nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 20 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que se tiene por no ingresada su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante correo electrónico de la fecha señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, desde que el documento acompañado como constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no cumple con los requisitos para dar lugar a la solicitud, desde que no corresponde a un certificado de afiliación, no señala las prestaciones específicas cubiertas ni se encuentra firmado por la entidad emisora ni cuenta con la respectiva apostilla o legalización.

Indica al respecto la imposibilidad de obtener la legalización consular de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social (IVSS) como se hacía anteriormente, pues existe una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización, por motivo de la falta de representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos, lo que, estima, corresponde a un caso de fuerza mayor; sin perjuicio que la autenticidad del documento puede ser verificada en la página web del servicio aludido, por lo que la apostilla requerida resulta innecesaria.

En este sentido, aduce que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el legislador para la procedencia del beneficio, al que no se le ha dado lugar arbitraria e ilegalmente por la recurrida.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, en primer lugar, que la situación reclamada excede el ámbito del recurso, desde que se busca un pronunciamiento declarativo de procedencia de un determinado beneficio, y no la conculcación de derechos indubitados preexistentes, por lo que la pretensión contraria debe ser conocida, más bien, en un juicio de lato conocimiento.

Por otra parte, hace presente que la recurrente ya ingresó una petición de la misma especie por la presente vía, aunque contra otra AFP, basando su solicitud en el mismo certificado de afiliación, en el Rol N° 1431-2025, en que por sentencia de 12 de mayo de 2025 se rechazó la solicitud de retiro de fondos.

En cuanto al fondo, señala que la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 señala, para la procedencia de la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, que se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al respecto, el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; tal cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales; y además, debe ser efectiva, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios ya indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella.

Así, hace presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, dicho documento no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

A folio 10, evacua informe afp Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, e indicando, que mediante la comunicación atacada no se dio lugar a la solicitud de la recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada y apostillada, no acredita que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; ni manifestó la actora, de forma clara e inequívoca, la voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cuando la relación laboral se encontraba vigente.

Refiere que se ha ceñido rigurosamente a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones en esta materia, haciendo presente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156.

En este sentido, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 20 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que se le informa la no tramitación de su solicitud de retiro de fondos previsionales, conforme a la ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comento, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Segundo: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo carece de la apostilla procedente para su valor en Chile ni expresa las coberturas específicas durante todo el tiempo de la relación laboral.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Cuarto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, en razón de las circunstancias anotadas en el considerando precedente, no se cumplen los requisitos de la Ley N° 18.156 para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Sexto: Que, además, el recurrente no se encuentra en la hipótesis contemplada en el artículo 7° de la Ley N° 18.156, toda vez que del mérito de la copia de la cédula de identidad acompañada al recurso aparece que tiene permanencia definitiva, lo que contraría la lógica de la ley referida a trabajadores extranjeros que en Chile desempeñan labores remuneradas por un período de tiempo acotado o de manera transitoria. Por otro lado, tampoco se acreditó el ejercicio de las labores técnicas exigidas en el cuerpo legal referido.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-856-2026.