, no sería posible acceder a dicha pretensión. Por otra parte, la AFP señaló que la documentación que acreditase su calificación como técnico extranjero correspondería exclusivamente al título profesional que se adjuntó para estos efectos, esto es, una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 7 de noviembre de 2025, documento que, a juicio de la recurrida, no permitiría determinar con certeza la existencia de cotizaciones vigentes durante todo el período de la relación laboral acreditada, particularmente desde la suscripción del contrato de trabajo en septiembre de 2023.

Cita los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156. Acompañó: contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y título profesional debidamente apostillado.

En consecuencia, el recurrente sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente acoger el retiro de fondos previsionales. No obstante lo anterior, se encuentra con una obstaculización arbitraria e ilegal de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, permitir que los trabajadores extranjeros puedan disponer de sus ahorros previsionales cuando cumplan con los requisitos legales establecidos.

El recurrente argumenta que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria y suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, tanto el contrato de trabajo como la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada de afiliación. En particular, destaca que la administradora de fondos pretende desconocer la validez de la declaración de afiliación al Instituto Venezolano de Seguro Social, alegando falta de verificación o vigencia, cuando dicha constancia fue efectuada ante la embajada durante el período en que se encontraba operativa, siendo posteriormente legalizada por Chile.

Cualquier interesado puede verificar la existencia y vigencia de la afiliación previsional, puesto que la propia constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS ofrece un código de verificación único mediante el cual se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS)

Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos de protección en casos análogos. Ejemplo sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N°325-2024, de fecha 3 de abril de 2024.

Los actos de la recurrida vulneran el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, toda vez que la recurrida ha otorgado un trato discriminatorio y desigual al recurrente respecto de otros solicitantes que, encontrándose en idénticas circunstancias y cumpliendo con la misma documentación, han obtenido respuestas favorables a sus solicitudes de retiro de fondos, mientras que al presente recurrente se le ha requerido una formalidad adicional no contemplada en la ley N°18.156 ni en su normativa reglamentaria, interrumpiendo arbitrariamente el proceso de retiro de fondos previsionales. Asimismo, se vulnera el derecho de propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, que reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, siendo que en el presente caso la recurrida impide al trabajador extranjero disponer de sus fondos previsionales legítimamente acumulados en su cuenta de capitalización individual, privándolo así del atributo esencial de uso y goce de su propiedad, actuando de forma caprichosa, sin fundamento legal que lo justifique, mediante la imposición de requisitos no establecidos por el legislador y realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado.

Pide que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. reconocer como válida la documentación acompañada por el recurrente, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que Vuestra Señoría Ilustrísima estime conforme al mérito de los autos, adoptando en general todas las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y el pleno ejercicio de las garantías constitucionales vulneradas.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2025 mediante el cual la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. comunica el rechazo de la solicitud de devolución de fondos como técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros del recurrente don nombre reservado; 3) Declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizada ante notario; 4) Título profesional del recurrente, debidamente apostillado; 5) Constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), verificable en línea mediante código único de validación; y 6) Contrato de trabajo y anexos suscritos entre el recurrente y su empleador RYQ Ingeniería S.A.

Informa en autos la AFP recurrida indicando, en primer lugar, que el recurso de protección no resulta la vía idónea para el conocimiento de la materia, toda vez que se trata de una acción excepcional destinada a otorgar tutela inmediata en donde existe una vulneración clara o evidente, lo que no es del caso.

Agrega que de acuerdo con la normativa aplicable la controversia debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente conforme al artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, para conocer y resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados, beneficiarios o herederos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, al tratarse de la aplicación de la norma especial que rige las materias previsionales, no existiendo por ende, derechos indubitados que estén siendo vulnerados, siendo también el organismo encargado de la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones de acuerdo con lo señalado en el N° 8 del artículo 47 de la Ley N° 20.255, el N° 3 del artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En cuanto al fondo, indica, respecto a las razones que motivaron su negativa, que el recurrente no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, esta comprenda las prestaciones médicas y pecuniarias, destacando que el Certificado acompañado se limita a citar el artículo 3° de la Ley de Seguridad Social del Ecuador, sin acreditar que en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya las referidas prestaciones, cuesti ón obligatoria según lo ordenado por el Oficio Ordinario N° 12.194 en el que se establece que no basta con presentar documentos que describan de manera genérica las prestaciones del sistema previsional extranjero, ni cartolas que acrediten cotizaciones Concluye que no es procedente acceder a la solicitud de devolución de fondos al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Informa en autos la Superintendencia de Pensiones, indicando, en primer lugar, que el tema excede el ámbito del Recurso de Protección, por cuanto no existe un derecho indubitado que proteger, buscándose en realidad la declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, por lo que, al existir controversia respecto del mérito de los certificados presentados por el recurrente, la cuestión debe resolverse en un juicio declarativo de lato conocimiento.

