Protección contra Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y de su administradora

Sfg C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y de su administradora, doña nombre reservado, fundándolo en que el acto ilegal y arbitrario que denuncia consiste en la decisión de no renovar su contrata anual para el año 2026, contenida en el “Informe solicitud no renovación contrata anual”, de 4 de noviembre de 2025, y ratificada por las resoluciones posteriores que rechazaron sus descargos y confirmaron dicha determinación.

Expone que se ha desempeñado por más de ocho años como notificadora del Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de La Serena, registrando calificaciones históricas en Lista Sobresaliente entre los años 2019 y 2024, y habiendo subrogado en diversas oportunidades la jefatura de zona, lo que, a su juicio, da cuenta de una trayectoria funcionaria intachable y de la confianza institucional depositada en su labor.

Sostiene que la no renovación de su contrata se sustentó en la afirmación de que no cumpliría con el perfil del cargo, debido a un desempeño inferior al promedio de notificaciones; sin embargo, afirma que dicha conclusión carece de fundamento objetivo, por cuanto se apoya en una estadística parcial que omite una parte relevante de la carga real de trabajo que desempeñaba, entre ella, notificaciones por medios tecnológicos, atención de público, impresión y compaginación de la carga diaria del centro. Añade que tampoco se consideró la dotación completa de la unidad, la distribución efectiva de funciones ni la existencia de un instrumento formal que establezca un estándar objetivo de producción diaria exigible a cada funcionario, de modo que la evaluación aplicada resultaría subjetiva e inidónea para justificar una medida tan gravosa como su desvinculación.

Agrega que el informe recurrido considera, además, como antecedente de bajo rendimiento, el uso de feriado legal y licencias médicas, lo que estima improcedente, por importar la penalización del ejercicio de derechos legalmente reconocidos. Alega también que, atendida su antigüedad en el Poder Judicial, la decisión impugnada infringe el principio de estabilidad en la contrata, consagrado, según refiere, en el Acta N.° 19-2007 y en el Acta N.° 104-2021 de la Excma.

Corte Suprema, desde que la no renovación de una contrata de larga data exige un procedimiento fundado, objetivo y suficiente, exigencia que estima incumplida, pues la motivación sería meramente aparente y no desvirtuaría ni sus calificaciones históricas ni los antecedentes que acompañó en sus descargos, entre ellos subrogaciones de jefatura, informe favorable de su jefatura directa y declaraciones juradas de colegas.

Añade que la medida se inserta en un contexto de hostigamiento y violencia laboral, indicando que formuló denuncia por acoso laboral conforme al Acta N.° 160-2024 de la Excma. Corte Suprema y a la Ley N.° 21.643, en contra, entre otras personas, de la administradora recurrida y de una funcionaria de la misma Corte, contexto en el cual sostiene que la no renovación de su contrata constituiría una represalia destinada a consumar su desvinculación y a encubrir el acoso denunciado. Invoca, en el capítulo de derecho, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, así como la vulneración de las garantías del artículo 19 N.os 1, 2, 17 y 24 del mismo texto constitucional. En definitiva, solicita que se acoja el recurso; se declare arbitraria e ilegal la decisión de no renovar su contrata; se deje sin efecto el informe de 4 de noviembre de 2025 y las resoluciones posteriores que lo confirmaron; y se ordene la renovación inmediata de su nombramiento a contrata en el cargo de notificadora para el año 2026, con las demás medidas que se estimen pertinentes.

A folio 10 informa la Presidencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, señalando que las decisiones impugnadas carecen de la ilegalidad y arbitrariedad que se les atribuye, desde que emanan de órganos competentes, fueron adoptadas dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante el procedimiento correspondiente, en un caso previsto por el ordenamiento jurídico y con suficiente fundamentación.

Expone que la no renovación de la contrata de la actora se ajustó a lo dispuesto en el artículo 3 del Acta N.° 104-2021, vigente a la época de los hechos, norma que facultaba tal determinación cuando existieren antecedentes objetivos de desempeño deficiente, añadiendo que se dio cumplimiento a las etapas y plazos contemplados en dicha regulación.

