nombre reservado con CAJA COMPENSACION LOS ANDES

Foja: 67 Sesenta y siete Jvp.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de febrero de dos mil diecisiete.

VISTO A fojas 9, comparece David nombre reservado Peña y Álvaro Testar Tobar, abogados, en representación de doña nombre reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado.

Indican que la recurrente en el mes de agosto del año 2016 fue contratada como fonoaudióloga en la Universidad Santo Tomas y que en el desempeño de su trabajo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016, recibió su sueldo íntegro conforme se había pactado con su empleador. Sin embargo, al terminar el mes de noviembre, específicamente el día 30 de noviembre de 2016 al recibir su liquidación de sueldo, se percata que habría sufrido un descuento de alrededor de un tercio de su remuneración líquida, figurándole un descuento de $191.906 percibiendo ella entonces solo $585.029.

Señala que su empleador, Universidad Santo Tomas, al ser requerida, le habría señalado que la aplicación de dicho descuento ha sido por una deuda que ella habría contraído con la institución recurrida.

En atención a lo expuesto, la recurrente consulto con la recurrida CCAF LOS ANDES, donde la respuesta telefónica a lo consultado fue que figura como aval de un crédito cursado el 25 de octubre de 2006 a doña nombre reservado. Le señalaron también que dicho crédito habría sido por un monto de $1.980.000, pactado a 34 cuotas y del cual la última cuota pagada figura en el mes de abril de 2007.

Conforme a lo señalado, indican que se está claramente frente a un título prescrito, han transcurrido con creces más 5 años de la vigencia de dicho título para su cobro. El descuento que la recurrida Caja Los Andes efectúa a nombre reservado vulnera el derecho de dominio que tiene sobre su sueldo, esto es, la garantía constitucional establecida en el artículo 19 numero 24 de la Constitución Política.

Sostiene que la recurrente ha sido privada de manera arbitraria e ilegal, sin procedimiento alguno mediante el cual hubiera podido hacer valer sus descargos y/o excepciones.

Solicita se dé lugar a la acción, declarando que el actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida priva a la recurrente del derecho de propiedad que le asiste sobre su remuneración y, por consiguiente, vulnera la Garantía Constitucional del articulo 19 numero 24, con costas.

A fojas 38, informa don nombre reservado, rector de la Institución Santo Tomás, el que remite los antecedentes adicionales a los entregados por la recurrente, los cuales son planilla de descuento de CCAF Los Andes de noviembre y diciembre de 2016 (retenciones previsionales), certificado de pago de los meses ya citados, correo electrónico del jefe del Personal de la informante.

Sostiene que de acuerdo a lo señalado por el jefe de Personal de las Instituciones Santo Tomás sede Viña del Mar, “por normativa previsional, nuestra institución está obligada a cursar los pagos requeridos por las planillas de cobro de la CCAF Los Andes, desconociendo el origen de la misma deuda entre la funcionaria y la caja de compensación”.

A fojas 55, informa don nombre reservado, abogado, por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar, señalando que con fecha 25 de octubre del año 2006, se otorgó un crédito social a doña nombre reservado, por la suma de $1.954.420, el que se pactó en 34 cuotas mensuales a contar del mes de noviembre del año 2006, la primera cuota por un monto de $81.092. Asimismo, la recurrente doña nombre reservado se constituyó en avalista del referido crédito social. Por lo tanto, indica que no es efectivo que la recurrente no mantenga vinculación contractual con mi representada como argumenta.

Señala que a través de descuentos efectuados de sus remuneraciones en los meses de noviembre del año 2006 a marzo del año 2007, la deudora principal pago las primeras cinco cuotas del crédito, incurriendo en mora con posterioridad al haber perdido la calidad de afiliada a Caja Los Andes.

Sostiene que en el mes de octubre del año 2016, el sistema de registro de créditos impagos, alertó a la recurrida sobre la existencia de un trabajador afiliado con cuotas impagas, correspondiendo esta información a la recurrente, por lo que inmediatamente se solicitó a su empleador que procediera a la retención de las cuotas desde la remuneración de la trabajadora y se procediera a la remesa de fondos.

La deuda total por el crédito asciende al día 19 de enero del corriente a la suma de $3.890.358, cuyo monto se compone de los dividendos del mes de junio del año 2007 a agosto del año 2009, correspondiente a las cuotas 8 a 34 que en total contabilizan $2.149.367, por deuda capital, $1.612.029 en intereses moratorios y un gasto de cobranza por $128.962.

Refiere que la legislación previene expresamente la facultad de las Cajas de Compensación para informar a la entidad empleadora afiliada la existencia de créditos impagos, a fin de que estas procedan a retener y remesar los fondos respectivos a la Caja informante, mandato que es irrenunciable para la institución de seguridad social, en razón del principio de conservación del fondo social y su aplicación es fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la Republica.

Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo N° 58 del Código del Trabajo, artículo N° 22 de la Ley N° 18.833 y artículo 22 de la Ley N° 17.322.

