nombre reservado con ADMINISTRAORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolano, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 2 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que se le informa que no dio lugar a su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante correo electrónico de la fecha señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, desde que no se acompaña la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales debidamente legalizada y apostillada.

Indica al respecto la imposibilidad de obtener la legalización consular de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS como se hacía anteriormente, pues existe una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización, por motivo de la falta de representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos, lo que, estima, corresponde a un caso de fuerza mayor; sin perjuicio que la autenticidad del documento puede ser verificada en la página web del servicio aludido, por lo que la apostilla requerida resulta innecesaria.

Por otra parte, señala que ha acompañado debidamente el contrato de trabajo que funda su solicitud, junto con un anexo en que expresa su voluntad de mantenerse afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen.

En este sentido, aduce que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el legislador para la procedencia del beneficio, al que no se le ha dado lugar arbitraria e ilegalmente por la recurrida.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 señala, para la procedencia de la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, que se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al respecto, el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; tal cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales; y además, debe ser efectiva, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios ya indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella.

Así, hace presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, dicho documento no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

Adicionalmente, en cuanto al contrato de trabajo del actor, acompañado a la solicitud, señala que, conforme a la letra b) del artículo 1° de la ley N° 18.156, si se verifica por la AFP que en la época de prestación de servicios no se acredita, mediante el contrato de trabajo o sus anexos, que la intención del trabajador era la de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, después esta persona en base a una nueva solicitud no puede pretender que las cotizaciones efectuadas al fondo de pensiones del Sistema del DL.N°3.500, de 1980, le sean devueltas; por cuanto dicho anexo es extemporáneo a la relación laboral de que se trata.

A folio 5, evacua informe AFP Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, e indicando, que mediante la comunicación atacada no se dio lugar a la solicitud de la recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada y apostillada; indicando, además, que la constancia electrónica de cotizaciones y declaraciones juradas efectuadas por el mismo trabajador, no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Además, con los antecedentes a la vista, se constató que la recurrente no expresó su voluntad de mantener su afiliación a un Sistema Previsional Extranjero, decisión que fue refrendada por la Superintendencia del ramo, con ocasión del reclamo formulado por la actora.

Conforme a lo anterior, indica que no dio lugar a la solicitud debido a que la recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, y que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, la recurrente no pudo acreditar que, mientras su relación laboral se encontraba vigente, haya manifestado su voluntad de acogerse al régimen previsional establecido por la Ley 18.156.

Refiere que se ha ceñido rigurosamente a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones en esta materia, haciendo presente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.156.

En este sentido, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

A folio 6, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se ataca de ilegalidad y arbitrariedad la comunicación de 2 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que se le informa el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales. conforme a la ley N° 18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Segundo: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo carece de la apostilla procedente para su valor en Chile.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Cuarto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, en este orden de cosas, careciendo el documento acompañado de valor probatorio, en razón de las circunstancias anotadas en el considerando precedente, lo cierto es que no se cumplen los requisitos de la Ley N° 18.156 para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-854-2026.