A folio 11 evacua informe doña nombre reservado, administradora de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, quien sostiene que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito, la razonabilidad o la conveniencia de decisiones administrativas adoptadas en el ámbito de la gestión de personal del Poder Judicial; que el acto impugnado no corresponde a una sanción disciplinaria, sino al ejercicio regular de una facultad administrativa propia del régimen de contratas; y que la no renovación se fundó en antecedentes objetivos y verificables, consistentes en el bajo rendimiento de la recurrente en labores de terreno, promedios de notificación inferiores a los del resto del equipo, dedicación desproporcionada a labores administrativas en oficina y dificultades objetivamente constatadas en el ejercicio de funciones de jefatura subrogante. Añade que no concurren las garantías constitucionales denunciadas, pues la alegación de represalia por denuncia de acoso laboral carecería de sustento cronológico, desde que el informe de no renovación es anterior a dicha denuncia; que no se advierte infracción a la igualdad ante la ley, por haberse aplicado criterios objetivos de evaluación; y que la recurrente no tendría un derecho adquirido ni una confianza legítima protegida respecto de la renovación de su contrata.

Constan, asimismo, informes complementarios de la administradora recurrida, en los que se insiste en que los datos del año 2024 fueron utilizados sólo como contexto, que la función esencial del cargo de notificadora consiste en la realización de diligencias en terreno, que las labores administrativas tienen carácter accesorio y que la denuncia por acoso laboral fue formulada con posterioridad al informe de no renovación. Consta también informe relativo al estado de tramitación de procedimientos seguidos conforme a la Ley N.° 21.643.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección ha sido establecida en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituyendo una vía cautelar destinada al restablecimiento del imperio del derecho cuando la afectación denunciada aparece acreditada y requiere tutela urgente.

Segundo: Que, por la presente vía, se impugna la decisión de no renovar la contrata de doña nombre reservado para el año 2026, contenida en el “Informe solicitud no renovación contrata anual”, emitido con fecha 4 de noviembre de 2025, acogido posteriormente por la autoridad competente y confirmado por resolución del Pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena de 24 de noviembre del mismo año.

La recurrente sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, por haberse fundado en una evaluación parcial e insuficiente de su desempeño, por haber ponderado circunstancias improcedentes, tales como el uso de feriado legal y licencias médicas, y por haberse adoptado sin atender a su prolongada antigüedad en el servicio y a sus reiteradas calificaciones en lista de mérito. Añade que la medida se inserta en un contexto de hostigamiento laboral y que tendría, además, un carácter represivo.

Tercero: Que las recurridas informan, en síntesis, que la decisión impugnada no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad, por cuanto emana de órganos competentes, fue adoptada dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante el procedimiento correspondiente, en un caso expresamente previsto en el ordenamiento jurídico y con la debida fundamentación.

Refieren que la determinación de no renovar la contrata se enmarcó en lo dispuesto en el artículo 3 del Acta N.° 104-2021, sustentándose en antecedentes objetivos relativos a un desempeño deficiente, consignados en el informe de la administradora sobre la base de información estadística oficial, la que daría cuenta de un rendimiento insatisfactorio de la actora en el ejercicio de sus funciones, de una desproporción en el trabajo realizado en comparación con el resto del equipo, así como de patrones de incumplimiento y de aptitudes deficientes, concluyéndose que no reunía el perfil requerido para el cargo.

Añaden que la denuncia de acoso laboral es posterior a la decisión de no renovación y que, atendido el carácter temporal de los empleos a contrata, no existiría un derecho indubitado susceptible de amparo por esta vía.

Cuarto: Que, en primer término, cabe precisar que la presente acción cautelar resulta formalmente procedente, toda vez que el acto impugnado no reviste naturaleza jurisdiccional, sino administrativa, al recaer sobre una decisión de gestión de personal relativa a la renovación de una contrata funcionaria, adoptada en el ámbito de las atribuciones de gobierno y administración interna del Poder Judicial.

No se trata, entonces, de revisar una resolución pronunciada en ejercicio de la potestad de juzgar, sino de controlar si una decisión administrativa ha sido dictada por órgano competente, con sometimiento al estatuto normativo aplicable y con observancia del deber de fundamentación que excluye la arbitrariedad.

