nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales presentada conforme a la Ley N°18.156.

El recurrente solicitó el 18 de noviembre de 2025 ante AFP Habitat la devolución de fondos previsionales, acompañando: contrato de trabajo con empleador Protiviti Consulting Chile Ltda.; anexo de contrato con cláusula previsional; certificado electrónico de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); declaración jurada ante notario público de 13 de noviembre de 2025; y título profesional de Licenciado en Contaduría Pública debidamente apostillado.

Mediante correo electrónico de 28 de noviembre de 2025, AFP Habitat rechazó la solicitud señalando que no se cumplieron los requisitos de la letra b) del número 1 de la normativa, específicamente que el afiliado no acreditó estar afiliado a régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento, habiendo acompañado declaración jurada del propio afiliado ante notario y Constancia de Afiliación al IVSS de 31 de agosto de 2025, sin legalización. Indicó que debe acompañarse certificado emitido por la entidad de seguridad social que acredite cobertura durante todo el período trabajado en Chile, con legalización de la firma en país de origen (apostilla).

El recurrente sostiene que cumplió íntegramente los requisitos legales. Argumenta que existe imposibilidad material de obtener legalización consular por quiebre de relaciones diplomáticas Chile-Venezuela, configurando caso fortuito. Señala que la constancia electrónica del IVSS puede verificarse en portal oficial mediante código único en http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss. Alega vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 CPR) y derecho de propiedad (Art. 19 N°24 CPR), por interpretación formalista que desatiende finalidad de la norma e incorpora requisitos no establecidos expresamente.

A folio 5, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°9 de 2 de enero de 2026, informa que el recurrente no registra reclamo ante ese organismo. Señala que regla general es obligación de enterar cotizaciones para cobertura previsional, no como fondo de ahorro. Ley N°18.156 es régimen de excepción aplicable solo a técnicos/profesionales extranjeros que cumplan requisitos copulativos del Art. 1°, debiendo interpretarse restrictivamente.

Explica que para acreditar cobertura previsional (Art. 1° letra a), Compendio de Normas exige certificación de institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Jurisprudencia administrativa ha exigido documento que acredite específicamente cobertura durante prestación de servicios en Chile para todos los riesgos (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad). Cobertura de salud debe ser integral: prestaciones médicas y pecuniarias.

Señala que conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, el certificado electrónico "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no sirve para acreditar requisito porque no está firmado, ni apostillado o legalizado, no señala coberturas del recurrente ni permite inferir período determinado de cobertura. Declaración jurada del propio afiliado no es documento idóneo pues certificación debe ser emitida por autoridad previsional competente del país correspondiente. Dado que procedimiento de apostilla es forma que ley prevé para documentos extranjeros y que Chile y Venezuela son Estados Parte de Convención de La Haya, no cabe hacer lugar a pretensión.

Manifiesta no contar con antecedentes que permitan concluir que recurrente cumple exigencias de Ley N°18.156.

Por lo anterior, solicita el rechazo de este arbitrio.

A folio 7, AFP Habitat informa que el recurso es inaplicable por no existir derecho indubitado, sino pretensión de ejercer derecho cuyo ejercicio está definido de manera distinta, con requisitos claros que no se acredita cumplir. Señala que el 18/11/2025 el recurrente presentó solicitud acompañando, respecto a cobertura previsional: declaración jurada ante notario de 13/11/2025 y Constancia de Afiliación al IVSS de 06/11/2025, sin legalización. El 21/11/2025 la Fiscalía emitió informe FDE N°927/2025 indicando incumplimiento de requisitos.

Explica que la certificación emitida por Embajada de Venezuela en Chile era facilidad permitida por Superintendencia, pero no única vía. La documentación exigida corresponde a la requerida a todo extranjero, independiente de circunstancias del país de origen. La verificación electrónica en página IVSS no es mecanismo de validación que establece legislación chilena (Arts. 345 y 345 bis CPC). El IVSS emite certificaciones que deben presentarse apostilladas. Afiliados venezolanos cuya devolución se aprobó presentaron constancia IVSS debidamente legalizada en Venezuela con apostilla validada.

Señala que Ley 18.156 es norma excepcional que debe interpretarse restrictivamente, siendo principio base la doble cobertura previsional, no mecanismo de ahorro de libre disponibilidad. Cita Oficio Superintendencia N°24.472 de 26/10/2015 indicando que cotizaciones son para cobertura previsional, no fondo de ahorro. Solicita rechazo con costas.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., de 28 de noviembre de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo el actor haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo. Asimismo, señaló que una declaración jurada del propio afiliado ante notario no es documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A su vez, AFP Habitat sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala que la certificación que emitía la Embajada de Venezuela en Chile era una facilidad permitida por la Superintendencia, pero no el único mecanismo válido, existiendo siempre la alternativa de obtener el certificado del IVSS apostillado directamente en Venezuela. Agrega que la verificación electrónica en línea no es el mecanismo de validación que establece la legislación chilena respecto a documentos emitidos en el extranjero, y que afiliados venezolanos cuya devolución fue aprobada presentaron la constancia IVSS debidamente legalizada en Venezuela con apostilla validada.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse copulativamente para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica respecto del requisito de la letra a): "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, máxime cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya.

Asimismo, dicho documento no permite determinar con claridad las coberturas previsionales con que cuenta el recurrente, ni el período específico de cobertura, limitándose a una descripción genérica del sistema previsional venezolano, sin que conste certificación específica respecto de la cobertura efectiva en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Del mismo modo, la declaración jurada ante notario presentada por el propio afiliado no constituye medio de prueba idóneo para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe provenir de la autoridad previsional competente del país correspondiente, única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio conforme al literal i) del artículo 3° del DFL N°101 de 1980, al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, y al N°3 del artículo 94 del DL N°3.500.

Asimismo, es necesario tener presente que el principio de base de la Ley 18.156 conforme al cual se autoriza la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es la doble cobertura previsional, y no autorizar un mecanismo de ahorro de libre disponibilidad para determinados extranjeros. Como lo ha señalado la Superintendencia de Pensiones, en la legislación de seguridad social chilena la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo el entero de imposiciones entenderse en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Séptimo: Que, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sido uniforme en exigir el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales. En tal sentido, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de fecha 12 de mayo de 2025, en autos Rol N°1431-2025, rechazó el recurso de protección interpuesto por una afiliada venezolana en contra de AFP Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, quien planteó una situación similar a la descrita en autos y pretendió acreditar la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 sobre la base de una certificación electrónica emitida por el IVSS, sin apostilla.

Este fallo fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 26 de junio de 2025, en autos Rol N°17866-2025, señalando que "la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos", y que "el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional", concluyendo que "no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida ni de la Superintendencia de Pensiones, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero".

Octavo: Que por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure la vulneración de las garantías constitucionales invocadas. Como lo señaló la Superintendencia de Pensiones en su informe, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional y considerando que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-8591-2025.