El ordenamiento jurídico nacional, ha concebido el crédito social como una prestación de la seguridad social y ha ordenado que su cobro se rija por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. En este sentido, el artículo 22 de la Ley 18.833 prescribe que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales." Manifiesta que de la norma transcrita, se advierte como primera cuestión que no se consulta la voluntad del afiliado para proceder con los descuentos y que para efectos de advertir al afiliado de las implicancias del crédito concedido, se le informó al momento del otorgamiento acerca de esta facultad contenida en la ley, quien suscribió una autorización de descuento con el objeto que su actual o futuro empleador o empleadores descontaran de sus remuneraciones mensuales, los dividendos correspondientes al crédito.

Indica que esta materia se encuentra tratada en la Ley N° 17.322, que regula las normas para la cobranza judicial de las cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social, en especial en su artículo 22 inciso primero, que dispone: "Los empleadores, como asimismo, sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos, descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de estos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y propias cotizaciones previsionales y aportes dentro de los diez primeros días…”

En relación a la arbitrariedad del acto denunciado, sostiene que éste aparece motivado en el contrato de mutuo celebrado con la recurrente, quien obligó parte de su patrimonio en favor de la recurrida y que no puede ser dejado sin efecto, sino por el consentimiento mutuo o por otras causas legales, conforme lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

Argumenta que la recurrente intenta que mediante este procedimiento sea declarada una eventual prescripción de la deuda o de la acción de cobro, lo que no es susceptible de ser ventilado ni resuelto en un procedimiento de carácter breve y que tampoco consiste en un atentado indubitado a una garantía constitucional amagada. Es decir, mediante el presente recurso se intenta obtener la consecuencia de la declaración de prescripción por una vía alternativa a la declaración judicial en un proceso de lato conocimiento.

Agrega que se ha denunciado la conculcación de la garantía constitucional recogida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, la que se produciría en razón de las deducciones y retenciones de las remuneraciones de la recurrente, pero no existe una afectación a la misma, por cuanto ha sido la recurrente quien fundada en su capacidad para disponer de su patrimonio, contrajo una obligación que produjo una serie de efectos y consecuencias jurídicas a partir de dicha expresión de voluntad.

Por tanto, el actuar de la recurrida se enmarca dentro de las facultades que las normas legales vigentes le confieren con el objeto de cobrar un crédito válidamente otorgado, cuyas cuotas no han sido pagadas en los plazos convenidos.

Solicita finalmente, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

A fojas 60 se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que como ha quedado establecido en autos, y surge especialmente de la liquidación de sueldo de 30 de noviembre de 2016 tenida a la vista, a la actora que se desempeña como trabajadora en la Universidad Santo Tomás, le fue descontada de dicha liquidación la suma de $191.906, producto de una deuda impaga que en calidad de avalista, mantenía en la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Asimismo, de los antecedentes de la causa, en particular de lo informado por la propia Caja de Compensación, aparece que el crédito social obtenido por la deudora principal fue solicitado en octubre del año 2006, por un monto de $1.980.000, pagadero en 36 cuotas, de la cual la última cuota figura pagada en el mes de abril de 2007, mientras que el acto que motivó la presentación de la acción cautelar en examen, esto es, el descuento practicado a la liquidación de sueldo, se verificó en noviembre de 2016, vale decir, transcurridos casi 10 años desde la fecha en que la deudora principal dejó de cumplir con su obligación.

Tercero: Que para resolver el recurso de que se trata resulta necesario subrayar, que se está privando a la recurrente de aproximadamente un tercio de su salario líquido mensual, mismo que a juicio de estos sentenciadores tiene una función económico-social, en cuanto constituye, la fuente principal y, en ocasiones, única, para el sustento y mantenimiento del trabajador y su familia.

Cuarto: Que en esas condiciones, dado el largo tiempo transcurrido entre la fecha en que el deudor principal habría cesado en el pago de las obligaciones de que se trata, haciendo efectivo el cobro en la avalista, y aquella en que se practicó el descuento materia de autos, y considerando especialmente que la remuneración de la trabajadora constituye la fuente de ingresos que le permite hacer frente a sus necesidades, resulta evidente que la institución recurrida no ha debido disponer la realización del descuento de que se trata, sin perjuicio del derecho que le asiste para recurrir a la instancia judicial competente en defensa de sus derechos.

Quinto: Que así las cosas, esta Corte arriba a la convicción que la recurrida ha actuado de manera arbitraria, puesto que al no haber efectuado ninguna acción de cobro dirigida a cautelar su crédito durante un extenso período sin instar, de este modo, por la recuperación de los fondos sociales, la pretensión actual tendiente a utilizar el mecanismo especial de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833, aparece carente de fundamento por resultar inoportuno y contradictorio con su propia inactividad precedente, apareciendo de este modo que el derecho establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado, al haber privado a la recurrente de parte importante de sus remuneraciones en forma arbitraria.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre materia, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 9, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia se dispone que dicha recurrida deberá abstenerse de realizar los descuentos en las liquidaciones de sueldo de la recurrente, sin perjuicio de los derechos que le asistan para el cobro del crédito ejerciendo las acciones judiciales que estime pertinentes, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8460-2016.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Max Cancino Cancino, Sra. Silvana Donoso Ocampo y Abogado Integrante Sr. Felipe Caballero Brun.

En Valparaíso, dos de febrero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.