Por ello, si bien no corresponde a esta Corte sustituir a la autoridad administrativa en la apreciación del mérito, conveniencia u oportunidad de las decisiones de gestión de personal que le competen, ni revisar en abstracto la eficiencia comparada de un funcionario respecto de sus pares, sí le incumbe verificar si el acto recurrido se ajusta a la normativa que regula la renovación o no renovación de las contratas y si la motivación ofrecida satisface un estándar mínimo de racionalidad, objetividad y suficiencia.

Quinto: Que la controversia exige distinguir, por una parte, el plano de la legalidad del acto y, por otra, el de su razonabilidad.

En cuanto a lo primero, el Acta N.° 104-2021 de la Excma. Corte Suprema contempla reglas diferenciadas según la situación funcionaria de que se trate. Así, su artículo 2 regula la renovación de las contratas del personal que, cumpliendo los requisitos allí previstos, ha alcanzado una permanencia prolongada en el servicio y figura en lista de mérito, mientras que su artículo 3 contempla el procedimiento de no renovación por desempeño deficiente respecto de quienes no se encuentran en esa situación o presentan las calificaciones que la misma regulación establece. De este modo, no basta invocar genéricamente la facultad de no renovar una contrata, sino que resulta indispensable determinar previamente cuál es el estatuto aplicable al caso concreto.

Que, a lo menos para efectos cautelares y con el mérito de los antecedentes allegados, aparece que la recurrente se desempeñó por más de ocho años en el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de La Serena y registró calificaciones en Lista Sobresaliente durante los períodos 2019 a 2024, sin que se haya dado cuenta de evaluaciones deficientes ni de antecedentes disciplinarios previos de entidad equivalente. En tales condiciones, la autoridad se hallaba obligada a justificar con especial rigor la decisión de no renovar su contrata, explicitando de modo claro por qué, pese a esa antigüedad y a dichas calificaciones, estimaba procedente apartarse del régimen de renovación que prima para quienes se encuentran en esa situación.

Sexto: Que los antecedentes recién mencionados no confieren, por sí solos, inamovilidad en el cargo; con todo, sí imponen a la autoridad una carga de motivación reforzada, precisamente porque la decisión adoptada incide en una relación funcionaria prolongada y respecto de una servidora que, según aparece, había sido reiteradamente calificada en lista de mérito. Por ello, la sola afirmación de un desempeño deficiente no basta, si no se explica de manera clara, completa y objetiva la base sobre la cual tal conclusión ha sido construida.

Séptimo: Que, examinado el “Informe solicitud no renovación contrata anual”, de 4 de noviembre de 2025, así como las resoluciones posteriores que lo acogieron y confirmaron, esta Corte advierte que la motivación ofrecida no alcanza el estándar antes descrito.

En efecto, la evaluación negativa del desempeño de la recurrente se construye, en lo sustancial, sobre la base de parámetros estadísticos relativos a notificaciones externas en terreno y de comparaciones cuantitativas con otros funcionarios del equipo; sin embargo, la propia afectada sostuvo en sus descargos que sus funciones efectivas comprendían, además, notificaciones por medios tecnológicos, atención de público, impresión y compaginación de la carga diaria del centro, así como períodos en que ejerció funciones de jefatura subrogante. Frente a ello, los actos impugnados no explican suficientemente si tales labores fueron consideradas, de qué modo lo fueron, o por qué carecerían de relevancia para evaluar integralmente el cumplimiento del cargo servido.

Tampoco aparece debidamente explicitado cómo la dedicación a tareas administrativas o de subrogancia, desarrolladas en el contexto del propio funcionamiento institucional, puede ser tenida, sin mayor desarrollo, como antecedente demostrativo de un desempeño deficiente o de una falta de adecuación al perfil del cargo, desde que no se precisan con claridad las funciones exigibles a la actora en cada período, la forma en que aquéllas eran distribuidas entre los integrantes del equipo ni la base homogénea sobre la cual se practica la comparación con sus pares.

A ello se suma que el informe incorpora referencias al uso de feriado legal y de licencias médicas. Tales circunstancias no pueden erigirse en factores negativos de evaluación, por tratarse del ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico; y, por consiguiente, si fueron consideradas para explicar o reforzar el menor volumen de diligencias practicadas, se introduce con ello un elemento improcedente en la construcción del juicio de desempeño.