Agrega que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en la misma normativa. Asimismo, indica que, conforme a su normativa orgánica, la que cita, le corresponde la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Hace presente que el artículo 1° de la ley 18.156 exime de cumplimiento de las leyes de previsión al personal técnico que cumplan dos requisitos: a) Estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Explica que la letra i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980 entrega a la Superintendencia la función de interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras, y que el haberse determinado que no se cumplían los requisitos legales no implica una privación de los fondos de pensiones del recurrente, sino solo que no tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros, pudiendo por ende disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. N°3.500 de 1980, como todos los afiliados al Sistema, sean chilenos o extranjeros.

Agrega que, en el caso, el contrato de trabajo que el recurrente suscribió el 3 de febrero de 2020 con su empleador estipulaba que éste realizaría las respectivas deducciones legales por cotizaciones previsionales, cláusula que sería cambiada en anexo de contrato de 7 de diciembre de 2022, cuando el recurrente declara haber optado por mantener su afiliación al régimen de previsión social o seguridad social existente en su país desde el inicio de la relación laboral, aclarando que, de haber realizado cotizaciones en el sistema chileno, podría solicitar su devolución de conformidad con lo dispuesto en artículo 7° de la ley 18.156, y que, al tratarse de un contrato de plazo fijo, no es posible determinar que el anexo se haya firmado mientras la relación laboral se encontraba vigente, resultando por ende extemporánea la declaración Por otra parte, informa que del mérito del certificado N°143/2025, se desprende que la cobertura de prestaciones se encuentra sujeta a la condición de que los afiliados se encuentren al día en sus aportaciones, lo cual no es posible comprobar mediante los documentos aportados por el recurrente, más aun cuando se observa que la última cotización enterada data del mes de diciembre del 2022, siento antecedida por aportaciones entre noviembre de 2016 a abril de 2017; lo que conlleva que no ha enterado cotizaciones durante la vigencia de su relación laboral en Chile, debiendo además considerarse que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, por lo que eventualmente será necesario cubrir su pensión con fondos fiscales, al no estar garantizado su retorno a su país de origen (Rol ICV 5757-2025).

Finaliza solicitando el rechazo del recurso, con costas por no existir perturbación o amenaza de los derechos constitucionales invocados en el recurso.

Se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., de 03 de diciembre de 2025, que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo el actor haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1° letra a) de la Ley N 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo.

Asimismo, señaló que respecto del requisito de la letra b) del artículo 1°, el anexo de contrato mediante el cual el recurrente expresó su voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional venezolano fue suscrito el 1° de julio de 2025, es decir, con posterioridad al término de la vigencia del contrato de trabajo —19 de abril de 2024—, resultando por tanto extemporánea dicha manifestación de voluntad.

A su vez, AFP Cuprum sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como documentos sin firma autorizada. Además, respecto de la letra b), señala que la manifestación de voluntad debe constar en el contrato de trabajo vigente o en un anexo suscrito durante la vigencia de la relación laboral.

CUARTO: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse copulativamente para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida" . A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica respecto del requisito de la letra a): "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, máxime cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya.

Asimismo, dicho documento no permite determinar con claridad las coberturas previsionales con que cuenta el recurrente, ni el período específico de cobertura, limitándose a una descripción genérica del sistema previsional venezolano, sin que conste certificación específica respecto de la cobertura efectiva en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

SEXTO: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio conforme al literal i) del artículo 3° del DFL N°101 de 1980, al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, y al N°3 del artículo 94 del DL N°3.500.

SEPTIMO: Que, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sido uniforme en exigir el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales. En tal sentido, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha resuelto en casos análogos que no basta la presentación de constancias electrónicas sin apostilla ni legalización, debiendo acreditarse la cobertura previsional mediante certificación emanada de la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada (Roles N°522-2025, N°4242-2025 y N°4307-2025). Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha ratificado este criterio en causas Roles N°238255-2023 y N°248017-2023.

OCTAVO: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

NOVENO: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad.

N°Protección-8592-2025.