Finalmente, si bien en los informes complementarios evacuados en estos autos se procuró precisar que la evaluación se centró en el período comprendido entre enero y octubre de 2025 y que los datos del año 2024 habrían sido utilizados sólo como contexto, tales explicaciones posteriores no logran subsanar la insuficiencia originaria de la motivación, pues la validez del acto debe examinarse, primordialmente, a partir de su fundamentación propia. Y aun aceptando dichas aclaraciones, subsiste la objeción principal, consistente en que el parámetro empleado aparece parcial, al no hacerse cargo del conjunto de funciones efectivamente desempeñadas por la recurrente, ni de las condiciones concretas en que se efectúa la comparación con sus pares, ni tampoco de la exigencia de una motivación reforzada atendida su antigüedad y reiteradas calificaciones en lista de mérito.

Octavo: Que, en lo concerniente al contexto de hostigamiento o represalia denunciado por la actora, no resulta necesario tener por acreditado, en esta sede cautelar, que la no renovación haya constituido efectivamente una represalia por denuncias o declaraciones previas, desde que la arbitrariedad del acto se configura suficientemente por la falta de adecuación normativa y por la insuficiencia de su motivación.

Con todo, no puede dejar de advertirse que en autos se ha dado cuenta de la existencia de conflictos internos y de procedimientos seguidos conforme a la Ley N.° 21.643, lo que imponía a la autoridad un especial deber de objetividad, prudencia y claridad en la exposición de las razones de una decisión de esta entidad. Por ello, aun cuando la secuencia cronológica invocada no permita afirmar de modo concluyente la existencia de una represalia en los términos propuestos por la recurrente, dicho contexto refuerza la necesidad de un escrutinio estricto sobre la suficiencia de la fundamentación del acto, exigencia que, como se ha dicho, no aparece satisfecha.

Noveno: Que, en estas condiciones, el acto impugnado no satisface las exigencias mínimas de legalidad y razonabilidad que debían concurrir para adoptar válidamente una decisión de no renovación de contrata respecto de una funcionaria en la situación de la actora.

Ello, por una parte, porque no aparece suficientemente justificado que el caso haya sido examinado conforme al estatuto que efectivamente correspondía a su antigüedad y desempeño calificado; y, por otra, porque la motivación ofrecida descansa en una ponderación parcial de las funciones servidas, incorpora elementos improcedentes para la evaluación y no explicita de manera bastante las razones por las cuales los antecedentes invocados conducen, precisamente, a la conclusión de que no reunía el perfil requerido para el cargo, después de haberlo desempeñado ininterrumpidamente por ocho años.

De este modo, el acto recurrido no sólo aparece insuficientemente fundado, sino que deviene arbitrario al someter a la actora a un estándar evaluativo que no se muestra objetivamente explicitado ni construido sobre bases completas y homogéneas. Tal proceder afecta la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.° 2 de la Constitución Política de la República, desde que importa dispensarle un tratamiento carente de justificación suficiente frente al régimen funcionarial que le era aplicable y frente al deber de objetividad que debía regir la decisión cuestionada.

Décimo: Que, por lo mismo, el restablecimiento del imperio del derecho no exige que esta Corte sustituya a la autoridad administrativa en la decisión de renovación, sino únicamente dejar sin efecto los actos impugnados y disponer que la autoridad competente emita un nuevo pronunciamiento, debidamente fundado y ajustado a la normativa aplicable, sobre la base de antecedentes objetivos y de una ponderación íntegra de las funciones efectivamente desempeñadas por la recurrente.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N.° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y de doña nombre reservado, sólo en cuanto:

I. Se deja sin efecto el “Informe solicitud no renovación contrata anual”, de 4 de noviembre de 2025, así como las resoluciones posteriores que lo acogieron y confirmaron.

II. La autoridad competente deberá emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la renovación de la contrata de la recurrente para el año 2026, debidamente fundado, sobre la base de antecedentes objetivos, con expresa consideración a la antigüedad funcionaria de aquélla, a la totalidad de las funciones efectivamente asignadas y desempeñadas y sin ponderar negativamente el uso de feriado legal o licencias médicas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Eduardo Morales Espinosa.

N° Protección-8557-2025.

Se deja constancia que no firma la ministra señora Rosa Aguirre Carvajal, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por encontrarse ausente, autorizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.